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ISSN electrónico 2145-9355 |
Editorial
Aproximaciones a algunos desafíos de la implementación del Acuerdo de la Habana en el Caribe colombiano
Juan Pablo Sarmiento E.*
El proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP ha recorrido un difícil camino, rodeado de una peligrosa pero constante polarización, que tuvo como resultado la derrota en las urnas del plebiscito convocado por el presidente de la República el 02 de octubre de 2016. Luego de revisado y ampliado, en la medida de lo posible1, se suscribió un nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, el 24 de noviembre de 2016, y el Congreso de la República decidió refrendarlo entre el 29 y 30 de noviembre, en ambas cámaras.
No obstante, a pesar de la activación de un proceso legislativo abreviado -llamadofast track-, aún existe una enorme distancia entre lo pactado, lo hasta ahora regulado y la implementación en el territorio de las herramientas de reconciliación y desarrollo local que trae el acuerdo. Además, es necesario agregar a lo anterior un elemento esencial: la incidencia y las manifestaciones diferenciadas del conflicto en el territorio colombiano. La región Caribe ha sido muestra de esto, y da cuenta de las distintas formas en las que la violencia ha penetrado instituciones, provocado una entrada discontinua del Estado al territorio, desplazado familias e impedido que poblaciones rurales desarrollen medios productivos sostenibles y competitivos.
El conflicto colombiano se ha desarrollado de manera heterogénea, ya que su lógica varía de acuerdo con las características del territorio y las continuidades intrarregionales. Con algunas excepciones, "la Costa Caribe colombiana fue una de las regiones donde el conflicto armado se insertó de manera tardía, cuando el albor de la década de 1980 trajo consigo una nueva escalada de violencia a nivel nacional [...]" (Quiroga, 2014).
La expansión territorial de las FARC-EP en la región Caribe tiene su origen en la Séptima Conferencia de las farc, celebrada en 1982. A partir de esta conferencia se inicia el proceso de desdoblamiento de algunos frentes del grupo guerrillero y su proceso de expansión en los territorios de los departamentos de la región Caribe. Luego de la Octava conferencia de las farc (1993) se produjo la división de la guerrilla en bloques y así tiene origen el bloque Caribe (Quiroga, 2014).
Las estructuras militares de las farc con influencia en los departamentos de la región (especialmente en Magdalena -Sierra Nevada de Santa Marta-, Sucre/Bolívar -Montes de María-, César -Serranía de Perijá-y La Guajira -sur del departamento-) fueron fuertemente debilitadas por el auge de las estructuras paramilitares, que comienzan su expansión en la década de 1990 y a principios de la década del 2000. Así, "el nacimiento de las auc marcó un nuevo hito en la historia de la guerra en Colombia. Significó el comienzo de una era de violencia que sumió al país en el terror como nunca antes" (Quiroga, 2014).
Los departamentos más afectados por el conflicto son aquellos en los que tiene cabida la extracción minera de carbón y ferroníquel (César, Guajira y Córdoba) (Ramos, 2013). Esto también ha provocado una notable disminución de las capacidades productivas de la región: "Por cada ataque general realizado en los departamentos del Caribe colombiano, el pib regional se disminuye en un 4.1 %. Si lo hace la guerrilla (farc - eln) disminuye el pib regional 4.9 %, y finalmente, si los ataques son ocasionados por los paramilitares (auc), el pib regional se disminuye en un 2.2 %" (Quiroga, 2014).
por otra parte, el impacto del conflicto armado en el Caribe se puede evidenciar en el número de violaciones al Derecho Internacional Humanitario: "en el Magdalena Medio de Bolívar (27 %) y Cesar (26 %) Esta información evidencia la existencia de una lógica diferente del conflicto social respecto del resto de los departamentos caribeños, donde las cifras son considerablemente menores, así ellas sean altas: Magdalena (14 %), Córdoba (12 %), Sucre (10 %). En cambio, Atlántico (6 %) y La Guajira (5 %) fueron los menos afectados: no hubo allí presencia guerrillera permanente y los grupos paramilitares no encontraban allí tanta resistencia" (González, 2014).
A pesar de la reducida influencia en el desarrollo regional (político y militar) de las FARC-EP, este grupo insurgente tenía en el 2012 (momento de inicio del proceso de negociación en La Habana) influencia militar en 26 municipios de los siete departamentos que conforman la región. En principio, no se reportaba presencia militar de las FARC-EP en los departamentos de Sucre y Atlántico (Trejos, 2013).
La presencia militar de las FARC-EP al momento de iniciar los diálogos de paz se concentró en zonas de La Guajira y el norte del Cesar. Así mismo, este da cuenta de la influencia territorial y del grupo insurgente en el sur del departamento de Córdoba y en Bolívar. En el Caribe, la guerrilla -especialmente las farc- no logró constituir sus retaguardas estratégicas2, como sí lo hizo en estos departamentos del sur y suroriente del país.
