Revista de Economía del Caribe, No 14

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NOTAS SOBRE LA INTERVENCIÓN POLITICA DE LA
CLASE DOMINANTE EN LA ARGENTINA, 1955-1976

NOTES ON THE POLITICAL INTERVENTION OF
THE DOMINANT CLASS IN ARGENTINA, 1955-1976

Gonzalo Sanz Cerbino*

* Doctor en Historia y docente en la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Becario Posdoctoral del CONICET (Argentina), con cuyo financiamiento se pudo realizar esta investigación. camilogx@yahoo.com

Correspondencia: Venezuela 2345, departamento 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1096), Argentina.

Fecha de recepción: junioo 2014
Fecha de aceptación: septiembre 2014


RESUMEN

En el presente trabajo intentaremos poner en cuestión una idea dominante respecto a la intervención política de la burguesía argentina: la fortaleza de la burguesía agraria más concentrada para imponer sus intereses económico-corporativos a diferentes gobiernos en la segunda mitad del siglo XX, discutiendo la pertinencia del concepto de "oligarquía". Luego de evaluar críticamente la producción sobre el tema, analizaremos algunos datos cuantitativos que nos permitirán poner en duda los supuestos dominantes. Por último, presentaremos un estudio de caso en el que observaremos la relación política establecida por la burguesía agropecuaria con los gobiernos que siguieron al golpe de estado de 1966. En particular, las gestiones de los diferentes equipos que pasaron por la cartera de Agricultura y Ganadería entre 1966 y 1971, su relación con las corporaciones agrarias y los límites que encontraron para desplegar su política.

Palabras clave: Oligarquía — Dominación social — Política agropecuaria.
Clasificación jel: D72 - D74 - D78.


ABSTRACT

In this paper we will try to question a dominant idea about the political intervention of the Argentine bourgeoisie: the strength of the most concentrated agrarian bourgeoisie to impose their-corporate economic interest to different governments in the second half of the twentieth century, discussing the appropriateness of the concept of "oligarchy." After critically assessing the production on the issue, we'll analyze some quantitative data that allow us to question the dominant assumptions. Finally, we present a case study in which we will observe the political relationship established between the agricultural bourgeoisie and the governments that followed the 1966 coup. Specifically, the efforts of the various teams that passed through the Agriculture portfolio between 1966 and 1971, their relationship with agricultural corporations and the limits found to display their policy.

Keyword: Oligarchy — Social domination — Agricultural policy.
jel Codes: D72 - D74 - D78.


1. INTRODUCCIÓN

La Argentina, como muchos otros países latinoamericanos, se apoya en una economía de base agropecuaria. Su incorporación al mercado mundial, en el siglo XIX, se asentó en la producción de bienes primarios exportables, que aseguraron un ingreso de divisas que sostuvo la expansión de las relaciones sociales capitalistas. La calidad de la tierra en el país permitió a quienes acumularan en el agro obtener, además de la ganancia capitalista media, una ganancia extraordinaria, que surgía de la calidad excepcional de las tierras locales. Esa calidad, que permitía producir en la tierra argentina a menores costos que los vigentes en otras regiones, permitió al país captar importantes magnitudes de renta diferencial. Como esa ganancia extraordinaria no interviene (en tanto excede la ganancia media) en la reproducción del capital agrario, su apropiación es materia de disputas. Así, durante toda la historia argentina, parte de la renta de la tierra fue apropiada, a través de la mediación del Estado, por otros sujetos distintos al terrateniente agrario. En buena medida, el desarrollo de una industria manufacturera en la Argentina, desde fines del siglo XIX, se debe a las transferencias de renta que protegieron al sector de la competencia extranjera (Iñigo Carrera, 2007, pp. 17-22 y 41-98). Estas particularidades del desarrollo capitalista en la Argentina han ubicado a la burguesía terrateniente agropecuaria en el centro del debate político y académico. Los problemas económicos que han aquejado al país desde la década de los años treinta, y en particular la profunda crisis de acumulación que reaparece cíclicamente desde mediados de los años ciencuenta, han sido adjudicados a deficiencias económicas o sociales de la gran burguesía terrateniente.

Una serie de hechos históricos significativos, ocurridos en la primera mitad del siglo XX, pusieron a la burguesía agraria pampeana1 en el centro de la discusión, inaugurando un debate que se extendió por décadas. En primer lugar, la aparición de conflictos que enfrentaron a la burguesía terrateniente pampeana con sus arrendatarios, que pusieron en discusión la distribución de renta de la tierra en el interior de esta fracción de la clase dominante. El Grito de Alcorta, en 1912, fue el más resonado de estos conflictos, pero no el único. La disputa entre arrendatarios y terratenientes se extendió hasta bien entrada la década de los años sesenta, encontrando un pico en torno a la crisis económica de 1930, cuando la expulsión de arrendatarios volvió a ponerla en el centro de la escena. En los años cuarenta, el conflicto intentó ser resuelto mediante la intervención estatal, que congeló los montos de arriendo y prorrogó por decreto los contratos. El peronismo y los gobiernos que lo sucedieron mantuvieron la intervención con el apoyo de los arrendatarios y la oposición de los terratenientes. Recién en 1967 se levantó la intervención, cuando el acceso a la propiedad de la tierra de buena parte de los arrendatarios (o su expulsión por parte de los terratenientes), habían reducido significativamente la magnitud del problema.

En segundo lugar, la crisis de los años treinta abrió una nueva línea de fractura en el interior de la clase dominante, que marcó la disputa interburguesa en las décadas siguientes: el conflicto agro-industria. La crisis económica internacional, y sus consecuencias internas, pusieron de relieve los límites de la renta agraria para sostener un desarrollo industrial escasamente competitivo. La disputa por la renta y el debate sobre el desarrollo capitalista en la Argentina fue el eje de una serie de querellas intelectuales que se profundizaron con el arribo del peronismo, acicateadas a su vez por lo que se identificó como un estancamiento de la producción agropecuaria. La profundización de las contradicciones con la apertura de una crisis de acumulación en la década de 1950, expresada en los vertiginosos ciclos de crecimiento y estancamiento (stop andgo), mantuvieron la discusión en torno a los "problemas" del agro local.

Al calor de estos debates se diferenciaron dos líneas de interpretación que establecieron una serie de presupuestos acerca de la naturaleza de la burguesía agraria, su desempeño y la estructura económica en la región pampeana. En primer lugar, una corriente dominante, asociada planteos desarrollistas, que atribuyó los déficit en la acumulación de capital en el país a las características de su clase dominante, y en particular, a la burguesía agraria. Para esta corriente, la renta agraria, por diversos motivos, se convirtió en una traba para la acumulación en la rama. En ella veían la causa, en primer lugar, de un comportamiento renuente a la inversión, ya que la fertilidad del suelo generaría una masa de ingresos importante sin necesidad de incorporar capital en la producción. A su vez, esto derivaría en una estructura agraria dominada por grandes terratenientes (la "oligarquía") que no solo no invertirían, sino que vedaban el acceso a la tierra de los productores capitalistas (los arrendatarios), e impedían su desarrollo. La acumulación se vería trabada entonces por la persistencia de elementos no capitalistas (o no plenamente capitalistas) en el agro local, que sería necesario remover.2

En respuesta a esta línea, las corrientes liberales han opuesto su propia interpretación de la baja dinámica del agro pampeano, y por extensión, del capitalismo argentino. Según los postulados de esta corriente, la escasa acumulación en el sector no se debería a características intrínsecas a la burguesía agraria, sino a elementos externos a ella: la intervención del Estado. La "expoliación" sufrida por esta fracción de la burguesía, cuyos ingresos fueron apropiados por distintos mecanismos desde la crisis de 1930, habría cercenado los excedentes que podrían haberse destinado a la inversión. Eso habría determinado un retraso permanente en el agro, con una inversión muy menor a la implementada en otros países.3 Más allá de la inconsistencia teórica de este planteo, que no distingue ganancia de renta y que, por lo tanto, no observa que la captura de renta diferencial por parte del Estado no debería redundar en una baja inversión ya que esta depende de la ganancia, su principal debilidad es haber asumido sin cuestionamientos el presupuesto desarrollista: que el sector agrario producía por debajo de su capacidad potencial por la falta de inversión.

