Omar Huertas Díaz**
Universidad Pedagógica Nacional (Colombia)

Henry Torres Vásquez***
Universidad Libre (Colombia)

Nydia Cecilia Díaz Pérez****
Universidad Pedagógica Nacional (Colombia)

* Artículo de reflexión producto del trabajo de investigación que los autores realizan dentro del grupo en Derechos Humanos Antonio Nariño y Álvarez, registro COLCIENCIAS COL0053849, categoría B, 2010, Universidad Pedagógica Nacional. Línea de Investigación "Sistemas de Protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario".

** Abogado Universidad Nacional de Colombia. Magister en Derecho Penal, Universidad Libre. Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, Universidad de Alcalá (España). Profesor, investigador y coordinador Escuela de Formación en Derechos Humanos Antonio Nariño y Álvarez, Universidad Pedagógica Nacional. ohuertas@pedagogica.edu.co.

*** Abogado. Doctor en Derecho, tesis doctoral "Terrorismo de Estado", con máxima calificación Cum Laude en "Empresa y Sistema Penal" de la Universitat Jaume I de Castelló (España). Profesor de la Universidad Libre. Coinvestigador grupo en Derechos Humanos Antonio Nariño y Álvarez. henrytorresvasquez@yahoo.es

**** Abogada, Universidad Autónoma de Colombia. Especialista en Derecho Penal y Criminología, Universidad Autónoma de Colombia. Magister en Derecho perfil investigativo Universidad Nacional de Colombia. Auxiliar de investigación grupo en Derechos Humanos Antonio Nariño y Álvarez. nidiadiaz10@gmail.com.

Resumen

El servilismo de los medios de comunicación es axiomático para la construcción de un enemigo que le sirva al Estado para toda clase de fines. De esta forma, el gobierno colombiano ha empleado una alta dosis de violencia legal e ilegal, basado en una desviada interpretación de la democracia, con el objeto de magnificar el terrorismo como único problema a resolver. Sin embargo, el "enemigo" es una otredad producida de manera mediática.

Palabras clave: Comunicación, derecho penal, enemigo, otredad, terrorismo.

Abstract

The subservience of the media is axiomatic in the construction of an enemy that serves the State for all purposes. Thus, the Colombian government has used a high dose of legal and illegal violence, based on a deviant interpretation of democracy, in order to magnify terrorism as the only problem to solve. However, the "enemy" is an otherness produced by the media.

Keywords: Communication, criminal law, enemy, otherness, terrorism.

Cuando el Estado viola los derechos humanos deja de ser garante y, a su vez, incumple las obligaciones pactadas en los tratados que ha firmado y ratificado sobre la materia. De esta forma, para evitar sanciones internacionales o el "desmadre" del sistema, el Gobierno hace uso de la desinformación a través de los canales estatales o utiliza, con mucho acierto, la autorización que necesitan los medios masivos de comunicación (en adelante, los MMC) para emitir sus reportajes, y aunque no se coarta de plano esta actividad, se determina una tendencia periodística oficializada con menoscabo de la libertad de expresión, a la cual hace referencia constitucional el artículo 20 en los siguientes términos:

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

En este contexto, surgen inquietudes sobre el tratamiento que los MMC le han dado a las distintas clases, acciones y actores de la violencia en el marco del conflicto armado interno, pues la discusión de ideas y la confrontación de opinión son cercenadas en Colombia con actitudes imperialistas o totalitarias¹, a pesar de ser una de las democracias más sólidas del continente. Así, la responsabilidad social de quienes comunican es limitada por acciones en las que predomina el statu quo, y en algunas oportunidades los aliados gubernamentales cuestionan y restringen a la prensa que actúa más o menos de forma independiente para lograr que los ciudadanos no participen de la homogeneización social que desea el régimen.

Desde esta perspectiva, vale la pena analizar por qué hay un retroceso, por qué se presenta una ruptura de los mecanismos del Estado Social y Democrático de Derecho y por qué la sociedad colombiana parece estar en permanente riesgo² de ser atacada por terroristas nacionales e internacionales.

Ciertamente, el moralismo esgrimido para atacar la falta de eticidad y la ilegalidad de quienes han sido etiquetados como "terroristas" es un ardid de los gobiernos que tiene por objeto mantener la consonancia de las informaciones para su beneficio. Sin embargo, debe recordarse que el Estado no es concebido como un ente superior desde el punto de vista moral (Aponte, 2006a, p. 606), por lo cual la novedad radica en que éste se atribuye una rectitud de la que carece; situación que además se evidencia en sus respuestas con alta dosis de violencia respecto al conflicto armado. En este orden de ideas, la moralidad tiene que ver directamente con la aceptación por parte de los gobiernos de una única sociedad civil: Aquella que comulga con la política del Estado. Los contrarios son, por supuesto, corruptos, dignos de sanciones punitivas o de acciones que están fuera del derecho, es decir —si es necesario— del terrorismo estatal.

