Otras personas suponen que la juventud se perpetuará, que, de alguna manera, no llegarán a ser el viejo que no quieren y temen ser; por ello, prepararse para ese momento de la vida no ocupa mayor interés, muchísimo menos si la preparación para la vejez implica ahorrar:

En la construcción social negativa de la vejez ha intervenido de manera notoria la imposición de un ideal que privilegia y sublima la juventud y la productividad, y todo aquello que se encuentre por fuera se desecha y olvida, cuando no se le persigue y teme (Beauvoir, 1970; Perales y Dul—cey—Ruiz, 2002). De esta manera, la actividad laboral y económica termina por darle contenido a la vida, y el valor de las personas se define de acuerdo a su lugar en la cadena de producción: durante la juventud, las personas se preparan para el trabajo; en la adultez, desarrollan su potencial productivo y a partir de ahí se mide su estatus social, su utilidad y su poder; pero, una vez llegan la vejez, en muchos casos se definen por su inactividad y no ocupan un espacio significativo en ninguna esfera social (Giró Miranda, 2004). Como lo sostenía Beauvoir (1970), la sociedad solo se preocupa por los individuos en la medida en la que producen.

Estas reflexiones críticas ayudan a entender, en buena parte, los bajos niveles de preparación económica para la vejez. Es decir: explican de cierto el hecho de que más del 50 % de los mayores de 40 años no hagan nada para mantenerse económicamente en la vejez, en los contextos urbanos, porcentaje que en contextos rurales supera el 70 % entre los mayores de 40 años (Villar, Forero et al., 2015). Es muy probable que en muchos casos esto obedece a la dificultad que tienen de aceptar, cuando menos, que llegarán a viejos y que de alguna manera pueden y deben prepararse para ese momento.

Estos imaginarios negativos se ven reforzados y agravados en contextos de conflicto armados, pues la vejez, además de ser vivida e imaginada con pesimismo, se percibe como una etapa de la vida a la que se llega por voluntad del destino, y en la que poco se puede intervenir. Para las víctimas del conflicto armado, llegar a la vejez es una especie de milagro, pero al mismo tiempo no se vislumbra la gracia de sus recompensas, sino precariedades y dificultades. Así lo expresaba una mujer mayor en una entrevista realizada, al preguntársele sobre su idea de vejez:

Otras mujeres entrevistadas asocian el envejecimiento en el marco del conflicto con los traumas y las consecuencias sobre su bienestar emocional. En su relato, el envejecimiento es un proceso en el que la vida se va yendo, poco a poco, sin la intervención ni la protección de nadie:

En este contexto, muchas de las acciones que realizan las personas para prepararse para la vejez, o son realizadas de manera inconsciente o están, de alguna manera, garantizadas por el entorno. La legislación laboral, que protege al trabajador formal y obliga a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, a título de ejemplo, puede proveer desde el Fondo de Solidaridad Pensional un aporte parcial y temporal como amparo a la vejez, pero las personas, muchas veces, no valoran esta oportunidad. Esas acciones de preparación, pocas o no, conscientes o no, se ven afectadas por el conflicto armado. Es decir, a la dificultad que tienen muchas personas para pensar en su vejez y adelantar acciones provisorias planificadas, se suman los daños e impactos sobre aquellas hicieron. La siguiente sección aborda algunos de esos efectos perjudiciales producidos en algunos preparativos que las personas suelen realizar para la vejez.

La vejez que hay que vivir. Afectaciones a la preparación económica de las víctimas del conflicto armado colombiano

Las consecuencias del conflicto armado sobre la vida de las víctimas hacen que muchas de ellas experimenten serios obstáculos para asegurar el sostén económico propio y el de su familia, por múltiples causas: principalmente, la lenta materialización del derecho a la reparación económica garantizada por la Ley 1448/2011³; por la desconfiguración de los roles ocupacionales y productivos como consecuencia de los hechos victimizantes; por la pérdida de ahorros y activos a causa de la guerra, y por las dificultades para acceder a condiciones dignas de vivienda. Muchas de las víctimas, en su mayoría mujeres, no tienen seguridad jurídica en la tenencia de sus tierras y bienes inmuebles, lo que dificulta una preparación adecuada para la vejez y acentúa el riesgo de despojo; finalmente, a causa de su edad, a las personas se les dificulta acceder a oportunidades educativas, por imaginarios negativos respecto de sus capacidades y porque la oferta del Estado prioriza a las personas más jóvenes sobre las mayores.

