ISSN Impreso 0121-3261 ISSN Electrónico 2011-7574 vol. 21 n.° 1, enero-junio de 2013 Fecha de recepción: 11 octubre de 2012 Fecha de aceptación: 8 marzo de 2013

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH ARTICLE

Social Responsibility of the International European Cooperation in Colombia

Carlos Zorro Sánchez^**
Universidad de Los Andes (Colombia)
Profesor Asociado de la Universidad de los Andes czorro@uniandes.edu.co

Este artículo se ocupa de la manera cómo la Unión Europea y algunos de los Estados que la integran han entendido el concepto de Responsabilidad Social y cómo lo han expresado en los programas de cooperación que ejecutan en Colombia. En una primera parte, el artículo analiza la Responsabilidad Social como expresión ética, ubicándola en el contexto de la cooperación internacional, y en una segunda parte examina, con base en la documentación disponible y en entrevistas con directivos de las Agencias de Cooperación, la manera cómo este concepto se refleja en sus programas. El artículo concluye que estos muestran un profundo sentido ético que combina adecuadamente elementos teleológicos, deontológicos y utilitaristas y se traduce en acciones socialmente responsables, pero que no son calificadas como tales porque el concepto de responsabilidad social tiende a limitarse al ámbito de la empresa privada.

Palabras clave: Colombia; cooperación internacional; políticas públicas; responsabilidad social; Unión Europea.

This article examines the way in which the European Union and some European States have understood the concept of Social Responsibility, and how they have introduced it in their Cooperation Programs for Colombia. In its first part, the article analyses Social Responsibility as an ethical expression and put it in the context of International Cooperation; based in written documents and interviews realized to some leaders of the Cooperation Agencies, the second part of the article studies how this concept is reflected in their programs. The article concludes that these programs have a deep ethical sense than conveniently combines teleological, deontological and utilitarian elements, generating socially responsible actions; notwithstanding, this quality is not enhanced because the concept of social responsibility tends to be reserved for the actions of private enterprises.

Keywords: Colombia; European Union; International Cooperation; Public policies; Social Responsibility.

La cooperación internacional surgió como un componente de las relaciones entre países cuyos niveles de ingreso difieren considerablemente o como una forma de ayuda de la comunidad internacional hacia las poblaciones más desprovistas de recursos. Este artículo se ocupa, en términos generales, de la manera cómo la Unión Europea y algunos de los Estados que la integran han entendido el concepto de Responsabilidad Social en relación con esa cooperación y cómo este entendimiento se ha expresado en los programas de esta naturaleza que la Unión y los referidos Estados ejecutan en Colombia. En una primera parte el artículo discute brevemente el concepto de Responsabilidad Social en el contexto de la cooperación internacional y en una segunda parte examina cómo este concepto se refleja en los programas y acciones de la cooperación europea en Colombia.

El concepto de responsabilidad social, entendido como el compromiso que cada persona tiene con sus semejantes, tiene raíces antiguas y muy profundas en el pensamiento ético "occidental"¹, anclado en el pensamiento de los antiguos filósofos griegos y en la tradición judeo-cristiana². No obstante, la idea de que los seres humanos tienen una responsabilidad hacia los demás —que por su misma naturaleza resulta indisociable de la ética— estuvo durante mucho tiempo confinada al campo de las virtudes promovidas por la moral cristiana y solo hacia mediados del siglo XIX comienza a ser asociada de manera sistemática a otras nociones que, aunque compatibles con la anterior, tienen fundamentos distintos; tal es el caso de la noción de filantropía, resaltada especialmente en los escritos de Andrew Carnegie, para quien el éxito en los negocios implicaba una obligación correspondiente de promover a otras personas para que recorrieran también ese camino de mejoramiento económico y social³.

