Miguel E. Garcés Prettel, Mg

Universidad Tecnológica de Bolívar. miguelefren@gmail.com

Jorge Palacio Sañudo, PhD

Universidad del Norte. jpalacio@uninorte.edu.co

Daniel E. Aguilar Rodríguez, PhD

Universidad del Norte. deaguilar@uninorte.edu.co

RESUMEN

En esta investigación se describen las concepciones, valoraciones y niveles de adherencia que se han construido alrededor de la dinámica sociopolítica existente desde los procesos de participación de los ciudadanos en la ciudad de Montería en el periodo 2006-2008. El diseño metodológico partió de un muestreo intencional con personas mayores de 18 años residentes en la ciudad y en su barrio en un tiempo no inferior a dos años. La información fue obtenida mediante la aplicación de dos cuestionarios previamente adaptados a los requerimientos del estudio, estos son: PSC (Participación Social y Comunitaria) de la Fundación del Sinú y ECP (Encuesta de Cultura Política) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Dentro de los hallazgos cabe resaltar que los procesos de participación social y ciudadana que se han gestado se enmarcaron dentro un modelo participativo de carácter consultivo, que responde a coyunturas y a micro iniciativas de carácter barrial. Se detectaron también cuatro elementos que ponen obstáculos al desarrollo de una cultura política participativa: la crisis económica, la corrupción, el desconocimiento de algunas instancias de participación y la desconfianza en la institucionalidad pública y en los que la dirigen.

Palabras clave: Cultura política, participación, comunicación política, política pública, comunicación interpersonal, comunicación mediática.

ABSTRACT

The present article describes the conceptions, assessments and levels of adherence built around the existing socio-political dynamics, from the processes of participation of citizens in Montería, Colombia, during the 2007-2008period. The methodological design mergedfrom an intentional sampling with residents of the city, over eighteen, and living in their neighborhood for a period of time, no shorter than two years. The data was obtained through the application of two questionnaires, previously adapted to the requirements of the study. Those instruments were: PSC (Social and Communitary Participation) of the Fundación del Sinú and the ECP (Survey of Political Culture) of the DANE. It is important to point out, among the findings, that the processes of social participation generated have been framed within a consultative participatory model that responds to situations and to micro-initiatives at a neighborhood level. Four hampering elements to the development of participatory culture. Werw also detected such elements are: the economic crisis, corruption, lack of knowledge of some participation scenarios and, finally, the distrust of the public institutions and those who direct them.

Keywords: Political culture, participation, political communication, publicpolicy, interpersonal communication, mass-media.

INTRODUCCIÓN

La relación entre política y ciudadanía debe ser diseñada y evaluada desde la posibilidad de crear una cultura de la participación y de la movilización social, pues en América Latina existe la necesidad de crear o fortalecer sistemas abiertos y plurales de diálogo público para construir nuevos pactos de confianza y nuevos modos de reconocimiento recíproco entre ciudadanos y organizaciones. Lograr esto implica que la sociedad civil, los partidos políticos y el Estado, con toda su estructura gubernamental, se sienten a dialogar sobre el tipo de país en el que quieren vivir y que desean dejarle a las nuevas generaciones. También se requiere discutir sobre el modelo de desarrollo social, cultural, político y económico que la nación necesita para salir de la pobreza que envuelve, según el PNUD (2007), a más de 17 millones de colombianos y colombianas, para los cuales todavía la democracia y el respeto de sus derechos fundamentales siguen siendo un ideal sociopolítico por alcanzar.

De allí que la política sea una cuestión de relaciones y de apuestas de vida, que se consolidan mediante iniciativas ciudadanas y procesos comunicativos que encierran un sin número de actuaciones que pueden ser foco de inclusión o exclusión social, dependiendo los intereses, el tipo de educación y la visión de política que tengan los actores interlocutores.