Ser viejo y no tener cómo ganarse la vida: desconfiguración de los roles ocupacionales y productivos de las víctimas mayores de hoy y del mañana

El conflicto armado ha generado en las víctimas mayores de hoy y del mañana la desconfiguración de los roles ocupaciones y productivos que desempeñaban. Con el paso de los años y a lo largo de la vida, las personas asumen roles y actividades para las cuales se preparan y en las que adquieren la experiencia y las habilidades que les permiten ser productivos y derivar el sustento propio y el de su familia. Los hechos victimizantes obligan a los civiles víctimas a asumir, en nuevos contextos y espacios, roles y funciones para los cuales no estaban preparados ni habían previsto, lo que dificulta en muchos casos el acceso a oportunidades económicas que favorezcan una mejor preparación para la vejez y condiciones para superar su situación de vulnerabilidad, panorama que se agrava por otras razones estructurales, como son: las dinámicas de exclusión presentes en el mercado laboral fijadas por la edad en todos los segmentos de la población. Las víctimas mayores se encuentran en una encrucijada: la necesidad propia y familiar de subsistir choca con las dificultades personales para ganarse la vida y con los obstáculos socialmente impuestos.

La posibilidad de acceder a espacios formales de trabajo y a opciones eficaces de generar ingresos se ve disminuida por la percepción que tienen algunas personas mayores de ser discriminadas en razón de su situación de desplazamiento forzado. De acuerdo con la Encuesta SABE 2015, el 2,9 % de las personas mayores desplazadas se siente discriminada por ser desplazadas. La percepción más alta está en las personas que tienen entre 80 y 84 años, con un 3,2 %. Los hombres mayores son los que más advierten esta discriminación, con un 3,4 %, frente al 2,3 % que notan las mujeres. Dicha percepción es mayor para los estratos socioeconómicos más bajos, donde aparece con un 4,3 % para las personas que viven en el estrato 1, mientras que es de un 1,3 % entre los que están clasificados en los estratos 5 y 6. Geográficamente, las ciudades más afectadas por esta percepción son Medellín y Cali, con un 4,2 % y 1,4 %, respectivamente, y son las capitales de los departamentos con la mayor concentración de víctimas mayores (Ministerio de Salud, 2016).

La percepción de discriminación a causa del desplazamiento interactúa con la que se percibe por razón de la edad, con porcentajes muy altos. Cerca del 10 % de las personas mayores se sienten discriminadas en razón de su edad; los hombres son los que más discriminación sienten por este motivo, con un 11,7 %, mientras que las mujeres lo sienten en un 7,6 % de los casos. Nuevamente Medellín y Cali son las ciudades que registran los más altos índices de percepción de discriminación, con un 9,6 % y un 12,5 %, respectivamente (Ministerio de Salud, 2016). Que el mayor número de personas mayores se encuentren en las capitales de los departamentos donde se perciben los más altos índices de discriminación en razón del desplazamiento y la edad, da una dimensión del reto a seguir para generar condiciones que fortalezcan la seguridad en el ingreso de las víctimas que llegaron y están llegando a la vejez.

A pesar de todos los obstáculos, las personas mayores víctimas tienen que seguir trabajando. La Encuesta de Calidad de Vida (ECV) deja ver que las personas mayores víctimas de desplazamiento tienen tasas de ocupación más altas que las no víctimas: mientras que los hombres mayores de 60 desplazados trabajan en una proporción del 67 %, sus pares no víctimas lo hacen en una del 49,9 %; en el caso de las mujeres, el porcentaje es similar en ambos casos: las víctimas trabajan en una proporción del 19 % y las no víctimas en una del 20,7 % (Correa Montoya et al., 2015). Esta circunstancia permite interpretar que las personas mayores víctimas han tenido niveles más bajos de preparación para la vejez, pues la mayoría no solo carece de un derecho efectivo a la seguridad social, sino que con el desplazamiento y demás hechos victimizantes también se produjo la pérdida de los activos y bienes que muchas de ellas acumularon como proyecto de seguridad para la vejez. La menor tasa de ocupación de las mujeres mayores debe considerar la dificultad que tienen para reconocer como trabajo las actividades que desempeñan, lo que podría generar un subregistro en las encuestas.

El conflicto armado ha agravado la situación económica de las víctimas de actuales y futuras generaciones, en la medida en que las ha obligado a asumir actividades productivas para las que no estaban preparadas, condenándolas así a olvidar y dejar de practicar aquello en lo que tenían experiencia, a la vez que les ha dificultado encontrar un reacomodo de sus actividades laborales y de trabajo en los nuevos lugares a donde debieron desplazarse. Todas estas situaciones hacen que la condición de vulnerabilidad económica de las personas mayores de hoy y del mañana, ya de suyo grave, se torne más precaria.