Ahora bien, entre las soluciones oficiales se vislumbra la teoría sobre el mal menor de Ignatieff, según la cual, en caso de peligro no se pueden privilegiar los derechos o, en otras palabras, no se puede perder la guerra contra el terrorismo por el hecho de no caer en violaciones a los derechos humanos, ya que esa "guerra" contra los terroristas requiere algún sacrificio de la libertad en periodos de emergencia (Ignatieff, 2005, p. 25). Del mismo modo, en Colombia, sin existir un riesgo real y permanente que involucre a todos los conciudadanos, el sacrificio de múltiples derechos —entre ellos la vida— ocasiona un sinnúmero de adeptos tan sólo por ser indicado como absolutamente necesario para la preservación de la seguridad democrática por los gobernantes con el auxilio de los MMC.

Igualmente, cabe advertir que en este país la verdad está custodiada por guardias armados y uniformes de camuflaje; además, en lugar de investigar los hechos se debe acudir a la fuente oficial (Restrepo, 1992, p. 216) y quien señale otra posición diferente de la de los MMC es desvirtuado o incluso asesinado. No obstante, los medios clásicos de comunicación convierten la violencia estatal en intrascendente.

En este punto, es acertado manifestar que este artículo se realizó con la finalidad de analizar la intervención de los MMC en la creación del "enemigo", visto como terrorista en Colombia y el mundo, para generar reflexiones razonables que incidan en los actores sociales y respondan de manera coherente a las problemáticas que vienen desarrollándose y tienen que ver con este asunto. Por lo tanto, se efectuó una búsqueda, revisión e interpretación documental de la doctrina, investigaciones y estudios de caso más importantes sobre la materia, y se logró sistematizar valiosa información en ocho capítulos que se desarrollan a continuación.

Bartra (2007, p. 19) afirma que la sociedad occidental ha venido ampliando de forma espectacular en todo el mundo las redes imaginarias del terror político; así, la sociedad "avanzada" democrática se pone en contra de un cada vez más amplio imperio no occidental: Otredades amenazantes, primitivas —como por ejemplo, fanáticos especialmente terroristas—, esto magnificado y tal vez introducido en muchas ocasiones por los MMC. Es entonces cuando se produce una verdadera entropía sociológica que conduce a la inercia del sistema (Bartra, 2007, p. 22), esto es, a una restricción del pensamiento de la colectividad. Desde luego, el control que ejercen los MMC y la posibilidad de limitar las ideas "mediante creencias interesadas" (Chomsky, 2001, p. 157) por parte de ataduras estatales tiene una relación causa-efecto, debido a que para los gobiernos pensar en los demás es cavilar sobre sí mismo, aunque siempre surja el interrogante: ¿Cuánto provecho se puede obtener de la sociedad?

Esta realidad es muy cercana al caso colombiano, pues los MMC están al servicio del Gobierno; por eso se sostiene que "El Unanimismo Uribista es en este momento el peor enemigo de la igualdad de oportunidades de las fuentes para alimentar la necesaria veracidad de los medios de comunicación" (Herrán, 2008). De modo que la autenticidad de la información que ensalza a la administración no es siempre fidedigna y la transparencia de la labor periodística está en tela de juicio porque lleva aparejada una sumisión política, lo cual no obsta para dejar por fuera del análisis las licencias oficiales que los MMC necesitan para operar, ya que cuando los reportajes se apartan del mando o generan animadversión contra el Estado, éstas no son obtenidas, y por ello, los MMC pueden ser cerrados o sancionados.

Como se observa, la existencia de medios independientes es cada menos real y en la homogeneidad que procura el régimen se llega a una polarización que, en últimas, busca reprimir violentamente y de forma generalizada cualquier tipo de inconformidad con algún estamento. En suma, los MMC que son propiedad de oligopolios promueven la legitimación de las acciones gubernamentales, forjando miradas unidimensionales y favoreciendo los intereses de las potencias económicas mundiales. Sin embargo, no se debe olvidar que los medios cumplen labores sociales importantes, por consiguiente, tampoco todos se pueden "satanizar". Así, los problemas que se ocultan dentro del país, como por ejemplo, violaciones a derechos fundamentales, derechos humanos o al derecho internacional humanitario, pueden ser objeto de divulgación mediante su uso. Igualmente, datos que son de dominio local consiguen trascender las fronteras al acceder a los círculos de comunicación, y es en ese sentido que los MMC han mostrado servir de puente para multiplicar información.

Ahora, es oportuno relacionar lo hasta aquí expresado con la visión estatal de los opositores y la intervención del derecho penal en estas circunstancias.

La sociedad que no hace parte o no honra el poder es señaladao como hostil, y según esta lógica comienza a erigirse como un enemigo, que naturalmente siempre es una construcción (Aponte, 2006a, p. 202).

