Revista de Economía del Caribe, No 19

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Revista Economía del Caribe. Instituto de Estudios Económicos del Caribe — IEEC — Universidad del Norte
Economía del Caribe

ISSN electronico 2145—9363
ISSN impreso 2011—2106
N°.19, enero — junio de 2017
Fecha de recepción: octubre 2016
Fecha de aceptación: marzo 2017
DOI: http://dx.doi.org/10.14482/ecoca.19.9599


Desarrollo sostenible, modelo extractivista e inversión extranjera en Colombia*

Sustainable development, extractive model and foreign investment in Colombia

Gustavo Rodríguez Albor**
James Frasser Camargo***
Deisy Andapiña Acosta****

* Investigación cofinanciada por The University of British Columbia (Canadá) y la Universidad Autónoma del Caribe (Colombia).

** Economista y doctor en Ciencias Sociales. Docente investigador tiempo completo de la Universidad Autónoma del Caribe. Gustavo.rodriguez51@uac.edu.co

*** Administrador de empresas. Asistente de investigación de la Universidad Autónoma del Caribe. james.frasser@uautonoma.edu.co

**** Administrador de empresas. Asistente de investigación de la Universidad Autónoma del Caribe. Gdeisyandapina@hotmail.com


Resumen

El papel que cumple el sector extractivo en la economía ha sido un tema de amplio debate. Este artículo analiza el crecimiento de la inversión canadiense en Colombia, particularmente hacia las actividades extractivas, poniendo énfasis en dos casos de multinacionales de este país norteamericano. Los resultados indican que el incremento en los últimos años de la explotación de carbón, petróleo y oro, entre otros, ha generado consecuencias negativas en la economía nacional, el medioambiente, la salud y vulneración de derechos humanos y laborales, incluso en las empresas canadienses, suscritas bajo un acuerdo de ética y responsabilidad en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia — Canadá, han estado en el centro de la crítica. Tal situación y la actual caída de los precios internacionales del petróleo y el carbón muestran la vulnerabilidad de una economía dependiente de los commodities, lo cual exige replantear el modelo de desarrollo en los países de América Latina.

Palabras clave: Economía extractiva, desarrollo sostenible, neoextractivismo, inversión extranjera, Commodity consensus.

Clasificación JEL: C22, C53, D43, L94, Q47.


Abstract

The role of the extractive sector in economy has been a topic of debate in recent years. This paper analyzes the growth of Canadian investment in Colombia, particularly in relation to mining activities, focusing on two multinational cases of this North American country. Findings indicate that increasing exploitation of coal, oil and gold has negatively impacted the Colombian economy, the domestic environment and the public health of local communities. In addition, the extractive economy has increased violation of human and labor rights, where even Canadian companies–which have previously signed agreements to comply with ethical and social responsibility practices under the Free Trade Agreement between Colombia and Canada–have been at the center of criticism. This context and the fall in international oil and coal prices expose vulnerability of an economy dependent on commodities, which lead us to rethinking and debate the Latin American development model.

Keywords: Extractive economy, sustainable development, neo—extractivism, foreign investment, Commodity consensus.

JEL Codes: C22, C53, D43, L94, Q47..


1. INTRODUCCIÓN

El papel del sector extractivo en la economía ha sido un tema que ha generado un amplio debate, pues mientras para algunos es una fuente relevante de ingreso y un gran generador de divisas, especialmente en los países en vías de desarrollo, para otros el efecto de este sector en la economía es considerado como nulo e incluso negativo. (Cimoli, Dosi y Stiglitz, 2009; Ocampo 2005 y 2011). Precisamente, esta situación ha centrado el debate alrededor del modelo de desarrollo en América Latina, en donde desde el inicio del nuevo milenio el “boom” de los altos precios de los commodities en el mercado internacional y de los bienes de consumo demandados por los países desarrollados y las potencias emergentes llevaron a que entre 2002 y 2014 las economías de esta región implementaran un estilo de desarrollo neoextractivista que denominaron “El Consenso de los Commodities”.