Según los relatos de los funcionarios y contratistas entrevistados en el trabajo de campo de esta investigación, uno de los impactos más graves, para el grupo poblacional de las personas con edades comprendidas entre los 40 y los 59 años, fue el de no poder encontrar oportunidades laborales en los nuevos contextos a donde llegaron. Una interpretación común entre estos servidores es que el mercado laboral excluye a las personas en razón de la edad desde edades tempranas, lo que se profundiza conforme avanzan los años unido a la falta de preparación y educación. En ejercicio de su experiencia profesional, ellos indican que a estas personas solo les resta ingresar a mercados informales como los del reciclaje, en condiciones ambientales riesgosas, los oficios de la construcción y el servicio doméstico. A esto se suma, con alta frecuencia, las dificultades que supone el tránsito entre el campo y la ciudad para su adaptación económica.

Los años de preparación, las prácticas alcanzadas gracias a un esfuerzo continuo y a un trabajo constante se ven desdibujadas por causa del desplazamiento; de esta manera, las tareas para las cuales las personas se habían preparado se hacen de difícil realización en nuevos contextos. El conflicto armado, y especialmente el desplazamiento, no solo arrebatan los bienes materiales y el sustento económico: también resquebrajan el esfuerzo y la vida invertida en su adquisición:

La dificultad para encontrar un trabajo es uno de los mayores impactos que se inscriben en la vida económica de los afectados después de los hechos victimizantes. Este menoscabo encuentra particularidades de acuerdo con el sexo de las víctimas, pues mujeres y hombres ven modificados sus roles y funciones, al tener que asumir nuevas responsabilidades de cuidado o al perder su estatus como proveedores. Así lo explica una de las participantes en los grupos focales:

El fortalecimiento para obtener la recuperación de las prácticas productivas, o para poder crear nuevas formas de generación de ingresos, es vital si se quiere reversar la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Dicho acompañamiento debe estar orientado a que adquieran las capacidades que requieren en nuevos contextos, encuentren facilidades para iniciar proyectos productivos y se incentive su inclusión en el mercado laboral formal.

Esta situación es especialmente grave cuando se hace un análisis con respecto a la oferta educativa y el acceso que ofrece a lo largo de la vida, para superar la condición de vulnerabilidad. El conflicto armado hace que se rompan los procesos educativos de las víctimas, lo que tiene consecuencias a futuro. De ahí la importancia de los procesos de formación y capacitación para el trabajo, pues abren oportunidades para que víctimas de todas las edades puedan acceder al mercado laboral formal o emprender sus propias iniciativas productivas con el fin de recuperar su estabilidad socioeconómica. Así mismo, las obligaciones derivadas de las nuevas relaciones de cuidado y de las responsabilidades económicas en los hogares impiden que muchas víctimas mayores de hoy y del mañana puedan acceder a la oferta educativa. Esta situación es particularmente preocupante en un contexto en el que las personas mayores tienen bajos niveles educativos. Más del 61 % de las personas mayores no terminaron la educación primaria o ni siquiera la iniciaron, el 23,8 % solo completó el ciclo primario, tan solo el 5,6 % se graduó de bachiller y nada más que el 7,1 % alcanzó algún grado de educación superior (Martínez—Restrepo et al., 2015).

El conflicto armado ha interactuado con los imaginarios negativos que se tejen alrededor de las capacidades e intereses de las personas mayores de actuales y futuras generaciones para aprender habilidades nuevas a lo largo de toda la vida. Otras más, aunque tengan deseos de continuar formándose, encuentran programas educativos que no se flexibilizan a sus necesidades y características:

El derecho a la educación no termina cuando se llega a los sesenta años. La acción del Estado debe propender para garantizarlo a lo largo de la vida; por esta razón, los programas que se ofrezcan deben buscar la inclusión de personas de todas las edades, tomando en cuenta las circunstancias en las que se encuentren. En ese sentido, la protección constitucional debe buscar que los programas educativos se flexibilicen a las particularidades de las víctimas mayores de hoy y del mañana, incluyan el mayor número de personas que sea posible y sean puentes efectivos hacia el mercado laboral formal y la generación de ingresos.

Una reparación integral debe apuntar a que las personas puedan reconstruir sus roles y actividades productivas. El conflicto armado no es la única causa que explique las dificultades que tienen las personas mayores para lograr nuevos aprendizajes. La precariedad en el acceso a la educación a lo largo de la vida ha dificultado que las personas, cuando tienen que aprender nuevas actividades productivas —por causa de los hechos victimizantes que las obligaron a abandonar las que siempre desempeñaron—, no encuentren espacios formativos adecuados que se ajusten a sus necesidades e intereses. La construcción de una paz estable y con justicia social supone que quienes han vivido las consecuencias del conflicto armado puedan superar la situación de vulnerabilidad en la que suelen encontrarse, para lo cual es imprescindible una mayor seguridad en los ingresos. El aprendizaje de nuevas prácticas productivas permite que se genere autonomía económica y un mayor respaldo financiero para la vejez.