Al lado de ello, el derecho está plagado de simbolismo en el Estado totalitario y en las demás formas de gobernar, lo cual es familiar a la realidad de Colombia, donde en momentos coyunturales se ha hecho uso arbitrario de la ciencia jurídica. En este país existe un derecho penal simbólico en el que las normas son ineficaces, pero aun así son aplicadas, principalmente aquellas que están dirigidas hacia cierta clase de ciudadanos. Además, se idealiza al súbdito, alguien que acepta con resignación el sistema y quien goza de todas las garantías, en contraposición a los destinatarios del derecho penal para enemigos³.

En este orden de ideas, cabe traer a colación el significado que el jurista alemán Jakobs le da a la palabra "enemigo": Es el delincuente que está inmerso en la delincuencia económica, en la delincuencia organizada y, especialmente, en el tráfico de drogas o en el concierto para cometer asesinatos. Es decir, se trata de aquel que en forma presuntamente verdadera ha abandonado el derecho, que no garantiza el mínimo de seguridad cognitiva de su comportamiento personal, y que lo manifiesta explícitamente en su conducta (Aponte, 2005, p. 29). Por tanto, sostiene este autor que en medio de la situación colombiana aparece sin duda el derecho penal de enemigo (Martínez, 2002, p. 28).

No obstante, la condición de enemigo es muy amplia, ya que éste es un adversario para todo el sistema social y no ofrece —lo que sí brindan todos los conciudadanos que apoyan al Estado— la garantía cognitiva mínima necesaria para ser tratado como persona (Gracia, 2005, pp. 102-103). Bajo esa concepción, el individuo es estimado como no-persona, lo cual es una violación a la dignidad humana, aunque en la praxis política la presencia del enemigo sirva para justificar cualquier modo de medida represiva (Ambos, 2007, pp. 16, 17).

Ciertamente, para determinar quién es objeto de persecución penal, qué conducta humana es digna del reproche punitivo o qué bien es jurídicamente tutelado, están las normas jurídicas elaboradas por el poder estatal. De ahí que se aumente la posibilidad de penalizar acciones no reconocidas como delitos en otros países. En suma, todo ese conjunto de factores activa demandas de intervención socioestatal para controlar peligros y aplacar temores; por ello se recurre, entre otros mecanismos, a la política criminal (Díez, 2005), que, en el contexto descrito, es manipulada para estatuirse como la solución ideal, siguiendo unos parámetros de riesgo permanente y que facultan para ser extendidos a otros sujetos no criminales.

Así, el enemigo estatal prolifera como estrategia defensiva interna; en años pasados incluso se podía criminalizar de manera indiscriminada y colectiva, por tal razón hubo una exagerada multiplicación de leyes que se referían a sujetos plurales, esto es, a personas que se movilizaban en protesta (Aponte, 2006a, p. 487), lo cual sigue igual y gradualmente crece. Naturalmente, hay una profunda selectividad, que se ve reflejada en normas que producen fluctuación en el ámbito internacional, las cuales se han sido establecidas, en principio, para favorecer a paramilitares —como la Ley de Justicia y Paz— y luego se amplían a otros, conservando en general beneficios para delincuentes agresivos (Aponte, 2006a, p. 602).

Sobre este asunto cabe mencionar que la idea de reducir las garantías de los derechos fundamentales hace parte de las leyes promulgadas contra el terrorismo posterior al denominado "11 de Septiembre" (Aponte, 2006b, p. 206); desde ese momento se definieron nuevos crímenes, se prohibieron ciertas organizaciones (Ramonet, 2004, p. 51), se menoscabaron las posibilidades de amparar las libertades individuales (Aponte, 1999, p. 33) y dejó de existir un equilibrio entre los tres poderes públicos en varias zonas del mundo.

Con esto en mente, es adecuado recordar que Jakobs expone en su teoría que ese modo de tratar a los contendientes es una línea distinta, apartada del derecho penal vigente en un Estado de derecho. Por eso, algunos autores han deducido que esta tesis es un uso arbitrario de la dogmática jurídico-penal (Asua, 2006), una forma de lograr la exclusión de aquellos que se apartan del derecho (Gracia, 2005, p. 105). Al mismo tiempo, es una elocuente muestra del poder y de cómo, a partir de problemas que no son de interés local, se construye un enemigo irreal que sí existe y que además puede ceñirse a cualquier ciudadano —algo así como equiparar de enemigo a una cadena infinita de personas—. El más vivo ejemplo de esta problemática es el terrorismo, concepto que a su vez está atravesadoinfluenciado por la política y las delimitaciones morales (Giraldo, Roldán & Flórez, 2003, p. 49).

Desde luego, para el Estado colombiano esto parece estar bien claro. Es más, en este país quien no esté de acuerdo con las acciones del Gobierno o actúe para prevenir los excesos del régimen es terrorista. por consiguiente, para contrarrestar esta actitud se acude al terrorismo de Estado⁴, que, recordando a Fuentes (2004, p. 43), se ha ejercido con bandera, instituciones y ejércitos formales, aunque se ha difuminado en la percepción social del peligro, lo indiscriminado de las acciones y la oportuna actuación de los MMC, lo cual ha terminado por justificar y legitimar estas actividades criminales. Pero ahí no para la cuestión: esas operaciones se llevan a cabo en países que se presentan como modelos de respeto a las libertades y derechos (Ramonet, 2004, p. 49), como es el caso de Colombia, donde esos delitos pueden quedar en la impunidad y el olvido debido a que hacen parte de la corrupción generalizada.