En el caso de Colombia, diferentes eventos buscaron favorecer la actividad extractivista en ese período. Particularmente, la inversión canadiense en Colombia fue una de las que más fijaron su atención en el sector extractivo, lo que a su vez elevó sustancialmente la exploración y extracción de minerales y petróleo, al tiempo que se incrementaron las disputas y conflictos. Con la caída de los precios internacionales del petróleo y carbón, desde agosto de 2014, el “post consenso de los commodities” desnudó la volatilidad de la actividad, así como las consecuencias y efectos negativos del modelo implementado.

Este artículo realiza un análisis de la inversión canadiense en Colombia, particularmente en las actividades extractivas a través de revisión de estadísticas oficiales del Departamento Nacional de Estadística (DANE), el Banco de La República, la Agencia Nacional Minera (ANM), documentos e informes de ONG y de información de campo para conocer de cerca tres casos de empresas canadienses: Pacific Rubiales Energy, Pacific Coal Resource y Grand Colombia Gold Corporation. Para ello, primero se exponen las características del consensus commodities en América Latina. Luego se muestran algunas cifras que evidencian el auge extractivo en Colombia. Finalmente, se presentan los datos más relevantes de la inversión dirigida al sector extractivo en el país y se muestran evidencias de los conflictos y disputas que han generado sus actuaciones.

2. COMMODITIES CONSENSUS: EL NEOEXTRACTIVISMO FRENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE

El inicio del nuevo milenio trajo consigo varios cambios en el contexto económico global. Uno de ellos fue el alza lenta pero sostenida de los precios de los commodities por más de una década, particularmente aquellos de naturaleza extractiva como el petróleo, el carbón y el oro, que influyó de manera directa en las áreas geográficas que poseen este tipo de riqueza como es América Latina. Esta circunstancia creó un nuevo orden económico basado en la exploración, extracción y exportación masiva de recursos naturales primarios en buena parte de los países de esta región. Para el caso de América Latina, la demanda de commodities ha estado concentrada en productos alimenticios, hidrocarburos, metales y minerales. Es importante anotar que si bien la actividad extractiva no es nueva en esta región, este nuevo orden económico generó circunstancias particulares para América Latina que han llamado la atención sobre la forma en que se condicionó el desarrollo de estos países.

Al respecto Svampa (2013, p, 30) explica que América Latina ha pasado del “Consenso de Washington” asentado sobre la valorización financiera, al “Consenso de los Commodities”, basado en la exportación de bienes primarios en gran escala. Explica la nueva conceptualización, por un lado, a partir de una fuerte reprimarización de las economías latinoamericanas, al acentuar la reorientación de estas hacia actividades primarias extractivas, con escaso valor agregado, y por otro, la profundización de la dinámica de desposesión o despojo de tierras, en sacrificio de áreas con riqueza ambiental en pos del desarrollo.

La adopción de este nuevo modelo extractivista no solo se manifestó en el orden económico, sino también en lo político—ideológico. Por un lado, permite el surgimiento de gobiernos progresistas que cuestionan el modelo neoliberal por otro lado, gobiernos siguen una agenda política conservadora dentro del marco neoliberal. Por ejemplo, la visión ortodoxa, como la que adopta Colombia, ha actuado promoviendo abiertamente la inversión extranjera a través de acuerdos binacionales, ajustes de las normativas que favorezcan la protección del capital, e incluso la defensa de las actuaciones de las empresas extractivas mediante la militarización de las zonas donde actúan.

En todo caso, este período también coincidió con la creciente preocupación global por el medioambiente y las consecuencias cada vez más tangibles derivadas del cambio climático. Claramente, esta situación genera una contraposición frente al modelo neoextractivo. Precisamente, este nuevo Consenso combinó elementos del discurso neoliberal con un discurso liberal global con el fin de neutralizar la crítica. (Svampa, 2011, p. 122). El concepto de desarrollo sostenible, que implica el desplazamiento de los límites propuestos por los ecologistas, es una muestra de ello.

