https://DX.DOI.ORG/10.14482/INDES.31.01.002.831
Acción colectiva, movilización social y defensa territorial en Colombia: análisis de la producción académica en las primeras dos décadas del siglo xxi
Collective action, social mobilization and territorial defense in Colombia: Analysis of academic production in the first two decades of the 21st century
Leonardo Garavito-González
Universidad Externado de Colombia
Germán Andrés Cortés-Millán
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia
Leonardo Garavito-González
Doctor en Estudios Urbanos y Ambientales. Docente-investigador de la Universidad Externado de Colombia. leonardo.garavito@uexternado.edu.co. Orcid: 0000-0002-5670-5347
Germán Andrés Cortés-Millán
Doctor en Estudios Sociales. Docente titular de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. gcortesi38@unab.edu.co. Orcid: 0000-0001-9633-0095
Resumen
Este artículo analiza la producción académica relacionada con la acción colectiva, movilización social y defensa territorial en Colombia durante las últimas dos décadas (2000-2020). Para esto, se parte de un contexto de conflicto social, político y económico, comenzando con la Política de Defensa y Seguridad Democrática y finalizado con la implementación de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Se soporta en referentes teóricos propios del estudio de la acción colectiva, los movimientos sociales y la defensa territorial tanto de la escuela anglosajona clásica como en la escuela latinoamericana contemporánea. La metodología implementada es documental, relacional y espacial, incluso trabajos doctorales hechos en Colombia y artículos en revistas académicas a escala global. Lo anterior evidencia el crecimiento en la cantidad de este tipo de trabajos, sus principales temas y vacíos, así como la distribución espacial de los casos de estudio abordados.
Palabras claves: acción colectiva, movilizaciones sociales, defensa territorial, producción académica, análisis documental, Colombia
Abstract
This article analyzes the academic production related to the processes of collective action, social mobilization and territorial defense in Colombia during the last two decades (2000-2020). A context of social, political, and economic conflict is taken as a starting point. Beginning with the Democratic Security policy and ending with the implementation of the peace agreements with the FARC. This work is supported by theoretical references typical of the study of collective action, social movements, and territorial defense, both from the classical Anglo-Saxon tradition, as well as the contemporary Latin American one. The analysis is based on a documentary, relational and spatial methodology, which includes the review of doctoral works done in Colombia, and articles in academic journals on a global scale. The above evidences the growth in the amount of this type of work, its main themes as well as its gray areas, also the spatial distribution of the case studies addressed.
Keywords: collective action, social mobilizations, territorial defense, academic production, documentary analysis, Colombia
Fecha de recepción: abril 12 de 2022
Fecha de aceptación: agosto 5 de 2022
Problematización, antecedentes y contexto: una esperanza de paz entre violencias, despojos y estigmatización
Durante las últimas seis décadas en Colombia se han configurado, instalado y naturalizado discursos económica y políticamente hegemónicos, así como una dinámica social soportada desde el conflicto y la violencia sistemática. Estos elementos impactan de manera directa las condiciones de vida de buena parte de las comunidades populares y, por tanto, resulta indispensable reportar su relación con aquellas experiencias colectivas, populares y organizativas, que explícitamente han construido agendas de acción reivindicativa y de resistencia para la defensa de los territorios.
Este tipo de procesos se encuadran en un escenario de conflictos políticos, crisis económicas y tensiones sociales, en que hechos como el desplazamiento forzado, el despojo de la tierra, la violencia política, las inequidades, la discriminación social y económica a comunidades rurales, originarias y negras (Bondia García y Muñoz, 2009), así como la ausencia del aparato estatal, en muchos casos, resultan determinantes para la comprensión de las acciones colectivas y su relación con los procesos de defensa territorial.
Algunos indicadores de este retador contexto incluyen, por un lado, el incremento en la condición de pobreza que para 2020 abarca el 42,5 % de la población colombiana, de los cuales 7,47 millones viven con menos de $145.004 al mes, es decir, en condiciones de pobreza extrema (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2021). Por otro lado, buena parte del desplazamiento forzado se relaciona con el despojo de la tierra. En efecto, para 202l, desplazamiento forzado afecta a 82.846 personas, pertenecientes en su mayoría a comunidades afrodescendientes (37.664 casos) e indígenas (18.979 casos) (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento [CODHES], 2021). Para comienzos de 2022, cerca de 8,3 millones de personas han sido desplazadas, de modo que el periodo 2002-2022 es el intervalo con mayores violaciones y desplazamientos a las comunidades rurales ("Desplazamiento forzado en Colombia aumentó un 181 % en 2021", 2022). Además, a escala planetaria, Colombia ocupa el puesto décimo primero en la clasificación de los países más desiguales desde el punto de vista del ingreso (Banco Mundial, 2021) de acuerdo con el coeficiente de Gini.
Sumado a lo precedente, se encuentra la incorporación y naturalización de un modelo neoliberal internacional que por décadas ha instaurado un sistema de explotación extractivista que afecta la vida de múltiples comunidades, desplazándolas y despojándolas de forma violenta de sus territorios (Martínez Cortés, 2013). Esta crisis, sentida en buena parte del territorio nacional, puede relacionarse con la formalización de políticas privatizadoras y su expresa necesidad de conciliación entre las concesiones económicas y la gestión pública local, departamental y nacional. Tal conciliación incluye a más de 66 corporaciones multinacionales que reciben privilegios licitatorios a pesar de estar vinculadas con sucesos sistemáticos de despojo en el periodo 2012-2020 (Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, 2020).
En gran medida, el resultado de este contexto es la precari-zación territorial, el abandono estructural del Estado y la crimina-lización y persecución de diversos procesos, organizaciones y movimientos sociales que de manera sistemática enfrentan amenazas, persecuciones, judicializaciones y asesinatos de liderazgos sociales (Centro de Investigación y Educación Popular [Cinep], 2020). En este sentido, desde 2019 y hasta los primeros meses de 2022, se reportan más de 300 líderes asesinados y alrededor de 200 masacres, con más de 750 víctimas (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz [Indepaz], 2022).
Son precisamente todas estas circunstancias las que dan cuenta de una expresión popular organizada y movilizada, la cual tiene raíces desde principios del siglo XIX con las protestas campesinas del Valle del Cauca (1819-1830), de las guerrillas afrodescendientes del Patía (1839-1941), de las confrontaciones en Peranolonso, Humareda y Palonegro, y de los levantamientos producidos luego de la instalación de la Constitución de 1886, la cual replegaba y distanciaba a los sectores populares y campesinos entre 1899 y 1902 (Sánchez Bonilla, 2004).