Es verdad, la intolerancia a las informaciones no oficiales ha ocasionado que el Gobierno colombiano presione a los periodistas que realizan esta labor. "Durante 2008 los mensajes estigmatizadores, las acusaciones escuetas sobre la cercanía del periodismo con el 'terrorismo' o su afinidad con grupos armados, se han extendido a administraciones locales. Esto ha resultado en amenazas e incluso agresiones" (Fundación para la Libertad de Prensa, 2009). Como se ve, esa situación demuestra la paranoia terrorista creada por el sistema; así, se determina que la reacción del Estado se genera mediante amenazas, actuando de forma violenta desde el derecho penal o inclusive por fuera de la legalidad a través del terrorismo estatal.

Finalmente, es necesario advertir que en contraposición al derecho penal de enemigo —considerado derecho penal de autor— se halla la "guerra sucia" practicada en medio del terrorismo de Estado, la cual utiliza tanto el derecho penal de acto como el de autor para reprochar las acciones de los detractores del Gobierno. Pues bien, en este punto es conveniente referirse a la incidencia de la opinión pública en la problemática expuesta, para avanzar en el desarrollo del texto.

Los MMC crean opinión a través de la semiótica, disciplina que según Umberto Eco (1978, p. 31) puede ser usada para mentir. Al lado de ello, los medios buscan socializar una semántica compuesta por valores de todo tipo que interesan al Estado o a quienes integran las esferas del poder, pues el lenguaje es útil para "diluir su responsabilidad en los ataques que afectan gravemente a la población civil" (Giraldo, Roldán & Flórez, 2003, p. 185) y es per se manipulado para mimetizar los auténticos daños que sufre la sociedad ajena al conflicto, es decir, aquella con carencias de diversa índole.

En consecuencia, la estrategia adoptada consiste en evitar a toda costa la neutralidad, por lo que quienes no siguen las instrucciones y tienen otra forma de pensar son constantemente perseguidos. De esta manera, es preciso recordar que hace algunos años en Colombia el mando del paramilitarismo daba las directrices en esta materia. Tal como afirmaba Carlos Castaño, el papel que desempeñan los MMC es inclinar la balanza del conflicto; así, el periodismo debe tomar partido en los conflictos, y por eso no se permite la imparcialidad. Los MMC "tienen la obligación de estar al lado del Estado y en contra de los enemigos del Estado" (Giraldo, Roldán & Flórez, 2003, p. 149).

Ahora bien, el término "opinión pública" hace referencia al parecer compartido por una gran mayoría sobre un problema significativo en determinado periodo. No obstante, esta expresión es cercenada cuando es distinta de la del Gobierno. Al respecto, Herrán (2008) comenta: "La moral de bolsillo que predomina en nuestro país lleva a que se cuestione al adversario y competidor pero que se pasen por alto, con la estrategia de no mencionarlas, de hacer como si no existieran, las propias contradicciones éticas". Sin embargo, lo más delicado de este asunto es, como demuestran las investigaciones de Van Dijk (2004, 2006) sobre el discurso, que las creencias de la sociedad son construcciones de los grupos de poder, integrados, obviamente, por élites del Estado.

En este orden de ideas, cabe señalar que en la formación de la opinión pública coexisten distintos factores, pero de acuerdo con la principal hipótesis, ésta se produce por la interacción entre élites y masas, de ahí que la manipulación absoluta por parte de grupos de amplio poder económico es por demás habitual. Pese a esto, quedan en el ambiente varias inquietudes: ¿la opinión pública puede expresarse?, ¿no puede participar por miedo? o quizás no quiere pronunciarse en medio de la desidia propia del pueblo. Lo curioso es que el control sobre las instituciones y los funcionarios públicos es una prerrogativa que tiene la sociedad a través de la opinión pública. Naturalmente, el beneficiado ante el detrimento de esa facultad es el régimen; por eso suele decirse que la democracia participativa es mucho más formal que real cuando no existe comunicación o cuando ésta es manipulada.

Al lado de ello existen numerosas presiones de tipo ideológico para adoctrinar a las multitudes según lo requiera el Estado, y en este contexto, los poderosos controlan los aparatos ideológicos y culturales que permiten que el terror pase a ser otra cosa (Chomsky, 2004, p. 38). En esa dirección, la convivencia podrá ser pacífica pero estará fusionada con el miedo, el temor y la violación de los derechos humanos. No obstante, una vez puesta la masa social en ese estado, los MMC reciben su recompensa. En este sentido, Zacaría (2003) expresa que la premisa para la televisión es: "si no puedes divertir o aterrorizar al público para que vea tu programación, éste cambiará de canal" (p. 256).

