ISSN electronico 2145-9363 ISSN impreso 2011-2106 n°.11, Enero - Junio de 2013 Fecha de recepción:Enero de 2013 Fecha de aceptación:Marzo de 2013

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH ARTICLE

Luz Estela Tobón Berrío*

Correspondencia: Universidad del Norte, Km 5, vía a Puerto Colombia, A.A. 1569, Barranquilla (Colombia).

Pensar el desarrollo como objetivo universalmente deseable ha conducido a la construcción de un debate acerca de cuál es el camino más rápido y eficiente para alcanzar el desarrollo, representado en una tensión dialéctica entre la economía ortodoxa y la economía heterodoxa. Resultado de la experiencia de los países industrializados se han elaborado "recetas para el desarrollo" consideradas válidas universalmente e impuestas a los países en vías de desarrollo. Empero, el fracaso de estas en los nuevos territorios ha demostrado que el desarrollo no es un proceso homogéneo, objetivo. Por el contrario, la experiencia en las latitudes del "tercer mundo" y la actual crisis económica mundial ha evidenciado que lograr el desarrollo conlleva la conjunción de fenómenos sociales complejos, comprensibles solo a través de la interdisciplinaridad, donde las instituciones juegan el rol de estructura comunicante entre las diversas disciplinas científicas.

Palabras clave: Desarrollo, instituciones, neoinstitucionalismo, institucionalismo original.

Clasificación JEL: a12, b52, f68

Thinking about development as a universally desirable goal has led to the construction of a debate about what is the fastest and most efficient way to achieve development, presented in the form of a dialectical tension between orthodox economics and heterodox economics. As result of the experience of industrialized countries has developed "recipes for development" considered universally valid and imposed on developing countries. Notwithstanding, the failure of these in the new territories has shown that development is not a homogeneous or objective process. Instead, experience in development and less developed countries and the current global economic crisis has shown that achieving development involves a combination of complex social phenomena, understandable only through interdisciplinarity, where institutions play the role of structure communicating between the various scientific disciplines.

Keywords: Development, new institutional economics, original institutional economics.

JEL Codes: a12, b52, f68.

El logro del desarrollo es una problemática de gran controversia en la actualidad de la esfera científico-social, ya que es presentada por los organismos internacionales y por los países-potencias económicas a la cabeza de los primeros, como meta universalmente deseable y éticamente imperativa. Sin embargo, cuando se habla de desarrollo no existe claridad ni acuerdo acerca de qué es el desarrollo; los países industrializados han fijado como acepción la búsqueda de una economía de mercado que conduzca al aumento en la productividad, al progreso en el proceso de industrialización, en resumen, al crecimiento económico. No obstante, las últimas décadas han demostrado que tal concepción de desarrollo no acarrea un mejoramiento en la calidad de vida de los individuos, tampoco una disminución de la brecha de inequidad. Por el contrario, el crecimiento de países como Brasil demuestra que es posible llegar al crecimiento económico, y a un enriquecimiento de las élites industriales, a costa de la gran mayoría de los ciudadanos de una nación manteniéndolos en condiciones de vida indignas¹.

Así las cosas, con el fracaso de la óptica del desarrollo jalonada por la economía neoclásica se hizo necesario repensar el camino a seguir y abrir el campo de análisis a teorías que pudieran dar cuenta de otras acepciones incluyentes del ámbito social, tornarse hacia un paradigma de desarrollo holístico, donde los ámbitos sociales, políticos, humanos, toman gran relevancia como medio, sustento y fin de lo económico. Es allí precisamente donde la economía neoinstitucional entra a jugar un importante rol, pues a través de ella el filtro de análisis se expande y se percibe la importancia de las instituciones no solo económicas, sino también políticas y sociales, como la democracia, la educación, el rol del Estado y el balance de poderes en este.

Es decir, la economía neoinstitucional representa un salto cualitativo en el análisis económico, porque gracias a este enfoque retoman relevancia elementos que no son netamente económicos pero sí poseen incidencia económica; aunque esta teoría no abandona el paradigma ortodoxo de la economía, ya que el individuo y sus comportamientos continúan siendo considerados como fuente de las instituciones, en tanto que el sujeto continúa dirigido por su comportamiento oportunista, de nuevo aparece la reducción de los fenómenos sociales a esquemas matemáticos, donde la modelización exacerbada representa un impedimento para considerar a fondo la complejidad de los fenómenos sociales (Parada, 2003), entre otras características que la distancian del paradigma heterodoxo.