Estas concepciones impregnaron los debates de la décadas de 1960 y 1970 sobre el estancamiento del capitalismo argentino. En el contexto de una crisis de acumulación que asolaba la dinámica económica local desde mediados de la década de 1950, desde distintos ámbitos de las ciencias sociales se intentó avanzar en una explicación sobre este desempeño errático. La naturaleza del problema, que se expresó como crisis de balanza de pagos, puso la atención sobre el sector agrario, proveedor histórico de las divisas necesarias para sostener una industria protegida. A esto se sumaba el bajo desempeño del agro, supuestamente estancado por lo menos desde mediados de los años cuarenta. Por último, los balances locales estuvieron cruzados por una serie de debates internacionales, promovidos centralmente por las corrientes desarrollistas, que señalaban que uno de los problemas a resolver por parte de las economías latinoamericanas era la "modernización" del sector agrario. En este contexto, las explicaciones desarrollistas insistieron en atribuir la crisis al bajo desempeño de la burguesía agropecuaria, que por su "mentalidad" o por deficiencias estructurales, no invertía lo suficiente para aumentar los saldos exportables. Los liberales, por su lado, volverían a insistir en que el bajo desempeño del agro se debía a la expoliación estatal.

En los últimos años, trabajos bien fundamentados han puesto en cuestión los supuestos económicos y sociales de ambas corrientes.4Cuestionaron, en primer lugar, la ausencia de inversiones productivas en agricultura y ganadería a comienzos del siglo XX, demostrando la fuerte dotación tecnológica de la producción agropecuaria. A su vez, pusieron en cuestión las supuestas características del sistema de arriendos, en el que la "oligarquía" se asentaría para impedir el desarrollo de una capa de pequeños arrendatarios capitalistas. También cuestionaron el estancamiento de la producción agropecuaria desde la década de 1930, que los desarrollistas adjudicaron a la escasa vocación capitalista de la burguesía terrateniente y los liberales a la intervención estatal. Sin embargo, el principal aporte de esta corriente ha sido poner de relieve el intenso proceso de inversión e incorporación de tecnología en el agro que se desplegó desde la década del sesenta, que permitió multiplicar la producción, los rendimientos y los saldos exportables. Buena parte de los debates en torno al bajo desempeño del sector agropecuario perdieron vigencia, ya que mientras se debatía su supuesto estancamiento este alcanzaba un desarrollo notable.

De los debates en torno a la naturaleza de la burguesía terrateniente pampeana se desprenden ciertas consideraciones sobre su comportamiento político y su capacidad para imponer sus intereses económicos al conjunto de la sociedad. Sin embargo, en este terreno, aún no han surgido trabajos que pongan en cuestión estos supuestos, como si sucedió en el plano económico. A un nivel más general, el debate gira en torno a las trabas que ha encontrado el capitalismo argentino para desarrollar una industria manufacturera competitiva. En tanto el principal proveedor de divisas es el sector agrario, se ha tendido a buscar allí las deficiencias. La corriente historiográfica dominante adjudica los problemas del capitalismo argentino a las características de su estructura agropecuaria, en donde la tierra ha sido acaparada por un sector que al obtener altos beneficios de la captura de renta no invierte para aumentar su producción, ni permite la acumulación de un sector "verdaderamente capitalista" que multiplique los rendimientos a base de inversión productiva. Esto supone, explícita o implícitamente, que ese sector ha tenido la capacidad política de impedir la reforma de esa estructura, conservando de esa manera sus privilegios; y que ha resistido exitosamente todo intento de transferencia de ingresos hacia la industria manufacturera. De allí que el concepto con que se la ha designado históricamente, "oligarquía" (el gobierno de la minoría), remita más que a su supuesto comportamiento económico, a su capacidad política para manejar los hilos del poder. Así, la "oligarquía" es dotada de un gran poder político y social para imponer sus intereses económicos al resto de las clases.

Veamos cómo aparecen estos supuestos en los trabajos sobre la intervención política de la gran burguesía terrateniente. Durante la etapa formativa del capitalismo argentino, los trabajos se han centrado en las relaciones entre la corporación que expresaba los intereses de la gran burguesía agropecuaria (la Sociedad Rural Argentina —SRA) y los diferentes elencos gubernamentales. De un lado tenemos una serie de trabajos que destacaron la participación directa de la SRA en los asuntos públicos. Su asociación con los gobiernos conservadores, que se manifestó en el acceso a cargos oficiales y el asesoramiento técnico permanente en materia agropecuaria, fue extendida por algunos autores hasta la entronización del peronismo a mediados de los años cuarenta (Cúneo, 1967; De Imaz, 1967). Estos trabajos destacaron la fuerte injerencia de la entidad en el poder político, su influencia y la participación de sus dirigentes como funcionarios de diferentes gobiernos (especialmente los "conservadores") desde su fundación hasta la década de 1940, cuando su estrella comenzaría a declinar. Se trata de aproximaciones deudoras de los planteos que asocian a la Sociedad Rural con una "oligarquía terrateniente", defensora de sus privilegios, opuesta al desarrollo industrial y responsable del estancamiento crónico del capitalismo argentino. Otros trabajos (Hora, 1995 y 2009), señalaron que la íntima vinculación entre SRA y el poder público se limitaría al período constitutivo de la entidad, coincidente con la formación del Estado Nacional y su relativa debilidad, que otorgó a los ruralistas la capacidad de pernear fuertemente sus políticas. Esta situación se revertiría hacia 1880, con un Estado consolidado y el arribo al gobierno de un grupo político, el Partido Autonomista Nacional, con fuerte arraigo en el interior de país, que dejaría en segundo plano a las relaciones tejidas por la SRA con la vida política de Buenos Aires.

El peronismo, que expresaba el arribo al poder de una alianza entre la burguesía industrial urbana y la clase obrera, con un programa reformista que apuntaba a reforzar el mercado interno y la producción manufacturera, habría implicado la pérdida de influencia de la Sociedad Rural sobre los asuntos públicos (De Imaz, 1967; Palomino, 1988; Newton, 1966). Sin embargo, esta pérdida de influencia se revertiría con el apoyo de la "oligarquía" a los golpes de estado que se sucedieron en el país desde la caída del peronismo, entre 1955 y 1976. Para algunos autores, como Alain Rouquié (1982, pp. 32-44), la inestabilidad política del período se explica por la intervención de este sector de la clase dominante, que no solo tendría intereses económicos en el agro sino también en la industria. Por su naturaleza, la "cúpula" de la clase dominante tendería a no realizar grandes inversiones de capital fijo ni en uno ni en otro sector, lo que le dejaría "las manos libres" para moverse de una actividad a otra (del agro a la industria y viceversa) siguiendo la evolución de los precios relativos. Como desde el aparato de Estado se trazan las políticas (impositivas, cambiarias) para beneficiar a una u otra actividad, cada "salto" debe ser acompañado por un cambio en las alianzas con que este sector ocupa los resortes estatales. Así, tanto los gobiernos civiles como los militares serían promovidos por la "cúpula" oligárquica de la clase dominante para favorecer sus negocios. De ahí que se produzca el curioso fenómeno en que esta clase mantiene la dominación sin construir consenso. En palabras de Rouquié, "dominación sin hegemonía".