El fin de sensibilizar a la gran masa social para lograr acuerdos motivados por el consentimiento entre buena parte de los súbditos del Estado es el principal objetivo mediático, lo cual se puede obtener de forma relativamente fácil en un país como Colombia, donde hay un enorme consenso producto de la actividad de los MMC. Todo esto conduce a un universo de individuos dóciles, fáciles de doblegar y dependientes, que llegan a ser los mejores transmisores y promotores del discurso oficial. En esa condición, la masa social es alienada, a tal punto que realiza comportamientos orientados por los mass media en menoscabo de la diversidad, la paz y el pluralismo. Además, esa falta de comunicación entre la sociedad y las distintas jerarquías del poder es la manifestación de una opinión pública obligada por la violencia, que cree mucho en la guerra y no propicia escenarios de diálogo para ganarle la batalla a la dominación.

Para continuar con el desarrollo del texto, en el siguiente capítulo se traerá a colación lo relativo a la creación del enemigo desde los MMC.

El fundamentalismo radical musulmán que "ataca a la democracia liberal" es un proceso gestado por completo desde el mundo occidental, luego no se pueden imputar todos los atentados terroristas de grupos islamistas como si fueran producto de un choque de civilizaciones (Bartra 2007, p. 27). Esto hace parte de las alteridades y sus potenciales peligros, de las redes imaginarias del poder político cimentadas con la ayuda de los mass media. Por tanto, es factible indicar que los MMC trabajan de la mano con el régimen, pues éste reconoce la importancia de darles un alto sentido mediático a sus acciones; así, toda referencia que lo favorezca es magnificada y la que no, es maquillada o minimizada. Desde esta perspectiva, para facilitar el esfuerzo de mercadotecnia, los sistemas doctrinales suelen plasmar al enemigo en turno como diabólico por naturaleza (Chomsky, 2007, p. 112).

Ciertamente, el derecho ciudadano a recibir información veraz está ligado a un derecho constitucional que se traduce en la exención que tienen todos los MMC (periódicos, libros, revistas, radio y televisión) de no ceñirse a la inspección o a la censura del Estado. Sin embargo, hay países en los que la autocrítica está orientada a una regulación estatal obligada y disfrazada. De cualquier modo se cumple con patrocinar lo oficial, renunciando a datos oportunos, auténticos e imparciales.

Pero hay más, el vivir en una sociedad de riesgos ocasiona la proliferación de temores o miedos en los que la peligrosidad cobra una inusitada relevancia. En esa dinámica, el principal sujeto de persecución no es un individuo en particular, es llanamente el "otro". Un ser tan cambiante que está determinado por las conveniencias estatales; así, para los gobiernos del Primer Mundo, la inmigración ilegal sucumbe ante la posibilidad irreal de atentar contra la existencia del Estado, y en desarrollo de ese principio se establecen medidas antiterroristas en contra de inmigrantes (Torres, 2008, p. 118). En el Tercer Mundo, la otredad enemiga se manifiesta ya no contra los extraneus, sino contra los propios nacionales.

De esta forma, para erigir un enemigo es primordial realizar su construcción mediática, cometido que en muchas ocasiones integra sujetos que no representan ningún tipo de peligro, pero frente a lo cual poco o nada hacen los MMC. La historia ha demostrado que por encima del tratamiento informativo y de la ética que debería regir esta actividad están las razones del Estado cimentadas en una antiquísima teoría política italiana según la cual se justifica mantener el statu quo sin importar lo legítimo de los métodos que se utilicen para tal fin. Desafortunadamente, todavía ese estilo maquiavélico es practicado sin mayores resquemores, siendo una constante en medio de dictaduras o pseudodemocracias y algo casi instintivo en los gobernantes.

En este contexto, la ineludible realidad de los mass media convoca al régimen para unificar criterios de coordinación y vigilancia que son instituidos en el Estado, lo cual redunda en la consolidación de los monopolios mediáticos interestatales que preservan esos únicos intereses sin preocuparse por la masa social. Sobre este particular cabe recordar que las principales cadenas de televisión norteamericanas, ABC, NBC, CBS, "operaban a modo de cártel hasta la década de 1980, siendo conscientes de que poseían una audiencia prácticamente cautiva" (Zacaría, 2003, p. 256). Sólo el auge de la televisión por cable logró acabar con ese monopolio. No obstante, la situación de hoy no difiere mucho, ya que gran parte de los MMC si bien no son de un mismo dueño, sí consolidan una forma de pensar determinada por el Gobierno.

Con esto en mente, vale la pena profundizar sobre la comunicación vista como una facultad, por lo tanto se abordará este tema en el siguiente capítulo.