La caída de dólar desde el tercer trimestre de 2014 hasta la actualidad ha desnudado la fragilidad de las economías dependientes de los recursos primarios. Este período post commodities consensus hace necesario evaluar y reflexionar sobre el modelo de desarrollo más pertinente para estas naciones, la sostenibilidad de su accionar económico y la importancia que en todo caso reviste la actividad extractiva.

3. EL AUGE EXTRACTIVISTA EN COLOMBIA: BENEFICIOS Y EFECTOS NEGATIVOS

3.1. Commodities Consensus en Colombia (2001—2014)

Aunque Colombia no es una potencia petrolera, tan solo el crudo le genera el 21 % de los ingresos corrientes con casi 13 000 millones de dólares anuales entre regalías, impuestos y derechos económicos (DANE, 2015). Durante el período 2001 a 2014, la economía colombiana se acostumbró a depender del petróleo. Aunque la minería tiene una participación relativamente menor que el petróleo, juntos alcanzaron a generar entre 2003 y 2014 la cuarta parte de los ingresos del país.

La producción del carbón en 2013 logró superar por primera vez los 100 millones de toneladas métricas, mientras que la explotación de petróleo sobrepasó el umbral de producción del millón de barriles diarios. Dentro de la PIB, la participación representó entre el 6,1 y 7,9 %, y logró pasar de 22 620 a 35 812 de miles de millones de pesos, es decir, un incremento del 58,3 %.

En 1997 la participación de este sector (minería, hidrocarburos y otros minerales) correspondió al 23,5 % del total exportado, mientras que hacia 2012 y 2014 representaron más del 50 % por su parte, el grupo de bienes no tradicionales perdió participación, como el pequeño sector industrial exportador. (Rodríguez, Peláez y García, 2014, p. 126).

Otra de las variables en la cual se reflejó el Commodities Consensus fue en el incremento de la Inversión Extranjera Directa (IED). En el caso de Colombia, en 2010 contaba con un acumulado de IED de USD87 160,3 millones, en el que el sector petróleo participa con 25,7% del total acumulado y el sector minas con el 23,3 %, es decir, alrededor del 49 % de la IED en este sector. A nivel sectorial, los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en los sectores de petróleo y minería; en 2010 alcanzaron su máximo al llegar a un 76,5 %.

Uno de los aspectos que más se destaca en favor de las actividades minero—extractivas es los ingresos que genera para el Estado y sus entidades territoriales por medio de las “regalías”. Aunque los esquemas de liquidación dependen principalmente del tipo de mineral o hidrocarburo y el nivel de producción que realicen las empresas, entre 2002 y 2016 han representado unos 319 423 de miles de millones de pesos. Según un informe del DNP (2015), las regalías se han constituido en una fuente de recursos primordial de las entidades territoriales, al punto que, en 2014, por cada 100 pesos que invirtieron en el país, 17 pesos provenían de las regalías. Este mismo documento afirma que estos recursos han contribuido en un 15 % del crecimiento del país, en la generación de más de 324 mil nuevos empleos entre 2012 y 2015, e incluso han contribuido a reducir en un 17 % de la reducción de la pobreza total (468 mil pobres menos y 111 mil pobres extremos menos).

Ahora, sobre los efectos económicos de esto, se puede anotar el paso del auge a la decadencia. Así, se pueden exponer los síntomas de enfermedad holandesa, de modo que si se realiza un seguimiento al comportamiento de la tasa de cambio, se puede observar una lenta pero progresiva revaluación de la moneda colombiana frente al dólar entre 2003 y 2013. En 2003, la tasa de cambio de pesos por dólar se encontraba en la paridad $ 2845 por dólar. Desde 2009 la tasa de cambio nominal ha estado entre $1750 y 2050, gracias a los esfuerzos del Banco de La República, pero en algunos casos ha estado cerca de los $ 1700. (Rodríguez, Peláez y García, 2014, p. 135). Con la caída global del precio del petróleo, el efecto de devaluación ha sido galopante al punto que la tasa de cambio tuvo su punto más alto con $3434 pesos por dólar (12 de febrero de 2016), donde el comportamiento ha estado fuertemente asociado a los precios internacionales del crudo.