Asimismo, las movilizaciones sociales del siglo XX comienzan luego de la masacre de las bananeras en 1928 en el Magdalena, y continúan con las expresiones populares luego de los desalojos masivos de tierra en el Tolima, Córdoba, el Magdalena Medio, los Llanos Orientales y Cundinamarca en la década de 1950 (Roa Avendaño, 2009), así como con las acciones de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), las Unidades de Acción Rural (UAR) y la Federación Campesina e Indígena (FCI), en respuesta a la burocratización de las élites durante el Frente Nacional (Cortés Millán, 2019).
Contemporáneamente, con la Constitución de 1991 y su énfasis de pluralidad, aparecen otras formas de expresión y movilización popular que integran acciones diferenciales, como los campesinos de la Coordinadora Nacional Agropecuaria, los indígenas de la Minga Popular, la comunidad de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), estudiantes, trabajadores y los movimientos de víctimas del Estado (Archila, 2001). Todas estas se hacen más activas durante la Política de Defensa y Seguridad Democrática (2000-2010) al recibir una carga estigmatizante por parte del Estado, precisamente, por denunciar y visibilizar la crisis social, política y económica vivida en los territorios. En este lapso, se presentan cerca de 642 acciones colectivas, que consolidan movimientos tan emblemáticos y plurales como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, bajo las premisas de defensa territorial y construcción intercultural de agendas comunes y mandatares reivindicativos de la ética de lo común y la economía para la vida (Cortés Millán, 2019).
Todo lo anterior ha puesto a la acción colectiva y a los procesos organizativos y de movilización social en la agenda reflexiva y de investigación de la academia y de otras instituciones con sentido crítico y social. Por esta razón, la universidad y sus distintas formas de construcción de conocimiento son un referente para develar, contrastar y debatir los asuntos del conflicto y su relación con las comunidades que se organizan y resisten en defensa de sus territorios. Es la universidad, entonces, por su impronta ético-política y por su posicionamiento en el enramado social, un agente estratégico para el fortalecimiento de los valores democráticos y la defensa de la ciudadanía activa, deliberadora y consciente (Santos Rego, 2007). Por tanto, esta investigación se focaliza tanto en los trabajos de tesis derivados de los procesos de formación doctoral como de la producción académica publicada en revistas indexadas que aborda los asuntos propios de la acción colectiva y la movilización social vinculados con la defensa territorial en Colombia entre 2000 y 2020. En efecto, su relevancia se justifica por ser un aporte al conocimiento científico y a la comprensión y visibilización de las tensiones, conflictos y necesidades sociales expresadas por el contexto (Gramsci, 1967). Tal condición da cuenta de la responsabilidad de la universidad como una institución garante de procesos reivindicadores e interlocutora de los asuntos propios de la vida social cotidiana.
Para cerrar esta parte, la delimitación temporal establecida (2000-2020) parte de dos premisas clave para la emergencia de los procesos de acción colectiva y movilización social. En primera instancia, la instalación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, que potencia la megaminería, el extractivismo, la acumulación de capitales y la violencia política territorial. Y, en segunda instancia, el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el cual comienza en 2012 y culmina con la firma de un acuerdo de dejación de armas y reincorporación a la vida civil en 2016. No obstante, de forma reciente, se reportan bajos niveles de cumplimiento en estos acuerdos, lo cual configura una amenaza relevante para su continuidad (Cinep, 2020). Además, se resaltan de manera negativa los pocos avances en los temas asociados con la restitución y distribución de tierras, así como con la recuperación de baldíos apropiados y acumulados de forma ilegal en diversas zonas del país (Peace Accords Matrix Barometer Initiative, 2021).
En consecuencia, todos los cambios suscitados en el territorio nacional por esta circunstancialidad permiten acentuar la discusión académica y enmarcarla tanto en la instalación de una política de la guerra como en una apuesta por el fin del conflicto y la construcción de una paz negociada, cuyo desarrollo tiende a ser insuficiente, donde las poblaciones y sus diversos territorios se convierten en directos protagonistas.
Posteriormente, se realiza una revisión conceptual desde un marco teórico crítico y situado, así como la exposición de las consideraciones metodológicas del análisis planteado, su tipología y consideración estratégica. A continuación, se presentan los resultados que identifican y caracterizan las principales tendencias conceptuales y temáticas, y la localización de los casos de estudios realizados por las investigaciones revisadas. Como último apartado, se presentan una serie de discusiones y reflexiones finales derivadas del cruce entre los elementos contextuales y conceptuales con los principales hallazgos de la revisión documental.
Referentes teórico-conceptuales: la defensa territorial como pretexto
Toda esta serie de situaciones vividas por las comunidades y sus organizaciones hacen de sus acciones colectivas una amalgama de sentidos y posibilidades que claramente repercuten en la cotidianidad territorial y las hacen interlocutoras activas con una agenda que más que localizada se establece en panoramas más regionales y globales donde se reproducen y encuentran las luchas contrahe-gemónicas. Esta dinámica les otorga a los movimientos sociales un lugar protagónico en la problematización y resistencia respecto del modelo hegemonizador y privatizador del territorio, y su proyecto de preservar el modelo de mercado que para América Latina no es otra cosa que acentuar la tesis neoliberal de apropiación y uso desigual de la naturaleza (Machado Aráoz, 2010).
Esta disputa tensiona, además, una noción de desarrollo que privilegia la rentabilidad monopolística, la acumulación de capitales y la injerencia corporativista en los asuntos propios de los Estados nacionales, para hacer de ellos espacios de uso mercantil que no necesariamente reconocen los intereses y las necesidades de las comunidades (Harvey, 2007). Por estas razones, las acciones colectivas poseen en su impronta cierta necesidad de hacerse parte en la discusión territorial, en que se amplifican las disputas por la reivindicación de las autonomías y autodeterminaciones propias de las comunidades históricamente marginadas (Escobar, 1999). En Colombia, la movilización por el territorio se ha dado especialmente en función de elementos tan sensibles como las luchas asociadas con la defensa de la vida, las emancipaciones culturales e históricas, la reivindicación de las prácticas informales, artesanales y comunitarias, el cuidado del agua y los páramos, y la defensa de los derechos sociales y económicos de los trabajadores de sectores como el minero-energético, entre otros (Cinep, 2014).