Ahora bien, debe tenerse presente que la apertura del análisis a la economía neoinstitucional desde los organismos internacionales encargados, o mejor, empoderados de la recomendación de políticas económicas a los países subdesarrollados, no es un acto ingenuo o meramente humanista, en el cual estos actores se sienten interesados por el bienestar de las poblaciones que padecen la miseria en los diferentes países de África, Asia, Europa del Este, América Latina; como lo advierte Chang (2006, p. 126).

De modo que ahora los economistas ortodoxos usan las instituciones para explicar porqué las "buenas" políticas económicas basadas en las teorías económicas "correctas" fallan tan consistentemente. Hablando de instituciones deficientes, pueden argumentar que sus políticas y teorías nunca fueron erróneas, y que no funcionaron únicamente porque los países que las implementaron no tienen las instituciones correctas para que las políticas "correctas" funcionen.

Es decir, bajo la economía neoinstitucional continúa existiendo un recetario para el logro del desarrollo dictado desde los países potencias económicas, que incluye la mezcla milagrosa de algunas instituciones que el mismo Chang (2006) llama "instituciones globales estándar". Estos dictados o imposiciones van en contravía del postulado del Ius Gentium proclamado por la Carta de Naciones Unidas, "la libre determinación de los pueblos", pero al presentarse bajo el manto de lo universalmente deseable se pierde de vista por algunos instantes que se trata de imposiciones disimuladas en las eufemísticas cooperaciones internacionales o ayudas para el desarrollo. Igualmente, continuar con la estrategia de las recetas impuestas para el desarrollo conlleva problemas de ineficacia de las instituciones o genera, en algunos casos, problemáticas sociales mayores, todo esto es llamado por Portes (2006) "problemas de trasplante institucional".

Puede encontrarse este escenario con mayor claridad en la obra Por qué fracasan los países, de Acemoglu y Robinson (2012). Cuando estos autores sentencian que el fracaso en el desarrollo proviene de instituciones económicas extractivas soportadas por instituciones políticas a su vez extractivas con ello declaran la existencia de dos clases de instituciones, las buenas y las malas, las que sí consiguieron implantar los países desarrollados y las que poseen los países subde-sarrollados y que explican su atraso. Por tanto, dan a entender que existe un listado de instituciones deseables que deben implantar todos los países si quieren alcanzar el desarrollo económico, y para no caer en el determinismo geográfico o cultural explican que estos factores, geografía y cultura, aunque inciden de alguna manera, no son con-cluyentes. Pero finalmente llegan de esta manera al determinismo, a uno que podría llamarse determinismo institucional, y para tratar de enfrentar los casos que se salen de la regla general postulada en el recetario, como por ejemplo el caso de China; es decir, se augura un desarrollo efímero, sin tener presente que aun en los países inventores del recetario para el desarrollo la crisis ya tocó a sus puertas y se encuentran en dificultades para mantener los mismos niveles de desarrollo que gozaban hace apenas algunos años bajo las viejas recetas ortodoxas; en resumen: sus recetas también fallan.

En el recetario institucional para el desarrollo diseñado en el marco neoinstitucional faltan ingredientes importantísimos que perpetúan una visión estrecha del desarrollo, no tanto como en la economía neoclásica, pero en todo caso aún se mantienen fuera de foco instituciones importantes para una visión comprensiva del desarrollo. El neoinstitucionalismo descarga su atención en la firma, los derechos de propiedad, en el sistema judicial, pero descuida instituciones sociales en los campos de la educación, la familia, el comunitarismo, entre otros. Esto se hace evidente en la doctrina levantada por los diferentes teóricos neoinstitucionales como Coase, Hodgson, North, Williamson; así mismo, en el ya mencionado trabajo de Acemoglu y Robinson (2012, p. 501) puede observarse este vacío, por ejemplo cuando aseveran:

Para nuestra teoría es crucial la relación entre prosperidad e instituciones políticas y económicas inclusivas. Las instituciones económicas inclusivas que hacen respetar los derechos de propiedad crean igualdad de oportunidades y fomentan la inversión en habilidades y nuevas tecnologías. Estas conducen más al crecimiento económico que las instituciones económicas extractivas [...] Las instituciones económicas inclusivas, a su vez, respaldan y reciben el apoyo de las instituciones políticas inclusivas, es decir, las que reparten el poder político ampliamente de manera pluralista y son capaces de lograr cierto grado de centralización política para establecer la ley y el orden, la base de unos derechos de propiedad seguros y una economía de mercado inclusiva.

