Introducción

El litoral recóndito que Sofonías Yacup describió por primera vez en 1934 se ha construido como una región de frontera desde la época colonial en los imaginarios que se crearon y fortificaron a través de los relatos de viajeros y todo aquel que buscaba fortuna en la espesura de la selva, hasta nuestros días donde se describe como una zona de atraso y abandono estatal, de donde es posible extraer recursos a través de los puertos (Buenaventura y Tumaco), por donde se mueve cerca de 80 % del PIB nacional.

La creación de un nuevo régimen político administrativo en 1991 en Colombia reconoció, además de la diferencia, una historia de exclusión y discriminación a la que tuvo sometida a poblaciones étnicas negras e indígenas. Para las comunidades negras de la Costa pacífica, la Ley 70/1993 otorgó reconocimiento étnico y derechos étnicos territoriales. El reconocimiento implicó la asimilación de una identidad que los asume como comunidad étnica,¹ proceso aún en construcción, y la organización política local para acceder a derechos territoriales.

Los planes que desde la década de 1980 se venían implementando en esta zona del país indicaban que la reforma para la Costa pacífica y los planes de ampliación portuaria y las redes de mercados Asia—Pacífico significarían una lucha frontal entre el Estado y las nacientes comunidades que rápidamente se organizaron para lograr la titulación de más de 70 % de los terrenos baldíos del Estado a lo largo de la Costa pacífica colombiana.

En este artículo, intento mostrar que los diversos proyectos que se han venido implementando en bahía Málaga, zona rural de Buenaventura, Pacífico vallecaucano, desde 1993, con entrada en vigencia de la Ley 70/1993. Las comunidades que habitan los territorios logran encontrar el equilibrio entre los proyectos de desarrollo y la conservación del medio ambiente a través de proyectos de ecoturismo étnico, de esta manera, las comunidades de bahía Málaga logran construir dentro de sus comunidades visiones propias de desarrollo que se insertan en las lógicas del mercado a través del turismo. Por supuesto, estos procesos son de enormes dimensiones, y lejos del ideal de comunidad homogénea, hay tensiones para lograr ese equilibrio.

La manera de escritura de este artículo contiene lenguaje etnográfico propio de la antropología, análisis académico y reflexiones que surgen en compañía de los líderes de las comunidades de Juanchaco, Ladrilleros y La Plata—Bahía Málaga, cuyos aportes son fundamentales para el desarrollo de la investigación. Esto, como parte de un proyecto político personal que involucra el compromiso que debemos asumir los investigadoras durante el trabajo de campo y nuestra vida académica en general. La metodología utilizada en el desarrollo de esta investigación privilegia el lugar de la etnografía y el trabajo de campo que genera un diálogo entre discursos estatales y saberes de las comunidades.

El tiempo en bahía Málaga transcurrió lento, empecé a entender el paso de las personas que lo habitaban y desaceleré mi ritmo, los datos etnográficos dejaron de aparecer en las guías y las entrevistas que buscaba desesperada, escribiendo en mi diario de campo cada noche, para hacerlo parte de mi cotidianidad, la etnografía se abrió ante mí en el momento menos esperado. Dejé de forzar la información y empecé a escuchar más, dejé de preguntar a las personas de qué manera asumían su territorialidad y cómo entendían el territorio para caminar con ellos por los esteros, sacar piangüa, cocinar, manejar potrillo con canalete, desayunar, almorzar y comer pescado.

Los primeros seis meses de trabajo fueron difíciles, esperaba encontrar la información más rápidamente, asaltaba a las personas con preguntas que solo yo entendía, pensaba que estábamos hablando con los mismos códigos. Pensé, erróneamente, que el trabajo de campo incluía hacer exactamente lo que la gente hacía, incluso tomar viche² siendo yo alérgica al alcohol. Cuando cambié la forma de entender el campo como un lugar que me permitía dentro del mismo contexto pensar sobre el territorio sin siquiera nombrarlo, todo empezó a fluir de mejor manera.

Inicialmente, la pregunta por explicar las luchas territoriales de los consejos comunitarios poniéndolos en bandos de buenos y malos, donde los buenos eran los consejos comunitarios y las comunidades indígenas que luchaban en contra del Estado por los derechos adquiridos en 1991 con la nueva Constitución Política, y los malos eran empresarios y militares —quienes representaban al Estado— interesados en el desarrollo económico sin medir las consecuencias para las comunidades indígenas en sus resguardos, las comunidades negras en sus consejos comunitarios y sus “culturas”, se transformó. Entendí que las comunidades étnicas —y no étnicas— son agentes que entran a negociar con actores estatales, y que no necesariamente sufren procesos de despojo con la llegada de megaproyectos de desarrollo económico.

Este artículo se desarrolla en cuatro partes. La primera abre el debate sobre el Estado como un regulador de identidades y territorios a través de un proceso histórico del proyecto nacional que se consolidó en 1991. La segunda muestra las interpretaciones conflictivas de las comunidades negras sobre los territorios. La tercera enseña la manera en que los proyectos del ecoturismo étnico han configurado el territorio y las consecuencias de ello. La cuarta expone la instrumentalización estratégica del discurso de la biodiversidad para garantizar el control territorial. Finalmente, el artículo propone algunas conclusiones (figura 1).