Ser viejo y no tener ningún respaldo económico: la pérdida de ahorros y activos productivos de las víctimas mayores de hoy y del mañana

De igual forma, el conflicto armado ha generado la privación de numerosos bienes muebles e inmuebles sobre los cuales las personas derivaban su sustento, que constituían el patrimonio personal y familiar y que eran percibidos como un respaldo económico para la vejez. Las víctimas han perdido sus negocios, la vivienda, las herramientas de trabajo, los animales y los cultivos.

Este despojo se ha dado en un contexto de país en el que los hogares colombianos tienen muy poca capacidad de ahorro, pues solo el 10 % de los hogares puede ahorrar (Villar, Forero, et al., 2015). En términos generales, las personas encuentran grandes dificultades para ahorrar, ya que antes deben asegurar la satisfacción de necesidades básicas. En esa satisfacción de necesidades básicas consumen gran parte de los recursos, por lo que el ahorro se vuelve precario y poco significativo.

Pese a todas esas dificultades, las personas desarrollan prácticas de ahorro e inversión para la vejez a partir de los recursos con los que cuentan. Muchas veces se trata de acciones que van más allá de lo financiero. Es decir: no siempre refiere a actividades relacionadas con el dinero de los negocios, los bancos y la bolsa. Las formas de ahorro incluso comprenden el invertir en la educación y formación de los hijos —con la idea de que, cuando crezcan, se ocuparán del cuidado de sus padres—, la compra de animales productivos y otro tipo de bienes que pueden generar rendimientos a futuro. En esta lógica, la vivienda de habitación se vuelve una especial forma de ahorro en la que muchas personas cifran sus esperanzas para el futuro (Villar, Forero, et al., 2015).

Pero, tanto las formas de ahorro tradicionales como las alternativas se ven afectadas por un ambiente de guerra no internacional o de conflicto armado interno. Las víctimas, que ya experimentan dificultades para ahorrar en contextos de precariedad económica, ven ahora sus posibilidades aún más limitadas cuando enfrentan los riesgos de perder los activos acumulados a lo largo de los años. En ese sentido, las viviendas y las tierras son algunos de los bienes más arrebatados en medio de la violencia armada.

El despojo de las propiedades inmuebles ha ocurrido bajo múltiples modalidades (CNMH, 2011b), bajo lógicas de violencia y engaño que se han sintetizado en la expresión “negocio con usted o con su viuda”, y que revela que además de tal presión, los actores se han valido de estrategias legales y económicas para adquirir las propiedades de su interés. Así, se han hecho usos ilegales de figuras jurídicas, acudiendo a poderes y resoluciones falsas, escrituras adulteradas o firmas falsificadas (CNMH, 2015); se han hecho apropiaciones de los predios sin la mediación de transacción comercial alguna o, en aquellos casos en los que sí se hicieron, con ventas a menores precios y con avalúos fraudulentos en los que se apoyaron los negocios lesivos para los propietarios que, al final, terminaban vendiendo sus bienes por precios muy inferiores a los del mercado.

Estas pérdidas han cambiado la posición de las víctimas, que pasaron de ser productores a consumidores (CNMH, 2014) y de propietarios a arrendatarios (Corte Constitucional, Auto 005 de 2009). A los negocios en quiebra y la pérdida de oportunidades laborales se han sumado la destrucción de viviendas y de enseres (CNMH, 2011a), de animales y de ropa (CNMH, 2011d), así como de diversos implementos necesarios para las labores cotidianas como bombas de fumigación, abonos y fertilizantes (CNMH, 2015). La pérdida de estas propiedades que implican en muchos casos verdaderos medios de supervivencia, generan desestabilidad económica para las familias y pérdida de oportunidades de productividad.

