HTTPS://DX.DOI.0RG/10.14482/INDES.31.01.121.001
La protesta social en Ecuador en octubre 2019: Entre la disputa de modelo, la judicialización y eL reconocimiento
The social protest in Ecuador in October 2019: Between the model dispute, the judicialization, and the recognition
Doris Soliz Carrion
Universidad de Cuenca, Ecuador
Doris Soliz Carrión
Doctoranda en la Universidad Pablo de Olavide. Socióloga, magíster en Género y Desarrollo. Docente titular de la Universidad de Cuenca, Ecuador. Exparlamentaria de Ecuador, excoordinadora del Grupo Parlamentario de Derechos Humanos, 2017-2021. doris.soliz@udecuenca.edu.ec Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1775-3805
Resumen
Este artículo presenta una perspectiva analítica y crítica sobre las protestas sociales vividas en Ecuador en octubre 2019, basada en la investigación de fuentes originales a las que la autora tuvo acceso como parlamentaria y coordinadora del Grupo Parlamentario de Derechos Humanos en el momento de estos acontecimientos y que permite situar los hechos en la visión de sus diversos actores tanto estatales como desde la sociedad. Analizamos sus contenidos, discursos y narrativas, el papel de las redes sociales y los medios digitales en dicha protesta. Reflexionamos sobre los indicadores de cohesión social versus la conflictividad y fractura en una sociedad como la ecuatoriana y las consecuencias negativas de la criminalización de la protesta, frente a la urgencia de atender a sus causas más estructurales y sus aportes críticos al modelo de desarrollo de la sociedad.
Palabras clave: protesta social, Ecuador, cohesión social, modelo de desarrollo.
Abstract
This article presents an analytical and critical perspective on the social protests experienced in Ecuador in October 2019. A perspective based on original sources to which the author had access as a parliamentarian and coordinator of the Human Rights parliamentary group at the time of these events and that allows place the facts in the perspective of its various actors, both state and from society. We analyze its contents, speeches and narratives, the role of social networks and digital media in that protest. We reflect on the indicators of social cohesion versus the conflict and fracture in a society like the Ecuadorian one; and, the negative consequences of the criminalization of protest in the face of the urgency of addressing its most structural causes and its critical contributions to the development model of society.
Keyword: social protest, Ecuador, social cohesion, development model.
Fecha de recepción: abril 30 de 2022. Fecha de aceptación: agosto 5 de 2022
Introducción
Ecuador vivió en octubre de 2019, entre el 1 y 16 de octubre, una protesta social de alcance nacional que mantuvo en vilo al país por varios días. El detonante inmediato fueron las medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional el 1 de octubre y concretadas mediante Decreto 883, lo que activó una explosión social sin precedentes. La medida más cuestionada fue el incremento de los precios de los combustibles en más del 100 %, vía eliminación del subsidio, que impactó inmediatamente el costo de la vida y la economía de la población ecuatoriana, especialmente de bajos recursos, así como la anunciada reducción de salarios de los servidores públicos y la afectación a algunos de sus derechos como las vacaciones. Estas medidas económicas buscaron implementarse a la luz de una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) suscrita tras bastidores, no informada oficialmente a la Asamblea Nacional, ni a la sociedad en su conjunto. Estas medidas se consideraron un atentado contra los derechos económicos, sociales y culturales de miles de familias ecuatorianas, especialmente indígenas y de escasos recursos en un contexto en que un 1.600.000 personas (9,5 % de la población) se encontraban a la fecha en condición de pobreza extrema y el 25,5 % de la población vive en la pobreza según las cifras oficiales (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2019).
Esta acción del Gobierno, inconsulta y sin socialización con la población, se dio en clara contradicción al hecho de que el Gobierno se autodenominó el Gobierno del diálogo y había instalado semanas atrás mesas de diálogo con diversas organizaciones y sectores de la sociedad. Quienes iniciaron las protestas fueron los gremios de transportistas, el 3 de octubre, luego del aviso de las medidas que hiciera el presidente Lenín Moreno en Radio Cadena Nacional (RCN) el 1 de octubre recogida por todos los medios nacionales ("Lenín Moreno anuncia 6 medidas económicas y 13 propuestas de reforma", 2019). Pero pronto el liderazgo de la protesta lo tomaron las organizaciones del movimiento indígena, presidido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y sus filiales regionales y locales, sumándose los movimientos juveniles, barriales, de mujeres, trabajadores y otros sectores ciudadanos en forma masiva y nacional.
Cuando se iniciaron las protestas, el Gobierno no buscó el camino de los acercamientos, sino que, acto seguido, emitió el Decreto 884 que declaraba el estado de excepción en todo el país, restringía los derechos a la libre reunión y asociación, la libertad de tránsito y establecía como zona de seguridad todo el país, movilizando a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional. Para el 8 de octubre, se endureció aún más la respuesta del Gobierno, declaró, con el Decreto 884, el toque de queda entre las 20:00 horas y las 5h00, trasladó su sede de Quito a Guayaquil, lo que creó más incertidumbre en la ciudadanía.
El paro nacional duró del 3 al 13 de octubre de 2019 y estuvo caracterizado por una respuesta que fue calificada por la Defensoría del Pueblo como una "generalizada y brutal represión por parte de la fuerza pública, con varias víctimas de violaciones de derechos humanos" (Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, 2021, p. 18). En efecto, en estos días fueron detenidas 1192 personas, 532 en Quito, de las cuales se verificó que el 80 % fueron detenciones arbitrarias. Además, y lo que es más grave, 1340 personas fueron heridas, 11 fallecieron, 14 perdieron un ojo y 6 más recibieron heridas oculares. Estos hechos fueron conocidos y difundidos en tiempo real, en ello desempeñaron un papel relevante las redes sociales como nuevo actor de información y participación ciudadana, así como de activismo digital, y se evidenció una disputa entre los relatos de la sociedad civil y los medios alternativos versus el relato oficial.