Sobre el efecto en la industria y el empleo, se observa que entre 2003 y 2013 el sector minero—energético creció cerca de un 11 %; contrario a la producción industrial, que cayó un 1,9%. El PIB industrial pasó del 15 % (1998) a 12 % (2011), mientras que el empleo de este sector cayó del 23 % al 13 % en tan sólo una década. En todo caso, existe la escasa relación con la industria o encadenamiento productivo que generan el oro y el carbón en Colombia, debido a que son exportados en bruto casi en su totalidad, 99 % del oro y entre 92 y 95 % del carbón. (Rodríguez, Peláez y García, 2014, p. 137). Además, al revisar los datos del DANE, entre 2002 y 2013 emplearon el 1,2 % de las personas del país, siendo el sector estratégico nacional que menos personas emplea. A pesar de la rápida devaluación de los últimos 3 años, la producción y el empleo industrial no muestran síntomas de recuperación; por el contrario, los costos de importación de insumos y tecnología ha presionado el alza de los precios de una buena parte de las manufacturas nacionales.

La balanza comercial negativa (X — M): Si se quita el sector minero energético, el déficit comercial se acerca a los 30 000 millones de dólares, según cifras de 2011.

Sobre el efecto negativo en la tributación y el recaudo, se tiene que, de acuerdo con Soler (2012), las exenciones tributarias a la gran minería que se han venido adelantando con la Ley 285 de 2011 disminuyen en más de un 40 % los importes por regalías de las actividades mineras. Garay (2013, pp. 145—146), encontró en su estudio importantes ventajas tributarias de las empresas mineras en Colombia en el impuesto de renta. Pero más allá de estos beneficios, llama la atención la diferencia entre las tasas nominales de impuesto y las realmente aplicadas. Según Garay, mientras que entre 2007—2010 existían tasas nominales del 33 % sobre la renta gravable, en la práctica el sector minero (excluyendo hidrocarburos) terminó pagando tasas efectivas de solo el 10 %. A partir del año gravable 2011, con la eliminación de las deducciones especiales por adquisición de activos, las tasas efectivas son cerca de un 15 %, menos de la mitad de las tasas nominales del 33 %. En algunos casos, las deducciones en el impuesto de renta de empresas multinacionales del sector han llevado reportar declaraciones sin saldo pendiente de pago o con saldo a favor, es decir, con valor cero de pago. (Pardo, 2014). Al respecto, el Banco Mundial (2012) ha señalado que el Gobierno colombiano aprueba beneficios tributarios a empresas intensivas en capital −como aquellas del sector petrolero y de carbón−, sin objetivos claros, de manera indefinida y sin estudios de costo—beneficio que le permitan evaluar si los objetivos realmente se cumplen.

Ahora, sobre los efectos en el medio ambiente y la salud, observamos que en 2010 por causa del fenómeno de La Niña Colombia llegó a ocupar el tercer puesto en el “Global Climate Risk Index”, elaborado por la ONG europea Germanwatch. Según las versiones 2015 y 2017 del “ranking”, el país mejoró su categoría, pasando al puesto 32 con datos correspondientes al año 2013 y puesto 33 al año 2015, respectivamente. Sin embargo, hasta la fecha las altas temperaturas en el país han incidido negativamente, a tal punto de provocar que haya desaparecido el 84 % del área glaciar; por otro lado, hasta 2015 fueron registrados 3985 incendios forestales debido a las altas temperaturas que afectaron más de 100 000 hectáreas. Ese mismo año, según la Presidencia de la República, se identificaron 285 (25,8 % del total) municipios que presentaron desabastecimiento de agua por efecto de la reducción de las precipitaciones. Aproximadamente 261 325 hectáreas agrícolas están afectadas y cerca de 67 167 animales pecuarios se han visto perjudicados.