El Pacífico recóndito

Duván abrió la puerta de su casa azul celeste de 40 m² y saludó la inmensidad del océano Pacífico que a 20 m descansaba sobre la playa. A diferencia de varias de las casas de Juanchaco, la de Duván no estaba levantada de la arena sobre estructuras palafíticas, la suya, a ras de suelo, tenía el piso de cemento que la aislaba de la arena de la playa y de las calles del pueblo sin pavimentar. En el Pacífico, la marea sube y baja cada seis horas, a esto se le conoce coloquialmente como puja y quiebra; con cada puja, la corriente trae basura de mar abierto y se queda cuando la marea mengua. A diario, obstinadamente, Duván recogía la basura y barría frente a su casa la playa, hasta que solo se veía la sombra de las palmas de coco sobre la arena barrida.

Las paredes de madera rústica con el inconfundible aroma del petróleo mezclado con alquitrán utilizado para inmunizar protegían en el salón una mesa plástica de Rimax y varios asientos arrumados en una esquina. Una división hecha con la misma madera hacía las veces de habitación, con una base cama y un colchón que siempre estaba bien tendido. La luz del día entraba en el cuarto por una ventana que daba a la parte trasera de la casa y tenía vista hacia la calle principal del pueblo. En la otra esquina del salón, la cocina amoblada con una pequeña nevera, un mesón y una estufa, era todo lo que, según él, requería para vivir.

En la tarde de ese día, como muchos otros, con una taza de café recién colado sin azúcar, nos encontramos hablando del Estado. Ese fantasma que a ratos pareciera estar encarnado en él mismo. El café en la casa de Duván me hacía pensar en la calidez de las personas de Juanchaco, pero cargaba también la amargura en sus palabras al hacer parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN),³ para él, un movimiento torpe y lento. Esperábamos a sus estudiantes de cátedra afrocolombiana, con quienes habíamos programado una fogata para hacer el primero de varios talleres de cartografía del turismo; llovió, nadie llegó. El sonido constante de la lluvia sobre el techo de zinc como música de fondo nos acompañó en la conversación que se prolongó y transitó desde la constitución del proceso organizativo de las comunidades negras con uno de sus líderes más visibles —Juan de Dios Mosquera— hasta la institucionalización de este a través de la Ley 70/1993.

“No hay nada que se le escape al Estado”, suspiró Duván al finalizar su relato.

Cuando dejó de llover, salí a buscar una moto para volver a Ladrilleros, debía llegar a la casa de Héctor, que ahora sentía mía, una casa de dos pisos en madera rústica sobre el filo de un acantilado destinada al turismo sostenible—amigable con el medio ambiente, donde solía quedarme durante mis largas estadías. La calle de arena, vacía y mojada, reflejaba un par de luces de las lámparas en los charcos formados por más de cuatro horas de lluvia.

En medio de la oscuridad y el silencio que invadía el pueblo, escuché pasos de muchas personas, una escuadra de centinelas de Infantería de Marina apareció, pidieron mi identificación y preguntaron qué hacía en la calle a esa hora, eran casi las diez de la noche. Me advirtieron de los peligros de estar sola, y ofrecieron escoltarme hasta la casa. Sus rostros se desvanecieron en el mar de mi memoria, sin embargo, pensé que Duván tenía razón: nada se le escapa al Estado, incluso cuando parece que no lo vemos.

El proceso social y de defensa territorial en bahía Málaga refleja el proceso de las comunidades negras en el contexto nacional. Desde la década de 1980, hubo movilización constante, la cual buscaba el reconocimiento de las comunidades negras campesinas del Pacífico como actor político dentro del escenario nacional. En este proceso, a partir de 1993, se inició una serie de capacitaciones para las comunidades étnicas con una identidad asignada estatalmente, que, tras el trabajo juicioso de académicos e intelectuales negros y mestizos en el ámbito nacional, ha sido interpelada y resignificada a pesar de que algunos otros académicos asumen la pasividad de estas comunidades.

Bahía Málaga está constituida por cinco veredas, distribuidas en doce asentamientos y cinco consejos comunitarios, Puerto España y Miramar, La Barra, Ladrilleros, Juanchaco y La Plata—Bahía Málaga. Tiene un área total de 126 km2 en espejo de agua, y un área de influencia cercana a las 200 000 ha. Cuenta con alrededor de 4000 habitantes, en su mayoría comunidades negras e indígenas (Emberá—Wuanana), muchos de ellos llegados de las afluentes de los ríos Calima, San Juan, Yurumanguí, y los poblados chocoanos de Orpua y Sibirú Lozano (2008).

Las poblaciones de Juanchaco y Ladrilleros tienen una vocación turística, son poblaciones que a lo largo del tiempo se han transformado para la recepción de turistas, donde se funden hostales, hoteles y restaurantes. La playa de Ladrilleros recibe corrientes de mar abierto, dependiendo de la hora y los vientos, las corrientes de agua varían haciéndose muy fuertes, y el mar se vuelve peligroso.

La Plata—Bahía Málaga fue la primera comunidad en organizarse como consejo comunitario, actualmente cuenta con un territorio colectivo titulado de 39 000 ha y está compuesta por cuatro grandes asentamientos, La Sierpe, Miramar, La Plata y Mangaña. Hasta 2012 la comunidad de Chucheros también pertenecía al consejo comunitario de La Plata, pero la intervención de líderes externos al consejo, con influencia nacional, generó tensiones y fragmentaciones en aquel. Ahora Chucheros es un consejo comunitario independiente. Juanchaco y Ladrilleros tienen organizaciones sociales en proceso de fortalecimiento y aún no logran la titulación colectiva. La Barra, Puerto España y Miramar tienen los títulos colectivos más recientes. El consejo comunitario de La Plata—Bahía Málaga hasta hace unos años basaba su economía en la explotación forestal y pesca marina y fluvial, sin embargo, los controles por parte de la autoridad ambiental y la Armada Nacional han hecho que los habitantes transformen algunas prácticas productivas. Actualmente, basan su economía en el turismo que se aprovecha en las temporadas altas, donde los habitantes ofrecen sus servicios de hospedaje, alimentación y transporte a través de una organización llamada Ecomanglar y la implementación de proyectos productivos a través de organizaciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

La comunidad migrante mestiza ha tenido un aumento significativo, en los últimos treinta años se han asentado principalmente en los pueblos de Juanchaco, Ladrilleros y Chucheros, y han impulsado fuertemente la idea del turismo sostenible. Se han convertido en un actor decisivo en la lucha legal por la titulación de sus predios (Arocha, 1996).