La Defensoría del Pueblo es el ente constitucional autónomo cuyas funciones son "la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los ecuatorianos y ecuatorianos que están fuera del país" (Constitución de la República del Ecuador 2008, art. 215), que cumplió en estos acontecimientos un papel relevante al haber actuado con autonomía del poder ejecutivo y asumido un activo papel de defensa de los ciudadanos y sus organizaciones, y de observación hacia la respuesta del Gobierno contra la protesta social, prácticamente el único desde la institucionalidad estatal.
Esta instancia, ante la gravedad de los acontecimientos, constituyó una "Comisión Especial para la verdad y la justicia respecto de los hechos ocurridos en Ecuador entre el 3 y el 16 de octubre de 2019" con ciudadanos pertenecientes a la sociedad civil. Esta comisión realizó un proceso independiente que consistió en la recopilación de información y testimonios receptados por las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, así como la convocatoria a la recepción de testimonios de manera abierta para toda persona interesada en brindar testimonio respecto de los hechos desde el 13 de enero hasta el 14 de febrero de 2020 a escala nacional, esto es, en las diversas provincias del país.
El 13 de octubre, el Gobierno tuvo que ceder a la presión de la protesta social y se sentó a la mesa de diálogo y negociación con la dirigencia indígena nacional, uno de los actores centrales de la protesta social de octubre, en una jornada mediada por el representante de las Naciones Unidas en Ecuador, jornada transmitida nacionalmente por los medios masivos de comunicación, como exigieron los dirigentes y, producto de ello, el presidente Lenín Moreno derogó el Decreto 884, que eliminaba el subsidio de los combustibles y otras medidas ya mencionadas (AFP Español, 2019).
Esta protesta social tiene una particular importancia, pues ha sido la más significativa luego de diez años de estabilidad política alcanzada por el país bajo la nueva Constitución de la República (2007-2017) y de la etapa de cambios que se instaurara en el Ecuador, que dejó atrás sus reiteradas crisis políticas.
Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre las causas detonantes y estructurales que explican la protesta social en el Ecuador en octubre de 2019, sus actores, las relaciones con el poder del Estado y los relatos que se construyen en una coyuntura de alta conflictividad y de disputa entre medios tradicionales y nuevas formas de expresión y comunicación. Presentamos, así, una perspectiva analítica y crítica, que interpreta la protesta social como parte de los malestares que evidencian sectores sociales, acumulados ante la ruptura del pacto social que se construyó en Ecuador con la nueva Constitución de 2008 y su aplicación en la década siguiente. Estos malestares interpelan, asimismo, en nuestra perspectiva, las visiones de cohesión social, democracia y modelo de desarrollo, por lo que su criminalización y judicialización son un camino equivocado que solo puede exacerbarlas, no resolverlas y condenarlas a su repetición.
La metodología utilizada ha sido la de investigación cualitativa a través de la observación participante y la revisión sistemática de fuentes informativas de primera mano, así como de los testimonios de actores tanto desde quienes protagonizaron la protesta como de representantes estatales. La posibilidad de observar los acontecimientos de octubre de 2019 como parlamentaria me permitió una posición privilegiada y de accesibilidad para su posterior interpretación. Como señala Octavio Cruz: "La técnica de la observación participante se realiza a través del contacto del investigador con el fenómeno observado para obtener informaciones sobre la realidad de los actores sociales en sus propios contextos" (citado en Restrepo, 2018, p. 39).
Integré, luego de estos acontecimientos, la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional para investigar estos, que recibió en 12 sesiones 15 informes de entidades estatales y 71 comparecencias de actores clave de la protesta, lo cual facilitó una visión plural y compleja de los hechos y sus voces (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2020).
Finalmente, este material empírico se ha analizado a la luz de las categorías de análisis del Doctorado en Ciencias Sociales que me encuentro realizando.
Antecedentes históricos
Para comprender la magnitud de la protesta social de octubre, creemos importante situar los antecedentes históricos que contribuyen a su explicación, habida cuenta de que no se trata solo de una protesta desatada por la oposición popular al alza de los precios de los combustibles y su impacto en el costo de la vida, sino que contiene un cuestionamiento más profundo al viraje de modelo económico y social, luego de una década de cambios que el país vivió y a un conjunto de descontentos acumulados.
Ecuador, en efecto, vivió una etapa de profundas transformaciones a partir de 2007, cuando caló la tesis de ir a una asamblea constituyente que refunde el sistema político ecuatoriano y construya un nuevo pacto social y un nuevo rediseño institucional. "Volver a tener patria" fue la consigna que graficaba el proceso social y político que emergió en ese momento en búsqueda de superar los factores de la crisis y el viejo sistema de la "partidocracia", denominación que resume un conjunto de prácticas y normas institucionales co-lapsadas y cerradas, de espaldas a la sociedad y que habían llevado al país a la crisis financiera más grave de su historia con la quiebra bancaria y la dolarización de la economía ecuatoriana. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010).
El derrocamiento del presidente Lucio Gutiérrez (2005) con la consigna de que "se vayan todos" marcó un punto de inflexión definitivo en la historia política ecuatoriana. El frágil vínculo entre la ciudadanía y la clase política se rompió, lo que conllevó un distan-ciamiento entre el poder social y el poder político (Andrade, 2009) que durante una década (1997-2007) coexistió en un escenario de tensión y desencuentro permanente. Este divorcio entre la élite política y la ciudadanía reflejó también una tensión de fondo entre los conceptos de "representación" y de "participación" que atraviesan tangencialmente la democracia ecuatoriana. La "representación" quedó encapsulada en el ámbito de un sistema político cerrado y concretamente en el de los partidos que tenían el monopolio (Pachano, 2007), popularizándose el término partidocracia. En contraposición, la "participación" fue bandera de la sociedad, impulsada por el movimiento indígena, junto con otros movimientos sociales, durante casi toda la década de 1990, época en que se defendieron, además, los sectores estratégicos del Estado, para evitar la privatización; se cuestionaba la presencia de la base militar norteamericana en Manta y los acuerdos de libre comercio, en particular, con los Estados Unidos. Se demandaba una redistribución: crédito, tierra, seguridad social y, de una manera más global y crítica, se perfilaba y demandaba un nuevo modelo de desarrollo.