La actividad minera del país en páramos, ríos, laderas y zonas de reserva natural ha sido uno de los principales factores con incidencia negativa. Según declaraciones del director de Planeación Nacional, Simón Gaviria (2017), en lugares como Caucasia o Ayapel, los niveles de mercurio llegan a ser 20 veces mayores que los aceptados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El envenenamiento por mercurio, más conocido como síndrome de Minamata, inicia cuando el metal se acumula en el cerebro, lo cual produce complicaciones en el sistema nervioso, insuficiencia cardiaca, renal, respiratoria, dermatitis, etc. La Universidad de Antioquia en 2014 realizó un estudió a 190 alumnos entre 8 y 18 años de edad, en uno de los municipios del nordeste antioqueño y se encontró que casi el 87 % tenían alteración en las funciones relacionadas con la capacidad de pensamiento abstracto y de planificación, y el 60 % pérdida de la memoria. Este tipo de problemáticas se repiten por todo el departamento. En el caso de Caucasia, hay mineros y compradores de oro con problemas como falta de coordinación, temblores en los manos, párpados y lengua; pérdida de la memoria y estados de ánimo irascible, entre otras afecciones.

4. INVERSIÓN CANADIENSE EN EL SECTOR EXTRACTIVO COLOMBIANO

4.1. Commodities Consensus canadiense en Colombia (2001—2014)

Aunque la llegada de las empresas canadienses a la economía colombiana data de los años cincuenta, cuando dos de sus firmas operaban en el país, en realidad, es en los años noventa cuando comenzaron a llegar en mayor número para la exploración y explotación minera gracias a las reformas petroleras que se gestaron en Colombia. Sin embargo, es desde el año 2000 que se produjo un aumento sostenido de nuevas empresas canadienses en Colombia.

De acuerdo con la corporación para el desarrollo de las exportaciones de Canadá (EDC: Export Development Canada), “Canadá se ha convertido en el país inversionista líder en Colombia”. En este sentido, las inversiones procedentes de este país se centraron en el sector de hidrocarburos y minero en un 64 % para 2012.

Otro aspecto que explica el incremento de la inversión canadiense en el mercado colombiano, es la activa participación de Canadá en la construcción de la legislación minera de Colombia, por ejemplo, tanto en 1997 como en 2006, la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) y el Canadian Energy Research Institute (CERI) han tenido que ver en la construcción del marco normativo del sector minero en Colombia, lo cual le ha facilitado a las empresas canadienses petroleras la entrada al territorio. La firma del Tratado de Libre Comercio en 2011 ha permitido el aumento de la participación de Canadá en la industria extractiva colombiana, constituye el 65 % del total de empresas canadienses presentes en Colombia.

Las empresas mineras se encuentran localizadas en 20 departamentos de Colombia. En todos los puntos donde se desarrollan proyectos extractivos existen escenarios de frecuentes violaciones a los derechos humanos y laborales, afectaciones medioambientales y a la salud, desplazamiento de personas, robos de tierras y acaparamiento de títulos, disputas y tensiones entre comunidad—empresa y desvíos de recursos estatales y corrupción. En las zonas de explotación aurífera existen casos de amenazas y asesinatos de líderes comunales y sindicales, generalmente realizados por grupos paramilitares.

Un informe realizado por Peace Brigades International (PBI) de 2011 argumenta que los municipios con riquezas minero—energéticas representan el 35 % del total nacional, pero se asocian con el 87 % de las personas desplazadas y el 80 % de los casos de violaciones a los DDHH y del Derecho Internacional Humanitario en Colombia. El mismo documento señala que tan solo en la región entre los departamentos de Bolívar −jurisdicción del municipio de Santa Rosa− y Antioquia −municipio del Bagre−, zona que alberga una de las reservas más grandes de oro del país y en donde operan las canadienses Colombia Goldfields, B2Gold y Midasco Capital, entre 1997 y 2009 fueron desplazadas alrededor de 36 mil personas, 700 se reportaron como desaparecidas, 380 civiles fueron asesinados por actores armados ilegales y se realizaron 333 ejecuciones extrajudiciales (PBI, 2011, p. 5). Midasco Capital recibió varias licencias de explotación minera en las zonas donde más violencia se presentó.