A lo anterior se suma la inconsistencia de la política de restitución de tierras, como es caso de la Ley 1448 de 2011, la cual define lineamientos jurídicos para abordar los derechos no reconocidos de las víctimas del conflicto en esta materia. Las sentencias de restitución parecen ir en contravía de las necesidades sentidas por las comunidades y en línea con las acciones violentas, soportadas desde la narrativa privatizadora y de despojo (Martínez Cortés, 2013). La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur, 2007) señala la existencia de un proyecto de reorganización y reordenamiento territorial que se promueve geoestratégicamente, y se fundamenta en la instrumentalización y el uso de la fuerza en la disputa por el territorio y por los elementos que lo constituyen. Por tanto, la emergencia de la defensa territorial supone procesos de apropiación y conciencia política colectiva (Sandoval, 2015), que posibiliten problematizar los asuntos constitutivos de la experiencia colectiva cotidiana y determinen nuevas expresiones de organización y movilización social en las que se reconoce la estructura de poder interesada en el territorio, así como se reproduce una agenda contrahegemónica para su reivindicación y defensa (Svampa, 2013).
Territorios en disputa: acciones colectivas y movilizaciones sociales
Vale indicar que las acciones colectivas y los movimientos sociales articulan estrategias reivindicadoras en ese proceso contrahegemónico de disputas territoriales para la dignificación de los pueblos (Escobar, 1999) y, por ende, problematizan, apropian y producen repertorios simbólicos colectivos que representan mandatares y agendas diferenciales e interculturales (Cortés Millán, 2019). Si bien la intencionalidad del ejercicio no es precisamente recuperar historio-gráficamente los principios y los desarrollos categoriales de la acción colectiva y la movilización social, sí resulta relevante marcar algunas posturas que soportan el análisis correspondiente. En este sentido, conviene indicar que existen distintas formas de asumir epistémica, conceptual y metodológicamente las acciones colectivas, lo que ha representado reconocer un amplio marco de posibilidades que suponen tanto diálogos como disputas y posicionamientos. Por tanto, la perspectiva clásica de Chicago, por ejemplo, define la acción colectiva como expresiones derivadas de comportamientos desviados y disfuncionales. En contraste, los funcionalistas reportan la emergencia de movimientos cívicos en respuesta al desarrollo desigual (Jiménez Solares, 2007). Por su parte, los particularistas enfatizan en la disposición de recursos y en el reconocimiento de oportunidades políticas (Tilly, 2013) y, por otra parte, los estructu-ralistas marcan distinciones con la existencia de repertorios, creados estratégicamente para darle sentido a la acción colectiva, la comprensión de las rutinas y su relación con la oportunidad y el devenir político de las comunidades organizadas (Tarrow, 1997).
Además, las perspectivas más contemporáneas establecen elementos que recrean otras formas de concebir la vida colectiva. Este es el caso de las posturas construccionistas, en las que aparecen elementos identitarios y culturales asociados con el conflicto y las crisis en los territorios. Es decir, que se construyen desde un ejercicio colectivo en el que se entrelazan lo emocional y lo simbólico, y crean y potencian nuevas formas de relacionamiento comunitario, así como la disposición de alternativas para la reivindicación (Me-lucci, 1999). Desde otra óptica, perspectivas como la de los bienes comunes (Ostrom, 2000) sugieren promover procesos colectivos de gobernanza y de apropiación, cuyo valor transversal se centra en la creatividad y la heterogeneidad del proceso. Asimismo, las apuestas construccionistas para el abordaje de la acción colectiva atribuyen al proceso una gama de componentes como la contextualización histórica, cultural y narrativa, lo que permite al emprender una reivindicación o una crítica a la estructura, la emergencia de una identidad colectiva, que se reconfigura en el conflicto y lo trasciende (Melucci, 1999). Con esto, se dispone para los procesos colectivos de reivindicación y defensa nuevos repertorios, nuevas relaciones sociales y nuevas categorías lingüísticas, en los que se soportan los movimientos de base social y popular. Estas miradas, sumadas a las necesidades de las comunidades por visibilizar sus asuntos de manera organizada, dan cuenta de la diversidad de apuestas alternativas que desde lo teórico-conceptual tienen como principal objeto aportar a la problematización y transformación de la realidad vivida en los territorios (Wallerstein, 2006).
Resulta necesario, entonces, como parte de la reflexión sobre la acción colectiva y la defensa del territorio, fijar un acento respecto de los derroteros que de manera plural y sistemática se vienen considerando en el continente latinoamericano, territorio que por sus particulares tensiones ha merecido una teorización más situada, con un carácter además de interdisciplinario, más crítico respecto de las circunstancialidades sociopolíticas que rodean su expresión y organización colectiva. Puede decirse, en este sentido, que el análisis de la acción colectiva en América Latina implica la intersección de aspectos comunes contemporáneos, como la incursión y demarcación de los movimientos en escenarios de disputa política, lo que representa una apuesta crítica respecto de la ciudadanía alternativa y sus diversas formas de representación y articulación con el contexto decisorio en las que aparecen las expresiones étnicas, de género, económicas y culturales (Escobar et al., 2001, p. 17).
Por tanto, la discusión de la acción colectiva en contexto supone un posicionamiento situado que da cuenta de la particularidad, distinción y multiplicidad histórica, territorial, sociocultural y económica de las comunidades y sus formas organizativas de articulación, denuncia y promoción. Con esto, se refleja, para el caso del continente latinoamericano, una emergencia de procesos y movimientos que no se centralizan exclusivamente en la esfera del trabajo, sino que también responden a necesidades territoriales e, incluso, a afirmaciones culturales e identitarias (Merklen, 2002), que redundan en una reflexión crítica y propositiva respecto de la democratización política, la participación activa de nuevas ciudadanías y la generación de agendas populares que incluyen economías para la vida, la justicia social y la superación de la pobreza (Garretón, 2001).