Esta tensión entre políticos y ciudadanos fue una espiral en ascenso hasta convertirse en un verdadero conflicto y, posteriormente, en antagonismo (Laclau, 2005). Ortiz Lemos (2012) califica los acontecimientos suscitados como desbordes sociales que colapsaron todo el sistema político. La expresión más visible radica en el hecho de que en Ecuador hubo siete presidentes durante una década. Las frustraciones de la sociedad ecuatoriana, luego del retorno a la democracia, se acrecentaron y emergieron con fuerza y dieron origen al movimiento ciudadano relativamente espontáneo y diverso al cual se plegaron varias organizaciones, colectivos y partidos de izquierda; con el liderazgo de Rafael Correa se propuso el proyecto llamado Revolución Ciudadana y se impulsó un nuevo pacto social, con la convocatoria a una asamblea constituyente, acompañada de un proceso participativo sin precedentes, de debate y construcción de la nueva carta magna. Se aprueba esta nueva Constitución en un referéndum y se trazan cambios de fondo en el modelo de desarrollo y en las instituciones del sistema político, un nuevo sistema de partidos políticos, mecanismos novedosos de democracia participativa y una movilización activa de la ciudadanía. Todo ello acompañado de la realización de nuevos referéndums y consultas populares en que participa activamente la población. Ecuador vive así, de 2007 a 2017, una década de estabilidad política en que el líder gobernante y su proyecto político reciben amplio apoyo popular.
Para entender la importancia de este nuevo pacto social y etapa política, vale subrayar que los ecuatorianos aprobaron el 15 de abril de 2007, con un abrumador apoyo al sí del 86,2 %, la instalación de la Asamblea Constituyente que elaboraría la nueva Constitución.
Esta se construyó y debatió en intensos ocho meses. La Asamblea Constituyente no deliberó en el Palacio Legislativo en Quito, la capital del país, sino en Ciudad Eloy Alfaro, emblemática construcción levantada para el efecto, en el cantón Montecristi. Esta ciudad es cuna del líder de la Revolución Liberal, Eloy Alfaro Delgado, personaje simbólico que representa la época histórica de mayores transformaciones del país. Además, con este gesto se enviaba un mensaje al país: la política dejaba de ser bipolar al salir de los centros de decisiones de Quito y Guayaquil, con lo que se marcaba una señal positiva a las ansiadas descentralización y desconcentración. La Asamblea Constituyente dio cabida a la participación masiva de los más diversos colectivos y voces del país, obtuvo una gran legitimidad y escuchó a miles de ecuatorianos en 10 mesas de:
1. Derechos fundamentales y garantías constitucionales
2. Organización, participación social y ciudadana y sistemas de representación
3. Estructura e instituciones del Estado
4. Ordenamiento territorial y asignación de competencias
5. Recursos naturales y biodiversidad
6. Trabajo, producción e inclusión social
7. Régimen de desarrollo
8. Justicia y lucha contra la corrupción
9. Soberanía, relaciones internacionales e integración latinoamericana
10. Legislación y fiscalización
Con su carácter de plenos poderes, aprobó, además, 21 mandatos constituyentes, orientados a eliminar los sueldos privilegiados, llamados "dorados" de unos pocos funcionarios; garantizar la estabilidad de los trabajadores, la contratación colectiva y la organización sindical; eliminar y prohibir la tercerización e intermediación laboral; regular y reorientar el uso de recursos públicos y de las empresas del Estado en apoyo a la población más pobre y vulnerable; revertir al Estado el 80 % de las concesiones mineras otorgadas hasta entonces por ser cuestionadas en relación con su impacto ambiental y social; garantizar la portabilidad de los números telefónicos y eliminar los abusos de las compañías telefónicas, entre otros.
Igualmente, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó seis leyes emblemáticas como anticipo al marco constitucional que cobraba forma. Estas leyes establecieron la equidad tributaria, la recuperación de la producción petrolera para el desarrollo nacional, la contratación pública transparente, la redefinición del control del transporte terrestre, del tránsito y seguridad vial, un nuevo marco de rehabilitación social y tarifas preferenciales del sistema de energía eléctrica para personas con discapacidad. Estas leyes fueron recibidas con beneplácito por la población, pues significaban un claro giro en el modelo de desarrollo.
La nueva Constitución, que consta de 444 artículos, se aprobó con 94 votos de los constituyentes. Fue sometida a referéndum aprobatorio en septiembre de 2008 y aprobada con el 63,9 % de los votos válidos de los ecuatorianos. Es calificada como una de las más avanzadas de América Latina y del mundo. Propone un nuevo modelo de Estado constitucional, con una renovada estructura y funciones, y un modelo de desarrollo centrado en el buen vivir, o su-mak kawsay en la visión indígena. Reconoce al Estado ecuatoriano, por primera vez en su vida republicana, como plurinacional e intercultural, y abre un amplio catálogo de derechos y reconocimiento a pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes. Formula un nuevo acuerdo cívico-militar y un pacto entre los poderes del Estado para construir un presidencialismo responsable. Desarrolla avanzadas formas de participación ciudadana. Asimismo, contempla una propuesta de equidad territorial con un rol específico para los Gobiernos locales, articulado con la planificación nacional. Formula la inclusión de la interculturalidad y de la plurinacionalidad como características del Estado ecuatoriano. Establece la progresividad y universalidad de los derechos sociales. El modelo de desarrollo basado en el "buen vivir" de sus ciudadanos incluye también los derechos de la naturaleza y se complementa con ejes de soberanía nacional, integración latinoamericana y reconocimiento de ciudadanía universal. Paz y Miño Cepeda (2007) destaca:
El proceso constituyente de la actualidad es un hecho inédito en la historia nacional. Es la primera vez que una Constitución es el resultado de la construcción colectiva de amplios sectores, que expresaron sus posiciones e intereses y que fueron consultados durante varios meses [..] Además, es la primera vez que un proyecto constitucional construido de ese modo, es sometido a referéndum. (p. 41)
La nueva Constitución que rige en Ecuador, como hemos señalado, significó no solo innovaciones avanzadas, sino que como proceso construyó una nueva visión compartida para la sociedad ecuatoriana, que levantó optimismo y cohesión social.
