Cada vez que revisamos o planeamos nuestro quehacer investigativo a partir de la ciencia jurídica tenemos la misma disyuntiva: ¿cuál es la investigación que nos corresponde?; ¿cuál es la que el país necesita que hagamos?; ¿cuál es la que nos hace útiles a nuestra sociedad?

De acuerdo con la clasificación que hace Mario Bunge¹, hay dos tipos de saber científico: uno formal, que estudia entes ideales creados por la razón y otro fáctico, que estudia los fenómenos empíricos. La ciencia del derecho puede ser estudiada desde estas dos perspectivas, pues el orden jurídico integra entes fruto de la razón, asimismo como regula fenómenos empíricos.

Es innegable que la investigación esencialmente teórica nos permite hacer aportes al desarrollo de la ciencia misma que nos ocupa, pero la denominada investigación sociojurídica y la investigación acción, nos permiten conocer a profundidad las necesidades de una comunidad y dedicar esfuerzos para transformar la realidad en atención a las mismas; nos permite desarrollar un derecho transformador, un derecho equitativo, que tiene en cuenta la sociedad y el potencial de intervenirla para solucionar sus problemas.

Las escuelas de derecho colombianas y particularmente sus investigadores, adquieren un compromiso, un importante papel de cogestión, de participación en la ejecución del conjunto de reformas legislativas que acaban de ser aprobadas en el Congreso de la República: la ley de víctimas, la ley de tierras y la ley de regalías, entre otras varias de no menor carácter.

Este conjunto de normas tienen el potencial de generar cambios históricos en nuestra sociedad, sobre todo en las comunidades del Caribe colombiano, tan gravemente azotadas por la violencia, la corrupción, la desigualdad y la pobreza.

Estas normas necesitan ser revisadas con rigor científico y sus reglament aciones requieren estudios previos que permitan hacer realidad sus postulados y hagan posibles efectivas mejoras sociales.

Es por eso que desde la dirección académica de la Revista de Derecho, queremos extender a todos los investigadores jurídicos y sociojurídicos una invitación seria y comprometida a abordar estos temas, a estudiar a fondo esta nueva normativa que tenemos el deber de privilegiar desde nuestro quehacer. Pues en este momento de grandes cambios, la comunidad científica nacional debe asumir un rol muy activo, propositivo y analítico, que promueva una Colombia mejor.

Silvia M. Gloria De Vivo
Decana
División de Ciencias Jurídicas
Universidad del Norte

¹ BUNGE, Mario. La ciencia: su método y su filosofía. Buenos Aires, Ediciones Siglo Veinte, 1981.