Ahora bien, la creciente miseria de los trabajadores, resultante de las prácticas del capitalismo industrial a lo largo de los siglos XVIII y XIX, llevó a la Iglesia Católica a pronunciarse de manera más explícita sobre la manera como la justicia, virtud que dentro de su moral resulta indispensable como guía para las relaciones entre los seres humanos, implicaba un conjunto de obligaciones de los patronos con respecto a sus trabajadores, inclusive en un mundo cada vez más impregnado por la lógica del capitalismo y su sujeción a las directrices del mercado⁴. Esto dio origen a lo que se ha llamado la "Doctrina Social de la Iglesia Católica", con un conjunto de orientaciones que fueron "oficializadas" a partir de la encíclica Rerum Novarum de León XIII.

Estas nuevas aproximaciones a las reglas de carácter ético que deben orientar el comportamiento de cada ser humano frente a los demás, fueron poco a poco dando forma a diversas concepciones de lo que en el lenguaje contemporáneo se ha denominado "responsabilidad social", cuyo común denominador es una forma de actuar que busca contribuir a que los demás seres humanos "estén mejor" y, aún, en algunos casos, a que "lleguen a ser más". No obstante, lejos de haberse logrado un consenso sobre la naturaleza, necesidad, alcance y gestión de esa responsabilidad, ha surgido en torno a ella un fuerte debate, incluyendo la negativa de autores influyentes, a los que se hará referencia en breve, a aceptar que ella vaya más allá del cumplimiento estricto de las leyes del mercado.

Aunque el debate en cuestión se ha planteado principalmente con respecto a la responsabilidad de las empresas capitalistas, es generalmente admitido en los trabajos académicos que ser socialmente responsable —independientemente del contenido que se le dé a esta expresión— es algo aplicable también a los individuos, a las organizaciones sin ánimo de lucro y a los mismos Estados.

Ahora bien, al entrar en el ámbito de lo público, de los Estados y de sus agencias, la primera cuestión que surge es justamente la relativa a la existencia, naturaleza y alcance de su responsabilidad social. Sobre este punto, la discusión contemporánea en "Occidente" se inicia con la superación de los absolutismos reales en Europa: si el Estado va más allá de la figura del soberano y si este queda sometido a la ley, la arbitrariedad deja de ser la norma que rige las relaciones con sus súbditos; más aún, poco a poco la teoría del pacto social se va abriendo paso y, de acuerdo con los primeros grandes teóricos de la democracia liberal, la razón de ser del Estado es la protección de la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos, inclusive contra las decisiones del monarca que queda así sometido a la ley⁵. De este enunciado se desprende que, en su mismo origen, el Estado contemporáneo asume frente a la nación que lo integra, unos compromisos, una responsabilidad: la protección de esos bienes superiores.

La crisis del capitalismo en los años treinta del siglo XX condujo a ampliar la esfera de esta responsabilidad, al comprometer inicialmente a los Estados en intervenciones llamadas primero a garantizar la estabilidad económica en momentos de insuficiencia del mercado y, más adelante, también a promover el bienestar de los ciudadanos mediante estrategias dirigidas tanto a impulsar el crecimiento económico como, más recientemente, el "desarrollo humano"⁶. Sin embargo, esta extensión ha sido fuertemente cuestionada por las teorías de tipo neoliberal para las cuales la función del Estado contemporáneo —y por ende su responsabilidad— debe retornar a lo propuesto por las teorías que originalmente lo sustentaron.

El debate sobre el alcance de la responsabilidad de los Estados se ha extendido al ámbito geopolítico, ya que, desde mediados del siglo XX, autores y responsables políticos han planteado la necesidad de que esa responsabilidad se proyecte hacia personas que aunque residentes fuera de la jurisdicción de un determinado Estado, afrontan situaciones en ocasiones de extrema necesidad que no pueden ser resueltas por sí mismas ni por los Estados de los que hacen parte, pero sí por ese otro Estado dotado de mayores recursos. Estos planteamientos llevan a interrogarse acerca de la validez de esa nueva figura: la cooperación internacional. También sobre este asunto se observan dos posiciones radicalmente opuestas: la de quienes consideran que los Estados que disponen de mayores recursos tienen una responsabilidad frente a población de cualquier parte del mundo que vive en condiciones a veces infrahumanas y la de aquellos para quienes esa responsabilidad no existe y en cuya opinión la simple tentativa de llevarla a la práctica puede ser contraproducente para el desarrollo de esas sociedades.