Sin llegar a estos extremos, en los que cualquier fenómeno político es atribuido a la voluntad de una oligarquía omnipresente, han sido muchos los autores que adjudicaron a este sector la capacidad de volver a imponer sus intereses políticos tras la caída del peronismo. Siendo desplazados del poder por el voto, que se inclinaría recurrentemente por distintas expresiones políticas de la alianza reformista, habrían vuelto a través de los golpes de estado, dominantes en la política argentina en la segunda mitad del siglo XX (Palomino, 1988 y 1989; Schvarzer, 1990; Acuña, 1996; O'Donnell, 2008; Portantiero, 1973; Basualdo & Khavisse, 1993). Aunque con matices, estos autores han contribuido a reforzar la idea de una oligarquía todopoderosa celosa de sus privilegios, que impediría la consolidación política de los sectores que promueven el desarrollo capitalista nacional. En general, estos trabajos no han tomado en cuenta dos aspectos centrales de la dinámica política argentina en el período 1955-1976. En primer lugar, que la gran burguesía agropecuaria no es la única (ni la más importante) de las fracciones de la clase dominante que promueven los golpes de estado. Y, en segundo lugar, que el impulso dado a los golpes de estado no implica que sus intereses económicos se impongan una vez que el gobierno militar se encuentra en el poder. A continuación intentaremos poner en discusión estos supuestos mediante el análisis de información cuantitativa y un estudio de caso, en que se muestra la compleja relación de la gran burguesía agropecuaria con las autoridades surgidas de uno de los golpes militares que esta fracción impulsó, la "Revolución Argentina" que tomó el poder en 1966.

2. UN ACERCAMIENTO CUANTITATIVO AL PROBLEMA

El poder político de la burguesía terrateniente pampeana para imponer sus intereses económicos al conjunto de la sociedad debería manifestarse, en primer lugar, en la capacidad de restringir las transferencias de renta diferencial hacia otros sectores sociales. Este problema fue percibido por diferentes autores, como observamos en el acápite anterior, como el principal conflicto social que involucró a la burguesía terrateniente, en particular en la segunda mitad del siglo XX. La crisis de acumulación y la reducción de la renta diferencial, que ya no podía seguir sosteniendo el desarrollo de las fuerzas productivas como en la primera mitad del siglo, ubicaron a la disputa por esta ganancia extraordinaria como un eje central de la conflictividad interburguesa entre 1955 y 1976. A su vez, como veremos en el próximo acápite, los reclamos de las corporaciones empresarias que expresaban los intereses agropecuarios centraron su intervención política, durante este período, en combatir los distintos mecanismos (impositivos, cambiarios) por los cuales el Estado se apropiaba una porción de la renta diferencial de la tierra para redistribuirla hacia otros sectores.

Tomando las series de Iñigo Carrera (2007, pp. 88-94), hemos elaborado algunos gráficos en los que se observan los cursos de apropiación de renta entre 1946 y 1983. El recorte temporal nos permite observar la evolución de la variable durante distintos gobiernos y regímenes, en particular los gobiernos peronistas (1946-1955 y 1973-1976) identificados como momentos en que la capacidad de la "oligarquía" para incidir en la política económica ha sido amputada; y los gobiernos dictatoriales (1955-1958; 1966-1973 y 1976-1983), en los que la "oligarquía" recuperaría los hilos del poder social. Durante el período, en promedio, la burguesía terrateniente pampeana debió resignar un 64,27 % de la renta diferencial, que por mecanismos cambiarios o impositivos fue reasignada por el Estado a otros sectores. El punto más alto lo encontramos en el año 1975, cuando el gobierno peronista capturó el conjunto de la renta diferencial y avanzó sobre la ganancia agropecuaria (ver gráfico 1). Sin embargo, lo mismo sucedió en 1976, bajo un gobierno dictatorial impulsado por la "oligarquía". Los años 1980 y 1981, bajo el mismo gobierno dictatorial, ocupan el tercer y cuarto lugar en cuanto a magnitud de renta diferencial que escapa de las manos de los terratenientes, con 91,52 y 93,33 % apropiada por otros sectores. El año que tiene el promedio más bajo de la serie es 1982, con un 22,11 % (ver gráfico 1). Con estos datos sobre la mesa, la capacidad de la burguesía agropecuaria para imponer sus intereses económicos al conjunto de la sociedad aparece cuestionada. Si observamos los elevados porcentajes de "expropiación" durante los gobiernos dictatoriales, se pone en duda incluso la capacidad de este sector para imponer sus intereses tras los golpes de estado.

Sin embargo, los porcentajes no dicen mucho por sí mismos. Dado que los precios internacionales de las mercancías agrarias suelen tener un alto componente de volatilidad, al igual que los niveles de producción vinculados a factores climáticos, la renta diferencial de la tierra reproduce esa volatilidad. Por esa razón es necesario observar los porcentajes de apropiación de terratenientes y no terratenientes en relación a la magnitud de renta, cosa que hemos hecho en el gráfico 2. De este gráfico se desprende que la magnitud apropiada por los terratenientes se mantiene históricamente por debajo de los 10.000 millones de pesos (2004), salvo en coyunturas excepcionales que no corresponden a gobiernos dictatoriales (1973 y 1974, bajo el tercer gobierno de Perón y 1964, bajo el gobierno de Illia). En cambio, la renta que escapa a los terratenientes se encuentra por encima de los 10.000 millones en 20 de los 38 años de la serie. Las dos dictaduras más extensas del período (1966-1973 y 1976-1983) se corresponden con bajas magnitudes de renta apropiadas por la burguesía terrateniente, a pesar de que este sector de la clase dominante impulsó dichos golpes de estado (ver gráfico 2).

Si observamos el promedio apropiado bajo cada gobierno, tanto en magnitud como en porcentaje sobre el total (cuadro 1), llama la atención la escasa correspondencia entre esta variable y los prejuicios dominantes en la historiografía. Aunque el porcentaje promedio apropiado por los terratenientes es bajo durante los gobiernos peronistas (1946-1955 y 1973-1976), el porcentaje más bajo de la etapa corresponde a la última dictadura militar (1976-1983). En magnitudes, el promedio por período apropiado por los terratenientes oscila entre 4600 y los 9700 millones de pesos (2004), encontrándose el punto más bajo durante un gobierno dictatorial promovido por la burguesía terrateniente (1966-1973). Por el contrario, el período en que se registra la mayor apropiación de renta por parte de los terratenientes fue el tercer gobierno de Perón (1973-1976), que decía venir a combatir los privilegios de la oligarquía (ver cuadro 1).

Ver Cuadro 1

Los promedios de renta diferencial apropiados por otros sectores durante casi toda la etapa superan holgadamente los apropiados por los terratenientes, lo que pone en cuestión la supuesta capacidad de la gran burguesía agropecuaria para imponer sus intereses económicos al conjunto de la sociedad.

La concentración económica de este sector puede darnos algunas respuestas a los interrogantes abiertos hasta aquí. La debilidad política de la burguesía terrateniente argentina, que se manifiesta en los datos sobre apropiación de la renta diferencial, está relacionada con una particularidad de este sujeto social que se verifica al nivel de la concentración de tierra y capital. La existencia de la renta absoluta, es decir, la intervención en el proceso productivo del factor tierra (no reproducible y por tanto monopolizable) aparece como un límite a la concentración y centralización de capital, que se materializa en la menor composición orgánica en la rama. En otras palabras, la dependencia del factor tierra dificulta al extremo la posibilidad de centralizar la rama en unos pocos burgueses. A diferencia de otras ramas, donde el grueso de la producción se encuentra concentrado, a nivel mundial, en unos pocos capitales (que se cuentan por decenas o, en el peor caso, por centenas), en el agro los productores se multiplican. Solo en la Argentina, la cantidad de explotaciones agropecuarias llega a decenas de miles. Entre 1950 y 1980, según los censos agropecuarios, el total de explotaciones en el país giró en torno a las 500.000. Incluso tras un extenso proceso de concentración y centralización, en 2002, superaban ampliamente las 300.000. La mayor parte de estas explotaciones eran puestas en producción por los propios dueños de la tierra, ya que a diferencia de la primera mitad del siglo XX se había reducido considerablemente el fenómeno del arrendamiento como forma de acceso a la producción. Hacia 1969 un 73,1 % de los productores era propietario de sus tierras; en 1988 los terratenientes ascendían al 77,9 %. Si tomáramos exclusivamente a los productores de mayor tamaño (con más de 5.000 ha. en propiedad), estaríamos hablando de entre 5.000 y 7.000 productores, solo en Argentina (Teubal, Domínguez & Sabatino, 2005, p. 61). Muy lejos de las centenas o decenas de productores que acaparan la producción mundial en ciertas ramas. Curioso es que históricamente se haya denominado a esta franja de la burguesía agropecuaria "oligarquía", cuando si hay algo particular aquí es que no se puede concentrar la producción (y la tierra) en unas pocas manos.