Entre otros aspectos que destacan de su contenido, es un amplio marco de participación ciudadana como eje transversal, que otorga a los ciudadanos un papel activo en la gestión y el control de los asuntos públicos. Se amplió el derecho al voto a jóvenes de 16 años (facultativo), a la comunidad migrante, extranjeros, militares, policías y reos sin sentencia. Se norma específicamente la participación ciudadana en todo el ciclo de la política pública, y se crean los consejos ciudadanos como instancias para acompañar la planificación nacional, la silla vacía para los gobiernos locales, así como se reconoce la democracia comunitaria, a más de la democracia directa y representativa. Los ciudadanos pueden también revocar el mandato de todas las dignidades, desde el presidente de la república, y solicitar con determinados requisitos reformas constitucionales, así como presentar proyectos de ley y consultas populares.
Se crean los consejos de igualdad étnica, de género, etaria, de discapacidad y de migración, para generar políticas transversales de equidad desde estas diferencias en todo el Estado. Además, y esto es muy importante, se reconoce al Ecuador como un país plurinacional e intercultural, y con ello se generan un conjunto de normas específicas para garantizar la plena inclusión de pueblos y nacionalidades con igualdad de derechos, así como el reconocimiento de sus derechos colectivos, y se adoptaron los derechos humanos como visión transversal.
En lo relativo a la protesta social, el artículo 98 señala:
Los individuos y colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. (Constitución de la República del Ecuador 2008)
Los diez años del proceso impulsado por la nueva Constitución y la conducción de la llamada Revolución Ciudadana son la suma de actores, propuestas y lógicas políticas que convergieron en diferentes momentos a lo largo de la década y, de hecho, no constituyen un periodo lineal ni homogéneo; pero es evidente que en este lapso el Ecuador ha logrado disminuir la pobreza, la indigencia y el desempleo: por primera vez produjo movilidad social ascendente para una masa muy importante de la población. Además, en la década, se incluyó en la ciudadanía a sectores históricamente excluidos.
La Revolución Ciudadana ha cambiado al Ecuador desde 2007 en todas sus facetas: políticas, económicas, sociales, culturales, institucionales. Recoger las diferentes transformaciones que han ocurrido no significa que no se deba debatir con seriedad los importantes avances, las continuidades en ciertos sectores y las deudas profundas de este proceso político. (Le Quang, 2016)
El Ecuador logró una importante reducción de la pobreza extrema en la década (se redujo a la mitad) y la pobreza por consumo bajó del 38,3 al 25,8 %, sacó a más de 2 millones de ecuatorianos de esta, logró los mejores salarios regionales, bajó el desempleo, mejoró la inversión en educación, vialidad, generación energética, entre otros logros (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [Senplades], 2017). Y ello redundó en una mayor satisfacción y confianza en la democracia, mejoró la institucionalidad y los servicios públicos.
Es evidente que este proceso generó expectativas y avances para la sociedad ecuatoriana que se vieron truncados cuando Lenín Moreno, triunfador en 2017 con la tesis de continuar este proyecto político, dio un viraje político inusitado y volvió al Ecuador a los viejos y fracasados caminos del neoliberalismo y al pacto con las tradicionales élites económicas privilegiadas. A partir de ese momento, se incrementaron el desencanto, la frustración y el descontento frente a varios retrocesos en la campo educativo, social y político. Se produce un evidente quiebre en la cohesión social que la sociedad ecuatoriana empezaba a lograr en un esforzado y difícil camino hacia la igualdad y la justicia social. El pacto social que implicó esta nueva visión planteada por la Constitución sufrió una grave ruptura con este giro hacia los sectores de derecha y empresariales, e inicia un viraje al modelo neoliberal y de beneficio de las élites tradicionales (Enríquez y Hernández, 2020).
La protesta social de 2019: sus contenidos, actores y narrativas
"Toda sociedad es en sí misma compleja, es decir, está constituida de actividades incesantes en inter-retro-acciones que comportan unas relaciones de solidaridad y antagonismo simultáneamente" (Morin, 2011, p. 129), proponiendo justamente el desafío de evitar miradas reduccionistas y fragmentadas de los hechos sociales. En el caso de la protesta social, el enfoque de considerarla exclusivamente como un ataque "al orden social" impide comprender sus contenidos y reales significados desde su complejidad.
La armonía de una sociedad depende, sobre todo, del "sentimiento vivido e interiorizado en cada individuo, de solidaridad y de comunidad con los miembros de la sociedad a la cual se pertenece" (Morin, 2011, p. 130). Esta visión nos lleva al concepto y debate sobre la cohesión social.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2022):
La cohesión social, o más bien, diversos elementos asociados a esta, y en general a la subjetividad de las personas y sus comportamientos (la confianza, el sentido de pertenencia, la voluntad de cooperar o de contribuir al bien común, los rasgos, causas e intensidad de los lazos sociales, entre otros) pertenecen a ese grupo de factores que, aunque determinantes, son difíciles de aprehender y de medir directa o inclusive indirectamente. (p. 11)
Esta instancia de investigación latinoamericana propone como fundamento de sociedades armónicas y cohesionadas:
Redirigir la atención hacia la búsqueda de un modelo nacional de cohesión social basada en relaciones sociales de igualdad, sobre la base de varios elementos habilitadores como las garantías de bienestar, la cultura de la igualdad o un Estado de derecho democrático y funcional. (p. 36)
Las medidas económicas motivo de la protesta social acumularon el descontento y la decepción existentes, porque, como hemos dicho, para muchos actores y analistas, fueron impuestas, improvisadas, inoportunas y afectaban a los sectores de menos recursos económicos, con un evidente impacto negativo. La Universidad Central del Ecuador, a través de la Unidad de Coyuntura en su pronunciamiento del 19 de octubre, lo describía como un paquete de medidas económicas profundamente lesivas para el interés colectivo mayoritario, en un país donde el 40 % de su población vive en condición de pobreza y extrema pobreza (INEC, 2019). Varios espacios académicos y de opinión pública evidenciaron, además, que sí existían otras alternativas a las adoptadas en el Decreto 883, ya que este no considera en absoluto las variables sociales del pueblo ecuatoriano, ni afecta, por ejemplo, la importante evasión fiscal de grupos económicos.