No es el propósito de este artículo exponer los argumentos que sustentan las posiciones de los autores enfrentados pero, simplificando, quienes niegan que cualquier Estado tenga algún tipo de responsabilidad frente a las condiciones de vida de los habitantes de otros Estados, no solo aducen las mismas razones que a su juicio desautorizan la intervención de cada Estado en los procesos de sus propias sociedades sino que agregan argumentos de orden ético, político y práctico para negar validez a la cooperación. Esta es la posición autores como Nozik, Bauer, Hayek y M.Friedman⁷. En palabras de este último (1958, pp. 71 - 72), lo que se requiere para el desarrollo

[...] es una atmósfera de libertad, de máximas oportunidades para que los individuos experimenten y de incentivos para que lo hagan en un entorno en el que puedan darse pruebas objetivas de éxito y fracaso; en breve, un mercado capitalista libre y vigoroso (que es)... no solo la ruta más efectiva sino la única para un desarrollo económico que eleve los niveles de vida de la gran masa de población.

Coincide así con Bauer⁸ para quien la ayuda externa

"[...] ha tendido más a obstruir el desarrollo que a promoverlo. Las donaciones externas nunca han sido necesarias para el desarrollo de ninguna sociedad. El éxito económico depende de factores personales, culturales, sociales y políticos, es decir de las propias facultades, motivaciones y costumbres de la gente, de sus propias instituciones y de las políticas de sus dirigentes (p. 46).

También desde posiciones de "izquierda", inspiradas en tesis antimperialistas, la cooperación ha sido cuestionada. Su crítica está bien expuesta por Galtung (2008, p. 184) quien, citando a Kaldor, manifiesta que la asistencia oficial al desarrollo consiste en "[...] quitar el dinero de la gente pobre en los países ricos para dárselo a la gente rica en los países pobres". Lo primero por la vía de impuestos; lo segundo mediante concesiones/préstamos para proyectos administrados por las élites.

Por su parte, quienes estiman que la cooperación internacional es un instrumento de desarrollo que tiene un profundo sentido ético y de responsabilidad social, encontrarán bien reflejada su posición en los siguientes enunciados de la Comisión Brandt (1980, citados por Riddell, 1997, p. 9⁹):

Hasta donde concierna a la población y a los países más pobres, los principales motivos de nuestros propósitos (de cooperación) son la solidaridad humana y un compromiso de justicia social internacional. Es necesario poner fin a la privación y al sufrimiento. No puede aceptarse que en algunas partes del mundo la mayor parte de la gente viva de manera relativamente confortable, mientras en otras lucha por sobrevivir.

Esto no se opone, según la misma Comisión a que los ciudadanos de los países ricos entiendan "[...] que una vigorosa política de cooperación no sería en último término una carga sino una inversión en una economía mundial más saludable y en una comunidad mundial más segura". La responsabilidad internacional es así sustentada desde perspectivas éticas teleológicas (vivir mejor), deonsológicas (justicia social) y utilitaristas (economía más saludable y un mundo más seguro).

Este enunciado implica que la cooperación internacional surge de un compromiso ético que va más allá de las fronteras nacionales. Como lo expresaba ya en 1962 el gobierno sueco, citado por Myrdal (1970)¹⁰:

El creciente sentimiento de solidaridad y responsabilidad internacional refleja una visión más profunda hacia el hecho de que la paz, la libertad y el bienestar no son preocupaciones exclusivamente nacionales, sino algo que es cada vez más universal e indivisible (p. 46).