Existen, entonces, bases conceptuales que permiten discutir las distintas expresiones y formas colectivas que propenden a la defensa de los territorios; sin embargo, las condiciones y características sociopolíticas de la actualidad suponen también focalizar las miradas en el tiempo, el espacio y la situalidad. Si la pretensión radica en la comprensión de los procesos de acción colectiva y movilización social como una construcción social, esto sugiere incorporar la discusión de los marcos interpretativos en los que se reproducen intereses, expectativas y sentidos para la organización y movilización de acciones de reivindicación, apropiación y defensa territorial. En especial, aquellos que se configuran en nuestro continente y, principalmente, en Colombia, epicentro por décadas de conflictos sociopolíticos que han reproducido un sentimiento colectivo reivin-dicador desde la pluralidad.
Por esto, pensar la acción colectiva y la defensa del territorio en clave contextual significa reconocer las nuevas formas colectivas, los nuevos escenarios de encuentro, las nuevas relaciones sociales asociadas a la movilización y las nuevas expresiones y marcos lingüísticos que de forma estratégica se vienen gestando en América Latina. Estos, debido a su carácter crítico al modelo y al orden dominante, se tipifican como nuevos movimientos sociales o movimientos antisistémicos, en que prevalece la defensa de lo común y el realce de la reivindicación de lo popular (Zibechi, 2007).
Estrategia metodológica
Para el desarrollo de esta investigación, se implementa una metodología en dos etapas según el tipo de fuentes abordadas, además de un proceso de triangulación. En un primer momento, se identifica y analiza una selección de tesis doctorales realizadas en Colombia en relación con diversas manifestaciones de la acción colectiva y la movilización social en defensa del territorio en el país. En segundo lugar, se realiza el mismo ejercicio para un conjunto de artículos de investigación arbitrados y publicados en revistas académicas, a escala global, sobre procesos de defensa colectiva del territorio en Colombia.
Se eligieron este tipo de fuentes, ya que, por una parte, las tesis doctorales representan el resultado final del proceso de formación en investigación académica de más alto nivel. En este sentido, reflejan no solo el interés de un grupo de estudiantes, sino también de un equipo de apoyo académico (profesores, directores, evaluadores y coordinadores académicos). Así, en alguna medida, brinda señales sobre el nivel de interés de la comunidad académica colombiana al respecto.
Por otra parte, los artículos de investigación publicados en revistas arbitradas contrastan y complementan los hallazgos del análisis anterior, en la medida en que pueden derivarse de otros procesos académicos y profesionales complementarios. En efecto, los artículos pueden ser resultados de proyectos de investigación, de trabajos de maestría destacados en tanto generan publicaciones de alta calidad, así como de doctorado que no hayan sido detectados en la primera etapa. Dado que la búsqueda de artículos se realiza a escala internacional, a diferencia de las tesis de doctorado que solo incluyen aquellas elaboradas en Colombia, su resultado comprende procesos de investigación o formación académica desarrollados fuera del país. Por tanto, con una triangulación del análisis de los dos tipos de fuentes, se logra un acercamiento más completo al panorama de la investigación académica en los temas planteados.
De forma adicional, el análisis documental se amplía con dos ejercicios adicionales. Por una parte, un análisis relacional en función de los temas abordados por los distintos estudios. Este análisis permite ver cómo se vinculan los distintos temas de los documentos entre sí. En efecto, estos incluyen, por ejemplo, comunidades afrodes-cendientes, indígenas o campesinos, jóvenes, mujeres, sindicalismo, ciberactivismo, conflicto armado y construcción de paz, ciudades o medio ambiente, entre otros. Por otra parte, también se realiza un análisis espacial que evidencia los departamentos analizados por el conjunto de trabajos, así como aquellos departamentos donde se concentra el análisis de los tres temas más importantes para la defensa colectiva territorial en el país: medio ambiente, conflicto armado y construcción de paz, y comunidades campesinas.
A continuación, se presentan los detalles procedimentales para cada uno de los tipos fuentes planteados arriba.
Tesis doctorales
Para la selección y el análisis de las tesis doctorales, se siguieron los siguientes pasos.
Primero, se identificaron 50 programas de doctorado, en 32 universidades, oportunos para la producción de este tipo de documentos. Esta identificación se realizó en atención a los campos de conocimiento definidos por Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).
Segundo, se revisaron los repositorios digitales de tesis para encontrar los trabajos específicos. Las consultas se ajustaron a las particularidades de cada repositorio; sin embargo, en todos los casos, se incluyeron conceptos como acción colectiva, movilización o movimientos sociales y lucha por o defensa del territorio en Colombia. Por tanto, se identificaron las tesis que usaron uno o varios de estos términos en su título, palabras clave, resumen o cuerpo del documento. Así las cosas, se identificaron 21 documentos, distribuidos en siete instituciones universitarias y 13 programas doctorales, finalizados entre 2000 y 2020. No se encontraron otros trabajos anteriores a este periodo.
Tercero, se sistematizaron por medio de una matriz de sentido compuesta por los siguientes módulos: a) información bibliográfica de la tesis, b) caracterización de sus marcos teóricos y conceptuales, c) clasificación por los temas abordados y d) identificación de sus territorios de estudio en cuanto a escala (subnacional, nacional, internacional o global), y su localización departamental.
Artículos de investigación
Para la identificación y el análisis de los artículos de investigación, se realizó el siguiente proceso. Primero, se utilizó la base de datos bibliográfica Web of Science con la intención de identificar la mayor cantidad de publicaciones en revistas académicas arbitradas.
La consulta siguió los mismos criterios aplicados para la búsqueda en los repositorios universitarios, planteada arriba, tanto para los conceptos clave como para los campos consultados en la base de datos. Finalmente, tras una revisión manual para confirmar su pertinencia, se configuró un conjunto con 51 documentos publicados entre 2004 y 2020. No se encontraron publicaciones anteriores a este lapso. Segundo, los artículos se sistematizaron por medio de una matriz de sentido con una estructura similar a la utilizada en el análisis de las tesis doctorales.
Resultados: un campo de estudio en desarrollo
A continuación, los resultados se presentan agrupados en cuatro temas. Primero, cantidad y distribución de las publicaciones en el tiempo. Segundo, caracterización de los textos en relación con sus principales referentes teórico-conceptuales. Tercero, identificación y clasificación de los temas abordados en el conjunto de documentos revisados. Y, cuarto, distribución territorial de los casos de estudio y de los principales temas a escala departamental.