Sobre esta realidad, incluso el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés) se pronunció en octubre haciendo un llamado a precautelar los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos ("Un comité de expertos independientes recomienda a Ecuador reexaminar las medidas de austeridad", 2019). Asimismo, remitió las observaciones finales al cuarto informe periódico del Ecuador respecto de este tema.
El propio Relator Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Philip Alston (2018), señaló que las privatizaciones como soluciones técnicas para gestionar los recursos y reducir el déficit fiscal, en realidad, forman parte integral de una filosofía de la gobernanza económica y social que, a menudo, entraña la eliminación sistemática de mecanismos de protección de los derechos humanos y una mayor marginación de los intereses de las personas de bajos ingresos y de las que viven en la pobreza.
En el Informe sobre la Extrema Pobreza y los Derechos humanos, presentado en septiembre de 2018, Alston cuestiona duramente si son las entidades privadas dedicadas a obtener el máximo beneficio las más indicadas para proteger los derechos de la comunidad y si es posible privatizar servicios vitales de tal modo que se garantice que las personas más vulnerables no resulten aún más afectadas. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) enfatiza que la informalidad, la falta de protección social y los bajos salarios en la clase media en América Latina la ubica en permanente riesgo de caer en la pobreza (Granda-Aguilar, 2008).
Las medidas económicas relacionadas con la eliminación del subsidio a los combustibles incluían la eliminación de anticipo del impuesto a la renta (IR), la reducción del 50 % del impuesto a la salida de divisas (ISD) y otras relacionadas con reformas laborales, que se enmarcan en un discurso de "poner las finanzas públicas en orden"; sin embargo, y aunque algunas medidas podrían ser necesarias, se adoptaron sin ninguna gradualidad, debate y análisis en el peor momento de la economía ecuatoriana. Según los resultados al tercer trimestre de 2019 de los principales indicadores económicos, claramente la economía ecuatoriana se encontraba con indicadores poco alentadores y, de igual manera, la economía familiar. Las decisiones de política deben sustentarse en la realidad y era claro que existían problemas de empleo por los despidos masivos del sector público (más de 25.000 anunciados por el Gobierno), el incremento de la pobreza, la limitada circulación de dólares en la economía y el estancamiento del producto interno bruto (PIB). Evidentemente, la aplicación del Decreto 884 no medía el impacto en la sociedad ("La Unidad de Coyuntura y el Instituto Superior de Investigación y Posgrado (ISIP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador al País", 2019).
Para la ejecución del Decreto 884 no se diseñaron los instrumentos para su ejecución y tuvieron que improvisar una mesa de trabajo impuesta por la protesta del gremio de los transportistas, cuyo resultado fue la adopción de una resolución precipitada de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), auspiciada por el Ministerio de Transporte. Con la resolución de la ANT, se decidió trasladar la responsabilidad de incrementar el costo de los pasajes a los municipios para que sean ellos los que decidan la medida bajo ciertos parámetros. Pero no se resolvió la regulación de las tarifas del transporte de carga, ni se consideró el impacto del incremento de los combustibles en los bienes de consumo y la ola especulativa que desataba.
La carta firmada con el FMI, según los analistas, establece que, a cambio de los préstamos del FMI y de la banca internacional, el Ecuador está obligado a tomar una serie de medidas enfocadas en garantizar el pago de esas obligaciones (deuda externa) que claramente están en contra de la soberanía nacional.
Según "La Unidad de Coyuntura y el Instituto Superior de Investigación y Posgrado (ISIP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador al País" (2019), si las acciones del Gobierno se dirigieran hacia el control de la elusión fiscal, la evasión y de las deudas por materias impositiva, se podrían generar 7700 millones de dólares, es decir, con el 50 % de estas acciones se llegaría a los 4200 millones de préstamos del FMI y se evitaría el desgaste y afectación que se provoca con la reforma laboral y la disminución de ingresos tributarios (ISD, aranceles, anticipo al IR, etc.).
Entre las medidas alternativas para gestionar ingresos fiscales diferentes de las adoptadas en el Decreto 883, se destacan control de la elusión fiscal y de la evasión del IR, cobro de deudas a principales deudores del sector privado, renegociación de contratos petroleros, mantenimiento del ISD, control de fuga de dólares a paraísos fiscales y control del contrabando. Como lo dijera el dirigente del movimiento indígena de Cotopaxi, Leonidas Iza, en la transmisión televisiva del diálogo con el Gobierno, las medidas conllevaban una enorme violencia contra el pueblo ecuatoriano, causa principal del desborde social en las protestas.
El estado de excepción y toque de queda
El 3 de octubre, el presidente de la república expidió el Decreto 883 mediante el que se declaró el estado de excepción con el argumento de la grave conmoción interna en el país. De acuerdo con la Alianza de Organizaciones Sociales de Derechos Humanos (2019), esta declaratoria, sin embargo, incumplió los numerales 1 y 2 de los artículos 120 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
La Alianza de Organizaciones Sociales de Derechos Humanos (2019) reiteró también:
La manifestación social en todos sus tipos forma parte de los derechos constitucionales contemplados en los artículos 61 (numeral 2), 66 (# 6 y 13) y 98 de la Constitución, por lo que la protesta se encuentra protegida tanto a este nivel como por los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país. (p. 90)
Por lo que remarcó que "el estado de excepción debía ser declarado no solo inconstitucional sino violatorio a los derechos humanos", y agrega que "el uso abusivo del poder punitivo y sancionador del Estado, incluido el uso del derecho penal, tal como ha quedado demostrado en la fase testimonial, resultó deliberado, desproporcional e innecesario".