Esta configuración de la rama agropecuaria a su vez se traslada a la arena política, generando una serie de particularidades también en ese terreno, como veremos en el próximo acápite. A contramano de lo que indican quienes ven en la burguesía terrateniente una "oligarquía", su dispersión se traduce en una debilidad política que emerge al contrastar su capacidad de intervención con la que tienen las fracciones de la burguesía que acumulan en otras ramas. Un burgués agropecuario solo, o incluso un puñado de ellos, no tienen capacidad de presión política sobre el poder público. En ramas más concentradas, el cierre de una planta (o de unas pocas plantas), genera múltiples conflictos: miles de obreros en paro forzoso, dispuestos a movilizarse por sus puestos de trabajo; se reciente la producción de alguna mercancía e incluso, si se trata de bienes estratégicos, la economía en su conjunto. En cambio, el burgués agropecuario individualmente no puede generar mayores trastornos, porque la producción y el trabajo asalariado se encuentran distribuidos y dispersos en decenas de miles de explotaciones. Esto, a su vez, tiene una segunda consecuencia: para obtener una capacidad de presión similar a la de otras ramas, el burgués agropecuario se ve obligado a aglutinar a sus pares, a organizarse, y a acompañar cada demanda con un nivel mayor de movilización y acción colectiva. Veremos como operan estos elementos en la realidad, analizando un caso concreto: la intervención de la burguesía agropecuaria frente al gobierno dictatorial autodenominado "Revolución Argentina", que llegó al poder tras un golpe de estado en 1966.

3. ¿LA "OLIGARQUÍA" EN EL PODER?

El proceso histórico que a continuación abordaremos se encuentra en medio de un ciclo de intensa inestabilidad política y económica. Los primeros síntomas de la crisis comenzaron en la década de 1950, cuando la caída de los ingresos por exportaciones agropecuarias puso sobre la mesa la necesidad de realizar un ajuste económico. A pesar de sus intentos, el gobierno peronista no pudo avanzar con el ajuste, ya que ello atentaba contra sus bases de sustentación social: la clase obrera y una fracción, la más débil, de la burguesía industrial urbana.

La profundización de la crisis terminó en un golpe de estado que en 1955 derrocó al gobierno peronista. Se inauguraba de esta manera un periodo signado por la inestabilidad, en la que la crisis económica cíclica fue acompañada por una sucesión vertiginosa de golpes de estado y gobiernos democráticos que no lograron completar su mandato.

El golpe de estado de 1966, comandado por el General Juan Carlos Onganía, vino a desplazar a un gobierno democrático débil, presidido por Arturo Illia, cuestionado tanto por el movimiento obrero organizado como por las distintas fracciones de la burguesía. La presidencia Illia, surgida de la crisis, no pudo imponer una salida y rápidamente se vio flanqueada por las fuerzas enfrentadas, que comenzaron a operar a favor del golpe. Acosado por la CGT (Confederación General del Trabajo), dominada por el peronismo, dispuesta a defender sus conquistas y el valor de la fuerza de trabajo, por un lado. Y por corporaciones empresarias que demandaban orden y disciplina, pero sobre todo, poner en caja a los sindicatos, Illia osciló entre uno y otro polo sin conformar a nadie. La CGT recibió al gobierno de Illia poniendo de relieve su ilegitimidad emanada de la proscripción del partido mayo-ritario, y desplegando la segunda etapa de su Plan de Lucha votado en 1963. Este contemplaba la toma escalonada de establecimientos fabriles, que se consumó entre mayo y junio de 1964, movilizando a casi cuatro millones de obreros. A pesar de condenar estas acciones, el gobierno no dispuso el desalojo por la fuerza, sino que recurrió a la poco efectiva vía judicial. Los conflictos continuaron a lo largo de 1965 y 1966, con paros parciales y generales, ocupaciones aisladas y algunos enfrentamientos localizados con fuerzas del orden.

Por su parte, las cámaras empresarias presenciaron alarmadas, no solo el despliegue de poder sindical, sino la actitud del gobierno, que juzgaban permisiva. Demandaron abiertamente que el presidente doblegara a los sindicatos, pusiera orden y garantizara condiciones estables de acumulación. Más allá de que las demandas gremiales no superaran los límites del sistema, su presencia constituía una amenaza. La necesidad de sanear la economía exigía disciplinar a la clase obrera organizada, y a su vez, existía el temor a que las bases desbordaran por izquierda a la dirigencia peronista. El contexto internacional, con la Revolución Cubana y las guerras de descolonización, no hacía más que agitar un fantasma cada vez más palpable: el comunismo. A los reclamos puntuales en materia económica, se sumaba la demanda imperiosa de resolver la crisis de acumulación y la crisis política planteada por la presencia del peronismo. Todo confluía en un único reclamo: restablecer el orden. Y eran los elencos militares los depositarios de tal demanda.

El golpe de Onganía aparece entonces como un (nuevo) intento de la burguesía argentina de poner fin a una crisis que se arrastraba desde mediados de los años cincuenta. Las primeras medidas del gobierno de facto comulgaron con el reclamo de "orden" que surgía de las filas de la burguesía: se disolvieron los partidos políticos y el parlamento, y se intervinieron las universidades, único foco opositor. El golpe fue impulsado y apoyado por las corporaciones empresarias de la burguesía industrial urbana y rural, grande y chica, aunque una vez resuelto el rumbo económico que seguiría el gobierno no todas mantuvieron su respaldo inicial. Las corporaciones empresarias de la burguesía terrateniente agropecuaria (FAA, CRA, CONINAGRO y SRA)5 se encontraban entre las que dieron su respaldo al nuevo gobierno. Apoyaron la racionalización estatal y el despido de empleados públicos. También la represión al movimiento obrero y la imposición de un clima represivo que disuadió, por primera vez en tres años, las huelgas de peones rurales en las cosechas. No solo eso: exigieron que el gobierno profundice el "saneamiento" de las finanzas públicas y criticaron por "populista" toda disposición, por mínima que sea, en favor de los obreros. Incluso apoyaron el arribo del ministro de economía Krieger Vasena en 1967, precedido por un fuerte avance represivo contra la CGT. Aunque con reticencias, aceptaron el resablecimiento de los impuestos a las exportaciones agropecuarias ("retenciones") impulsado por este ministro, pero exigieron que ese "sacrificio" fuera puesto al servicio de una reestructuración productiva. Para ello había que avanzar con mayor fuerza en la eliminación de las "industrias artificiales" subvencionadas por el erario público, reducir el déficit fiscal, eliminar a la "burocracia" de la administración pública y al "personal sobrante" en las empresas estatales, todo avalado por el clima represivo impuesto por el gobierno de facto. De esta manera se aseguraban que, a mediano plazo, la exacción estatal de renta fuera disminuyendo y, de esta forma, "restablecer el ingreso agropecuario".6La buena relación con las autoridades militares no duró más de un año. La instauración de las retenciones, que anulaban los beneficios que la burguesía agraria obtenía de la devaluación del año anterior, fue el primer escollo en la relación. Aunque la medida fue aceptada como contribución transitoria al saneamiento de la economía, su mantenimiento en el tiempo fue minando su confianza en ese personal político que otrora habían impulsado. El deterioro en la relación se profundizó con nuevas medidas que apuntaban a aumentar el peso de la contribución del agro al sostenimiento de la economía. Una de ellas, cuestionada por igual por grandes y chicos, fue el impuesto de emergencia a las tierras aptas. El paso del tiempo dejaba cada vez más claro que el gobierno podía renunciar al elemento que sostenía en buena medida el funcionamiento de la economía argentina: la renta diferencial de la tierra. En un contexto de caída de los precios internacionales, el conflicto por la apropiación de la renta se agravaba. Las corporaciones agropecuarias, en una lucha que aunaba a chicos y grandes, comenzaron a exigir la eliminación de las transferencias de ingresos del agro a la industria urbana y el proletariado, aún a costa de la reducción de salarios y la desocupación de masas, la privatización de empresas públicas o la quiebra masiva de establecimientos fabriles. Esta línea política que unía a la burguesía agropecuaria pampeana comenzó a expresarse en la intervención conjunta de las principales corporaciones agrarias de alcance nacional: Federación Agraria, CONINAGRO, Sociedad Rural y CRA.