En primer lugar, la cantidad creciente de publicaciones sobre temas relacionados con la acción colectiva y la movilización social en defensa del territorio en Colombia indican que su relevancia está en ascenso. En la figura 1, se observa que la cantidad tanto de tesis doctorales como de artículos tienden a crecer en las dos primeras décadas del siglo XXI. No obstante, el crecimiento se acelera de manera notable en la segunda década y, en particular, en el último quinquenio (2015-2020). Es especialmente llamativo el caso de los artículos de investigación, los cuales, por una parte, llegan a ser casi tres veces más que las tesis, 42 frente a 15 en el último periodo contabilizado; y, por otra, alcanzan un total que supera en ocho veces la cantidad de artículos reportados para el quinquenio anterior, de 5 a 42 publicaciones. En efecto, casi el 80 % de los textos identificados (57 de 72) corresponden al último lapso observado.
En segundo lugar, en cuanto a los marcos teórico-concep-tuales que estructuran este conjunto de textos, se identificaron tres grandes tendencias (introducidas en la sección teórica), no necesariamente excluyentes entre sí. Cada una de estas tendencias se apoya en uno o varios de los siguiente conceptos clave como parte de sus referentes teóricos centrales: a) movilización social, b) acción colectiva y c) defensa del territorio. Más adelante, la figura 2 representa por medio de un diagrama de Venn la distribución de los enfoques teóricos y conceptuales en el grupo de textos revisados. Como se evidencia, existen múltiples traslapes posibles entre los tres conjuntos derivados de cada uno de estos enfoques.
De acuerdo con la figura 2, el enfoque teórico más utilizado es el de movilización social, seguido de la acción colectiva y, finalmente, por la defensa del territorio. En cuanto a sus posibles combinaciones, la más destacada es la que integra los conceptos de movilización social con los de acción colectiva. Sin embargo, en menor medida, se identifican todas las combinaciones posibles entre las tres perspectivas identificadas. Incluso, se encontraron seis trabajos que incluyen en su marco teórico las tres perspectivas. A continuación, se presenta la tabla 1 que incluye algunos ejemplos de investigaciones presentes en cada uno de estos subconjuntos.
En tercer lugar, al clasificar los documentos según los temas principales que aborda cada uno, se encontraron diez categorías (figura 3). Vale la pena aclarar que estos temas se cruzan y se vinculan entre sí, por lo que un solo texto puede sumar a una, dos o más categorías. En los tres primeros lugares, se identificaron los siguientes temas: a) construcción de paz y conflicto armado, b) campesinos y ruralidad y c) medio ambiente y naturaleza. En la parte media del grupo, se ubican cinco temas más: a) comunidades indígenas, b) periferias urbanas, c) mujeres y género, d) afrocolombianos o afrodescendientes, y e) trabajadores y sindicatos. Por último, entre los temas menos abordados están: a) jóvenes y b) ciberactivismo o activismo digital.
Dado que la mayoría de las investigaciones abordan más de uno de los temas listados, a continuación se presenta una red que ilustra los vínculos entre los diversos temas. En efecto, la figura 4 representa cada uno de los temas con un círculo o nodo rojo, sus vínculos con líneas que van de un nodo a otro, y se resaltan los vínculos más fuertes según el grosor de las líneas. Es decir, cuanto más gruesa la línea, mayor es la cantidad de documentos que relacionan esos dos temas. Además, se utiliza una escala de colores para diferenciar cuatro grupos de vínculos según su intensidad, de menor a mayor: azul, vinculados por uno o dos textos; verde, por tres o cuatro; amarillo, por cinco o seis, y rojo, por siete o más.
Así las cosas, las tres parejas temáticas con los vínculos más fuertes en el grupo rojo son los siguientes: a) comunidades indígenas con conflicto armado y construcción de paz, b) conflicto armado y construcción de paz con campesinos y ruralidad, y c) campesinos y ruralidad con medio ambiente y naturaleza. En el siguiente grupo, el amarillo, están siete parejas: comunidades indígenas con a) medio ambiente y naturaleza, b) campesinos y c) afrodescendientes; asimismo, conflicto armado y construcción de paz con d) mujeres y género, y e) afrodescendientes. De igual forma, campesinos con f) afrodescendientes y g) sindicatos y trabajadores. Por último, en los niveles verde y azul, se encuentran el resto de las parejas temáticas con vínculos menos fuertes, pero no por esto menos importantes. Más adelante, la tabla 2 ofrece una selección de ejemplos para cada uno de los grupos de vínculos.
En cuarto y último lugar, la distribución a escala departamental de los casos de estudio y temas abordados evidencia que los procesos de investigación tienden a concentrarse en ciertos territorios y a dejar otros relativamente inobservados. En un extremo, los departamentos que agrupan la mayor cantidad de investigaciones son Antioquia, Bogotá y Cesar. En el otro, los territorios donde no se reporta ningún caso de estudio son Arauca, Caquetá, Casa-nare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Quindío, Vaupés y Vichada. La figura 5 presenta un mapa de calor que señala la cantidad de investigaciones o casos de estudio que se localizan en cada uno de los departamentos del país.
A manera de profundización, en los tres temas con mayor cantidad de trabajos (construcción de paz y conflicto armado, campesinos y ruralidad, y medio ambiente y naturaleza), las figuras 6, 7 y 8 evidencian en cuáles regiones tiende a agruparse la indagación académica en cada uno de estos temas.
En cuanto al tema de conflicto armado, los departamentos donde se ubican la mayor cantidad de investigaciones son Antioquia, Bolívar y Cauca. En menor medida, se encuentran Cesar, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander. Y, finalmente, con al menos un trabajo están Amazonas, Bogotá, Cundinamarca, Nariño, Risaralda y Sucre.
Sobre el tema de las comunidades campesinas y la ruralidad, los departamentos donde se ubican la mayor cantidad de investigaciones son Bolívar, Cundinamarca y Tolima. En menor proporción, se encuentran Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca. Para terminar, con al menos un trabajo están Huila, Meta y Sucre.
Fuente: elaboración propia utilizando la página web https://paintmaps.com/.
Para finalizar esta sección, en relación con el medio ambiente y la naturaleza, los departamentos donde se ubican la mayor cantidad de investigaciones son Antioquia, Tolima y Valle del Cauca. Con una menor participación, se encuentran Bogotá, Boyacá, Cun-dinamarca y Magdalena. Y, por último, con al menos una investigación están Amazonas, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Huila, La Guajira, Norte de Santander, Meta y Santander.