Claro está que el compromiso activo del ciudadano dentro del sistema político y la buena relación democrática entre los gobiernos, los partidos políticos y la sociedad civil son determinantes para que las decisiones y apuestas sociales vayan generando una cultura política funcional que vele por el bienestar y la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, estos procesos de relación, para hacerse efectivos, deben partir de una comunicación abierta, libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa desde todos los ámbitos de la interacción social (FECDC, 2009) y, por supuesto, requieren fundamentarse bajo los principios democráticos, el reconocimiento al otro como interlocutor válido y la valoración del disenso como factor clave en la construcción de sociedades democráticas sólidas.

La presente investigación contribuye a la reflexión dentro del campo de la política y la comunicación, partiendo específicamente del análisis de la cultura política monteriana cimentada en los procesos de participación de sus ciudadanos dentro del sistema democrático local. Dentro de los objetivos centrales, pretende comprender la cultura política desde una mirada psicosocial, que da cuenta de las concepciones (orientación cognitiva), valoraciones (orientación valorativa) y niveles de participación (orientación afectiva) que se construyen alrededor de la dinámica sociopolítica de Montería durante el periodo 2006-2008, fecha en la que la ciudad se vio afectada como capital del departamento de Córdoba por problemas de gobernabilidad, aumento histórico de la tasa de homicidios y los efectos de la parapolítica. Además, brinda elementos de análisis y de fundamentación teórica que aportan al enriquecimiento bibliográfico frente al tema de lo local y lo nacional, aspecto que es de gran ayuda para las entidades el público interesado, toda vez que en la ciudad son casi inexistente los estudios que analizan los fenómenos de participación y de opinión pública presentes en la cultura política Monteriana, lo que hace que esta investigación por su enfoque sea un trabajo exploratorio pertinente.

El fundamento teórico de este estudio parte de los debates históricos frente al tema y de las discusiones actuales. No obstante, el abordaje de la variable cultura política se estructuró con base en los postulados de Almond & Verba (1963), quienes abordan esta categoría desde una perspectiva conductista, enmarcada en patrones de orientación. Por supuesto, esta aproximación no desconoce los demás aportes teóricos en torno al tema y la necesidad de complementarlo con perspectivas culturalistas que analicen, entre otros aspectos, las estructuras formales e informales de la interacción política y el impacto de los grupos élites que centralizan el poder político (Chihu, 1996).

No existe un marco único para comprender la cultura política en las sociedades. Diversos autores en el mundo han abordado este tema, algunos mostrando puntos de encuentro en los enfoques, otros discrepando en el modo de entender la política, y un sector que complementa muchos de estos abordajes, incorporando nuevas categorías de carácter culturalista y constructivista que han enriquecido el debate. A continuación se presentan algunas de estas miradas y conceptualizaciones que han elaborado reconocidos teóricos en este campo, que pueden ayudar a comprender mejor los componentes, niveles y categorías que subyacen en el discurso de la cultura política:

Robert Dowse (1977) observa la cultura política como resultado de la historia del sistema político y de los miembros de ese sistema, por consiguiente, su lectura de la cultura política la soporta en el análisis de los acontecimientos públicos y en la experiencia privada de los sujetos.

González (1981, citado por Chihu, 1996) apunta a considerar el elemento histórico del sistema político igual que Dowse, por ello mira la cultura desde la estructura política y la herencia histórica que la justifica y la soporta, poniendo en discusión el tema de la cultura del poder y cómo las ideologías dominantes presentes en las estructuras políticas tradicionales permean las manifestaciones político-culturales de la nación.

Garreton (1991) sitúa la cultura política en una dimensión relacional, apuntando a las imágenes y a los sentidos que subyacen en la acción colectiva dentro de la sociedad que se debate en un plano relacional entre el Estado, la estructura político-partidaria y la sociedad civil, que incluye a los movimientos sociales.

Luis Morfin (citado en Alonso, 1994) define la cultura política desde una mirada axiológica, apuntando al conjunto de significados y de valores que al ser apropiados e interiorizados por grupos humanos influyen en la toma decisiones y constituyen la razón de ser de la comunidad política. Este concepto aborda el tema de la cultura política desde la construcción de horizontes de sentido político en un plano colectivo de intereses variados en el que convergen personas o grupos humanos. A esta misma dirección de lo colectivo apuntan Alonso (1994) y Pye & Verba (1972), quienes miran la cultura política desde una perspectiva sociológica, mostrando que existen múltiples culturas políticas en los diferentes grupos humanos y clases sociales. Fijan su preocupación sobre este tema tratando de entender los roles y los procesos de identidad que se generan en la vida social, también analizan las actividades, creencias, sentimientos y normas que organizan y dan sentido y significado a los procesos políticos y a los comportamientos dentro del sistema.