Este proceso de unidad corporativa de la burguesía agropecuaria no reconocía antecedentes en la historia argentina. Hasta ese momento, había primado la división dentro de esta fracción de la clase dominante, en un conflicto que enfrentaba a la burguesía de menor tamaño (generalmente arrendataria) a los grandes terratenientes pampeanos. Sin embargo, una serie de procesos económicos que se desplegaron entre las décadas de 1940 y 1970, sentaron las bases para la futura confluencia. La concentración de la producción que había achicado la brecha entre grandes y chicos, por un lado, y la pérdida de importancia del arriendo como vía de acceso a la tierra para los pequeños capitales agrarios, por otro. A raíz de estos procesos, las explotaciones agropecuarias habían adquirido mayor homogeneidad, desapareciendo muchas de las contradicciones que antaño habían enfrentado internamente a las diferentes capas de la burguesía rural (Barsky & Pucciarelli, 1991; Martínez Nogueira, 1985). A nivel corporativo, esto se expresó en una tendencia a la confluencia de las organizaciones rurales, que cristalizó por diversos factores durante la "Revolución Argentina". Los impuestos a las exportaciones y otras cargas implantadas por la gestión Krieger Vasena generaron la oportunidad política para una confluencia potencialmente inscripta en las transformaciones estructurales. La defensa de la renta diferencial de la tierra, un ingreso extraordinario que la burguesía agropecuaria se arrogaba para sí, fue lo que soldó la unidad corporativa del agro. Entre 1967 y 1969, las entidades agrarias comenzaron a manifestar coincidencias en sus reclamos contra los distintos mecanismos con que el gobierno intentó apropiarse de esa renta para distribuirla hacia los sectores urbanos. Los reclamos contra los impuestos y los controles de precios se convirtieron en moneda corriente. A lo largo del período, las demandas comunes fueron abonando un camino que llevó a las cuatro corporaciones nacionales (SRA, FAA, CRA y CONINAGRO) a una confluencia más orgánica. Primero fueron las reuniones de dirigentes, luego los documentos conjuntos hasta que, a comienzos de la década de 1970, comenzó a discutirse la integración de las cuatro corporaciones en un frente agropecuario. Luego de dos asambleas multitudinarias, en las que delegados de las cuatro corporaciones discutieron un programa común, a fines de 1970 terminó conformándose la Comisión de Enlace. El acuerdo programático que las unía se centraba en combatir cualquier intento de apropiación de renta, por la vía de retenciones, impuestos, sobrevaluación cambiaria o controles de precios. Como la industria local, incapaz de competir por sus propios medios en el mercado mundial, dependía de las transferencias de renta para su sustento, el programa agrario apuntaba a una profunda concentración del capital. Abogaba por la liquidación de las industrias más débiles, por el achicamiento de la estructura burocrática del Estado y por el fin de las transferencias hacia la clase obrera. Era, en si, un programa profundamente impopular y opuesto a cualquier forma de reformismo, que solo podría imponerse de la mano de una profunda ofensiva represiva.

La unidad política inédita que alcanzó la burguesía agropecuaria en el período era la contratacara de su incapacidad para imponer sus demandas al gobierno dictatorial que había impulsado. A pesar del acceso privilegiado a los resortes del poder político, manifiesto en la infinidad de reuniones mantenidas por los dirigentes agropecuarios con funcionarios de todas las jerarquías, sus demandas fueron desoídas una y otra vez. A pesar de haber logrado colocar funcionarios afines en las carteras ministeriales relacionadas con la política agropecuaria, nunca lograron imponer al gobierno sus reclamos económicos. A continuación, repasaremos brevemente el derrotero de los funcionarios encargados de la política agropecuaria bajo la "Revolución Argentina", expresión clara de la debilidad política de la burguesía agropecuaria para imponer sus intereses, incluso bajo un gobierno que en algún momento consideraron propio.

4. BURGUESÍA AGROPECUARIA Y FUNCIÓN PÚBLICA, 1966-1971

El primer secretario de Agricultura y Ganadería del gobierno dictatorial, Lorenzo Raggio, no era un cuadro ajeno a la burguesía agropecuaria. Tenía una trayectoria como dirigente gremial del sector en la Sociedad Rural de Coronel Moldes (Buenos Aires), perteneciente a CARBAP y era socio de la SRA. Su paso por la cartera no resultó anecdótico, ya que sentó las bases para solucionar un viejo problema de arrastre en materia de política agropecuaria: la regularización del mercado de arriendos. Desde mediados de la década de 1940, por medio de diversos instrumentos legales, se prohibieron los desalojos de arrendatarios, con lo que la vigencia de los contratos de arriendo se prorrogó indefinidamente. A su vez, los montos correspondientes al canon por arrendamiento se congelaron en niveles muy bajos (que la inflación fue devorando). Todos los gobiernos, durante más de 20 años, postergaron la resolución de esta intervención estatal sobre el mercado de tierras, ya que no querían enfrentar los costos políticos de la solución adoptada. En caso en que se eliminara sin más la intervención, ello podría derivar en una masiva expulsión de arrendatarios de sus tierras. En caso de que se dieran facilidades a los arrendatarios para comprar los predios, ello podría ocasionar un perjuicio económico a los dueños de la tierra. Las corporaciones rurales se encontraban divididas en relación a este tema: mientras que FAA se había pronunciado fuertemente por una solución que beneficie a los arrendatarios, SRA y CRA exigían el fin de la intervención, sin importar sus consecuencias sociales. Se trataba si duda de un problema complejo, que el secretario Raggio resolvió mediante una ley a medida de lo solicitado por los grandes terratenientes.

Sin embargo, su gestión no terminó de la mejor manera. Luego de una serie de disputas internas en la Junta Militar que en junio de 1966 se había alzado con el poder, renunció el primer ministro de Economía del gobierno de facto, Jorge Salimei. El cargo fue asumido por Adalbert Krieger Vasena en enero de 1967. En marzo, el flamante ministro lanzó su Plan de Estabilización Económica, que además la racionalización de los gastos estatales y el congelamiento de salarios, elevaba fuertemente la carga impositiva sobre la burguesía agropecuaria, generando una importante transferencia de ingresos destinada a financiar el programa económico. Para ello restableció los impuestos a las exportaciones agropecuarias ("retenciones"), fuertemente cuestionados por la burguesía rural. La medida fue objetada por el secretario de Agricultura y Ganadería, Raggio, que terminó renunciando a raíz de este desacuerdo.