Discusión de los resultados y reflexiones finales
A continuación, se debate y se concluye en relación con los resultados presentados en la sección anterior. Para esto, se abordan cuatro puntos. Primero, el aumento de la cantidad de trabajos académicos sobre la defensa del territorio en Colombia en las últimas dos décadas. Segundo, algunas observaciones sobre los marcos teórico-conceptuales predominantes en este grupo de textos. Tercero, se reflexiona sobre los temas con mayor y menor presencia en los análisis, así como sobre los vínculos entre estos. Cuarto, se discute y se brindan ejemplos sobre la distribución espacial de los casos de estudio a escala regional o departamental. Por último, se ofrece una síntesis general y una reflexión de cierre, y se señalan posibles caminos de profundización para este campo de estudio.
En primer lugar, según la cantidad de tesis y artículos identificados, se evidencia que este es un campo de estudio en crecimiento, especialmente en la segunda década del siglo XXI. En efecto, se pasa de ocho documentos correspondientes al periodo 2000-2009 a más de 60 para 2010-2020, con cerca del 90 % de estos concentrados en el último quinquenio (2015-2020). Este crecimiento acelerado sucede de forma paralela a dos hechos trascendentales en el contexto social y político de Colombia, a saber: primero, reducción de la intensidad del conflicto armado interno del país y, segundo, desarrollo, negociación, firma y comienzo de la implementación de un acuerdo paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. En alguna medida, este acuerdo de paz estimula desde sus inicios un debilitamiento de las prácticas usuales de estigmatización y crimi-nalización histórica de la acción colectiva crítica y la protesta social en Colombia. Dicha estigmatización y criminalización fue progresivamente ampliada y naturalizada por parte de las autoridades a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo XXI, en la medida en que los conflictos territoriales en el país y la doctrina del enemigo interno justificaron la persecución de los individuos, comunidades u organizaciones que asumieran una posición crítica frente a las políticas e ideologías dominantes en el Estado y sus Fuerzas Armadas. Estas prácticas sostenidas por décadas lograron permear culturalmente diversas capas de la sociedad colombiana, le brindaron cierta legitimidad y apoyo adicional (Comisión de la Verdad, 2022).
Sin embargo, es posible que, gracias al desescalamiento del conflicto y el acuerdo de paz, los investigadores académicos hayan logrado una mayor accesibilidad tanto a territorios un poco menos conflictivos y peligrosos como a comunidades y colectivos menos atemorizados o aislados.
No obstante, de forma posterior al ciclo nacional y latinoamericano de protestas antigubernamentales que comienza en 2019 y se extiende hasta 2020, vale la pena cuestionarse ¿en qué medida comienza una nueva ola de estigmatización y criminalización de la movilización social por parte de diversos actores institucionales privados o al margen de la ley? (Cuartas Rodríguez, 2022; Cinep, 2020). Puede sostenerse, entonces, que, si bien existe un incremento exponencial en la producción científica y académica, no significa necesariamente que sea un tema abordado transversal ni sistemáticamente. Este asunto podría explicarse a partir de las múltiples circunstancias de seguridad y violencia, así como del distanciamiento tangencial o directo de la institucionalidad y la academia en relación con este tipo de asuntos tan sensibles y coyunturales, lo cual sugiere una reflexión sobre el sentido y la pertinencia de estos estudios, en tiempos en los que se continúan fracturando los principios fundamentales del Estado social de derecho.
En segundo lugar, sobre las perspectivas teórico-conceptuales se encuentra, por una parte, que las relacionadas con la acción colectiva y la movilización social son las dominantes. Incluso, en casi 20 de los trabajos, estas se combinan en sus marcos teóricos. Lo anterior evidencia que las propuestas y los autores más tradicionales a escala internacional en estos campos de estudio (acción colectiva y movimientos sociales) mantienen un alto grado de vigencia como soporte teórico. Algunos de los autores que se pueden considerar parte de este grupo son Alain Touraine, Antonio Gramsci, Alberto Melucci, Charles Tilly, Elinor Ostrom y Sidney Tarrow, entre otros.
A partir de esto, vale la pena indicar que, a pesar de que hay un desarrollo localizado y contextual de la investigación sobre la acción colectiva y la movilización social en defensa del territorio en Colombia, no deja de nutrirse en gran medida de las fuentes teóricas más clásicas y tradicionales de estos campos de estudio. Además, más allá de lo estrictamente conceptual, el vínculo con este tipo de referentes teóricos puede brindarles a las investigaciones locales tanto una mayor legitimidad académica a los ojos de la comunidad científica internacional como facilitar su acceso a la publicación en revistas académicas de alto impacto global, asentadas, en general, en el Norte global. No obstante, comprobar o refutar el anterior planteamiento supera los alcances de este artículo y queda, entonces, como un cuestionamiento en el futuro.
A continuación, en menor medida, pero con una participación importante, la perspectiva sobre la defensa del territorio aporta a los referentes teórico-conceptuales de casi un tercio de los trabajos examinados. En efecto, esta perspectiva refleja el desarrollo progresivo y creciente de una conceptualización propia del pensamiento latinoamericano y del Sur global. En algunos casos, esta visión pretende diferenciarse e independizarse de los conceptos clásicos derivados de las tradiciones académicas más anglosajonas y norteamericanas como un esfuerzo de decolonización de las maneras de comprender las luchas sociales y territoriales. Al respecto, algunos de los rasgos más particulares de esta perspectiva incluyen las reivindicaciones territoriales de comunidades y grupos históricamente marginados, imbuidos en contextos de amplia desigualdad socioeconómica e injusticia territorial, caracterizados por una amplia o total ausencia del Estado y, por tanto, de un marco estable de legalidad o seguridad. En este sentido, la defensa del territorio trasciende la apropiación territorial hacia el desarrollo de una conciencia política colectiva y, no en pocas ocasiones, hacia la propuesta e implementación de modelos propios de gestión del territorio, ante un liderazgo ausente o negador de los saberes locales por parte de las autoridades políticas centrales.