El derecho a la información es fundamental pero no absoluto, y responde a un conjunto de normas que regulan la forma de llevar a la práctica, no solo la libertad como valor superior, sino también la expresión y la transmisión del pensamiento. Es más, esta facultad no distingue el medio por el cual se dan a conocer las ideas y opiniones. Sin embargo, el monopolio gubernamental llega a los MMC, irrumpiendo su quehacer. De esta manera, el poder estatal adquiere privilegios gracias a la difusión de sus valores y principios, lo cual propicia, entre otras cosas, la credibilidad y legitimidad de sus actuaciones. Al lado de ello, las necesidades más elementales de la población son "aliviadas" hipócrita, irreal, simbólica y frecuentemente a través de los reportajes periodísticos. En suma, la opinión pública llega al extremo de ser radicalizada y cualquier forma de violencia gubernamental ilegal es auspiciada por los MMC en su fase inicial, con lo cual se justifica cualquier hecho criminal oficial.

Por otro lado, se debe considerar que el establecimiento de MMC es una de las manifestaciones del derecho a comunicar, que sin duda se convierte en una obligación ético-legal a partir del momento en que éstos entran en funcionamiento. Desde luego, en la actualidad existe una amplia gama de medios que fomentan el surgimiento de pequeñas y nuevas corrientes sociales. En España, por ejemplo, se han usado los teléfonos celulares permanentemente para convocar a grupos de presión y/o movilización que tienen intereses similares, y han logrado incidir en los resultados presidenciales de 2004⁵.

Como se observa, si bien los MMC divulgan tanto tendencias como expresiones de la cultura, se les ha encomendado transmitir normas o conductas sociales para respaldar al Gobierno. Su influencia es de tal magnitud que distorsionan la percepción de la realidad; por eso la llamada opinión pública cae en un espiral de informaciones tendenciosas que logran un cambio de actitud frente al Estado. En este orden de ideas, es preciso hacer referencia al terrorismo y la otredad a fin de observar más de cerca su identidad y el nexo que tiene con los MMC.

Algunos autores sostienen que hay una "simbiosis" entre el terrorismo y los MMC, e incluso llegan a asegurar que los terroristas y los periodistas se retroalimentan, o el uno es rehén del otro y viceversa (Veres, 2006, p. 139). En este escenario, es apropiado puntualizar que el terrorismo internacional convencional se presenta cuando, según Fuentes (2004, p. 90), un gobierno o un gobernante no le gusta a Washington, pues de inmediato es acusado de terrorismo. Aquí vale la pena comentar que Estados Unidos olvida siempre que en nombre de la democracia, la libertad y la justicia ha llevado a cabo muchas "acciones ruines" (Chomsky, 2007, p. 114), lo cual es viable porque el terrorismo no está definido de forma taxativa y universal, es decir, no se han fijado unos preceptos o términos concretos para la interpretación de la norma. Así, quienes se atreven a confrontar las políticas norteamericanas o de sus principales aliados son etiquetados desde esa lógica.

De otro lado, es bien sabido a nivel mundial que los MMC determinan la realidad y la agenda política (Zacaría, 2003, p. 256); por eso, un aspecto fundamental en la conducción mediática del terrorismo doméstico convencional es el uso del lenguaje, no sólo para alienar al grupo mayoritario poblacional sino también para criminalizar y oprimir a quienes difieran del sistema. Ahora bien, respecto al terrorismo de Estado cabe señalar que la sociedad trivializa o no percibe la magnitud y gravedad de este fenómeno, olvidando o pasando por alto las operaciones ejecutadas en este sentido. Por lo tanto, al menos el antiterrorismo en su versión legislativa plasma lo que Portilla (2005, p. 44) ha considerado un derecho penal y procesal para enemigos: "Tras ella se oculta su notorio carácter ilegítimo al suprimir las garantías del procedimiento en función de las características del autor y subordinar los derechos individuales a exigencias de la irracionalidad funcional del Estado".

Lo curioso es que la sensación de seguridad —su necesidad o pérdida— tolera que el régimen efectúe toda clase de acciones criminales sin ningún reparo. De tal suerte, la pseudoseguridad es exigida por la sociedad aunque se vean afectados derechos fundamentales, pues en teoría eso le da una mayor libertad. En efecto, "se puede evitar que el rebaño desconcertado preste atención a lo que está sucediendo a su alrededor y permanezca distraído y controlado" (Chomsky, 1992, p. 35). Pero si eso no funciona, el Estado opta por hacer lo que Schunneman afirma sucede en Sudamérica, contar con fuerzas paramilitares para asesinar o secuestrar a toda persona sobre la que recaiga sospecha de estar envuelta en actividades terroristas.