Por su parte, el informe de CENSAT (2009) indica que en el departamento de Santander (al nororiente de Colombia), el conflicto armado ha obligado en varias ocasiones a la reubicación forzada de la población asentada en las inmediaciones del proyecto canadiense Greystar –hoy Eco Oro−, en donde la Defensoría del Pueblo ha registrado la presencia renovada de paramilitares.

Un caso similar fue documentado por INDEPAZ (2011), que informa que en el municipio de Suárez (departamento del Cauca al suroccidente del país), la comunidad del concejo La Toma ha sido objeto de amenazas y desplazamiento forzado por motivo de los intereses que sobre su territorio han tenido el Estado y las empresas multinacionales. Entre las empresas que han recibido títulos mineros de exploración y explotación se encuentra la canadiense Cosigo Resources.

Un estudio de González, Salcedo y Rangel (2011) describe más de quince casos de empresas canadienses que han incurrido en acciones poco éticas. Un ejemplo, son las acciones de desplazamiento a través del uso de la violencia y el terror que involucra a la empresa Kappa Resources Colombia Ltda., hoy propiedad de Pacific Rubiales Energy, también canadiense la cual con fin de hacerse a unos terrenos ubicados en las inmediaciones de la zona de explotación presionó con grupos armados al margen de la ley el abandono de los predios. Las confesiones del cabecilla paramilitar del “bloque Tolima” que ejecutó la acción citan directamente a la exgerente de la empresa como la autora intelectual del hecho. Rochlin (2015) destaca el caso de Gran Colombia Gold Corporation, que realiza extracción de oro en Marmato, el cual ha estado envuelto en diferentes enfrentamientos con la población nativa por despojos de predios, amenazas a líderes comunales y acciones de grupos paramilitares que han favorecido a la compañía.

Caso Pacific Rubiales: Petróleo

El departamento del Meta se convirtió entre 2007 y 2014 en el principal productor de petróleo del país, con el 47,1 % del total de la producción nacional, seguido de Casanare y Arauca. En el municipio de Puerto Gaitán opera la compañía canadiense Pacific Rubiales Energy (PRE), la cual se dedica a la producción y explotación de crudo pesado y gas natural. Esta empresa es el segundo productor de gas y petróleo del país. A fines de 2011, Pacific Rubiales operaba 39 bloques petroleros en Colombia (nueve de producción y treinta de exploración). Rubiales, su principal campo petrolero, contaba con unos 80 pozos productores de petróleo.

Las principales violaciones a los derechos humanos y laborales que denunciaron los trabajadores consistían en violación de la jornada máxima de trabajo, que excede hasta 18 horas diarias; 40 días de trabajo continuo sin descanso; no pago de salarios a trabajadores en periodo de prueba; no pago de salarios a un grupo de trabajadores por un tiempo mayor a dos meses que pertenecen a una cooperativa de conductores (empresa subcontratista); condiciones insalubres de los alojamientos; discriminación en el salario; discriminación por parte de la empresa respecto a trabajadores que se encuentran afiliados a la Unión Sindical Obrera (USO), entre otras. Las tensiones con los trabajadores en el campamento Rubiales han hecho que este prácticamente permanezca militarizado desde 2011, tal como lo documentan los diarios de campo de la Comisión Colombiana de Juristas (2013).

Caso Pacific Coal: Carbón

La zona de El Cerrejón es la más importante al poseer el 90 % de las reservas del carbón del país. Dentro de la zona Central se encuentra La Caypa, una mina de carbón a cielo abierto. Las operaciones de explotación de carbón en esta mina son realizadas por la compañía Carbones Colombianos del Cerrejón S.A. (CCC). Desde 2010 CCC es propiedad de Pacific Coal Resources Ltd. (PCR). Actualmente se producen 1013 Kt de carbón térmico anuales, a menos de 800 metros de Chancleta y Patilla, comunidades rurales que albergan a 25 familias.