El conflicto armado intenso que se vive en el Chocó ha generado desplazamiento paulatino de la comunidad Emberá—Wuanana que ahora es significativa en la zona. Los indígenas de bahía Málaga están asentados en seis resguardos que se han identificado gracias al trabajo que ha desarrollado la Armada Nacional; los resguardos Cocalito y Joon Jeeb, ubicados en la parte externa de la ensenada, se encuentran relativamente cerca a los asentamientos de Juanchaco y Ladrilleros; el resguardo de Cerrito Bongo se ubica en la zona más cercana a la base naval de bahía Málaga; y los resguardos de los Chamapuros y Guayan Santa Rosa se encuentran en el límite con el Chocó en la parte norte de la bahía. Reconozco la creciente importancia de estas comunidades, sin embargo, no fueron tenidas en cuenta por la dificultad de acceso a sus territorios, la imposibilidad de comunicación con los líderes de los resguardos y la recolección de datos que me permitieran escribir de manera responsable sobre ellos (figura 2).

La etnicidad que se destiñe en la selva

El reconocimiento multicultural introdujo nuevas formas de significación del medio ambiente sobre el cual las comunidades edificaron su “cosmovisión” del mundo natural y configuraron formas de vida. Así que, además del reconocimiento para minorías étnicas como poblaciones negras e indígenas, este nuevo régimen constitucional estuvo acompañado del discurso medioambiental y biodiverso que dio como resultado comunidades con nuevos sujetos políticos, que también tenían proyectos propios de desarrollo donde se incluyeron cosmovisiones propias sobre el significado y las formas de entender los procesos naturales a través de relatos donde confluían figuras como la Madre Monte o la Tunda,⁴esto es, el entendimiento de las comunidades como guardianes de la naturaleza (Ulloa, 2001).

Hasta antes de la segunda mitad de la década de 1980, el discurso en torno a los imaginarios del Pacífico estaban plagados de connotaciones negativas. En ellos, se describe la región como una selva húmeda, lejana, abandonada, con “atrasos” de todo tipo respecto del resto de la población nacional: altos niveles de analfabetismo, enfermedades endémicas, abandono, entre otras muchas. En la segunda mitad de la misma década, con la formulación del primer plan de desarrollo regional: el Plan de Desarrollo Integral para la Costa pacífica, se puede identificar el inicio del giro a la biodiversidad, que, a principios de la década de 1990, se engrana con el proceso de etnización. Este plan consideró la integración de los componentes de desarrollo económico, infraestructura, social y ambiental del Pacífico colombiano y generó un panorama optimista frente a la intervención y el manejo de los recursos de la región (Escobar, 2010).

Los discursos en torno a la riqueza del Chocó biogeográfico empezaron a tomar fuerza en la década de 1990 que sustentó el giro en discursos científicos que caracterizaron la región pacífica como el segundo banco mundial de diversidad natural para el desarrollo de nuevas tecnologías. Este debía ser conservado y al mismo tiempo debía aprovecharse. Este giro representó para los habitantes de la Costa pacífica la paulatina transformación de las prácticas productivas: el oro se teñía del verde de la biodiversidad que se estaba transformando en la riqueza del nuevo siglo. Debía mantenerse y explotarse de la mejor manera. Así, los discursos en torno a la riqueza que poseía el Pacífico respecto de la biodiversidad lograban más importancia de la que le hubieran dado algunos años atrás.

El impulso del discurso de la biodiversidad y la conservación atrajo a académicos y algunos activistas, quienes encontraban justificado el proceso étnico estatal en las lógicas y prácticas culturales de algunos grupos étnicos. Así, además de ser una región rica en biodiversidad, el Pacífico se convirtió en una región rica en diversidad étnica, donde algunas prácticas de los grupos contribuían a su conservación. Así es como se introduce en los imaginarios no solo la idea de que el Chocó biogeográfico tiene una gran riqueza natural, sino que también se debe incluir el componente humano y los significados que la naturaleza tiene para las comunidades que habitan desde hace tiempo. Según Escobar (2010), las comunidades étnicas, negras e indígenas han generado una estrecha relación cultura—naturaleza que las hace comunidades con sistemas de organización social atadas a concepciones naturales. A través de este proceso de etnización, se contemplan las relaciones entre la cultura y naturaleza asociadas a prácticas cotidianas de usos de la naturaleza, distribución de los caseríos, distribución espacial de las casas, zonas comunes, zonas de caza y cultivos, etc.

Luego de la entrada en vigencia de la Ley 70/1993, se empieza a visualizar la articulación entre el discurso de la biodiversidad y el proceso de etnización de las comunidades negras del Pacífico. Este proceso que articuló en su momento estas dos concepciones del Pacífico (biodiversidad—cultura) se materializó en la titulación de más de cuatro millones de hectáreas.