Su sucesor, alineado con la política económica impulsada por el ministro de Economía, debió enfrentar el creciente cuestionamiento de las corporaciones agropecuarias, aunque no tuvo problemas para mantenerse en el cargo. Sin embargo, la crisis política abierta en 1969, cuando una serie de insurrecciones provinciales protagonizadas por la clase obrera obligaron a la junta militar a modificar su política económica, terminó forzando la renuncia de Krieger Vasena y todo su equipo. Con el nuevo ministro de Economía, Dagnino Pastore, Lorenzo Raggio volvió a ocupar la Secretaría de Agricultura y Ganadería, secundado esta vez por Tomás de Anchorena, un dirigente corporativo con actuación en CARBAP. El segundo paso de Raggio por la Secretaría terminó de manera más escandalosa que su primera gestión. Las fricciones con el equipo económico comenzaron a principios de 1970 a raíz de la discusión por la rebaja en las retenciones a las lanas. Más importante aún fue la discusión sobre las medidas para controlar el precio de las carnes, que venía en alza desde fines de 1969 empujada por precios internacionales crecientes. Desde principios de marzo de 1970 comenzó a evaluarse en las esferas oficiales una intervención drástica para detener la escalada inflacionaria. Se planeaba establecer una veda parcial a la comercialización interna de carne vacuna. En este contexto, Raggio criticó públicamente la política económica seguida hasta ese momento por el gobierno del que era funcionario. En particular, el deprimir los precios agrarios para controlar su incidencia en el aumento del costo de vida. En su discurso del 8 de marzo en la Fiesta Nacional del Trigo de Leones, señaló que esa concepción solo habría producido "frustración de esperanzas, producción estancada y pérdida de posiciones en los mercados." Esa política "de corto plazo"

no solo no había logrado contener la inflación, sino que afectaba la producción agropecuaria, por la retracción de la oferta debido a los bajos precios. Entre líneas, responsabilizó al gobierno por la crisis de las carnes. Reclamó medidas de "largo plazo" para el agro, como las que se estaban elaborando en su secretaría, cuya base debían ser los "precios razonables y elásticos en el corto plazo, [que] conducen a precios estables en el largo plazo" (Giapparelli, 1993, p. 11). Raggio hacía pública la disputa interna buscando el apoyo de la burguesía agropecuaria, en un combate que lo enfrentaba a los máximos responsables de la política económica.

No obtuvo, sin embargo, los resultados esperados. Un mes más tarde la imposición de la veda ya era una decisión tomada, y solo la demoraba la reticencia de Raggio y del subsecretario del área, Anchorena, a firmar los decretos correspondientes. El 10 de abril, mientras Raggio se reunía con los dirigentes rurales para ponerlos al tanto de la batalla que se estaba librando, Anchorena convocaba a una conferencia de prensa para dejar sentado que su secretaría se oponía a esa medida. En sintonía con los planteos de los funcionarios, esa misma tarde se difundió un pronunciamiento de CRA que cuestionaba la veda, denunciando que todo se trataba de una maniobra de los frigoríficos exportadores para deprimir los precios del ganado. El decreto seguía sin firmarse y el ministro de Economía, Dagnino Pastore, había ofrecido su renuncia si su posición no se imponía (La Nación, 11/4/1970). Un día después se difundió un comunicado de SRA, que respaldaba explícitamente la posición de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (La Nación, 12/4/1970). El 13 de abril de 1970 Dagnino Pastore exigió a Raggio que firmara los decretos o renunciara. El secretario solicitó una entrevista con el presidente Onganía, en un último intento por defender su posición. Al no concederse la audiencia, renunció. Un día después lo siguió Anchorena, quien difundió una carta en la que reseñaba los problemas enfrentados por su gestión, desde la falta de presupuesto hasta la lucha contra "poderosos intereses" enquistados en la cartera de Economía. Sobre la veda, denunció que "hay una hábil maniobra de las empresas frigoríficas extrajeras, que procuran deteriorar el precio del ganado" (Giaparelli, 1993, p. 13).

La renuncia de Raggio y Anchorena sin duda aceleró las gestiones para conformar una entidad que agrupara los intereses del conjunto de la burguesía agropecuaria, unificando a sus cuatro corporaciones nacionales, FAA, CRA, SRA y CONINAGRO, en una sola. Pocos meses después de estas renuncias, en octubre de 1970, se anunció la convocatoria a la reunión en la que se conformaría la Comisión de Enlace. Raggio y Anchorena fueron activos impulsores de la unidad corporativa, conformando tras su alejamiento de la gestión pública el "Movimiento de Opinión Campo Unido", que bregó fuertemente en ese sentido. La designación de Gastón Bordelois en el cargo que dejó vacante Raggio fue una señal que influyó en el avance de la unidad corporativa, ya que según sindicaron fuentes periodísticas, coincidía con el ministro de Economía en mantener los controles de precios para evitar la escalada inflacionaria, elemento que lo enfrentaba a las corporaciones agropecuarias (Cronista Comercial, 26/4/1971).

El conflicto en el gabinete de ministros volvió a aparecer tras la asunción de Walter Kluger en la Secretaría de Agricultura, en marzo de 1971. El motivo de la discordia fue, nuevamente, la veda al consumo interno de carne. La escasa oferta del producto y el aumento de los precios se mantuvieron a pesar de la veda. Tampoco resultaron efectivas las medidas de estímulo para elevar la producción ganadera, como las desgravaciones impositivas. El problema siguió presente durante 1970 y 1971, y por momentos, los aumentos en las carnes tomaron dimensiones críticas. Con la llegada de Aldo Ferrer al Ministerio de Economía, volvió a ensayarse la veda como herramienta para controlar el problema de la baja oferta. Pero esta vez, las restricciones establecidas fueron mayores. A fines de marzo de 1971, se reimplantó la veda a la comercialización de carne en el mercado interno, pero ahora la prohibición alcanzaba a todo el comercio minorista (antes solo tenía vigencia para restaurantes y hoteles). Y a diferencia de la medida anterior, que solo se extendía por dos días a la semana, esta vez se implantaría semana de por medio durante siete días. También se establecieron precios máximos para la carne y aquellos productores que vendieran por encima del mismo, serían sancionados con un impuesto progresivo que absorbería la diferencia (La Nación, 26/3/1971).

Tras el anuncio, se difundió el terminante rechazo de las entidades agropecuarias al restablecimiento de la veda. Paralelamente, comenzaron a circular rumores sobre la renuncia del secretario Kluger, quien se oponía a la medida (La Nación, 27/3/1971). Si la crisis se contuvo fue porque las aristas más controvertidas del paquete de medidas, como el impuesto para absorber los aumentos de precios, fueron revisadas. Sin embargo, se mantenía la veda y se aplicarían precios máximos al comercio interno de carnes (vacuna, pero también ovina y porcina). Aunque algunas corporaciones, como CARBAP y CRA, amenazaron con suspender la comercialización de hacienda si la medida se mantenía, el gobierno ni se inmutó. Esta amenaza no tenía punto de comparación con los conflictos sociales que podía ocasionar un deterioro aún mayor en las condiciones de vida de las masas por efecto de la inflación, en un contexto de ascenso de la lucha de clases. El resultado de la compulsa ponía en evidencia, una vez más, la debilidad política de la burguesía agraria para imponer sus demandas.

Luego de tres semanas de conflictos internos, finalmente el secretario de Agricultura y Ganadería Kluger terminó renunciando. El alejamiento se habría producido por las presiones del ministro Ferrer, a raíz de las diferencias manifestadas en relación a la veda de carnes. En el texto de su renuncia, Kluger hizo referencia a las diferencias que motivaron su alejamiento: "La Secretaría a mi cargo ha elaborado una política integral y coherente para resolver el problema de las carnes. A pesar de ello se ha puesto en vigencia un sistema que ha provocado una crítica situación en la industria frigorífica y actividades conexas" (Primera Plana, 27/4/1971). Su sucesor, Gabriel Perren, no contó con el respaldo de las entidades agropecuarias. A pesar de que se trataba de un dirigente de CONINAGRO, su designación habría sido impulsada por Ferrer, por el acuerdo del flamante secretario con la veda.