Pero esta afirmación también ha sido controvertida por dos razones principales:

En primer lugar, ella ha reavivado en diversos autores y líderes políticos la preocupación, vigente desde la antigüedad, acerca del supuesto derecho de algunos pueblos (hoy organizados como Estados¹¹) a intervenir en los asuntos de otros y, más aún, a imponerles su cultura y sus formas de organización política. En el caso concreto de la cooperación internacional, cabe preguntarse, por ejemplo, hasta qué punto es socialmente responsable difundir y promover los conceptos y las prácticas conducentes al desarrollo de tipo occidental —cuya lógica impregna el pensamiento y la acción de la mayoría de los Estados cooperantes— en pueblos cuyas culturas difieren profundamente de aquella en que se originó este concepto (Escobar, 1996). En segundo lugar, y desde una perspectiva muy distinta, el planteamiento recogido por Myrdal se opone al pensamiento de autores como Rawls, quien con base en su bien conocida teoría de la justicia sostiene que aunque es inaceptable que millones de habitantes del planeta subsistan en condiciones infrahumanas, la solución de esta aberración solo es un asunto de justicia para los Estados habitados por esa población, ya que la justicia solo se entiende en el marco del pacto social que forja una organización política. Por esto, ningún Estado es responsable de lo que sin su intervención ocurre en otros Estados y aunque es bien vista la contribución que brinden los que más recursos tienen, para mejorar las condiciones de los otros, esta contribución es puramente altruista, filantrópica y no obligatoria (Rawls, 1996, pp. 87-137).

Ahora bien, quienes hoy en día consideran que los Estados son responsables de contribuir a la formación de un mundo mejor, inclusive más allá de sus fronteras, tienden a aceptar el enunciado del gobierno sueco arriba citado. Esta es la posición de autores como Amartya Sen (2000) para quienes el imperio de la pobreza y la miseria en vastas regiones del mundo es un hecho que afecta al conjunto de la humanidad y no a unos cuantos habitantes desconectados del resto; situaciones como esas son el resultado de fallas en la justicia a distintos niveles (locales, nacionales, internacionales, globales), fallas a cuya superación están obligados a contribuir los Estados que cuentan con mayores recursos¹². Más aún, en palabras de Morin, "La comunidad de destino de la especie humana frente a problemas vitales y mortales comunes exige una política de la humanidad [...]" y a ella debe apuntarse en el futuro (2011, p.47).

Este trabajo comparte los planteamientos consignados en el párrafo anterior y es a la luz de ellos que examina las razones que sustentan la cooperación europea y algunas de sus prácticas, particularmente en relación con el caso de Colombia.

La responsabilidad social es hoy entendida de muy diversas maneras, algunas de las cuales han terminado por banalizarla y dejarla casi por completo desprovista de contenido, lo que ha servido para sustentar la posición de algunos autores que cuestionan el concepto y proponen sustituirlo por otro como el de "sostenibilidad" que, sin embargo, se deriva directamente de su antecesor y guarda con este similitudes evidentes¹³.

Buscando de alguna manera rescatar el concepto de responsabilidad social y refiriéndose a la acción de las empresas, Porter y Krammer (2011, pp. 34, 36) señalan que la solución está en el principio del valor compartido, conforme al cual es posible generar valor económico de una manera que también genere valor para la sociedad al abordar sus necesidades y desafíos. En esta forma, las empresas deben conectar su éxito en los negocios con el progreso social. El valor compartido no es responsabilidad social ni filantropía, ni siquiera sostenibilidad, sino una nueva forma de éxito económico que beneficia a todos y que se define por los beneficios generados no solo para la empresa, sino para la sociedad. Esto se aproxima a los planteamientos según los cuales una acción socialmente responsable genera "valor público", o sea un balance positivo entre los costos en que la sociedad incurre para que tal acción sea realizada y los beneficios que ella genera para el conjunto de la población (Mokate & Saavedra, 2004).