Dos argumentos marcaron la pauta para lograr el proceso de titulación. Por un lado, el reconocimiento a la presencia de las comunidades negras que habían venido habitando el Pacífico por varios siglos —desde la trata transatlántica y la conformación de palenques— y habían logrado un entendimiento de los ecosistemas de la región, creando toda una cosmovisión y unas formas de vida alrededor de ese entorno natural. Por otro lado, las estrategias encaminadas a la protección de la identidad cultural de las poblaciones, mediante la entrega de los títulos colectivos, trataban de asegurar la conservación de ecosistemas a través del “manejo sostenible” de los recursos naturales. Los discursos estatales buscaban mediante la institucionalización del reconocimiento étnico la garantía de la conservación de aproximadamente veintiún millones de hectáreas de selva. Visiones estatales que anclaban la idea de la “conservación” de grupos étnicos con la conservación de ecosistemas.

Los dos discursos expuestos —el de la etnización y medio ambiente— entran a desempeñar un papel determinante en los últimos años. El reconocimiento de Colombia como un país pluriétnico y multicultural planteó el reconocimiento de derechos especiales hacia diversos grupos étnicos. Esta situación ha significado múltiples entrecruzamientos entre lo ambiental, lo político y lo económico, situación que demuestra la complejidad del giro multicultural realizado por el Estado colombiano. Así es como los efectos del multiculturalismo entran a ser parte de los discursos en torno a la conservación y la diversidad ecológica y cultural del Pacífico colombiano.

No significa un proceso unilateral (del Estado hacia las comunidades), sino un diálogo entre el Estado y el PCN, donde el movimiento planteó formas de entender la etnicidad, de asumirse como actor político y, sobre todo, como comunidad que asume una posición frente al mundo natural que lo rodea. Los planteamientos del PCN proponen frente al Estado el derecho a la identidad, el ser y sentirse comunidades negras; el derecho a un espacio para ser, la necesidad del reconocimiento de un lugar donde desarrollar sus formas de pensar y entender la vida; el derecho al ejercicio del ser, la reafirmación de un proyecto político, es decir, el reconocimiento como actores políticos con autonomía de organización y participación; el derecho a una visión propia del futuro, esto es, la importancia de tener una visión propia de futuro que considere la cultura, la economía y las formas de vida de acuerdo con su visión cultural; la identidad con la lucha del pueblo negro en el mundo, es decir, entender la lucha por el reconocimiento étnico nacional como parte de un movimiento mundial para comprender la importancia de la conquista de los derechos del pueblo negro para alcanzar la equidad y admitir formas y proyectos de vida dignos y diferentes (Escobar, 2014).

Para el caso de bahía Málaga, estos discursos han significado su apropiación por parte de las comunidades negras, el empoderamiento y la utilización del proyecto étnico nacional para sus proyectos de desarrollo propio y de los gremios hoteleros de la región que asumen el discurso de protección medioambiental para la oferta turística. Hoy, asistimos a la puesta en juego de los grandes proyectos turísticos amparados en estas visiones sostenibles que se apoyan en un atractivo de biodiversidad con la marca étnica. Así es como la oferta turística se da respecto de la promoción de paisajes, recorridos por los esteros, piscinas naturales, muestras de música folclórica “tradicional” del Pacífico y el uso de las bebidas tradicionales como parte de la “marca Pacífico”.

La apropiación de los discursos de la conservación del medio ambiente y el valor de la diversidad étnico—cultural por parte de los diversos habitantes de la zona han generado conflictos por la manera en que cada grupo hace uso de los territorios e interpreta el discurso medioambiental.

El ecoturismo étnico: la marca Pacífico

A partir de la década de 1950 comenzó el descubrimiento de bahía Málaga como un lugar adecuado para el disfrute y la recreación, con la primera incursión de empresarios del club San Fernando de Cali. En la década de 1960, se incrementa notablemente el interés por Juanchaco, que vino acompañado de una sobresaliente atención por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, interés que trajo consigo la construcción de una pista aérea en Málaga. Por ser considerada una región con un gran potencial turístico, comienzan a crearse proyectos para aumentar su productividad. Así es como un grupo de parlamentarios vallecaucanos tramitan en el Congreso la declaración de utilidad pública para constituir el Balneario del Pacífico, propósito que se inicia con la expedición de la Ley 55/1966, que delegó esa responsabilidad al Gobierno departamental, cediendo para dicho fin 20 000 ha.

La década 1960 es determinante para la llegada de oferta hotelera en la zona, se construye el primer muelle y dos hoteles de alta capacidad, igualmente se da una proliferación de sedes vacacionales institucionales. Casi todas las construcciones se ubican frente al nivel del mar y la playa, pero entre 1969 y 1970 las mareas comienzan a aumentar y destruyen todos estos centros de acomodación turística, como también ocurre con 60 % de las viviendas del caserío de Juanchaco habitado por nativos (como comunidades negras e indígenas) de la región.

Según los habitantes de bahía Málaga, a causa de este suceso y los continuos cambios en las mareas, poco a poco se dieron procesos de poblamiento de la zona selvática de la ensenada; otra de las consecuencias de estos cambios en los flujos marinos es la disminución en el tamaño de la playa (Galindo, 2017).

Bajo la presidencia de Misael Pastrana, se incluye por primera vez la costa del Pacífico en el Plan Nacional de Desarrollo. Este proyecto acarrea la creación de la Corporación Regional de Turismo del Valle —empresa industrial y comercial de carácter departamental— que es delegada para poner en marcha el proyecto del Balneario del Pacífico. En 1974, la Corporación de Turismo del Valle contrata a dos firmas para la elaboración de un plan regulador, que se promocionan públicamente en 1976. Con la generación de esta oferta, se da inicio a un enfrentamiento entre los posibles nuevos propietarios y las personas de la comunidad que ocupaban estos lugares, hecho que impide la formalización de la primera etapa del Balneario.