La anterior visión teórica estaría poniendo la responsabilidad del desarrollo solo en las manos de las instituciones políticas y económicas, con ello se reafirma la acepción de desarrollo como crecimiento económico, esta vez respaldado de una estructura jurídico-política capaz de garantizar los derechos de propiedad, derechos que representan el punto de apalancamiento de la igualdad de oportunidades, eje del desarrollo neoinstitucional. Puede entonces recordarse la crítica realizada por Sen (1997) a la teoría de la justicia de Rawls, cuando el último avala como justicia la posesión igualitaria de bienes primarios sin tener presente las capacidades reales del sujeto de transformar esos bienes en realizaciones. Así mismo, Acemoglu y Robinson terminan considerando que el aseguramiento de los derechos de propiedad va a producir algo más allá que el simple mantenimiento del status quo en la detención de la propiedad de los medios de producción y capitales.

Precisamente Amartya Sen (1997) introduce en el análisis económico el bienestar, un concepto que humaniza el desarrollo; pero no entendido desde las lógicas de consumo que traen aparejadas la economía de mercado, se trata de un bienestar basado en la libertad de opción, libertad que él resume en otro concepto denominado capacidad, consistente en la aptitud, la potencialidad para escoger el modo de vida valorado por el individuo, para transformar los bienes poseídos en opciones y realizaciones. Además, desde esta configuración el bienestar es un fin del desarrollo y un medio para llegar a él, negando con ello las teorías del desarrollo que en su trabajo denomina de "sangre, sudor y lágrimas", en las cuales es necesario realizar sacrificios sociales y humanos de las generaciones presentes para que las generaciones futuras puedan disfrutar del bienestar que concede el desarrollo consolidado; por el contrario Sen propugna que el bienestar presente es condición necesaria para el desarrollo, la inversión social presenta alta tasa de retorno representada en el bienestar social, individual y en el crecimiento económico.

Ahora bien, de acuerdo con la economía del bienestar, el gasto social no se justifica exclusivamente en términos de crecimiento económico, pues los derechos fundamentales y su naturaleza intrínseca a la dignidad humana deben bastar como fundamento para su realización. Invertir en generación de capacidades individuales, es decir, auspiciar el mejoramiento del capital humano no puede ser visto solo en términos de ingresos económicos, bajo la correlación calidad de vida-productividad, sino, en términos de Sen (1998), esa inversión previene "desastres mayores" sociales y humanos, desastres que llevan a un país a gastar en acciones remediales, generándose ciclos de gasto que bajo políticas sociales preventivas hubiesen tenido un menor costo social y económico. En ese sentido, Muñoz Rodríguez (2006) expone el problema fiscal generado por la no incorporación de acciones preventivas en la lucha contra el maltrato infantil, donde los costos del sistema judicial, policivo de persecución y procesamiento del agente activo en el maltrato, así como los costos de atención psicosocial del sujeto pasivo, incluso el precio de continuar en la asistencia de las problemáticas psicosociales que se desencadenan a partir de los eventos del maltrato como el alcoholismo, las cadenas de maltrato, los comportamientos depresivos, las bajas de productividad en estos sujetos, entre otras, implican grandes pérdidas para todo el país y para las personas concernidas. Claro está que el bienestar por sí solo no genera desarrollo, sería una visión cándida. Al ser el desarrollo un fenómeno complejo, con una composición plural de subfenómenos sociales, económicos, políticos, se requiere una atención en otros frentes, por ejemplo, de políticas favorables a la expansión económica.

Ahora bien, Sen mantiene su posición teórica en el individualismo, el capital humano representado por el sujeto con capacidad de optar en unas correctas políticas de mercado sería el motor del desarrollo, obviando entonces que la capacidad del individuo, su libertad, se encuentra naturalmente limitada por barreras que muchas veces son invisibles (instituciones). Tal como lo señalan London y Formichella (2006), la transformación de bienes en realizaciones se encuentra condicionada por instituciones formales e informales como son las pautas familiares, la educación, las costumbres sociales, entre otras, y por ello, apuntan las autoras, las políticas para el desarrollo deben orientarse a crear entornos institucionales que hagan posible la ampliación de las libertades fundamentales de los individuos.