En esa misma línea, se pronunció la Defensoría del Pueblo que el 7 de octubre exhortó públicamente a derogar la medida tanto al Ejecutivo como a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del estado de excepción, pero redujo de 60 a 30 días el tiempo de su ejecución. También numerosas voces se pronunciaron en el Parlamento por que se pida al Ejecutivo la suspensión del Decreto 884 y se abra un periodo de debate de posibles alternativas. Desgraciadamente, la Asamblea Nacional no llegó a reunirse en pleno durante los 11 días, mostrando debilidad institucional y falta de autonomía frente al poder ejecutivo y ante la población.
En plena vigencia del estado de excepción, el 8 de octubre, el presidente Moreno firmó el Decreto 884 y declaró un toque de queda parcial en todo el territorio nacional que restringió la libertad de tránsito y la movilidad en varios lugares cercanos a instituciones públicas y sectores estratégicos, así como otros lugares que decida el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desde las 20h00 hasta las 05h00. Esta medida ocasionó el efecto contrario en la ciudadanía, hasta el punto de a pocas horas de adoptada, la noche del mismo 8 de octubre, se produjo en prácticamente todo Quito el denominado "cacerolazo", donde las personas no solo ejecutaron esta forma de protesta pacífica (unos por la paz y otros en rechazo de las medidas económicas) desde las ventanas o terrazas de sus domicilios, sino que salieron a la calle en compañía de sus vecinos, hijos, familiares y amigos.
De acuerdo con el Séptimo informe ejecutivo personas detenidas paro nacional - estado de excepción Ecuador - octubre 2019 (Defensoría del Pueblo, 2019), el estado de excepción "incrementó la violencia y la represión". Evidencia de esto, señala esta institución, el mayor número de personas detenidas se registró una vez que esta medida entró en vigencia. El 75 % de detenidos durante el estado de excepción fueron liberados debido a que no se les formuló cargos, lo que demuestra que esta decisión incrementó la represión y los niveles de violencia en lugar de disminuirlos, y dio paso a detenciones ilegales y arbitrarias. Cerca del 50 % fueron jóvenes entre 15 y 24 años.
El discurso oficial posicionó, entonces, con un claro acuerdo con los grandes medios nacionales, que no se trataba de una protesta social, sino de desestabilización de la democracia. Se puso en escena la intención de reducir el campo político a una lógica antagónica entre "amigo-enemigo" en que la violencia, según este relato, fue el denominador común de las manifestaciones. Justamente, en el primer discurso oficial del presidente Moreno, luego de concluidas las manifestaciones en el Palacio de Carondelet, enfatizó esta idea acusando directamente a un grupo político de estar detrás de estas protestas y disponiendo el uso de la fuerza tanto a la Policía como a las Fuerzas Armadas ante posibles nuevos brotes de "violencia".
El poder ejecutivo posicionó, pues, una interpretación parcial de la realidad, con énfasis en ciertos actores violentos y acusando de una agenda desestabilizadora que buscó marcar en el imaginario social la idea de que la democracia estaba bajo ataque, con posible intervención de actores de otros países, y bajo esas premisas justificó la represión contra los manifestantes y actos graves, tales como el ataque a las zonas de paz en las instalaciones universitarias.
Estigmatización a grupos políticos y sociales específicos y el papel de las instituciones
Reducir la contienda política propia de la democracia a una lógica antagónica "amigo-enemigo" que estigmatiza a varios sectores opuestos al Gobierno y sus decisiones implica un riesgo para la credibilidad del sistema en su conjunto, en la medida en que el conflicto político puede desbordarse por fuera de los canales institucionales y dar origen a nuevos episodios de conflictividad social en que la violencia (vandalismo, por un lado, y represión, por otro) se agudice e, incluso, llegue a legitimarse como herramienta válida tanto del poder como de sus contradictores.
Así pues, exclusión política y polarización social son, a criterio de varios analistas, el correlato del estallido social y la protesta popular. El presidente demostró de manera pública y reiterada sus sentimientos hostiles hacia todos los seguidores de la RC, sus excompañeros y, en general, a todos sus opositores en las cadenas nacionales transmitidas durante los días de la explosión social y protesta popular. Sus discursos estigmatizaron a sus excoidearios a quienes se los conoce coloquialmente como "correístas" e, incluso, se los responsabilizó sin pruebas como instigadores de un fallido intento de golpe de Estado en contra del Gobierno.
De acuerdo con la bancada política denominada Movimiento Revolución Ciudadana (RC), la estigmatización en su contra era sistemática, permanente y, en particular, violenta desde inicios del Gobierno, como lo denunciaron asambleístas de esa tienda política que solicitaron protección internacional a la Embajada de México en Quito. Esta bancada presentó su propio documento de denuncia y solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para sus miembros. El caso de Virgilio Hernández, alto dirigente político de RC, también es significativo, ya que tuvo orden de detención con fines investigativos por una declaración pública y una publicación en su cuenta de Twitter. Otro hecho agravante es la detención arbitraria de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, autoridad electa en las pasadas elecciones locales, y a quien sin pruebas se acusó de haber organizado actos de desestabilización política, cuando fue evidente para el país que múltiples autoridades públicas participaron a favor y en contra de la protesta sin por ello ser acusadas de desestabilización.
Este discurso polarizador fue más allá y también se empleó por algunos voceros del Gobierno como el ministro de Defensa quien acusó a las universidades que dieron acogida y asistencia humanitaria a los indígenas de la Conaie durante el estallido social de ser centros de abastecimiento de grupos violentos, lo que fue rechazado oficialmente por los rectores de estas instituciones educativas, pues se vulnera el derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso.
Una institución importante en el marco constitucional es la Defensoría del Pueblo, integrante de la quinta Función de Transparencia y Control Social. La Defensoría del Pueblo, como ya hemos dicho, fue la única institución estatal autónoma que realizó informes diarios desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos y el respeto a la protesta social, así como abogando por una salida negociada al conflicto.