No obstante, en la mayoría de los casos, estos trabajos evidencian un diálogo complementario entre algunos de los conceptos clásicos de la tradición anglosajona con otros propios de las teorizaciones y reflexiones situadas e inspiradas en América Latina y el Sur global. En gran medida, el carácter esencialmente crítico frente al sistema social establecido y la institucionalidad de los estudios sobre acción colectiva y movilización social en todo el planeta, en combinación con el surgimiento y la consolidación de diversas causas globales, como el cuidado de la naturaleza y del agua, el repudio a la inequidad y las injusticias sociales, el rechazo del capitalismo depredador o la defensa de la democracia, configuran factores que permiten la interacción e integración de las distintas perspectivas o conceptos más locales con aquellos más tradicionales y externos a nuestros territorios. Algunos de los autores que alimentan la perspectiva de la defensa territorial son, por ejemplo, Arturo Escobar, Maristella Svampa y Raúl Zibechi.
Tercero, en relación con los temas abordados, se observa la vigencia e interrelación de diversos temas, tanto clásicos como contemporáneos, asociados con distintas etapas de la evolución y expansión de los movimientos sociales. En efecto, para comenzar, se encuentran algunos trabajos relacionados con actores como los sindicatos u otras agremiaciones de trabajadores, los cuales se asocian tradicionalmente con la primera ola de movimientos sociales a escala global en que las luchas sociales por un conjunto de derechos, dignidades y garantías laborales y ciudadanas mínimas son las protagonistas. Además, de manera reciente, se agregan otras demandas sociales por mejores prácticas de gobernanza organizacional en el sector productivo (véase, por ejemplo, Rodríguez, 2012). En este sentido, no es extraño que lo documentos que abordan la luchas sindicalistas y laborales se vinculen con los problemas campesinos (véase, por ejemplo, Gutiérrez, 2016), de las mujeres (véase, por ejemplo, Lemaitre y Sandvik, 2015) o de los afrodescendientes (véase, por ejemplo, Oslender, 2004). Tres grupos sociales que han desplegado esfuerzos por largo tiempo y hasta la actualidad por el reconocimiento y el respeto de sus derechos, por la no precarización de sus condiciones laborales y por los vínculos con sus territorios.
Además, se encuentran temas más relacionados con los nuevos movimientos sociales, es decir, aquellos en los que predominan las reivindicaciones de corte más cultural e identitario, así como el rechazo a la guerra, el apoyo a la paz y la defensa de la naturaleza. En menor medida, emergen temas mucho más contemporáneos asociados con el derecho a la ciudad (véase, por ejemplo, Castane-da, 2020), o los retos socioambientales que padecen las poblaciones ubicadas en las periferias y en los bordes urbano-rurales para integrarse en las dinámicas propias de las ciudades (véase, por ejemplo, Garavito y De Urbina, 2019; Pérez, 2017) Al respecto, vale la pena resaltar que estos lugares tienden a recibir todo tipo de poblaciones víctimas y empobrecidas por el conflicto armado interno. En gran medida, dada la relevancia temática que presenta el tema del conflicto armado y la construcción de la paz, así como sus vínculos con otros temas clave como el ambiental y las reivindicaciones identitarias y culturales de los grupos afrocolombianos, indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, entre otras poblaciones vulnerables, se podría afirmar que la perspectiva de los nuevos movimientos sociales tiende a ser la línea de investigación dominante en el desarrollo actual de este campo de estudio sobre Colombia.
Para terminar, recientemente, emerge el tema del ciberactivismo (véase, por ejemplo, Specht y Ros-Tonen, 2017) que, aunque ahora tiene un peso marginal, podría proyectarse como un campo de interés creciente dados su protagonismo durante el reciente ciclo de protestas antigubernamentales a escala latinoamericana y global, que comienza desde 2019 y se interrumpe bruscamente con el surgimiento de la pandemia global del covid-19 en 2020, dejando diversos malestares y conflictos sociales pendientes por respuestas por parte de las autoridades. Los anteriores puntos ilustran la multidimensionalidad de abordajes para la investigación de los procesos de acción colectiva y de los escenarios de lucha y reivindicación, con diversas convencionalidades y atributos simbólicos.
Desde una perspectiva relacional, se identifican vínculos temáticos muy fuertes, por ejemplo, entre las luchas territoriales indígenas, campesinas o de mujeres y el rechazo del conflicto armado o el apoyo a la construcción de paz (véase, por ejemplo, Chaves et al., 2020; Ibarra Melo, 2016). Lo precedente es un claro indicador de cómo estos grupos han sido de los más afectados por el largo conflicto armado interno que ha padecido Colombia. Además, otros enlaces destacados relacionan los temas de defensa o cuidado de la naturaleza tanto con las comunidades rurales como indígenas (véase, por ejemplo, Velasco, 2011). Lo anterior señala hacia problemas de gran escala en Colombia como el desplazamiento o el despojo territorial que padecen diversos grupos humanos, derivados del desarrollo de economías extractivas legales o ilegales como la minería, la explotación de hidrocarburos, los monocultivos agroindustriales o la siembra de coca y marihuana para el narcotráfico. Sin duda, estos vínculos temáticos indican una agenda de investigación que requiere ser profundizada y que ofrece la oportunidad de saldar una deuda histórica con los grupos menos favorecidos del país, que permita visibilizar a las víctimas y a sus esfuerzos colectivos en la defensa territorial, así como brindar una mayor comprensión sobre los procesos sociales, políticos, culturales y económicos que han permitido la perpetuación de múltiples injusticias territoriales, con miras a su no repetición.
En cuarto lugar, en cuanto al análisis de la distribución territorial de los casos de estudio, se identifican varios resultados interesantes. Para comenzar, en relación con el conjunto total de temas representado en la figura 5, llama la atención la cantidad y disposición de los departamentos donde no se localiza ningún trabajo de investigación. Este grupo se compone de ocho departamentos: Arauca, Atlántico, Caquetá, Casanare, Putumayo, Quindío, Vaupés y Vichada. Con la excepción de Atlántico y Quindío, este grupo abarca casi la totalidad de las regiones de la Orinoquía y Amazonía del país.