Varios elementos moldean las relaciones entre estas pequeñas comunidades y PCR. Por un lado, las externalidades negativas afectan fuertemente a sus habitantes: emisiones atmosféricas de carbón, la alteración del paisaje, afectación de los ecosistemas y la disputa por los recursos. Las emisiones atmosféricas son una situación de todos los días. El polvillo de carbón afecta la calidad del aire que respiran los habitantes de Chancleta y Patilla. Como consecuencia, “buena parte de la población presenta afecciones respiratorias, afectación ocular, mareos y dolores abdominales”. (Rodríguez, Agudelo y Blanco, 2015, p. 140).

Medidas para contrarrestar el efecto negativo del carbón en el aire implementadas por PCR como el riego y humectación las 24 horas del día han generado nuevos problemas: la disputa de un recurso como el agua del Río Ranchería. Cada hora de riego requiere de 10 000 litros de agua que son tomados por medio de motobombas de este rio, lo que no solo amenaza la disponibilidad de este líquido vital. Por su parte, la afectación paisajística, la conformación de botaderos y la pérdida de la capa vegetal por las actividades de minería; deterioran la calidad de vida y los ecosistemas. (Rodríguez et al., 2015).

Caso Grand Colombia Gold Corporation: Oro

El municipio de Marmato, ubicado en el departamento de Caldas, alberga una industria extractiva transnacional activa; los habitantes del territorio obtienen lucro del oro teniendo en cuenta la sostenibilidad a largo plazo; por otro lado, las compañías mineras procuran extraer con velocidad la mayor cantidad del metal posible, como lo hace la compañía de recursos canadienses Gran Colombia Gold Corporation (GCGC) desde 2010. ha intentado materializar la posibilidad de una mina a cielo abierto, la cual implicaría la reubicación de la comunidad de Marmato, lo cual generaría una afectación directa a su integridad y a los derechos étnicos, ya que aproximadamente el 70 % de su población es indígena o afrocolombiana. Además de los derechos vulnerados histórica y actualmente, involucra el daño ambiental que acumula el área debido a décadas de extracción tóxica de oro, la reubicación afectaría a la población, que vive en la montaña, así como a la flora y fauna del río Cauca, sin contar las poblaciones que aprovechan las aguas del segundo río más largo de Colombia. Los mineros artesanales fueron criminalizados por el Gobierno debido a que no poseen títulos mineros legales, lo cual genera que estos títulos sean comprados y legalizados por las mineras transnacionales a un menor precio, lo cual conlleva que las corporaciones como GCGC adquieran más territorio, mientras que merma el poder de decisión de los locales, lo cual resulta en una mayor presión para obtener el minado a cielo abierto.

A nivel general para el sector extractivo, según el análisis de la industria minera, presentado por la Contraloría de la República, se resaltan las falencias en derechos étnicos, derechos laborales, desarrollo sostenible, y una apropiada regulación del Estado, lo cual no es ajeno para el caso de Marmato. Es notoria la importancia que las regalías generadas por el sector extractivo al ser uno de los principales ingresos del Gobierno colombiano, en este caso GCGC genera para el Gobierno entre el 0.4 % y el 4 %, y un 6 % en casos especiales para títulos mineros de autoridades locales. Cerca del 73 % del oro es usado en joyería comercial, solo el 30 % de la producción en 2012 vino de productores autorizados, lo cual indica que 70 % de la producción fue realizada con mercurio, lo cual genera un impacto ambiental negativo mayor que los autorizados, quienes utilizan un método menos dañino, enfatizando así la importancia de la legalización de aquellos mineros que no cuentan con títulos mineros lícitos por parte del Estado, tal como lo menciona Rochlin (2015).

4.2. Post consensus commodities

El impacto es más notorio en sitios como Puerto Gaitán, en donde hasta hace unos años se hacían grandes conciertos con artistas como Marc Anthony, Daddy Yankee o Juan Luis Guerra. Campo Rubiales se convirtió en el campo más destacado de Pacific. Pasó de producir 230 mil a 25 mil barriles diarios de crudo. Para finales de 2015, la flota activa de transportes con la que movilizaba petróleo, suministros y personal, pasó de 320 vehículos a solo 16. (Lafuente, 2015).