Así mismo, el neoinstitucionalismo considera que la acción del individuo es racional pero se encuentra enmarcada en un contexto institucional que podría limitar o, por el contrario, ampliar su acción; como lo expresa Kalmanovitz (1997), los agentes económicos se guían también por nociones informales, como la cultura o la religión; más aún, Bandeira (2009) aclara que la influencia de la cultura en el juego económico es bidireccional, pues tal como la cultura puede influenciar los agentes económicos y con ello el crecimiento de un país, este último una vez producido puede generar cambios culturales. Podría entonces llegarse a la paradoja del huevo y la gallina, qué produce qué. Un ejemplo para mayor claridad: desde la economía del bienestar es necesaria la inversión en capital humano para obtener crecimiento económico, de ahí que en las últimas décadas con mayor fuerza los gobiernos de los países en vías de desarrollo han apuntalado programas para la primera infancia, la educación básica universal, entre otras estrategias dirigidas hacia la acumulación de capital humano, capital que más tarde pueda coadyuvar en el desarrollo. No obstante, otra lectura podría llevar a afirmar que el crecimiento económico producido en los últimos años en los países en vías de desarrollo ha generado una demanda de mayor capital humano, ha elevado la exigencia educativa de la fuerza laboral y, por tanto, los padres de hoy interesados en que sus hijos sean futuros ciudadanos con capacidad de inserción en el mercado laboral, deben mejorar la educación de su descendencia, desde la ofrecida en el hogar como la asegurada por las instituciones educativas, lo cual produce en los padres la exigencia de mejorar su rol parental, sus destrezas en la educación familiar y provoca en el Estado la preocupación por responder al mercado interno e internacional con ciudadanos competitivos. En total, se genera un círculo de mutua influencia cultura-crecimiento económico sin hacerse evidente dónde inicia el círculo.

Con todo, a pesar de ser considerado el papel de las instituciones en la corriente teórica del neoinstitucionalismo, aún el énfasis se encuentra en el individuo; incluso, las instituciones tienen origen en un acto racional de creación, dejando con ello un vacío respecto a las instituciones que no siempre surgen de una decisión voluntaria, sino que su creación supera los límites de la decisión racional; las instituciones con orígenes no en un individuo, sino en un colectivo o instituciones en muchos casos informales con orígenes difusos. En este mismo sentido, se encuentra la definición de instituciones propuesta por Hogson (2006): sistemas de reglas sociales con origen legal o formal, ilegal o informal.

Con lo anterior resulta pertinente la aseveración de Portes (2006), cuando asegura que falta interdisciplinariedad en el actual estudio institucional del desarrollo, pues se olvidan elementos culturales importantes para entender fenómenos como el fracaso en el trasplante institucional y el cambio institucional. En su escrito, Portes aboga por una interrelación entre economía y sociología; sin embargo, como ya había sido evidenciado por los institucionalistas originales, juegan también un papel importante en la comprensión holística de los fenómenos sociales, y los económicos lo son, otras áreas del conocimiento, como la psicología, la biología, el derecho, la filosofía, entre otras.

Para muestra de esta necesaria interdisciplinariedad puede recordarse que los neoinstitucionalistas consideran la ley como una institución clave en el aseguramiento de los derechos de propiedad. Estos últimos posibilitan la acumulación de capital y conducen hacia el crecimiento económico, como justamente lo manifiestan Acemoglu y Robinson (2012), los derechos de propiedad se consolidan como indispensables para asegurar la apertura de oportunidades económicas, elemento base en el desarrollo de una nación. Sin embargo, bien lo expresa Bandeira (2009, 366): "Las instituciones no se crean con el fin exclusivo de promover el desarrollo de la sociedad, también sirven al propósito de distribuir o consolidar el poder político y económico".

En este mismo sentido se han expresado reconocidos juristas en Colombia, por ejemplo García Villegas (1989, 1993), quien en su trabajo sentó las bases de una teoría de la eficacia simbólica de la ley en nuestro país, siguiendo con ello la tradición de los CLS (Critical Legal Studies) o escuela crítica del derecho nacida en los Estados Unidos en la época de los setentas. De acuerdo con los postulados de la eficacia simbólica, el derecho es un lenguaje al servicio del mantenimiento del status quo. Como lo señala el autor:

Precisamente, una de las claves del mantenimiento del "status quo" por parte de las clases privilegiadas, consiste en afinar todos los discursos, de acuerdo con unos valores cuya apariencia de universalidad no permite que se vea o que se diga nada por fuera de lo ya dicho. (García Villegas, 1989, p. 32).