Las dificultades de las corporaciones agropecuarias para imponer sus demandas al gobierno, aunque pudieran influir sobre los secretarios del área, eran evidentes. Un simple ejercicio matemático pone de relieve la cuestión: entre 1966 y 1971 se sucedieron tres presidentes, cuatro ministros de economía y ocho titulares en Agricultura y Ganadería. Las corporaciones comenzaron a evaluar que la dificultad estribaba en que no tenían un acceso directo al Poder Ejecutivo, ya que el mismo se encontraba mediado por ministros de Economía que eran los impulsores de la política tan cuestionada para el sector. Es que la Secretaría de Agricultura dependía del Ministerio de Economía, en lugar de reportar directamente al presidente de la Nación. Por eso, ya desde mediados de 1969, comenzó a impulsarse el reclamo de la "jerarquización" de la Secretaría de Agricultura. Las distintas corporaciones comenzaron a exigir que la secretaría se transforme en ministerio, para evitar mediaciones y que el área reporte directamente al presidente. Pero se trataba de un grave error de apreciación: el problema no era que el presidente desconociera los niveles de exacción que pesaban sobre el agro, sino que, por sus debilidades estructurales, el capitalismo argentino demandaba la transferencia de crecientes niveles de renta hacia la burguesía industrial ineficiente. Y la burguesía agraria no tenía fuerza política suficiente para evitarlo: la debilidad de los secretarios de área en el gobierno era expresión de la debilidad de esta fracción de la clase dominante. Un cambio de "jerarquía" era una concesión simbólica que no modificaría esta realidad.

El reclamo finalmente fue concedido cuando, tras la renuncia por enfermedad de Gabriel Perren, el presidente Alejandro Lanusse ofreció el cargo a Antonio Di Rocco, a mediados de 1971. El hecho fue interpretado por los dirigentes corporativos del agro como una señal de que el gobierno estaba decidido a ceder a sus reclamos. Di Rocco era un dirigente encumbrado del movimiento gremialista agropecuario recientemente unificado. Durante once años había presidido Federación Agraria. Estuvo a la cabeza de la oposición a la política agropecuaria desplegada por la dictadura y había sido uno de los impulsores del proceso de unificación que culminó en la formación de la Comisión de Enlace. Era un representante directo de dicho agrupamiento, y el gobierno le ofrecía hacerse cargo del departamento encargado de poner en marcha la política agropecuaria durante tantos años reclamada por las corporaciones. No solo eso: cediendo a un viejo reclamo, cada vez más acentuado, de las entidades que integraban la Comisión de Enlace, se le asignaba a ese departamento el rango ministerial. De esa manera, no tendría que rendir cuentas a un ministro de Economía que era la encarnación de la política "anticampo", sino directamente al presidente.

Tras el ofrecimiento, Di Rocco se tomó unos días para resolver si aceptaba. Decidió someterlo a la consulta y aprobación de la dirigencia de las entidades que el futuro funcionario representaba. No solo de FAA, de la que Di Rocco era presidente, sino también de la Comisión de Enlace, que se reunió especialmente el 16 de julio de 1971 para considerar el ofrecimiento (La Tierra, 22/7/1971). Con el respaldo de sus pares, finalmente aceptó el cargo, aunque, según declaró, lo hizo con algunas condiciones. La principal fue que se levantara definitivamente la veda al consumo de carne, que se encontraba suspendida por la cláusula que establecía tal alternativa luego de que, durante 10 días consecutivos, los envíos al mercado superaran las 125.000 cabezas de ganado (La Nación, 22/7/1971).

No quedaban dudas de que Di Rocco no asumía el cargo a título individual, sino como expresión de la Comisión de Enlace. Así lo hizo saber en declaraciones a la prensa tras la asunción: "en esta oportunidad el campo está en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, y éste deberá trabajar para el país. Esa es la premisa." Destacó, a su vez, que su ministerio se caracterizaría por el diálogo con las entidades, con quienes consultaría cada medida. Y recalcó, por último, que su gestión se orientaría a cumplir el programa votado en noviembre de 1970 por la Comisión de Enlace (La Tierra, 22/7/1971).

Sin embargo, a pocos días de asumir el flamante ministro, las ilusiones de la dirigencia agropecuaria comenzaron a hacer agua. La escalada de los precios internacionales de la carne continuaba, seguida por los precios internos, y ante ello, el gobierno había decidido reimplantar la veda, a pesar de la oposición de Di Rocco (La Nación, 6/8/1971). Sólo se escuchó la protesta de CARBAP. Tanto Di Rocco como el resto de la dirigencia agropecuaria habrían decidido no provocar un enfrentamiento con el gobierno, ya que se esperaba que la veda sea definitivamente levantada en el corto plazo (La Nación, 7/8/1971).

Un nuevo golpe significó la decisión oficial de establecer un impuesto transitorio del 5 % a las ventas de ganado, para capturar un plus de recursos aprovechando los altos precios. El asunto puso de relieve, una vez más, la existencia de criterios contrapuestos entre Agricultura y el Ejecutivo. Mientras que Di Rocco propiciaba que el impuesto se aplicara a la "última venta" de ganado (es decir, solo al destinado a faena), desde el gobierno se impulsaba un impuesto "a todas las transacciones" (es decir, a toda venta de ganado sin importar si su destino era invernada, reproducción o faena). A su vez, trascendieron discrepancias en relación al destino de lo recaudado: mientras que Di Rocco esperaba que fuera a fomentar el desarrollo de zonas marginales, el gobierno planeaba destinarlo a mejorar las instalaciones de la industria frigorífica y a fortalecer su competitivi-dad (La Nación, 11/9/1971). Los rumores sobre el nuevo impuesto motivaron la protesta de algunas corporaciones: SRA, CARBAP y CRA salieron a criticar el gravamen por arbitrario y abusivo. FAA, por los vínculos con el flamante ministro, optó por el silencio.

Otro motivo de discordia fue la decisión de aumentar los impuestos a la exportación, que compensaba los efectos de la última devaluación, y el establecimiento de un doble tipo de cambio. Una nota de SRA del 21 de septiembre criticó la disposición, denunciando que las retenciones habían llegado al nivel más alto desde su implementación. Se trataba, en su caracterización, de una carga más que se sumaba para deprimir los ingresos agropecuarios, agobiados por la excesiva presión impositiva a la que se había sumado el nuevo impuesto a las carnes (La Nación, 22/9/1971). Mientras tanto, Di Rocco se hacía presente en distintos actos para defender su gestión, y atribuía las expresiones de descontento a algunas corporaciones, en especial a CARBAP.

Sin embargo, la oposición a las medidas en materia de política agropecuaria poco tardó en generalizarse a todas las corporaciones, incluso aquellas más cercanas a Di Rocco. En octubre CONINAGRO denunció en una nota dirigida al presidente de la Nación la existencia de "una política de desaliento al sector agropecuario" y "un sustancial aumento de la presión impositiva" (La Nación, 2/10/1971). Al poco tiempo, FAA se sumaba a los cuestionamientos a las retenciones (La Tierra, 14/10/1971). En un almuerzo celebrado el 19 de octubre, los dirigentes de la Comisión de Enlace exigieron "enérgicamente" a Di Rocco la eliminación de las retenciones y el fin de la veda a la comercialización interna de carne vacuna (La Nación, 23/10/1971).