Desde la sociedad civil, se ha reflexionado y documentado ampliamente esta protesta social y sus efectos continúan latentes en la sociedad ecuatoriana. El aporte más destacado "desde dentro" fueron las memorias y el análisis del líder de la Conaie, Leonidas Iza, con el libro Estallido: La rebelión de octubre en Ecuador (Iza et al., 2020), en que se dejan claras las motivaciones históricas y las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas que se expresaron en esta coyuntura, y que van mucho más allá en este complejo proceso de construcción del Ecuador como Estado realmente plurinacional, intercultural y democrático.
La protesta social, los medios y las redes
El Ecuador ha sido parte desde hace más de una década de la transformación tecnológica que vive el mundo. El número de dispositivos móviles conectados es de 13 millones, equivalente a un 78 % de la población. En 2008, el 37,7 % contaba con un celular; en 2016, el 57 %. Los abonados por servicio móvil avanzado pasaron 11,7 millones en 2008 a 14,8 millones en 2016 (Senplades, 2017, pp. 83-84). También, según la misma fuente, subió de manera significativa el acceso a servicios de internet de banda ancha fija, pasando de 207.000 en 2006 a 1,6 millones de abonados en 2016, aumentando también su velocidad y disminuyendo los costos.
Como señalan Freire y Gutiérrez-Rubí (2010), "las tecnologías de la información y la comunicación han protagonizado en las dos últimas décadas un cambio radical que no se ha limitado a la innovación tecnológica. [..] se ha acompañado de profundas transformaciones socioeconómicas y culturales surgiendo un nuevo paradigma que podríamos identificar como cultura digital" (p. 23).
Ya en otras importantes protestas sociales en Ecuador los medios de comunicación han desempeñado un papel preponderante, por ejemplo, en la caída de Abdalá Bucaram con los grandes medios en contra (Córdova del Alcázar, 2003) y la llamada Rebelión de los Forajidos que terminó con la salida de Lucio Gutiérrez, donde una radio, Radio La Luna, cumplió un papel determinante, informando y convocando a los ciudadanos a la revuelta.
Sin embargo, para las protestas de octubre 2019, luego de más de una década de estabilidad política, el Ecuador ha cambiado, es un país altamente digitalizado y va a evidenciar la presencia del llamado "activismo digital", que rebasa las viajas formas de participación social y política partidarias. Es espontáneo, organizado, creativo, que reconoce la autoridad mas no la jerarquía, activa por causas, no por dogmas, rechaza la verticalidad organizativa, comparte contenidos e innova códigos relacionales y de colaboración (Freire y Gutiérrez-Rubí, 2010).
Como señala el portal Comunicación y Pensamiento (2021), las redes sociales se han convertido en espacio de comunicación pública y, en las protestas de octubre 2019, este hecho fue más evidente, pues los ciudadanos se volcaron a Facebook, Twitter e Instagram para debatir y opinar sobre el tema, e igualmente el poder político, que tuvo que usar las redes para comunicar su posición.
Durante la explosión social y protesta popular de octubre, el relato mediático se desarrolló en dos arenas:
• La ebullición de los medios alternativos de comunicación y las redes sociales que transmitieron en tiempo real los acontecimientos de las manifestaciones enfatizando sus contenidos en el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional.
• La disputa que por el sentido de estos acontecimientos generaron los medios tradicionales, que enfatizaron en sus contenidos las "acciones de fuerza" de los indígenas y los actos vandálicos de algunos manifestantes, calificados como "desestabilización democrática".
En ese marco, la Secretaría Nacional de Comunicación, amparada en el estado de excepción establecido, dispuso el cierre de la señal de Radio Pichincha Universal, medio público administrado por la Prefectura de Pichincha, y así se constituyó el primer caso de censura directa a un medio de comunicación específico. Cabe anotar que, a diferencia de otras crisis políticas que se produjeron en otras Administraciones, el Gobierno Nacional no dispuso que se enganche la señal de todos los medios privados a la de los medios públicos, sino que fue la mencionada emisora la única en ser censurada de forma directa y su señal recién fue reabierta el 25 de octubre.
Asimismo, los medios alternativos también fueron censurados, inhibida su señal de internet, para obstaculizar la transmisión de su información en las zonas de la protesta, así como fueron objeto de ataques cibernéticos a sus plataformas digitales hasta el punto de que en un pronunciamiento público del 15 de octubre de 2019, denunciaron lo siguiente:
• "Que el Gobierno Nacional pretende deslegitimar de manera sistemática el trabajo de nuestras plataformas y desconocer la información que hemos transmitido.
• Que la información transmitida por nuestras plataformas comunicacionales fue frontal, verificada y verificable y desde el lugar de los hechos.
• Que nuestro trabajo comunicacional permitió romper el cerco mediático que los medios convencionales y hegemónicos construyeron durante los días de movilización nacional y que el Gobierno Nacional ha pretendido ocultar, maquillando las cifras y victimizándose.
• Que fuimos afectados por una política de censura tecnológica y digital denunciada internacionalmente.
• Que durante el estado de excepción fuimos censurados e intervenidos por órganos gubernamentales.
• Que, ante la duda de cualquiera de estas afirmaciones, los archivos que reposan en nuestras plataformas constituyen una prueba irrefutable de esta vulneración de derechos". ("Medios alternativos denuncian persecución e intentos de censura por parte del Gobierno Nacional", 2019)
Por otra parte, se registraron periodistas agredidos por la Policía como por actos vandálicos. Varios medios de comunicación tradicionales sufrieron atentados y los medios alternativos y plataformas digitales fueron censurados en el discurso oficial. Sin embargo, el elemento nuevo fue el protagonismo activo de las redes sociales en el intercambio de información y registro de hechos en tiempo real, así como en su uso para convocatorias y difusión de pronunciamientos.
Asimismo, durante el manejo del conflicto, el discurso oficial utilizó la acusación a grupos de extranjeros como responsables de una posible conspiración política, lo cual no fue probado. Aquí algunos ejemplos. El discurso del presidente Lenín Moreno, el 15 de octubre de 2019 desde el balcón del Palacio de Carondelet, acusa a venezolanos de estar infiltrados en las manifestaciones registradas durante la movilización indígena, y los responsabiliza de ser los que provocaron caos y saqueos a comercios y locales en ciudades como Quito, Guayaquil, Ambato y Latacunga (Presidencia de la República del Ecuador, 2019).
