Silvia M. Gloria De Vivo¹

1 Decana División de Ciencias Jurídicas Universidad del Norte

Tras más de 6 años de completa ausencia de políticas orientadoras de la actividad científica y tecnológica en Colombia, el gobierno a través del Documento Conpes 3533 de julio 17 de 2008, estableció algunos lineamientos para su fomento, así como para el ajuste del sistema de propiedad intelectual a la competitividad y productividad nacional.

El objetivo del documento, según lo expone su mismo texto, es crear las bases de una política pública de Propiedad Intelectual, en el que los actores del denominado Sistema de Propiedad Intelectual (SPI) actúen coordinadamente en la creación de condiciones orientadoras del quehacer nacional hacia el desarrollo productivo.

Aunque estamos en una muy incipiente etapa del proceso, hay que reconocer que es un comienzo. Sin embargo, la urgencia que demanda la definición de las políticas y la ejecución de las acciones necesarias para la puesta en marcha del SPI no dan espera, razón por la cual los interesados en la temática debemos trabajar para apalancar el proceso con el fin de lograr prontos resultados.

La dinámica mundial a este respecto y el rezago en que nos encontramos respecto de países como Taiwán y Corea, que hace algo más de 10 años estaban en nuestro mismo grado de desarrollo y que hoy, por cuenta de la innovación y la productividad intelectual, están cruzando la barrera del primer mundo, imponen al gobierno una dedicación e interés inminente en este tema.

Sin embargo, luego de revisado el documento, no podemos menos que llamar la atención sobre algunas preocupaciones que nos asaltan, dada su esencial importancia.

En primera instancia, en el documento, integrado por un breve diagnóstico de la situación del país en lo que se refiere a su potencial y efectivo desarrollo tecnológico, además de una parte propositiva que expone algunas estrategias encaminadas al mejoramiento de nuestro nivel, el Consejo Nacional de Política Económica y Social hace una descripción del SPI y reconoce a la Propiedad Intelectual (PI) como "[…] una herramienta de incentivo a la producción y creación intelectuales y, por tanto, una herramienta disponible por las naciones para contribuir al logro de grados superiores de competitividad y productividad"¹.

Con relación a la descripción del SPI, genera preocupación que aunque el documento reconoce que las universidades y centros de investigación son el "punto focal en la creación de conocimiento", tales entidades no son consideradas actores o partícipes activos del sistema. A nuestro juicio, las universidades y centros de investigación no deben ser sujetos pasivos en este proceso sino, por el contrario, constituirse en principales gestores y constructores directos de la política nacional.

Las universidades deberían ser parte integral del engranaje mismo del sistema, habida cuenta de su función productiva y de fomento, no sólo de la creación intelectual, sino de la protección de dicha producción.

Respecto del reconocimiento de la PI como una herramienta para incentivar la producción intelectual, debemos afirmar que es un verdadero avance. Sin embargo, el documento parece dejar de lado la situación económica y social de nuestro país y se orienta más a plantear la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de los derechos a los creadores y la necesidad de generar una infraestructura de control, antes que la de fortalecer nuestro talento humano. Lo anterior, sin tener en cuenta que, por ejemplo, la causa principal de la piratería y el plagio se origina en comunidades que no tienen otra forma de acceder al conocimiento o al entretenimiento.

Aunque no se trata de justificar estas conductas, sí juzgamos oportuno que las estrategias que se implementen y las políticas públicas que se generen para atender esta necesidad, tengan en cuenta que en la medida en que no se creen mejores opciones para acceder al conocimiento y el entretenimiento, la población estará en mayor medida dispuesta a contravenir las normas de protección y a correr el riesgo que ello implica, tal y como ocurre en nuestros días. No es posible lograr mejorías en esta materia sólo fortaleciendo el sistema controlador y sancionatorio, como lo propone el documento: también debe hacerse más accesible el conocimiento a las gentes.

La academia, y en general el país, está a la espera de un verdadero plan de choque, con reales inversiones por parte del Estado y mayores incentivos para involucrar al sector privado en la dinámica de la investigación para el desarrollo, con más atención a los contenidos, contextos y objetivos de la producción intelectual, en cuya construcción esperamos poder participar activamente.

Notas

1 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, Documento Conpes 3533, versión aprobada el 14 de julio de 2008, p. 1.