Además, hay un tipo de terrorismo moderno que posee una gran dosis nihilista; en palabras de Glucksman (2001), la bandera de esta corriente es: "destruir como único modo de construir", sin importar los métodos, recursos y agentes, pues el Estado no posee ningún principio auténtico, ya sea religioso, político o social, para prevenir el crimen. En este punto cabe señalar que es trascendental saber cuándo las palabras o las ideas de un reducido grupo pasan a ser una realidad objetiva o neutral, es decir, una ideología. Con base en esto, se deduce que el terrorismo es una ideología (Glover, 2003, p. 240) auspiciada por los MMC que ofrecen enfoques sensacionalistas, dramáticos o triviales de las noticias (Zacaría, 2003, p. 256). Por supuesto, el terrorismo en su aspecto teleológico es una invención estatal que bajo el auxilio de los MMC logra ser un "mal" universal. En este orden de ideas, a continuación se hace necesario analizar más detenidamente el propósito de los MMC y su relación con la violencia.

En los últimos años se ha incrementado la violencia mediática, pero no de forma explícita, como ocurrió en el genocidio tutsi en Rwanda. Sin embargo, existen manifestaciones del terrorismo de Estado en algunas regiones, lo cual no es suficiente para asegurar que las políticas gubernamentales contemplan una instigación a la violencia. Desde esta perspectiva, la mayoría de la población fiel a las exigencias del régimen no es consciente de que en torno a la preservación de la seguridad —como principio del Estado— existe un artificio para ocultar los verdaderos problemas sociales. Al respecto, el periodista Javier Darío Restrepo (1992, pp. 213-214) comentó que no era necesario un ejercicio heroico de la honestidad para reconocer que nos hacen falta las noticias referidas a la violencia, y agregó: "Nos está costando ser corresponsales de paz después de haberlo sido de guerra".

Ciertamente, los MMC tienen el deseo, o tal vez la obligación, de dirigir a la nación, aspiración o compromiso percibido en un mundo acrítico y carente de disenso. No obstante, este objetivo sirve como punto de inflexión entre la democracia, el capitalismo, el Estado y la sociedad, sin ninguna clase de eufemismos respecto a su verdadero fin determinado por el sistema. De esta manera, la imparcialidad que debería regir las informaciones es relegada en múltiples casos debido a la imposición de estrategias oficiales. En consecuencia, los medios matizan o incitan a la violencia y lo logran porque las élites de poder dominan con total facilidad la información y, especialmente, los sistemas doctrinales (Chomsky, 2001, p. 155).

Lo curioso es que el individuo acepta, de forma consciente o inconsciente, las concepciones imbuidas a través de los MMC, y en esa línea rompe o adquiere esquemas generales preconcebidos para definirse conforme a ellos. Al lado de ello, con miras a mantenerse en el poder, el Gobierno incluye dentro de los fines esenciales del Estado la seguridad nacional, ciudadana, pública, democrática, entre otras que no son tangibles y llegan a convertirse en mitos. Aun así, el planteamiento del bloque hegemónico en el que participa el régimen promueve la aparición de nuevos MMC que continúen por el sendero marcado de seguridad. En ese sentido se presenta una discriminación, incluso un delito, lo cual no es tan baladí como parece si se tiene en cuenta la configuración de una imagen idílica entre el Estado y la sociedad que identifica como único problema la existencia de guerrilla, pasando por alto otros asuntos de mayor envergadura.

Naturalmente, los MMC influyen de modo negativo cuando cimentan o consolidan estereotipos discriminatorios como, por ejemplo, la criminalización de la protesta popular pacífica. De tal suerte, en Latinoamérica los MMC llevan a cabo un programa didáctico orientado a incrementar el poder de la clase dirigente. Además, por ejemplo en Colombia, los medios resultan siendo "educadores" casi exclusivos de una sociedad que no ha forjado su cultura política. Pues bien, en la actualidad también hay un abanico de posibilidades para expresarse; por eso, antes de enunciar las conclusiones de esta reflexión se hará referencia a este tema.

Entre los frecuentes cambios que se han producido en el mundo globalizado sobresale la invención y multiplicación de medios, situación que ha dado paso a una labor espontánea, neutral y objetiva (Espósito, 2003). Al menos el noticiero musulmán al-Yazira ofrece informaciones más allá de las fronteras de los países árabes, superando los estereotipos periodísticos tradicionales de la sociedad occidental. Lo cierto es que las nuevas redes de comunicación —aunque precarias en cuanto a sus recursos logísticos— han demostrado ser muy efectivas para retransmitir eventos de manera distinta y original. Por tal razón benefician a los sectores no conformes o sumidos en el totalitarismo; así, los reportajes son permeados por MMC locales o regionales que envían mensajes mostrando una realidad bien diferente de la enviada por el Estado.

De modo que se genera un impacto significativo en el exterior, donde grupos de periodismo independiente, financiados generalmente por organizaciones no gubernamentales, realizan su quehacer a distancia del régimen. Entonces, el ciudadano común encontrará en los medios alternativos una información que se aproxima más a la realidad, si aparta su mirada de los MMC nacionales, subordinados casi en su totalidad por estándares internacionales que cumplen la misma función de reproducir el sistema de gobierno y el modelo económico operante.