Algunas víctimas recuerdan la manera como, de repente, los actores armados se convertían en dueños de todo lo que no era suyo, obligándolos a entregar sus propiedades y a trabajar para ellos según el ritmo de su voluntad. En los relatos de su memoria, sale que los actores armados no solo quebrantaban sus posibilidades de producir, sino que, además, hacían que produjeran para ellos y cubrieran sus necesidades:

El ahorro y la acumulación de activos, así sean pocos y de bajo valor comercial, es especialmente importante para la vejez en la medida en la que ofrece una alternativa para quienes no logran acceder a una pensión de vejez. En Colombia, muy pocas personas acceden al derecho a la pensión. Apenas cerca del 23 % de quienes están edad de jubilación alcanzan una pensión efectiva (Villar et al., 2015), pero en el caso de las víctimas tan solo el 4,75 % de quienes tienen entre 60 y 69 años se encuentran protegidas por una pensión. Es decir: casi cuatro veces menos que la población general.

La pérdida de los bienes y activos productivos interactúa con la precariedad en la cobertura del Sistema General de la Seguridad Social en Pensiones, con las tasas de informalidad y con las lógicas de un mercado laboral precario y excluyente. La suma de estas circunstancias implica un duro golpe para la posibilidad de las personas mayores de hoy y del mañana de superar la situación de vulnerabilidad y prepararse adecuadamente para la vejez.

En medio del conflicto armado cerca de 115.000 personas han perdido sus tierras, bienes muebles y hogares (Red Nacional de Información, 2017), lo que ha afectado especialmente a las mujeres. En Colombia han sido tradicionalmente los hombres quienes detentan y gestionan la propiedad de los inmuebles de la familia (CNMH, 2011c); por esta razón, con la muerte de sus parejas hombres, muchas mujeres no tienen conocimiento sobre la relación jurídica con la propiedad y son susceptibles de ser despojadas con mayor facilidad por los actores armados. Estas pérdidas se cruzan con la dificultad para ingresar al mercado laboral formal y obligan a las personas a derivar su sustento de actividades en las que no encuentran garantías mínimas de seguridad social.

De esta manera, se requiere de mayores avances en las garantías para la protección económica de las personas mayores y una mejor preparación para la vejez; la recuperación y fortalecimiento de activos productivos es vital para que las personas mejoren su capacidad de ahorro y de protección social; de igual forma, la vigilancia y control de la Corte puede aportarle impulso y seguridad respecto a la formalización de títulos y acceso prioritario a vivienda digna en beneficio de las personas mayores, con especial énfasis en las mujeres mayores.

Ser viejo y no tener dónde vivir: la ausencia de una vivienda digna para las víctimas mayores de hoy y del mañana

Un entorno habitacional digno y seguro es fundamental para vivir un envejecimiento activo (OMS, 2007). Las víctimas mayores, por causa de hechos victimizantes como el desplazamiento, enfrentan el riesgo agravado de tener que habitar viviendas precarias, en condiciones de hacinamiento, sin acceso a servicios públicos y sin garantías de seguridad jurídica (CNMH, 2013). De esta manera, las personas que hoy son mayores y quienes lo serán en el futuro cercano han tenido que envejecer, en muchas oportunidades, en entornos hostiles y precarios. De esta manera, las personas habían previsto vivir su vejez en espacios amplios, generalmente rurales, dotados de las comodidades y garantías necesarias para vivir dignamente. El conflicto armado ha roto esa estabilidad y obliga a las víctimas a realizar acomodaciones en las que se sacrifica el espacio para lograr la satisfacción de ciertas necesidades básicas:

Se evidencia, además, en el relato de las víctimas, que la posesión de una vivienda, incluso en aquellos eventos en los que se tenía que luchar para la consecución de los servicios públicos esenciales o su calidad era precaria, está ligada a una cierta sensación de riqueza y bienestar personal, que rompe el desplazamiento forzado y el despojo. Es decir, la percepción sobre lo que implica el hogar para el bienestar de las familias, como proveedor no solo de refugio sino de riqueza, hace que su pérdida refuerce la conciencia de estar en una situación de pobreza y precariedad. Entre las víctimas entrevistadas en el trabajo de campo hay un relato general que permite percibir la casa que tuvieron que dejar atrás como mucho más amplia y digna, aun en aquellos casos en los que tampoco había adecuada infraestructura de servicios públicos, o a pesar de la precariedad de su condición, e incluso cuando su tenencia muchas veces no era segura. Las víctimas hacen una construcción ciertamente nostálgica del espacio abandonado, pero lo que ello verdaderamente revela es que la tenencia de un espacio propio brinda ciertas características de mayor protección y dignidad mayores. Así lo recuerda Marcela, una mujer de más de 40 años, al preguntársele por sus condiciones de vivienda antes de los hechos de violencia:

En relatos como estos la casa no se convierte en espacio de protección inmediata contra el clima y las adversidades de la intemperie, sino que es, además, proveedora de necesidades básicas: es el hábitat en donde sucede la cotidianidad. Es, a la vez, refugio y aseguradora de ciertos mínimos para la alimentación, sobre todo en contextos rurales en los que se habitan tierras con cierta vocación productiva. El cambio, en la mayoría de los casos, se percibe también frente al pasar de un lugar espacioso a uno pequeño, de un espacio que brinda posibilidades a otro que simplemente “les tocó”. Para Hernando fue como pasarse a vivir a un cajón:

Las viviendas no son solo una necesidad esencial de las víctimas mayores, sino que constituye una verdadera forma de protección para la vejez para toda la población. De acuerdo con la MCE, la vivienda es el principal medio de ahorro de los colombianos y representa el 75 % de los activos de la población (Villar, Forero, et al., 2015). La EGED identificó la situación de precariedad en la que se encuentran las víctimas frente a esta necesidad. Apenas el 19,5 % de los hogares viven en condiciones dignas y solo el 38.7 % lo hace bajo condiciones de seguridad jurídica (DANE; UARIV, 2015), es decir, tiene vivienda propia con escritura registrada o vive bajo arriendo con contrato formal. Esta informalidad en la tenencia de los bienes inmuebles constituye una de las principales fuentes de desprotección económica para la vejez.

El acceso a la vivienda fue identificado en el trabajo de campo, precisamente, como una de las necesidades más sentidas de la población mayor y de la que se encuentra entre los 40 y los 59 años. Esta percepción fue consistente con muchos de los testimonios de las personas mayores entrevistadas, pues el deseo de acceder a una vivienda propia y digna fue una de las manifestaciones más recurrentes:

Las viviendas cumplen una doble función para el envejecimiento y la vejez de las víctimas. Por una parte, hacen parte del entorno en el que se viven estas experiencias de la vida, y pueden proveer espacios de participación y de seguridad para quienes están en la vejez o llegarán a ella. Por otra parte, son una forma de preparación económica para la vejez, al proveer un espacio de habitación por el que no hay que pagar mensualmente un canon de arrendamiento, y que, en determinados casos, puede generar utilidades. Esa doble función se ha visto afectada por el conflicto armado, pues las víctimas han tenido que habitar viviendas que, en lugar de ser entornos amigables para su envejecimiento, son espacios hostiles e indignos, sin condiciones adecuadas para su habitabilidad. Además, afectaciones y daños directos contra estos bienes ha obligado a su abandono, con la pérdida de seguridad económica que ello significa y, con posterioridad a los hechos, las personas mayores de hoy y del mañana han enfrentado barreras para acceder a vivienda.

La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas mayores de actuales y futuras generaciones por causa del conflicto armado requiere de respuestas urgentes para que la reparación integral permita la reacomodación productiva, y así mismo que las personas, a lo largo de su vida, puedan prepararse adecuadamente para su vejez. Esto solo será posible si se llevan a cabo acciones urgentes para lograr que las personas satisfagan sus necesidades básicas y puedan emprender iniciativas productivas que les provean sustento a mediano y largo plazo.

La insatisfacción de necesidades básicas que actualmente viven las víctimas mayores de hoy, así como de las personas que están entre los 40 y los 59 años, se extiende a diferentes bienes esenciales para la garantía de los mínimos vitales, como seguridad alimentaria, vivienda digna, entre otros. Esta insatisfacción de necesidades y la dificultad de ver garantizado el mínimo vital puede generar, a futuro, consecuencias sobre la salud, la estabilidad y seguridad familiar y las posibilidades para participar en la comunidad. Bajos niveles en la calidad y cantidad de los alimentos pueden ocasionar detrimentos en la salud en el largo plazo. Vivir un presente en la pobreza reduce las oportunidades para prepararse adecuadamente para la vejez. De esta manera, es posible que quienes ahora viven en la pobreza sean todavía más pobres cuando llegan a la vejez.

REFLEXIONES FINALES: LA VEJEZ QUE SE PUEDE TENER EN UNA COLOMBIA EN PAZ

En un contexto en el que las víctimas mayores de actuales y futuras generaciones enfrentan graves dificultades para garantizar su seguridad económica, por la pérdida de bienes y activos productivos, la desconfiguración de roles ocupacionales y de trabajo y por las afectaciones sobre bienes como la tierra y la vivienda, el Estado en su totalidad y la sociedad colombiana deben ir más allá de la satisfacción de sus necesidades básicas.

Por consiguiente, esto supone la obligación ineludible de garantizar la plena restitución de derechos y la materialización de su condición de sujetos y ciudadanos, de tal manera que las estrategias de atención, asistencia y reparación integral trasciendan aportando efectivamente a la superación de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Esto exige la explicación de medidas tendientes a garantizar el ingreso a las víctimas, su preparación y formación para asumir nuevas tareas y la promoción de prácticas de ahorro y preparación alternativa para la vejez, cuando el acceso a la pensión no sea posible. Sin ello, el goce de una paz estable y duradera en donde la equidad y el bienestar social son el eje de la reconciliación y la convivencia no tendrá posibilidad alguna.