Se generan entonces normas que no son pensadas con el ánimo de repartir el poder o de generar oportunidades sino que son asumidas como mecanismos para mantener o capturar, en palabras de Acemuglu y Robinson, extraer poder y riqueza. Ya North (1991) permite entrever que el cambio no se produce a menos que los grupos sociales dominantes entiendan que las instituciones responden a sus intereses. El mismo García Villegas (1989, 1993) ilustra esta situación en ejemplos cotidianos, como el aumento de la información necesaria para que un individuo pueda interactuar con una empresa del sector financiero, haciendo que esto sea utilizado por las empresas como un arma de doble filo en contra de los sujetos más débiles del sistema.

Además, debe vislumbrase que confiar en la ley, el aseguramiento de los derechos de propiedad, puede resultar vacuo, pues ella misma, la ley, se ve enfrentada a fenómenos sociales altamente complejos como la ineficiencia legal. Ante esta problemática, las políticas para el desarrollo de corte neoinstitucionalista han reaccionado con la inserción de paquetes de reformas judiciales y legislativas, las cuales en muchos casos han ampliado el rango de acción del brazo coercitivo estatal, han propuesto estructuras judiciales que se creían más ágiles, bajo la convicción de que la ineficacia tiene un origen causal en la conducta estratégica del individuo, quien, se supone, al encontrarse con penas más altas y un aparato de procesamiento judicial más eficiente se retornará hacia el cumplimiento del derecho (García Villegas, 2004, p. 99).

Con ello, el neoinstitucionalismo cae de nuevo en una visión sesgada de los fenómenos sociales, pues, como lo critica el mismo García Villegas (2004), el incumplimiento tiene causas más profundas, como por ejemplo, el origen histórico colonial, la posición de rebeldía contra el sistema, y bien podría agregarse la falta de competencias ciudadanas, el choque entre el mandato jurídico y las representaciones sociales instaladas.

Así, un estudio interdisciplinario economía-derecho podría dar al traste con el postulado neoinstitucionalista según el cual, la apertura de oportunidades económicas se estimula a través del aseguramiento de los derechos de propiedad por medio de la ley, pues como se vio la ley no es neutral, todo lo contrario, nace desde un órgano político, donde cada votación de este órgano representa una batalla de intereses cubierta bajo el ilusorio manto de la democracia, y ni que decir de la ley con orígenes consuetudinarios, en la que la imposición de prácticas por los agentes más poderosos o mejor posicionados se convierte en mandato legal. Tal como sucede con la llamada "lex mercatoria" o costumbre mercantil internacional generada a partir de las prácticas de las grandes corporaciones mundiales (Forero Jiménez, 2007).

Aun no existe claridad acerca de qué es desarrollo; por ahora, el paradigma de desarrollo se encuentra sufriendo cambios que lo humanizan y lo hacen comprensivo de la preocupación por el individuo y su realización. Pero, como dice el viejo adagio, "entre el dicho y el hecho hay mucho trecho"; la distancia entre la discusión teórica y la realidad es enorme, más cuando desde la Economía para el Desarrollo se habla de economía del bienestar y en la práctica la estructura del estado de bienestar está siendo desmantelada, es una de las tantas víctimas de la crisis económica ante la cual los primeros recortes de gastos se realizan en el presupuesto social, y se le entrega al mercado la atención de necesidades básicas de los individuos, como la salud, la educación, los servicios públicos, para que el mercado con su sabiduría nos conduzca.

El neoinstitucionalismo es como el lobo vestido de abuelita en el cuento de caperucita; tomar prestado los ropajes de las instituciones no le sustrae su esencia ortodoxa, continúa con la visión miope de los fenómenos económicos, sin estudiarlos en toda su complejidad como fenómenos sociales.

Desde el neoinstitucionalismo, el estudio de las instituciones pierde la fuerza de lo que ya Veblen había dibujado de ellas, es decir, las instituciones como valores, hábitos, que precisamente se encuentran en lo profundo y contextualizados en cada sociedad. La pérdida de la base conceptual del institucionalismo original conduce al neoinstitucionalismo a una visión recortada de las instituciones, lo que trae aparejado problemas como, por ejemplo, que sus recetas para el desarrollo posean un problema preliminar evidente: pretenderlas universales.

Notas

¹ Así lo comenta el historiador francés Pierre Rosanvallon en la entrevista realizada por Eduardo Febbro a propósito de su nuevo libro La société des égaux, publicada en el periódico El Mundo en su versión digital del 2 de diciembre de 2012. Febbro, Eduardo. (2012, diciembre). La desigualdad se mundializó. El Mundo. En http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/index-2012-12-02.html

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