No obstante, se considera en este artículo que el concepto de responsabilidad social recobra su sentido e importancia si se reconoce la relación indisoluble que lo vincula con la ética. El ser humano es a la vez individuo y miembro de una sociedad, dualidad esta que lo obliga a armonizar sus propios intereses con los de los otros individuos con los que está llamado a convivir; ahora bien, esta convivencia contribuye a la plena realización de su personalidad: un individuo aislado tiene menos posibilidades de perfeccionar y aprovechar sus atributos, que otro que puede realzarlos mediante sus relaciones con miembros de la sociedad de la que hace parte. En tal virtud, las interacciones entre los seres humanos son formas de influencia recíproca que brindan a cada uno la oportunidad de perfeccionar sus atributos; por ello, quien libremente es responsable de la incidencia positiva o negativa de su acción sobre la persona o personas afectadas por aquella. Esta responsabilidad es consecuencia de la libertad que pone al ser humano frente a la necesidad de tomar decisiones, con criterios éticos relativos a fines, medios y utilidades. Si alguien no es libre, no es responsable, pero todo ser libre tiene algún grado de responsabilidad frente a los demás. En síntesis, en condiciones de libertad, toda persona es socialmente responsable.

Pero así como cada individuo —o persona natural en el lenguaje jurídico— es responsable por su comportamiento frente a los demás, también lo son las organizaciones, en su calidad de entes a los que se reconoce una personalidad distinta de la de los miembros que las integran¹⁴. Esta afirmación es válida tanto para las organizaciones públicas como para las privadas; para las que están integradas a la lógica de la actividad capitalista en busca de la máxima utilidad y de las que operan con una lógica diferente al ánimo de lucro; para las que operan en ámbitos territoriales locales y para las que se proyectan a las esferas internacional o global.

Pero aun quienes aceptan la existencia de esa responsabilidad difieren con frecuencia en las razones que sustentan su ejercicio. Desde la perspectiva empresarial, Garriga y Melé (2004) proponen ordenarlas en cuatro categorías conceptuales que bien pueden adaptarse para fundamentar la cooperación de unos Estados hacia otros. Sobre esta premisa, tales razones podrían enunciarse de la siguiente manera: razones instrumentales, de acuerdo con las cuales la cooperación internacional (a cuyas acciones se les atribuye ser socialmente responsables) se sustentan en el beneficio —económico, político o de otra índole— que de una u otra manera logran los Estados que las llevan a cabo—; razones políticas de acuerdo con las cuales el poder de un Estado se manifiesta, entre otras formas, en las acciones que realiza para beneficio de otros; la cooperación sería así una expresión de hegemonía; razones integrativas derivadas de la necesidad de dar respuesta a demandas sociales impostergables, y razones de justicia o so-lidaridad¹⁵ que se basan en el compromiso de una sociedad con otra, bien sea como expresiones de altruismo o filantropía (Rawls, 1996) o como respuesta a una exigencia de justicia (Sen, 2010; Nussbaum, 2007, entre otros).

Ahora bien ¿Cuándo puede afirmarse que una organización —o una persona natural— actúa de manera socialmente responsable?

Hoy en día es generalmente aceptado que no basta con que la respectiva persona natural o jurídica realice programas en beneficio de otros: siguiendo las teorías del valor público y el valor compartido arriba enunciadas, es indispensable que los beneficios derivados de tales programas le aporten a la sociedad más que los costos en que incurre como consecuencia de las acciones de la persona en cuestión. Si, por ejemplo, esta realiza un gran conjunto de soluciones de vivienda que entrega en condiciones favorables a población destechada, pero los costos que genera en términos de deterioro de la salud como consecuencia de la contaminación que se desprende del proceso productivo que corresponde a su actividad principal son mayores que la contribución que brinda mediante la provisión de viviendas, no puede afirmarse que se trata de un agente socialmente responsable. Este enfoque será tomado como referencia en este artículo.

Ante todo es preciso señalar que no se pretende aquí analizar hasta qué punto son socialmente responsables las políticas de la Unión Europea y de algunos de los Estados que la integran; simplemente se busca examinar si la responsabilidad social es incorporada en los enunciados y la práctica de la cooperación de la Unión y de algunos Estados y, en caso afirmativo, la manera como se está haciendo esta incorporación. Esto circunscribe considerablemente el campo de la investigación y el alcance de su análisis y de sus conclusiones.