El Gobierno de Belisario Betancur da inició a un proceso de transformación radical de la región. Se construye la Base Naval de Bahía Málaga para aportar al desarrollo de la región pacífica. Según documentos oficiales de la Base Naval, esta garantizaría la dotación de infraestructura básica para el Balneario, energía eléctrica, acueducto, carretera y muelle. A partir de ese momento, se inició un proceso de colonización descontrolado por parte del sector turístico.

A principios de 2011, la Asamblea Departamental del Valle pone en funcionamiento nuevamente la Ley 55/1966. Una ley por la que, debido a la presión del en ese entonces gobernador encargado Francisco Lourido, se debía recuperar la vocación turística de la bahía. La entidad encargada de implementar la ley, y agilizar los trámites de titulación individual de predios, sería la Secretaría de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle. Paradójicamente, la Secretaría, que vela por los intereses de las comunidades negras, debía promover la ley que afectaría los intereses de los consejos comunitarios de Juanchaco, Ladrilleros y la Barra.

La Ley 55/1966 es una ley que ofrece a los dueños de hoteles o quienes pretendan serlo la posibilidad de titular una hectárea en “los baldíos” de bahía Málaga, desde las Bocas del San Juan (el límite del Valle con el Chocó) hasta la ensenada del Tigre (cerca de la bocana de la bahía de Buenaventura). La idea del proponente de la ley en esa época era construir un gran balneario, para hacer del Valle del Cauca un atractivo turístico de gran importancia, como Cartagena o Santa Marta. La ley ponía los parámetros dentro de los cuales se daba la titulación: quien accediera a ella tenía un plazo máximo de diez años para desarrollar al menos 50 % del proyecto o las tierras volvían a ser baldíos del Estado. La ley no se implementó de la forma esperada y las tierras no fueron reclamadas para titulación. Para 1993, las tierras que habían sido otorgadas a la Gobernación para el desarrollo de este proyecto no se utilizaron, así que figuraban como baldíos del Estado.

Para la década de 1990, se promueven en el ámbito nacional megaproyectos en la región, como la iniciativa de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y la construcción de un puerto petrolero de Ecopetrol. En esta época, también se retoma el proyecto del balneario (Sánchez, 2011). Sin embargo, este se detuvo, nuevamente, por la resistencia de las comunidades locales, que, apoyadas por académicos, lograron detenerlo.

Durante la visita realizada a Buenaventura, logramos contactar a Absalón Suárez, líder visible del PCN—Buenaventura. Esa mañana nos levantamos temprano y salimos. La sede del PCN es una casa de dos pisos color verde menta y ventanas protegidas con rejas negras. En la recepción, una señorita muy amable nos hizo pasar por un corredor sin luz hasta una habitación con un escritorio y tres sillas plásticas Rimax. Dentro nos estaba esperando Absalón, quien con una amplia sonrisa nos recibió y luego le hablamos del proyecto y de las preguntas que nos llevaron al PCN. Frente al proceso de defensa territorial de bahía Málaga, Absalón indicó:

Hubo un ejercicio comunitario de asistencia al proceso, parte de lo que hizo el PCN en ese momento fue generar un proceso de formación y capacitación a líderes con relación a la Ley 70 [de 1993]. Así, el PCN entra a fortalecer a los consejos comunitarios como organización local; esa fue la tarea inicial que el PCN tuvo allá […], se logró en ese periodo [década de 1990], entonces, digamos, se consolidaron los consejos y territorios a partir de la Ley 70, pero también como cuestionamiento al desarrollo del turismo comercial. (Entrevista con Absalón Suárez, 4 de octubre de 2010)

Así es como el PCN, a través de los procesos de conformación de los territorios de comunidades negras, genera procesos de acompañamiento con el proyecto político de visiones propias de vida y desarrollo.

En 2005, la presentación de la agenda del Valle competitivo inició una carrera para posicionar el departamento como uno de los departamentos del país con mayor índice de desarrollo y progreso, poniendo en el centro del debate a Buenaventura, considerada la puerta de comunicación entre el océano Pacífico y el interior del país. Por ello, se ha invertido en grandes proyectos de ampliación y recuperación vial y portuaria, incluida la doble calzada Loboguerrero—Buenaventura, la ampliación del puerto de Buenaventura, el detenido proyecto de construcción del puerto de aguas profundas de bahía Málaga, y nuevamente en 2011, se buscó dar continuidad al desarrollo de la industria turística retomando la implementación de la Ley 55/1966.

En el momento en que la Asamblea Departamental retomó el proyecto del Balneario del Pacífico, se generó una serie de conflictos entre las comunidades negras y los hoteleros de la región. Muchos hoteleros de la comunidad migrante pidieron título, y la división que se produjo dentro de la comunidad en la bahía fue muy evidente. Esta ley, indiscutiblemente, se opone a los fines de protección y reconocimiento de las comunidades negras promovidos por la Ley 70/1993. Para los líderes, el conflicto estuvo claro desde el principio. Había que demandar la ley por medio de una acción de inconstitucionalidad que la declarara derogada y se reconociera el título colectivo que estaban solicitando los consejos comunitarios. La ley ha sido demandada dos veces, y en ambas ocasiones la demanda de inconstitucionalidad ha sido negada, a pesar de las exigencias de las comunidades y de la necesidad de reconocimiento a sus derechos territoriales. Hoover Carabalí fue uno de los líderes que se opuso enérgicamente a este proyecto. En 2012, con un discurso que se apega a los lineamientos del PCN, recoge la idea de las comunidades negras para amparar sus demandas territoriales:

[Para los consejos comunitarios de bahía Málaga] como comunidades negras el territorio es todo, desde sus formas de producción, pesca, madera, prácticas culturales y religiosas hasta la definición identitaria con la que nos caracterizamos, como comunidad perteneciente a una raza, con unas costumbres ancestrales. Para los paisas [migrantes de fuera del Pacífico], territorio es igual a tener tierra, no hay ningún apego por el lugar al que ahora pertenecen [o por lo menos es lo que algunos dicen], su lucha es por la tierra y sus intereses económicos, no significa que tenga alguna relevancia en cuanto a prácticas culturales que tenemos nosotros, simplemente ven en la tenencia de la tierra la oportunidad para negociar, pasando por alto las luchas de resistencia que durante años hemos llevado a cabo las comunidades negras en el país. (Entrevista a don Fortunato, mayor de la comunidad de Juanchaco. 19 Junio de 2011)

Para el primer semestre de 2011, la Gobernación del Valle del Cauca tituló más de cien predios como propiedad privada, con algunas irregularidades y modificaciones de la ley. Esto generó un importante enfrentamiento entre comunidades y representantes del sector turístico, ya que este proceso de titulación de predios para ser destinados a la industria turística se hizo por encima de la titulación colectiva que se estaba realizando para las comunidades ignorando lo establecido por la Ley 70/1993. Pero esta situación también generó la división de los consejos comunitarios de Juanchaco y Ladrilleros, puesto que algunos miembros de los consejos estaban interesados en llegar a poseer título individual, para organizarse como junta de acción comunal y así poder entrar en el desarrollo de la industria turística.

Había habitantes que querían titular para vender e irse del lugar, otros querían título colectivo confiando en la efectividad de las leyes y no estaban dispuestos a negociar sus territorios. Muchos líderes tuvieron problemas con la comunidad porque en los pueblos había rumores acerca de que los hoteleros habían comprado algunos representantes de la junta del consejo para que sentaran su posición en favor de la titulación individual. Finalmente, el gobernador no pudo adelantar su trámite tan rápido como hubiera querido y el proceso quedó detenido, con los lotes que había logrado titular en Juanchaco y Ladrilleros.

La titulación fue un tema recurrente en esos días. Héctor,⁵ en la casa, habla del día en que llegará el papel con la escritura para poder empezar la implementación del proyecto de las ecoaldeas (parece que estaban de moda en Santa Marta y él tenía sus esperanzas en este proyecto). En la tarde del 10 de junio salí —hui— de la casa. En ocasiones, vivir con Héctor se vuelve pesado. Sus comentarios llegan a ser ofensivos. Busqué a Harlim pero no estaba en su casa, me senté en el andén de la escuela, estuve algunos minutos viendo las calles mojadas del pueblo; había llovido todo el día. Llegó don Marino,⁶ empezamos a hablar, me contó de su situación económica, el tema de la titulación era obligado en todas las conversaciones de ese año, sus ojos se entristecieron y suspiró:

Yo no titulé nada porque no tengo plata para pagarle al Estado, si titulo, primero tengo que comprar mi tierra, mi casa y las cosas que he construido toda mi vida con esfuerzo. Hace años fui al monte, corté la madera, la escogí, hice mi casa. No me imagino tener que pagar impuestos de millones, ¿de dónde voy a sacar la plata? Si yo no titulo colectivo, no titulo nada.

Nunca sé que decir, y seguramente me vea como una tonta, sin embargo, pienso todo el tiempo en lo que las leyes han traído y se han llevado.

En ese año, los problemas internos de los consejos comunitarios de Juanchaco y Ladrilleros se acrecentaron. Algunos de los líderes de los consejos se vincularon a los procesos impulsados por la Asamblea Departamental. Los representantes de la junta del consejo se destituyeron y convocaron a elecciones para nombrar personas que no tuvieran nada que ver con los representantes que estaban en ese momento.

Los procesos de bahía Málaga se generan a través de discursos de las comunidades sobre bienvivir, formas alternativas de desarrollo, conservacionismo ambiental, y estatales de la creación de un sujeto político, con visiones distintas que crea territorios que dialogan con la conservación del medio ambiente (comunidades “originales”) de gran atractivo turístico.

La Tunda, guardiana del mundo natural y los territorios étnicos del Pacífico

Wade (1994) muestra cómo dos discursos interrelacionados crean la imagen de la “naturaleza” de los otros, reconocidos hace unos años en las políticas multiculturales. Encontramos la asociación naturaleza—cultura en lo que se refiere a comunidades indígenas calcadas, luego a los modelos de comunidades negras, evocando la idea del “buen salvaje” y el protector del medio ambiente, el “nativo ecológico” que ya ha sido caracterizado por Ulloa (2001).

Hay aquí tres aspectos que cruzados generan la apuesta ecoturística que ha venido tomando fuerza en los últimos años en el país. El caso de bahía Málaga muestra la manera en que las comunidades negras han logrado instrumentalizar biodiversidad, multiculturalidad y desarrollo a través del reconocimiento étnico. En el código de régimen interno territorial del consejo comunitario de La Plata—Bahía Málaga, se introducen nociones, como respeto por la naturaleza, la diversidad y las cosmovisiones propias para garantizar la pervivencia territorial, pero también para tener la posibilidad de acceder a actividades económicas que desde nociones como preservación y sostenibilidad garanticen el acceso a recursos económicos. Los consejos comunitarios crean todo un régimen administrativo en torno al uso, aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos naturales, no solo en el estricto sentido de lo que se puede extraer de la tierra, sino también de los usos ecoturísticos que ahora se le dan al territorio.