El resultado anterior, más que conclusiones, suscita nuevos cuestionamientos que podrían profundizarse en futuras indagaciones, tales como ¿por qué territorios como Caquetá, Guainía, Vaupés y Vichada, donde diversas economías extractivas, cuestionadas por estimular la conflictividad social, el despojo de tierras o la precarización de la vida cotidiana, no son analizados en mayor medida?, ¿podría relacionarse con territorios donde los conflictos armados mantienen o recuperan mayores niveles de incidencia, desestimulando tanto las defensas colectivas populares de los territorios como su análisis? Al respecto, parece apropiado resaltar que departamentos como Arauca, Vichada y Putumayo hacen parte de los territorios con los niveles de desarrollo regional más bajo del país según el Índice de Desarrollo Regional Latinoamérica (IDERE LATAM). En este sentido, Caquetá, Casanare, Quindío y Vaupés se encuentran en la siguiente categoría de desarrollo regional: "medio bajo". Mientras el Atlántico es el departamento que alcanza el nivel más elevado de este grupo: "medio". Así las cosas, es interesante que los departamentos menos analizados en Colombia en cuanto a la defensa social de sus territorios tienden a coincidir con los menores niveles de desarrollo regional, especialmente bajos en dimensiones como a) el bienestar y la cohesión social, b) la actividad económica, c) la presencia institucional y d) las cuestiones de género (IDERE LATAM, 2022).
Siguiendo con el análisis espacial, la mayor concentración de casos de estudio se localiza en la zona andina y la Cosa Caribe. Las figuras 6, 7 y 8, enfocadas en los tres temas principales, a) conflicto armado y construcción de paz, b) campesinos y ruralidad, y c) medio ambiente y naturaleza, permiten abordar en mayor detalle. En efecto, el primer tema se tiende a enfocar en la Costa Caribe, incluso Norte de Santander, así como en el sur del país en Cauca y Nariño. A pesar de la importancia nacional de las cuestiones relacionadas con la paz, gran parte de los conflictos vinculados con la concentración en la propiedad de la tierra (latifundios), los desplazamientos forzados, el despojo de comunidades o la criminalización de sus protestas y movilizaciones suceden en estas zonas del país (véase, por ejemplo, Cruz Rodríguez, 2017; Grajales, 2015).
A continuación, los trabajos relacionados con los campesinos y los espacios rurales se agrupan, desde las zonas más montañosas del país en la región andina, hasta sus límites con las sabanas de sur de la Costa Caribe. En efecto, el epicentro histórico de los movimientos campesinos se vincula con departamentos como Cundinamarca, Tolima y Boyacá (Acevedo-Osorio y Chohan, 2020; Joven Bonelo y Núñez Espinel, 2018). Por último, el tema ambiental y la defensa de la naturaleza se extiende como una capa transversal sobre la mayoría de las regiones donde se identifican los dos temas anteriores. Esto resalta el vínculo fuerte y la complementariedad entre los temas campesinos, de conflicto armado y búsqueda de la paz con el cuidado y la defensa de la naturaleza. En efecto, el cuidado y la defensa de ecosistemas estratégicos como páramos, humedales y diversos tipos de bosques y selvas, así como territorios abundantes en recursos naturales o valores simbólicos como la Sierra Nevada de Santa Marta, el Catatumbo y el Amazonas, ilustran algunas de las regiones donde se cruzan estos dos o, incluso, los tres temas principales (véase, por ejemplo, Pérez-Rincón et al., 2019; Jaramillo Herrera, 2015; Gray, 2012).
Así las cosas, el campo de estudio que engloba la defensa social, popular o colectiva de los territorios en Colombia se encuentra en pleno desarrollo tanto cuantitativo como cualitativo. Por un lado, un desarrollo cuantitativo, ya que su mayor aumento en cantidad se concentra en los últimos cinco años y, en contraste, hace una década o más, apenas se identifica una mínima cantidad de trabajos en este campo. Sin embargo, en el futuro, su cantidad podría crecer mucho más en atención a la presencia y complejidad de estos temas en el país y, además, a la cantidad de regiones (y los procesos sociales en estas) que han sido estudiadas de forma marginal o, incluso, en ninguna medida, como lo ilustra el análisis espacial de los casos de estudio.
No obstante, es necesario visibilizar el reciente deterioro en las condiciones de seguridad y el aumento de las violencias en el país a partir de 2018, reflejados en el retorno de los asesinatos y las amenazas a líderes sociales, así como en las matanzas. Estas situaciones podrían revivir una serie de restricciones estructurales que estimulen mayores niveles de miedo y riesgo entre los procesos colectivos y populares, y los académicos e investigadores interesados en este campo de estudio.
Por otro lado, un desarrollo cualitativo en la medida en que evolucionan construcciones teóricas y conceptuales particulares del Sur global y de América Latina, las cuales se nutren de ideas como la descolonización del saber, el buen vivir y la justicia territorial. Pero que también interactúan y se complementan en varias ocasiones tanto con los aportes propios de la tradición anglosajona del análisis de los movimientos sociales clásicos y los nuevos movimientos sociales, como desde otras perspectivas globales sobre la acción colectiva, por ejemplo, aquellas que abordan los dilemas y conflictos derivados de la gestión de los recursos de uso o propiedad común. En este sentido, se observa un espacio fértil tanto para el desarrollo de enfoques locales y novedosos, que no necesariamente ignoren los aportes académicos provenientes de otras latitudes o momentos.
A partir de los resultados obtenidos, y en atención al propósito mismo del ejercicio por dilucidar los avances, los matices y las tensiones de la producción académica respecto de las acciones colectivas y la defensa del territorio en Colombia, conviene precisar que, si bien existen experiencias investigativas cuyo interés reposa en la reflexión crítica sobre los procesos colectivos en distintos territorios, resultan todavía insuficientes. Es decir, que, son insuficientes tanto para dar cuenta de las expresas complejidades que históricamente han vivido las comunidades en el país, mayoritariamente impactadas por el conflicto y sus derivaciones políticas, sociales, ambientales y étnicas, como para considerarlas referentes directas en la discusión y gestión de políticas públicas asociadas o procesos abiertamente reivindicativos y emancipadores, en que se les atribuyan a los movimientos y demás acciones colectivas el protagonismo que sugieren muchas de las versiones teóricas que acompañan a este proceso. Por todo esto, surgen distintas preguntas que atraviesan finalmente esta discusión, y que les otorgan un sentido dinámico al proceso, a las comunidades y a las mismas universidades. ¿Cuál es la responsabilidad política de la investigación sobre asuntos territoriales? ¿Cómo interlocutan la universidad y los procesos de acción colectiva? ¿Cuáles son los desafíos de la investigación activa en la transformación de los territorios? ¿De qué forma incidir desde la investigación formativa y aplicada en escenarios concretos de denuncia colectiva que exigen transformaciones sensibles?
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