En razón de lo anterior, les corresponde a la sociedad y el Estado, y en especial a entidades como la Uariv, el Ministerio del Trabajo, la Agencia Pública de Empleo y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), proyectar estrategias y acciones a fin de que las víctimas mayores de actuales y futuras generaciones aseguren ingresos realizando prácticas productivas ajustadas a sus necesidades y contextos, con las cuales, además de satisfacer su mínimo vital, puedan prepararse económicamente para la vejez. El trabajo articulado con el sector privado y empresarial es fundamental, no solo para la generación de empleos, sino para crear y consolidar alianzas estratégicas con las cuales los productos, bienes o servicios producidos por las víctimas tengan una salida al mercado.

Además, esto debe incluir un componente de seguridad económica, a partir del desarrollo de habilidades y conocimientos para el ahorro y la inversión adecuada de los recursos que obtengan las personas cuando en la medida de sus posibilidades comienzan a desarrollar estrategias que respaldan su vejez. El fortalecimiento del ahorro comunitario puede brindar mayores oportunidades para quienes tienen dificultades para acumular capital de manera individual. El beneficio de estas estrategias no solo se puede limitar a quienes estén vinculados a proyectos productivos y de generación de ingresos, sino que su implemen—tación debe cubrir a todas las víctimas en general, especialmente a las que están en la vejez o cerca de ella.

Así mismo, todas las acciones en materia de generación de ingresos necesitan estar acompañadas de mayores garantías en la oferta de educación para el trabajo en la edad adulta que actualmente presentan entidades públicas y privadas; en ambos sectores es urgente tomar en cuenta que las personas adultas y mayores requieren capacitarse técnicamente para participar en el mercado laboral y tener mejores fuentes de ingresos.

Por otra parte, el acceso prioritario a la vivienda debe ser un derecho especialmente protegido para las personas mayores, dado que es un activo que permite una mayor protección económica en la vejez. En consecuencia, es preciso incluir estos criterios en los programas de vivienda gratuita para que un mayor número de víctimas mayores accedan a este tipo de beneficios.

Pero, sobre todo, es importante que las personas mayores, tanto las que son víctimas como las que no, se apropien de la posibilidad de darle nuevos contenidos a la vejez (Beauvoir, 1970). Si es un momento de la vida que se suele entender como degradación y pérdida, como ausencia de aquello que se valora de la existencia, el reto está en lograr que las víctimas puedan construir una mirada y visión de futuro. El conflicto armado genera daños tan profundos que mucho de lo que se perdió se vuelve irrecuperable.

Sin embargo, ello no significa que las personas no puedan fortalecer sus capacidades y recursos sociales, familiares y personales para que puedan construir algo nuevo. La dificultad de ser pescador en Bogotá, cultivador de papa en el centro de Ibagué o concejal en una ciudad a la que recién se llega no necesariamente implica que las personas renuncien a aprender nuevas actividades y establecer nuevas redes con el fin de iniciar acciones de protección económica para la vejez.

La edad no debe ser un impedimento ni debe ser percibida como un obstáculo a este propósito. Las personas mayores de actuales y futuras generaciones, sobrevivientes de un conflicto armado que ha superado los límites de lo humano, tienen suficiente fortaleza para ser agentes activos de la transformación de sus vidas.

NOTAS

¹ A lo largo de este artículo se usa la expresión “personas mayores de hoy y del mañana” para agrupar a las personas que actualmente, tienen 60 años o más —es decir, ahora son personas mayores— y a las personas que están entre los 40 y los 59 años, y que lo serán en los próximos años.

³ A 2017, «cerca del 93 % de las víctimas aún no [habían] accedido a este derecho, siendo (sic) la población desplazada la más perjudicada con un rezago del 97 % de la población incluida en el RUV» (Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448/2011, 2017, p. 12).

REFERENCIAS

Beauvoir, S. (1970). La vejez. Buenos Aires: Editorial Suramericana.

CNMH. (2011a). La masacre de El Tigre. Un silencio que encontró su voz. Bogotá: Taurus.

CNMH. (2011b). La masacre de Trujillo. Una tragedia que no cesa. Bogotá: Taurus, Ed. Bogotá.

CNMH. (2011c). Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano. Bogotá: Ediciones Semana.

CNMH. (2011d). Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia. Bogotá: Ediciones Semana.