El sindicato de trabajadores de Ecopetrol denunció el despido de unos 10 mil empleados en los primeros meses de 2016. El gremio estima muy probablemente esa cifra haya llegado a 25 mil, una quinta parte de la fuerza laboral directa del sector. Solo en los dos primeros meses de 2016 las empresas que prestan servicios a Pacific Rubiales despidieron a 2500 trabajadores.

La caída en los precios del petróleo ha suscitado efectos negativos para la economía colombiana. El presupuesto de ingresos de 2015 derivado del sector petrolero fue realizado con un precio promedio de USD 97 dólares, pero con el comportamiento del crudo, el ingreso estimado se redujo ostensiblemente. Según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), por cada dólar que caiga el barril, son 400 000 millones de pesos menos para el Estado colombiano (Chagüendo, 2014), lo cual obliga al Gobierno a aumentar su endeudamiento o realizar recorte de gastos, tal como ha sucedido entre 2015 y 2017. Este fenómeno no solo afecta a la industria y al presupuesto de la nación, sino directamente a los ciudadanos del común, pues con la disminución del precio del crudo, la tasa de cambio del dólar aumenta, lo cual genera un incremento en los precios de alimentos, bienes importados e insumos, lo cual ha llevado a una inflación más elevada en 2015 y 2016.

Aunque Colombia no es una potencia petrolera, el crudo genera el 21 % de los ingresos corrientes con casi 13 000 millones de dólares anuales entre regalías, impuestos y derechos económicos. Los ingresos del país tienen una alta dependencia del sector petrolero, lo cual incide en el estancamiento del desarrollo en otros sectores de la economía colombiana, es decir que al proyectar menos ingresos por la caída del precio, es previsible una gran dificultad para generar fuentes de trabajo y dinamismo en la economía.

5. REFLEXIONES FINALES: HACIA UN VERDADERO MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Es importante revisar cuidadosamente el papel de la explotación minera y petrolera en Colombia; los resultados en el período del commodity consensus no son los mejores. La flexibilización de la legislación y la firma de los TLC incentivaron peligrosamente el capital foráneo, enfocado básicamente en actividades extractivas.

El estudio encontró que a nivel macro es altamente vulnerable la economía colombiana a los cambios de los precios del petróleo y a aspectos asociados a la llamada “enfermedad holandesa”. Los desequilibrios presupuestales, el creciente endeudamiento y el aumento de la inflación entre 2015 y 2016 son muestra de ello. Por otro lado, los hallazgos muestran que este tipo de empresas extractivas en vez de propiciar un ambiente de trabajo digno y de respeto por el entorno, son, por el contrario, las principales vulneradoras de derechos, transgresoras del medioambiente, con poca responsabilidad ética de sus acciones y partícipe de situaciones que las comprometen con hechos violentos, lo cual no es precisamente un modelo de desarrollo sostenible.

Los diferentes aspectos expuestos evidencian un débil marco institucional colombiano para hacer frente a estas situaciones, una escasa disposición de la empresa para realizar conductas éticamente responsables y poblaciones afectadas con poca capacidad de hacer valer sus derechos básicos. La era postconsensus dejó ver la vulnerabilidad de este modelo de desarrollo, lo cual hace pensar seriamente si es necesario comprometer el medioambiente y el bienestar de comunidades vulnerables por un crecimiento efímero, que no propicia el desarrollo y no es nada sostenible.


REFERENCIAS

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Chagüendo, F. E. (2014, 26 de octubre). Economía colombiana, en jaque por la caída del precio del petróleo. El País. Recuperado de http://www.elpais.com.co/economia/colombiana—en—jaque—por—la—caida—del—precio—del—petroleo.html

Cimoli, M. Dosi, G. y Stiglitz, J. (2009). Institutions and Policies Shaping Industrial Development: An Introductory Note”. En M. Cimoli, G. Dosi y J. E. Stiglitz (eds.), The Political Economy of Capabilities Accumulation: the Past and Future of Policies for Industrial Development. Nueva York: Oxford University Press.

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Economía del Caribe
Revista de economía de la Universidad del Norte
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Universidad del Norte
Barranquilla (Colombia)
2015
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