El cerac (Centro de Recursos para Análisis del Conflicto) permite entrever el nivel de afectación que han tenido los municipios de la región en el periodo 2000-2012. De este estudio se deduce que los municipios que se han visto fuertemente afectados por el conflicto armado (por encima de la media nacional) -entre todos sus actores- son: en el Atlántico, Barranquilla. En el departamento de Bolívar, Cartagena de Indias, San Pablo y el Carmen de Bolívar. En el Cesar, los municipios fuertemente afectados son Aguachica, Valledupar y Agustín Codazzi; mientras que en Córdoba se han visto los efectos del conflicto en Tierra Alta, Montería, Montelíbano y Puerto Libertador. A su turno, en el departamento de La Guajira solo el municipio de Riohacha ha enfrentado las mayores secuelas del conflicto. En el Magdalena, Santa Marta y Ciénaga, y en Sucre, su capital Sincelejo y Ovejas. No sobra aclarar que el grado de afectación al que se refiere es del conflicto armado en general, no solo del conflicto armado derivado de enfrentamientos entre la fuerza pública y las FARC-EP.
Otro indicador que permite vislumbrar el alcance que ha tenido el conflicto armado en la región es el número de masacres que perpetraron los intervinientes en la disputa armada. Las masacres son "(...) tal vez la modalidad de violencia de más claro y contundente impacto sobre la población civil" (Sánchez, 2009) y por su especial trascendencia sobre los civiles su influencia es relevante como rasero de comprensión del alcance del conflicto (Centro de Memoria Histórica, 2013).
El Centro de Memoria Histórica estableció que en el marco del conflicto en los departamentos del Caribe se produjeron 455 masacres entre 1980-20123. Esta cifra corresponde a un 23 % del total de masacres que tuvieron lugar en el país durante el mismo periodo. En cuanto al origen de estas masacres, se deduce que el 7 % del número total de masacres en el Caribe fueron causadas por las FARC-EP; mientras que los grupos paramilitares, en el caso regional, son responsables de la mayoría de estos ataques (causaron el 69 % de las masacres de la región).
Por lo anterior, resulta innegable que el fin del conflicto armado con las FARC-EP podría producir considerables efectos sobre la región y sus departamentos, municipios y poblaciones. Aunque el Caribe colombiano no ha sido el principal territorio de dominio de este grupo insurgente, se han generado efectos nocivos en los tejidos sociales, económicos y políticos de la región, y es por ello que la implementación de los acuerdos de La Habana afrontan su principal desafío no necesariamente en la aplicación el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (sivjrnr), sino en la reforma a la propiedad rural, el enfoque territorial y de género, así como la activación de herramientas para ofrecer una debida reconstrucción del tejido social.
En consecuencia, desde la academia resulta pertinente, por no decir imperativo, dar cuenta de avances de investigaciones en torno a la reconfiguración de algunas instituciones, redes de poder y economías ilegales, con el fin de que se puedan ofrecer alternativas y se presenten críticas al aparente abismo entre lo acordado, su regulación y su im-plementación en el territorio. Este volumen de la Revista de Derecho no será la excepción y esperamos que continúe siendo un ágora donde los resultados de investigación sobre esta materia sigan publicándose sin restricciones de ningún tipo.
* Este editorial se ha realizado con la colaboración del Enith Carolina Bula y Esteban Lagos G., en el marco del proyecto de investigación Caribe Visible.
1 Aunque el texto de los acuerdos fue revisado y ampliado, no todos los argumentos fueron atendidos, pues muchos de ellos simplemente no se encontraban en el acuerdo o apuntaban a distraer a la opinión pública. Inclusive, esta situación llevó a que se presentara una demanda de nulidad electoral por cuenta de algunas falsedades que se presentaron en los argumentos expuestos en las campañas del "No". Ver en el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Auto del 19 de diciembre de 2016, Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00081-00, Actor: William Efraín Calvachi Obando y David Narváez Gómez, Demandado: Consejo Nacional Electoral.
2 Las retaguardas estratégicas deben entenderse como los territorios que "les sirven como áreas de repliegue militar, centros de entrenamiento y de operaciones de sus comandancias centrales y son la base desde la que se trazan las rutas de aproximación a otras regiones. Es precisamente en estas zonas en las que han construido sus mayores acumulados político-militares y no en vano se relacionan estrechamente con su historia y antecedentes fundacionales" (Trejos, 2013).
3 Cálculos propios con sustento en las bases de datos de la Comisión de Memoria Histórica. Disponible en: http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basesDatos/Masacres1980-2012.xls
Bibliografía
Centro de Memoria Histórica (2013). ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional.
González, F. (2014). Configuración regional y violencia: a modo de introducción. En. G. González, E. Fernán, D. Quiroga, T. Ospina-Posse, A. F. Aponte, R. Barrera y otros. Territorio y conflicto en la Costa Caribe. Bogotá D.C: ODECOFI-CINEP.
Quiroga, D. y Ospina-Posse, T. (2014). Conflicto armado en la región Caribe: un paneo por sus etapas y dinámicas en cinco décadas de violencia. En: G. González, E. Fernán, D. Quiroga, T. Ospina-Posse, A. F. Aponte, R. Barrera y otros. Territorio y conflicto en la Costa Caribe. Bogotá D.C.: ODECOFI-CINEP.
Trejos, L. F. (2016). Hipótesis explicativas de la derrota estratégica de la in-surgencia armada en el Caribe colombiano: los casos de las FARC-EP y el ELN. Revista de Derecho, 46, Universidad del Norte, Barranquilla-Colombia.
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