La precisión anterior es indispensable, ya que el juicio que se emita sobre la responsabilidad social que se observa en los programas de cooperación, no necesariamente coincide con la apreciación que se tenga acerca del grado de responsabilidad social que se manifiesta en las políticas generales de la Unión o de algunos de sus miembros. De hecho, es indudable que estas políticas, en aspectos que están por fuera de sus acciones de cooperación, resultan altamente discutibles desde la perspectiva de la responsabilidad social de la Unión y de los Estados respectivos y que, inclusive, en ocasiones ellas han ido abiertamente en contravía de los propósitos explícitos de la cooperación.

Tal es el caso, por ejemplo, de la política de subsidios otorgados a sus agricultores en desmedro de la posibilidad que podrían tener los agricultores de países de menores recursos de exportar sus productos a los Estados de la Unión¹⁶, o de las restricciones a la inmigración de personas provenientes de los países más pobres. Evidentemente, estas políticas son sustentadas con argumentos de diversa índole, algunos claramente inspirados en consideraciones éticas y de responsabilidad social pero cuya discusión está por fuera del ámbito de este trabajo; por ello no se emitirá ningún juicio acerca del carácter socialmente responsable o no de las políticas de la Unión o de un Estado miembro en particular, sino, simplemente, se estudiarán los criterios que han orientado las acciones directamente encaminadas a la cooperación particularmente con Colombia.

Un análisis tanto del material bibliográfico y documental consultado como de las respuestas recibidas de las personas entrevistadas en diversas agencias de cooperación¹⁷ pone en relieve los siguientes elementos:

La documentación revisada pone de presente una clara coincidencia entre las grandes directrices de la cooperación europea y de sus Estados miembros y las guías de su acción en Colombia, lo que es perfectamente comprensible tratándose en uno y otro caso de textos oficiales. La ayuda bilateral para el período 2007-2013 se centra en las siguientes áreas (UE, 2010):

Es claro que en el caso colombiano, las condiciones de orden público relacionadas principalmente con el conflicto armado irregular y la importante presencia del narcotráfico, incidieron en el énfasis dado por las agencias de cooperación de la Unión y de los países miembros a los programas dirigidos a la búsqueda de la paz. Es el caso de los llamados Laboratorios de Paz que fueron apoyados entre 2002 y septiembre de 2012²² y de los más recientes "Nuevos Territorios de Paz". Es claro también que la preocupación por las consecuencias del referido conflicto fue alimentada por consideraciones de tipo claramente humanitario, tales como la "solidaridad con los afectados y el alivio a sus sufrimientos", en palabra de uno de los entrevistados.

El programa de "Laboratorios de Paz" fue el más importante de la cooperación bilateral de la Unión Europea con Colombia durante la última década. Su propósito era apoyar los movimientos de participación ciudadana a favor de la paz en seis regiones del país, mediante la generación de condiciones para el diálogo y la convivencia y la consolidación de mecanismos pacíficos de resistencia y protección de la población civil frente al conflicto armado. A juicio de Castañeda (2009), esta prioridad no solo responde a la verdadera razón de ser de la cooperación europea, la prevención de conflictos (citando a Smith, p. 172), sino a la formación de su identidad como cooperante con propuestas de construcción de la paz muy diferentes a las de los Estados Unidos (p.177)²³.

Ahora bien, a partir de las entrevistas realizadas, en las que los planteamientos de los responsables se ajustan, sin lugar a dudas, a las orientaciones generales de la cooperación, es posible detectar tanto un giro en las prioridades de esta en su acción dirigida a Colombia, como algunos matices que aunque presentes por lo general en los documentos oficiales, resaltan con frecuencia más claramente en las exposiciones de los entrevistados.

