Los últimos meses han sido escenario de protestas en todos los continentes con masiva participación de jóvenes universitarios. En Suramérica se han destacado las protestas estudiantiles en Chile y Colombia, entre las cuales hay significativas coincidencias. En ambos casos los movimientos surgieron como respuestas a las políticas gubernamentales sobre la educación superior, demandando los estudiantes la apertura de espacios para una amplia participación en la construcción de una reforma a la educación superior.

Hay tres aspectos claves sobre los que se centra la discusión: calidad, cobertura y financiación, los cuales están fuertemente correlacionados. Es evidente que lograr un sistema de educación superior de alta calidad y de amplia cobertura implica incrementar significativamente los recursos que se destinan al sector educativo. A su vez, en general los indicadores planteados desde los gobiernos privilegian la ampliación de cupos, con poco énfasis hacia la definición de claros estándares de calidad.

El sistema de educación superior se soporta sobre instituciones públicas y privadas. En el caso de los establecimientos públicos de educación, durante la última década se han estancado los aportes presupuestales que el Estado les transfiere, a la vez que se les exige mayor gestión para conseguir otras fuentes de financiación. Por su parte, el sostenimiento de las instituciones privadas depende principalmente de los ingresos por concepto de matrículas, a pesar de que en los últimos años algunas han logrado diversificar sus ingresos a través de actividades de investigación, consultoría o donaciones. Sin embargo, el hecho cierto es que en muchos casos, la única alternativa que tiene un estudiante para acceder a la educación superior consiste en acudir al endeudamiento.

Otro gran problema de la educación en Colombia, que se refleja mayormente en el nivel superior, es el relacionado con la calidad. Abordar el problema implica primero definir claramente el concepto, más allá de los indicadores establecidos en los criterios de acreditación. El término "universidades de garaje" ha sido empleado despectivamente para definir la realidad de instituciones privadas de bajo nivel que son realmente lucrativos negocios. El costo social de tener profesionales con bajos niveles de competencias es altísimo, por lo cual el Estado no puede ser indiferente ante este hecho. El problema de la calidad en la educación debe abordarse en todos los niveles; de hecho, los estudiantes colombianos muestran rezago en habilidades básicas en matemáticas y lecto-escritura cuando se comparan frente a los estándares internacionales [1], siendo frecuentes las quejas de los profesores universitarios por el bajo nivel de los bachilleres en esos aspectos.

La ampliación de la cobertura ha sido quizás la gran preocupación de los últimos gobiernos, por lo cual frecuentemente reivindican el incremento durante los últimos 15 años de la cobertura, desde el 13% a cerca del 35% [2]. Estas cifras deben ser analizadas con cuidado, ya que los datos recientes incluyen al SENA [3] (que antes no era incluida en las estadísticas de educación superior), y sólo se concentra en la creación de nuevos cupos, sin considerar el éxito en la culminación de los estudios. De nada sirve ampliar cobertura si no se disminuye la deserción, que en la mayoría de los casos tiene raíces económicas, lo cual, evidentemente, nos hace volver al tema de la financiación. Por su parte, poco se logra si se generan nuevos cupos, pero de baja calidad y pertinencia.

Lo interesante de los recientes hechos es que han logrado llamar a atención sobre la educación superior, un servicio público esencial que es, a su vez, un derecho fundamental. El país debe definir la calidad de educación que requiere para su desarrollo, así como las estrategias para lograr un incremento real en la cobertura y definir las fuentes de financiamiento más apropiadas. Solo así se podrá garantizar a la población menos favorecida el acceso a este derecho.

[1] Banco Mundial, La calidad de la educación en Colombia: un análisis y algunas opciones para un programa de política. Bogotá (Colombia): Oficina Regional de América Latina y el Caribe, 2009, 134 p. http://hydra.icfes.gov.co/pisa/Documentos/CalidadDeLaEducacionEnColombia.pdf

[2] El Observatorio de la Universidad Colombiana, Cobertura de la Educación Superior en Colombia, http://www.universidad.edu.co

[3] El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de la Protección Social de la República de Colombia que cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades productivas. http://www.sena.edu.co/Portal/El+SENA/Objetivo+y+funciones/

Lucy García
Javier Páez
Barranquilla, noviembre de 2011