En 2010, para bahía Málaga, fue muy importante, frente a la posibilidad de construcción del puerto de aguas profundas, la movilización que convocó a organizaciones sociales y activistas ambientales que lograron la detención de este proyecto y la declaratoria de la zona como Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga.

Las comunidades negras utilizan otros discursos para proteger sus territorios. La protección del medio ambiente entra a desempeñar un papel importante en la reafirmación de las comunidades como actores étnicos políticos dentro de la nación. Toma sentido la caracterización del nativo ecológico que involucra “la internalización del derecho ambiental y el multiculturalismo, y que constituye a los indígenas como sujetos que pueden tener derechos sobre sus territorios y recursos” (Ulloa, 2001, p. 288).

Desde 2010 se viene desarrollando dentro de la ensenada de bahía Málaga un proyecto ecoturístico liderado por los jóvenes y con el apoyo del consejo comunitario. El grupo Ecomanglar se ha propuesto la tarea de adecuar la isla de La Plata como el epicentro de actividades turísticas dentro de la ensenada. Este proyecto incluyó el reconocimiento de la denominada ruta de la piangüa, identificada por dos estudiantes de Ecología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, para la observación de flora y fauna del lugar. Igualmente, en los últimos años, se ha realizado la adecuación de los espacios, como la Sierpe, el mayor atractivo de la ensenada, por su innegable belleza como paisaje. También se llevó a cabo la adecuación de un hotel, con capacidad para albergar a treinta personas, en el que se prestan servicios de alojamiento y alimentación que ofrece los platos típicos de la región.

La mezcla de multiculturalismo, políticas neoliberales, desarrollo verde y reconocimiento multicultural de la nación generaron un movimiento por la conservación y el aprovechamiento de los recursos. Al insertarse legalmente el discurso verde que tiene como bandera de lucha la conservación, se marca la pauta del nuevo orden ambiental del país, siendo este líder en la construcción de políticas que protegen el medio ambiente.

Las comunidades negras e indígenas de la bahía se convirtieron en actores étnico—político—ambientales. En bahía Málaga, los proyectos turísticos, los grandes hoteles de Juanchaco y Ladrilleros, son manejados por empresas privadas que cuentan con toda la infraestructura turística, desde transporte marítimo, hasta hospedaje de lujo, hoteles con aire, TV cable, piscina, salón de eventos y cabañas para grupos familiares, los administradores son traídos de fuera de la ensenada y los trabajos que quedan para los “nativos” son de aseadora, guía turístico, etc. Con ello, podríamos considerar que, más allá de la conservación que puede garantizar la Ley 70/1993, la irrupción del ecoturismo en la región aumenta la presencia de proyectos de este tipo y que terminan ofreciendo a las comunidades “trabajos de tercera categoría” (Rivera, 2012, p. 97).

Con la puesta en marcha del plan de titulación basado en la Ley 55/1966, hubo un resquebrajamiento en la organización social de la bahía. La coyuntura que se desató con la amenaza de la pérdida del territorio que los consejos comunitarios de Juanchaco y Ladrilleros estaban planeando para solicitud de título colectivo fue tomada como un ataque a su territorialidad y las reivindicaciones que como comunidad pedían al Estado. La comunidad no estaba unida, los intereses particulares de unos y otros actores generaron fracturas en la comunidad fragmentando desde adentro la organización social y política que había en los consejos comunitarios, mientras la comunidad migrante se fortalecía y avanzó hacia la titulación individual para implementar sus proyectos turísticos.

La bahía de Málaga vende la idea del Pacífico paradisiaco verde donde cualquiera de nosotros quisiera pasar su tiempo, ese Pacífico que fue construido a través de los discursos de las últimas dos décadas, abandonando la imagen de selva húmeda donde habitan animales venenosos, epidemias y enfermedades, para entregarnos un paraíso tropical mediante leyes, discursos y apoyo a proyectos ecoturísticos que permiten el aprovechamiento de la selva de una manera armoniosa con la naturaleza. En las playas de Juanchaco y Ladrilleros, se adoptaron unos patrones de estética para los lugares turísticos, las playas y los hoteles, además de la difusión a través de medios de comunicación, denominando la bahía como “la joya del Pacífico colombiano”.

La situación de bahía Málaga muestra que los procesos de titulación colectiva se hacen más difíciles. Por un lado, los títulos para el balneario ya se entregaron, y en la comunidad no hay un consenso referente a la titulación. No obstante, las luchas de las comunidades negras asumido el reconocimiento y la defensa del territorio como ancestral, amparados en la defensa del mundo natural que habitan, de ser uno con la naturaleza. Hay una deuda con los debates que deben generarse para visibilizar estas problemáticas. Por otro lado, los proyectos de desarrollo que impulsan el turismo, la economía, la titulación y la conservación de grandes zonas de reserva evidencian los diferentes intereses que entran en disputa dentro de la bahía, desde el uso de la tierra, hasta la forma de comprender los procesos de apropiación territorial.

Las discusiones que se generan en torno al territorio, los usos y la apropiación se deben a los grises que dejó la Constitución Política de Colombia de 1991. Aquí es visible la tensión que surge entre el giro multicultural y biodiverso paralelo al establecimiento de un régimen neoliberal. Por otro lado, la dificultad de las comunidades para ponerse de acuerdo en formar una estructura sólida que refleje los intereses de la mayoría de los habitantes va a seguir siendo un obstáculo en la construcción de la bahía como se pretende, territorio colectivo de comunidades, santuario de flora y fauna.