El 10 de octubre, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que la policía detuvo en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en momentos en que llegaba el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, a 17 hombres, uno de ellos ecuatoriano y el resto venezolanos y cubanos, a los cuales calificó de "sospechosos", aunque no especificó los cargos por los que se los investiga.
Días después se clarificó que los mencionados ciudadanos eran trabajadores de Uber. Pero el Estado no se disculpó de esta falsa aseveración, lo que generó que las asociaciones de venezolanos en Ecuador exigieran a la ministra de Gobierno una disculpa pública por las detenciones arbitrarias de compatriotas en medio de las protestas sociales que vivió el país y por exponer con ello a esta comunidad migrante a actos de xenofobia, lo cual no se dio ("Venezolanos en Ecuador exigen una 'disculpa pública' a Romo", 2019).
Acusar a una nacionalidad específica (los venezolanos) es violatorio a sus derechos humanos, más aún, sin pruebas que sustenten tales afirmaciones.
Conclusiones
La protesta social expresa el malestar de una sociedad en un momento determinado y contiene tanto demandas específicas e inmediatas como cuestionamientos más profundos al modelo de desarrollo y a aspectos del pacto social vigente. Como señala Morin (2011), vivimos una crisis del desarrollo, y las condiciones del enfoque neoliberal, la privatización de los servicios públicos y de las empresas estatales, la desregulación generalizada y la primacía del sector financiero han "amplificado todos los aspectos negativos del desarrollo" (p. 26).
El análisis de las protestas sociales debe, entonces, abordarse desde la complejidad y no desde la simplificación y linealidad, describiendo y comprendiendo sus razones y tendencias, en particular cuando las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) están produciendo nuestras formas de activismo, participación, circulación de ideas y propuestas y movilización social.
Las protestas sociales como la analizada ponen en igual de importancia la justicia de la redistribución, por alcanzar un acceso más equitativo a bienes y recursos materiales, y el reconocimiento de las identidades étnicas y culturales. Como señala Fraser (1995): "En este caso, ni las soluciones redistributivas por sí mismas, ni las soluciones de reconocimiento por separado serán suficientes", lo cual nos lleva al debate de la ampliación del concepto de la democracia que construimos. Una democracia que garantice la superación de la pobreza, de la explotación económica, de la concentración de riquezas, y la defensa de los bienes comunes, pero, al mismo tiempo, el reconocimiento y la plena participación e inclusión de la pluralidad, las culturas y los colectivos con sus identidades y aportes específicos.
La democracia debe evaluarse, pues, desde el punto de vista de sus resultados más que de sus procedimientos, esto es, debe responder a los problemas del desarrollo, la desigualdad social, los derechos humanos y el reconocimiento de todas las voces, lo que cuestiona las visiones puramente institucionalistas. La democracia se vuelve, entonces, un concepto de dos caras: una procedimental y una "social", que se enfatizan de manera alternada según los gobiernos de turno, sin lograr complementarse plenamente.
Para garantizar su implementación, las instituciones del Estado deben transformarse profundamente y transformar su visión. En el caso ecuatoriano, pese a que este proceso de cambio llevó a una asamblea constituyente y a una nueva Constitución, trece años después es evidente que este es de largo aliento, profundo y complejo, y de ninguna manera lineal.
Las entidades autónomas de defensa y protección de los derechos humanos con estatus constitucional son fundamentales para un análisis independiente y objetivo de los conflictos, para el ejercicio del derecho a la oposición política sin estigmatización, odio, violencia y persecución, y deben ser respetadas y garantizadas por el Estado.
La represión y judicialización de la política y de los líderes de la protesta social no constituyen una solución, sino, por el contrario, empeoran el conflicto, así como la expedición y permanencia del estado de excepción constituye una traba ilegítima e inadecuada para construir diálogo social y democrático entre todos los actores sociales, políticos y económicos. La protesta social, la manifestación pública no violenta y la libertad de opinión y reunión son derechos fundamentales que no pueden ser deslegitimados a nombre de perseguir los actos violentos.
La resolución coyuntural del conflicto del 19 de octubre en el Ecuador puso en evidencia también la necesidad del tratamiento público y transparente de los asuntos del Estado que conciernen a la población. El diálogo transmitido por los medios de comunicación y mediado por las Naciones Unidas fue inédito y evaluado como un factor positivo, pues coincide con la demanda de transparencia cada vez mayor en la sociedad. Igualmente, cabe destacar el papel de las nuevas plataformas informativas digitales, los medios alternativos y los medios comunitarios que en el Ecuador representan al 30 % de la población, y que garantizaron un relato contrastante con el discurso oficial y de los grandes medios masivos de comunicación. Aunque aún más presente en el nuevo diseño institucional que en la realidad, sin embargo, la concepción de acceso democrático a la comunicación, información y tecnologías que contiene la Constitución de la República del Ecuador 2008 (arts. 16-20) resulta un elemento importante de cohesión social. Así, reconocer la comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en las lenguas indígenas, con sus propios símbolos, con acceso universal a las TIC y un equilibrado reparto del uso del espectro radioeléctrico (un tercio público, un tercio privado y un tercio comunitario) sería un pilar importante de ampliación de la democracia realmente existente. Junto con la implementación del modelo de desarrollo del buen vivir, una democracia participativa y una vigencia de la plurinacionalidad e interculturali-dad en un país diverso como el Ecuador, sería el horizonte a construir una sociedad inclusiva y cohesionada ya trazado en 2008. Pese a lo complejo del camino, sigue siendo el desafío presente.
Como señala la Cepal (2022):
En especial, queda muy al centro la necesidad de construir verdaderos Estados de bienestar en la región adaptados al nuevo contexto para garantizar niveles dignos de bienestar y fomentar una cultura de la igualdad, sobre la base de sistemas de protección social universales, integrales y sostenibles que contribuyan a una mayor resiliencia de nuestras sociedades ante la incertidumbre y los riesgos permanentes de contexto actual. (p. 110)
Referencias
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