Al observar con detenimiento la problemática que vive el país colombiano, sorprende la grave situación en que se encuentran los derechos humanos y la falta de puesta en práctica del derecho humanitario en el conflicto armado. Sin embargo, varios casos han quedado en la impunidad porque se conserva en el ostracismo la violencia. De igual forma, aunque en Colombia prima la cultura creyente y conservadora, se pasan por alto las acciones y omisiones de los MMC, al comentar o evaluar su desempeño, y frente a cualquier protesta, los medios defienden su integridad y expresan que no corrompen la moral social, basados en el hecho de que un elevado número de personas está de acuerdo y conforme con su apreciación informativa.

No obstante, como se demostró en este artículo, los MMC participan en la construcción del enemigo que se presenta cuando el poder entra en crisis o el afán de mando no puede ser alimentado, aunque "la agonía de una sociedad no es noticia que pueda dejarse sujeta a su presentación con un patrocinio comercial" (Restrepo, 1992, p. 217). Esto podría cambiar si se pensara en la otredad desde el respeto y la tolerancia, lo cual, por más elemental que parezca, sigue siendo utópico en esta pseudodemocracia.

Ahora bien, los MMC son muy cercanos o hacen parte del Estado, principalmente en la sociedad occidental, donde el proceso de uniformidad conlleva a la inercia, el estancamiento y la decadencia (Bartra, 2007, p. 22). Por eso siguen las pautas oficiales o de la economía mundial sin mayor dificultad. Al respecto, vale la pena comentar que si un Estado desea promover una información local que contribuya al fortalecimiento de la sociedad o a otro fin que se aparte de las políticas universales, se ve supeditado por acciones grupales que provienen generalmente de la ONU. En efecto, es urgente y necesaria la tutela de una serie de relaciones y obligaciones que el Estado y los ciudadanos colombianos tienen con la comunidad internacional, en aras de proteger esos derechos.

De otro lado, a esta lista se suma la autocensura moderada que ha existido en Colombia, la cual consiste en no dejar transmitir referencias en contra. Así, la tergiversación de las informaciones es desviada y el resultado final que llega al ciudadano cumple varios objetivos, entre los cuales se destaca el justificar la subsistencia y ampliación del poder de un gobernante en la administración. En suma, los MMC consiguen la obediencia de la población y la participación activa de la ciudadanía. De ese modo, el régimen toma cartas en el asunto contra los disidentes en forma violenta tanto legal como ilegal; por ejemplo, la sociedad estadounidense en su condición de "modelo de democracia" tiene en los MMC la principal institución que eventualmente le puede servir de árbitro (Zacaría, 2003, p. 255). Lo mismo ha sucedido con algunos de los MMC que en Colombia investigan y denuncian hechos de inusitada gravedad ejecutados por agentes estatales (revista Semana, por ejemplo).

Finalmente, es conveniente indicar que las violaciones a la libertad de prensa repercuten en la falta de soluciones a problemas de índole social. Además, en la actualidad hay una eclosión de disposiciones represivas que mediante la instrumentalización de los MMC llegan a ser muy efectivas, a pesar de su desconocimiento por parte de la comunidad. De tal suerte, el receptor actúa como quiere el Estado, pues de lo contrario es sometido a la "picota pública".

¹ Un ejemplo de estas prácticas es el "caso Hollman Morris" (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009, pp. 48-50).

² La "sociedad del riesgo" es aquella en la que "se ha difundido un exagerado sentimiento de inseguridad, que no parece guardar exclusiva correspondencia con tales riesgos, sino que se ve potenciado por la intensa cobertura mediática de los sucesos peligrosos o lesivos, por las dificultades con que tropieza el ciudadano medio para comprender el acelerado cambio tecnológico y acompasar su vida cotidiana a él, y por la extendida percepción social de que la moderna sociedad tecnológica conlleva una notable transformación de las relaciones y valores sociales y una significativa reducción de la solidaridad colectiva" (Díez, 2005, p. 1).

³ En palabras de Silva (2007, p. 1): «es enemigo para el Derecho penal aquel ser humano, y sólo aquel ser humano, al que, en la medida en que se le considere fuente de malestar para quienes tienen el poder jurídico de definición, se le niega toda protección penal (y aun jurídica)».

⁴ Garzón (2001, p. 147) propone como definición de terrorismo de Estado: [...] Es una forma del ejercicio del poder estatal cuya regla de conocimiento permite y/o impone, con miras a crear el temor generalizado, la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder.

⁵ El hecho ocurrió cuando días antes de las elecciones presidenciales de 2004, el Partido Popular, que estaba en el gobierno, manifestó de forma precipitada que el atentado terrorista ocurrido el 11 de septiembre fue perpetrado por el grupo terrorista ETA. No obstante, las pruebas señalaban a Al- Qaeda como el grupo que había llevado a cabo estas acciones. Cuando la gente se enteró en los días siguientes de la verdad, se organizaron (mediante SMS, vía celular) para que se dijera la verdad, hecho que provocó la no reelección de José María Aznar como presidente, quien además había apoyado la invasión a Irak (Veres, 2006, p. 135).

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