Después de tener cercanía a los debates que suscita la contraposición entre la Ley 70/1993 y la Ley 55/1966, es posible intuir que el Gobierno tiene definidas sus prioridades. Dada la situación que se observa dentro de esta región, es posible vislumbrar que los caminos hacia la titulación colectiva se hacen más estrechos y difíciles.

Las maneras de teorizar los procesos organizativos de comunidades negras en Colombia generan relatos que se refieren al movimiento de comunidades negras. Por un lado, como un grupo de actores que se interconectan en redes mundiales de movimientos negros que buscan la reivindicación de derechos e historias comunes, actores con agencia dentro de los procesos, con una fuerza discursiva que produce realidades para las comunidades, reivindicando la idea de ser uno en armonía con la naturaleza. Por otro, como parte de un proyecto estatal que los ubica en unos lugares —periféricos— y que antes de tener agencia son peones del modelo neoliberal y el proyecto etnicista del Estado, comunidades que se apegan a las ideas de nativos ecológicos para entrar a hacer parte de un proyecto de inclusión nacional.

Frente a esto, la posición del artículo es el entendimiento de las comunidades como actores que agencian cambio social frente al modelo estatal que busca beneficio propio. Además, muestra que las comunidades negras de bahía Málaga generan estrategias para asumirse dentro del proyecto multicultural nacional al mismo tiempo que originan discursos en concordancia con proyectos estatales para aprovecharlos de la mejor manera en favor de sus comunidades y formas propias de ser y vivir en el mundo.

A lo largo de este artículo he expuesto la idea de que los proyectos implementados en bahía Málaga han producido una dinámica de los movimientos sociales de comunidades negras por la reivindicación de los territorios y la autodeterminación de las comunidades para implementar proyectos de desarrollo propios y proyectos de vida que van en sintonía con el mundo natural que los rodea. Así, las comunidades logran encontrar el equilibrio entre los proyectos de desarrollo estatal y los planes de conservación del medio ambiente. A través de cuatro argumentos desarrollados a lo largo del texto, se pueden mapear las concordancias y disonancias en los procesos organizativos de bahía Málaga que originan formas distintas de pensar los consejos comunitarios y las comunidades negras a lo largo del Pacífico colombiano.

Como académicos, nuestra obligación debe ser siempre con las comunidades que nos abren las puertas de sus consejos comunitarios, casas, cocinas y territorios, nos reciben como parte de sus familias y dan sentido a nuestros trabajos y formas de vida. Estos trabajos deben, ante todo, contener los compromisos adquiridos y hacer justicia a las luchas que se generan en los territorios. Es nuestro deber aportar desde la academia a la construcción de comunidades mejores, a conocimiento más responsable.

Notas

¹ Eduardo Restrepo (2013) argumenta que en Colombia se viene desarrollando un proyecto de identidad étnico que él denomina etnicismo de Estado. Este como un proceso en el que se inscribieron diferentes grupos de académicos y activistas del movimiento negro en Colombia para construir a través del discurso un nuevo sujeto político con unas subjetividades, proceso en el que el Estado y las nacientes comunidades, ahora denominadas étnicas, se construyen mutuamente para dar paso a nuevos sujetos históricos que permiten el reconocimiento multicultural (cf. Agudelo, 2005; Hurtado, 1993; Wade, 1994).

² Bebida tradicional, hecha con fermento de caña.

³ Movimiento nacional de intelectuales negros que surgió en la década de 1980 en Pereira. Juan de Dios Mosquera, líder visible de este movimiento intelectual, promovió, junto con varios activistas, la reivindicación del pueblo negro como descendientes de África y la trata transatlántica de la que fueron víctimas en la época colonial (Friedemann y Arocha, 1986; Gutiérrez, 1980; Hurtado, 1993; Mina, 2000; Mosquera Rentería, 1996; J. Mosquera Mosquera, 2007; Pardo, 2002; M. Restrepo, 1993; Wade, 1993, 1994).

⁴ La Tunda es un personaje de la mitología de la región pacífica descrita como una mujer fea que tiene un pie de molinillo o de tingui—tingui —raíz de un árbol— y el otro como el de un bebé. Se lleva a los moritos —bebés sin bautismo—, a los niños desobedientes, a los maridos trasnochadores e infieles y a jóvenes hombres o mujeres a los confines del monte para convertirlos en sus amantes. La Tunda engaña a sus víctimas tomando la apariencia de sus madres u otro ser querido para que la sigan al monte; ya en sus dominios, los alimenta con camarones y cangrejos. Con sus malos olores, emboba a sus víctimas, y les saca la sangre. Los “entundados” aprenden a amar a esta mujer y rechazan a los humanos. Para poder rescatarlos de la Tunda, es necesario formar una comisión con el padrino y la madrina del “entundado”, un sacerdote, amigos y otros familiares. Todos ellos se internan en el monte tocando tambores (cununos y bombos), quemando pólvora, disparando escopetas, rezando las oraciones y diciendo palabras soeces para que ella desaparezca. Algunos dicen que la Tunda es negra y que huele muy mal, es un ser que experimenta sentimientos humanos, se enamora, se queja y odia, especialmente a los niños. A pesar de sus sentimientos y acciones humanas, la Tunda tiene poderes sobrehumanos, pues es ella quien produce la conjugación de sol y lluvia, y cuando esto pasa, la gente del Pacífico dice que “la Tunda está pariendo”.

⁵ Héctor es el dueño de la casa donde me hospedé durante mis estadías en Ladrilleros desde 2010 hasta 2013, tiempo que duró mi trabajo de campo.

Referencias

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