Ya habían pasado tres meses desde la asunción y el balance era negativo: las medidas cuestionadas superaban con creces a las que fueron bien recibidas por la burguesía agropecuaria, muchas de las promesas formuladas esperaban su concreción y hasta los aliados más cercanos comenzaron a demostrar su impaciencia. En este contexto, se produjo un punto de inflexión cuando FAA llamó a una "Gran Concentración Agraria Nacional" para exponer ante el gobierno y la opinión pública, nuevamente, sus reclamos. El acto fue anunciado a fines de octubre, y de allí hasta su realización, prevista para el 27 de noviembre en Venado Tuerto (Provincia de Santa Fe), fue promocionado permanentemente por la entidad, que no lo consideraba, evidentemente, un acto más. Según explicitaron la concentración estaba motivada en la "creciente preocupación del sector agropecuario por soluciones que no se adoptan y medidas perjudiciales que se mantienen, gravando pesadamente a la producción y paralizando la comercialización exterior" (La Tierra, 28/10/1971). El presidente de FAA, Humberto Volando, explicaba que no se trataba de una impugnación a Di Rocco, sino una muestra de apoyo para ayudarlo a enfrentar a quienes se oponían sus políticas dentro del gobierno. Sin embargo, el límite entre el cuestionamiento al gobierno y el cuestionamiento al ministro de Agricultura era muy fino, y con esta demostración de fuerza, FAA jugaba en la frontera entre ambos extremos. El acto, que finalmente reunió a 12.000 productores agropecuarios, puso de manifiesto que la tregua entre el gobierno y las corporaciones agropecuarias se había roto. No sólo porque en lo discursivo habían comenzado a aparecer nuevamente los cuestionamientos, sino, sobre todo, porque el acto de FAA constituía la demostración de fuerza más importante de la etapa. Entre diciembre de 1971 y marzo de 1972, las críticas hacia la política económica de la dictadura se intensificaron, aunque todas procuraron evitar el cuestionamiento directo al desempeño de Di Rocco. El problema, según observaban los críticos, era, una vez más, que el Ministerio de Agricultura había sido marginado de la toma de decisiones, y la definición de la política agropecuaria seguía pasando por otro lado. La presión de sus pares y la incapacidad de Di Rocco para imponer al gobierno su política, terminó llevando a su renuncia, en marzo de 1972.

5. REFLEXIONES FINALES

La experiencia frustrada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería ponía de relieve que el problema visualizado por las corporaciones agrarias era más profundo de lo que parecía. La política desplegada por la "Revolución Argentina", surgida de un golpe de estado que estas corporaciones habían impulsado, no era el resultado de las posiciones asumidas por los secretarios del Agricultura o los ministros de Economía, ni de la falta de información del gobierno o los malos asesores. La política agropecuaria desplegada por el régimen militar era la única alternativa posible en un país cuyo desarrollo, históricamente, se había sostenido en las transferencias de renta destinadas a sostener un entramado industrial ineficiente e incapaz de competir a escala internacional, y un nivel de vida que la clase obrera había conseguido a fuerza de lucha.

Como vimos, la apropiación estatal de altos niveles de renta diferencial destinados a sostener la industria urbana no era patrimonio exclusivo de la "Revolución Argentina". Todos los gobiernos, dictatoriales o democráticos, tuvieron políticas similares hacia el sector agropecuario. Es que eliminar o reducir al mínimo esas trasferencias, que era el reclamo de la burguesía agropecuaria, implicaría, en primer lugar, la quiebra de una porción sustantiva del entramado industrial que no podría sobrevivir a la competencia internacional sin la protección que obtenía con los recursos del agro. Es decir, un proceso de concentración y centralización, que elevaría fuertemente la desocupación urbana. Implicaría, a su vez, el recorte de los gastos estatales. Es decir, el despido de empleados públicos y la reducción del gasto social destinado a sostener el nivel de vida de la clase obrera. Este programa económico solo podría imponerse de la mano de un fuerte avance represivo, muy superior implementando hasta entonces. Es que los afectados por este tipo de medidas tenían una mayor capacidad de presión sobre el poder político que la burguesía agropecuaria. La industria urbana, mucho más concentrada que el agro, encontraba un aliado estratégico en el movimiento obrero organizado, que tenían una gran capacidad de movilización. Los costos políticos de avanzar sobre estos sectores eran muy elevados.

El fracaso de Di Rocco ponía de relieve la debilidad política de la burguesía agropecuaria frente a quienes se apropiaban de la renta diferencial de la tierra para distribuirla hacia el entramado industrial urbano. La movilización agropecuaria, que en su punto más alto apenas consiguió desplegar poco más de 10.000 personas en algunos actos, no tenía punto de comparación con el conflicto político y social que podía suceder a un drástico recorte de las transferencias de renta: cientos de establecimientos fabriles en quiebra, desocupación masiva, el costo de vida por las nubes y salarios de miseria. Lo que llevaría a centenares de miles de obreros a la movilización en defensa de sus puestos de trabajo y su nivel de vida: un problema político mayúsculo. Por esa razón, la burguesía terrateniente no podía contener, a pesar de todo, la sangría de recursos que terminaban subsidiando el entramado industrial y el consumo. Su protesta no era más que un inevitable ruido de fondo permanente. Los verdaderos problemas pasaban por otro lado.


1 La Región Pampeana es la zona núcleo de la actividad agropecuaria en la Argentina, que concentra los mejores rendimientos y donde se produce el grueso de los excedentes exportables.

2 Los primeros en exponer esta posición fueron Nemirowsky (1931), Ten-embaum (1946) y Oddone (1956). En los años sesenta sus argumentos fueron retomados, entre otros, por Giberti (1966), Ferrer (1963), Flichman (1977) y Peña (1986). Más cerca en el tiempo encontramos planteos similares en Sábato (1991).

3 Los principales exponentes de esta corriente han sido Cortés Conde (2005), Díaz Alejandro (1983), Martínez de Hoz (1967) y Zemborain (1968).

4 Se puede consultar, entre otros trabajos, Barsky (1997), Barsky y Puccire-lli (1991) y Sartelli (1994).

5 Federación Agraria Argentina (FAA) había nucleado históricamente a la burguesía agropecuaria de menor tamaño, terrateniente y arrendataria, aunque desde la década del '50 los arrendatarios habían perdido peso en su seno, y sus socios aumentaban su escala. CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), cuya dirección se encontraba vinculada a FAA, nucleaba a la burguesía agropecuaria asociada en cooperativas. La Sociedad Rural Argentina (SRA) nucleaba a la burguesía terrateniente de mayor tamaño, centralmente en la pampa húmeda. CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) nucleaba a entidades regionales de todo el país, en las que se referenciaba la burguesía terrateniente media. La corporación de segundo grado más importante en su seno era CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), que hacía pie en el corazón de la Región Pampeana.

6 El tema ha sido desarrollado con mayor profundidad en nuestra tesis doctoral, titulada "La burguesía agraria entre Onganía y el golpe militar de 1976. La Sociedad Rural Argentina, la Carbap y la Federación Agraria Argentina ante la crisis orgánica argentina" (Sanz Cerbino, 2012).


REFERENCIAS

Acuña, C. (1996). Las contradicciones de la burguesía en el centro de la lucha entre el autoritarismo y la democracia (1955-1983). Realidad Económica, 138.

Barsky, O. (1997). La información estadística y las visiones sobre la estructura agraria pampeana. En O. Barsky & A. Puccirelli (Eds.), El agro pampeano. El fin de un período. Buenos Aires: FLACSO-Oficina de Publicaciones del CBC-UBA.

Barsky, O. & A. Pucciarelli (1991). Cambios en el tamaño y en el régimen de tenencia de las explotaciones agropecuarias pampeanas. En: O. Barsky (Ed.), El desarrollo agropecuario pampeano. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

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Fuentes

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Periódico Cronista Comercial, varios años

Revista Primera Plana, varios años

Semanario La Tierra (órgano oficial de FAA), varios años

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