CNMH. (2013). ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional. Recuperado de https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

CNMH. (2014). Lucho Arango. El defensor de la pesca artesanal. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.

CNMH. (2015). Una nación desplazada. Informe nacional de desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá: CNMH—UARIV.

Correa—Montoya, L., & Uribe Forero, L. M. (2017). La vejez de hoy y del mañana en Colombia: logros y retos de la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bogotá: Fundación Saldarriaga Concha Publicaciones.

Correa Montoya, L., Martínez—Restrepo, S., Enríquez, E., Pertuz, M. C., Montoya, S., & Acevedo León, M. I. (2015). Las personas mayores víctimas del conflicto armado. En Misión Colombia Envejece: desafíos de una nueva sociedad (p. 50). Bogotá: Fundación Saldarriaga Concha. Recuperado de https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Correa, L.; Rodríguez, L.; Suárez, C. y Rúa, J. (2017). El olvido del derecho. Desprotección legal de las personas mayores de hoy y del mañana en Colombia. Opinión Jurídica, 17 (33), pp. 1—41.

Corte Constitucional de Colombia. (2009). Auto 005 de 2009. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.

DANE. (2016). Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia, 2015. Bogotá: Departamento Nacional de Estadística.

DANE; UARIV. (2015). Encuesta de Goce Efectivo de Derechos EGED 2013 —2014. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Driessnack, M., Sousa, V. D., & Costa, I. A. (2007). Revisión de los diseños de investigación relevantes para la Enfermería: Parte 3: Métodos mixtos y múltiples. Revista Latino—Americana de Enfermagem, 15(5), 1—4.

Dulcey—Ruiz, E., Arrubla, D., & Sanabria, P. (2013). Envejecimiento y vejez en Colombia. Bogotá: Profamilia.

Giró Miranda, J. (2004). El significado de la vejez. En Giró Miranda, J. (Coord.). Envejecimiento y sociedad: una perspectiva pluridisciplinar (pp. 19—45). España: Universidad de La Rioja.

Martín, J. A., & Munar, M. (2003). Introducción a la estadística descriptiva para economistas. Palma: Universitat de les Illes Balears.

Martínez—Restrepo, S., Enríquez, E., Pertuz, M. C., & Alzate Meza, J. P. (2015). El mercado laboral y las personas mayores. En Fundación Saldarriaga Concha y Fedesarrollo. (Editores). Misión Colombia Envejece: desafíos de una nueva sociedad (p. 79). Bogotá: Fundación Saldarriaga Concha.

Ministerio de Salud. (2016). Sabe Colombia 2015: Estudio nacional de salud, bienestar y envejecimiento. Resumen ejecutivo. Bogotá: Ministerio de Salud.

Naciones Unidas. (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (Resolución 61/295, de 13 de septiembre de 2007). Recuperado de https://goo.gl/QdroJ2

Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Resolución 61/106 del 13 de diciembre de 2006). Recuperado de https://goo.gl/Nda3Fc

Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos de los Niños (Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989). Recuperado de http://www.ohchr.org/ SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

Naciones Unidas. (1979). Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979). Recuperado de http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a—61.html

OEA. (2015). Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Washington: Organización de los Estados Americanos.

OMS. (2002). Envejecimiento activo: un marco político. Revista Española Geria—tría y Gerontología, 37(2), 74—105.

OMS. (2007). Ciudades globales amigables con los mayores: Una guía. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.

Perales, C., & Dulcey—Ruiz, E. (2002). La construcción social del envejecimiento: un análisis discursivo en prensa escrita. Revista Latinoamericana de Psicología, 34(12), 107—121.

Red Nacional de Información. (2017). Registro Único de Víctimas. Reporte de víctimas registradas a 1 de abril de 2017. Recuperado de http://rni.unidadvicti—mas.gov.co/RUV

Villar, L., Flórez, C. E., Forero, D., Valencia—López, N., Puerta, N., & Botero, F. (2015). Protección económica a la población mayor en Colombia. En Fundación Saldarriaga Concha y Fedesarrollo. (Editores). Misión Colombia Envejece: Cifras, retos y recomendaciones (p. 706). Fundación Saldarriaga Concha Publicaciones. Recuperado de https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Villar, L., Forero, D., Flórez, C. E., Puerta, N., Enríquez, E., Valencia—López, N., & Alzate Meza, J. P. (2015). Ahorro e inversión para la vejez. En Fundación Saldarriaga Concha y Fedesarrollo. (Editores). Misión Colombia Envejece: desafíos de una nueva sociedad (p. 45). Bogotá: Fundación Saldarriaga Concha.