Entre los puntos que cabe destacar están los siguientes:

A manera de conclusión

Volviendo al punto de partida de este trabajo, cabe afirmar que las acciones de la cooperación europea y de las agencias de cooperación de algunos de los países que la integran y que operan en Colombia, están impregnadas de un profundo sentido ético que combina elementos teleológicos o de fines a largo plazo, valores y principios que deben guiar el camino hacia esos fines e instrumentos dirigidos a movilizar el interés de los involucrados y a hacer más efectivas sus acciones. Este sentido ético se traduce en acciones socialmente responsables que aunque en ocasiones tienen un sentido casi exclusivamente humanitario, por lo general buscan generar un beneficio en doble sentido: tanto para Colombia como para el cooperante. Pese a lo anterior, no es claro que para tales agencias la noción de responsabilidad social se extienda más allá del ámbito de la empresa privada y por ello no se obtuvieron respuestas claras y precisas sobre la manera como lo conciben y lo aplican en su acción cotidiana.

Es indudable, en todo caso, que tanto las entrevistas realizadas en algunas agencias de cooperación, como la bibliografía y la documentación consultadas ponen de manifiesto un claro compromiso de tales agencias con diversos aspectos del desarrollo colombiano, compromiso en que muchas veces se involucra una expectativa respetable de algún tipo de beneficio, hasta ahora pocas veces monetario y generalmente de mediano o largo plazo, para el organismo de cooperación (Unión Europea o Estado).

Aunque no está dentro de los propósitos de este artículo emitir juicios sobre la eficacia de las acciones de la cooperación europea o recomendaciones sobre estas, resulta oportuno plantear cuatro aspectos, entre otros, a los que una cooperación socialmente responsable debe brindar especial atención, particularmente en el caso de Colombia:

• La creciente autonomía que está llamada a acordar a las comunidades receptoras, como aporte a su proceso de maduración. Esta autonomía no implica ausencia de seguimiento sino fortalecimiento de su responsabilidad.
• La evaluación del impacto de sus proyectos, sin la cual son demasiado frágiles las bases para tomar decisiones sobre nuevas acciones.
• La manera como debe darse la transición progresiva desde el énfasis en programas de carácter esencialmente humanitario y de desarrollo social, hasta la priorización de programas orientados a promover el desarrollo económico. Un giro insuficientemente pensado e instrumentado puede poner en primer plano una ética utilitarista que, aunque presente, debe estar subordinada en las acciones de la cooperación, a propósitos de largo plazo y a claros principios y valores.
• La oportunidad de ir ampliando las áreas de cooperación, probablemente en asociación con Colombia, hacia la preservación y promoción de los "bienes públicos mundiales" cada vez más amenazados por la dinámica de la glo-balización contemporánea. Esto no implica en absoluto un abandono de los ámbitos de la cooperación bilateral o multilateral pero sí un replanteamiento del peso relativo de estos en función del ejercicio de una responsabilidad social global.

Tal como se puso de presente en este artículo, el comportamiento socialmente responsable que puede apreciarse en las acciones de la cooperación europea no necesariamente caracteriza sus políticas y las de algunos de sus miembros. De esto se desprende la conveniencia de un llamado para que tales políticas, lejos de contrarrestar los esfuerzos que realizan sus agencias de cooperación, los potencien en beneficio de todos los destinatarios de tales esfuerzos.

^*Se agradece a las agencias de cooperación que proporcionaron información sobre los propósitos, naturaleza y funcionamiento de sus programas, para la redacción de este artículo y en particular a las siguientes personas: Delegación de la Unión Europea en Colombia, Ivo Hoefkens, Primer Consejero- Jefe de Cooperación; Diana Samper García del Diestro, Asuntos Políticos y Comerciales y Silvia María Falla Robles, Oficial de política y prensa; Agencia Alemana de Cooperación, GIZ, Peter Luhmann, Director Residente; Cooperación Española en Colombia, Miguel González Gullón, Coordinador General; Embajada del Reino de los Países Bajos, Harman Idema, Consejero/Jefe de Cooperación al Desarrollo y Asuntos Económicos; Embajada de Suecia en Colombia, Catalina Hoyos, Oficial de programa del Área de Cooperación; Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE en Colombia, Walter Reitebuch, Primer Secretario, Director Residente Suplente y Diana Rojas, Oficial Nacional de Programa.

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