Estudios más recientes como los de Berger, Wildavsky & Thompson (1990, citados en Solano, 2005) abordan la cultura política desde las actitudes y roles que asumen las personas en la dinámica social y en los procesos políticos que desarrollan, partiendo de cuatro categorías: jerarquía, individualismo, igualitarismo y fatalismo.

Todos estos aportes teóricos, desglosados anteriormente, son parte del proceso de transformación que ha ido teniendo el término desde su aparición en la década del cincuenta, cuando fue usado por Herman Finer y posteriormente definido por Almond & Verba (1963) en varias de sus obras, principalmente en la que lleva por título "Cultura cívica, actitudes políticas y democracia en cinco naciones". En esa obra se define la cultura política como el conjunto de elementos o patrones de orientación cognoscitiva, afectiva y valorativa que el ciudadano tiene hacia el sistema político. El patrón de orientación cognoscitiva se refiere al sistema de conocimientos y creencias que el ciudadano y la ciudadana tienen del sistema político en el que habitan. El patrón de orientación afectiva tiene que ver con los sentimientos de apego, rechazo y compromiso que el individuo asume respecto al sistema político. El patrón orientación de carácter valorativo hace referencia a las opiniones, percepciones y juicios de valor que las personas hacen de su entorno sociopolítico.

Almond & Verba (1963), a partir de las orientaciones esbozadas anteriormente, lograron clasificar varios tipos de cultura política: 1. La parroquial (sociedades con estructuras políticas tradicionales y conservadoras), en la que no hay retos políticos, poco se conoce de cómo funcionan y se estructuran los gobiernos, los individuos aceptan y se someten a las autoridades y prácticas de poder establecidas. Según estos autores en este tipo de culturas los liderazgos constituyen roles difusos de tipo político-económico-religioso, y para los miembros de estas sociedades las orientaciones no se hallan separadas de sus directrices religiosas y sociales; en esta tendencia prima más lo afectivo y lo jurídico que lo cognitivo. 2. La cultura política súbdita (estructura autoritaria centralizada), en la cual los individuos tienen conocimiento de lo que son el gobierno y los aspectos administrativos del sistema sociopolítico, pero mantienen con estas estructuras una relación pasiva y subordinada. En este contexto también son centrales lo afectivo y lo normativo. 3. La cultura política participativa (identificada con una estructura democrática), en donde los ciudadanos y las ciudadanas tienen conocimiento claro de su entorno político y del sistema y sus estructuras como un todo, manteniendo un rol activo en la dinámica política y asumiendo posiciones de adherencia al sistema político cuando las orientaciones cognitivas, afectivas y valorativas son positivas, o bien de rechazo o indiferencia cuando son negativas. Para estos autores las democracias sólidas se caracterizan por presentar una fuerte cultura política participativa, que transita a la par de las otras modalidades. A esta dinámica de convergencia de culturas políticas la denominan cultura cívica o mixta, sin embargo, se reconoce que en esta modalidad cívica convergente prevalece con mayor frecuencia el ciudadano activo, participativo y racional.

Es claro que para estos pensadores la cultura política no siempre es congruente con la estructura política, sin duda alguna, eso depende de lo positivos o negativos que sean los patrones de orientación que tengan los ciudadanos y las ciudadanas. Tampoco es posible afirmar que en una sociedad existe un solo tipo de cultura política, por lo cual Almond y Verba consideran que el ciudadano es una mezcla particular de orientaciones de participación, súbdito y parroquialismo. Ulises Romero (2004) reafirma esta idea al asegurar que ninguno de los tres tipos de cultura se encuentra en estado puro, puesto que en cualquiera de ellos se pueden hallar individuos con características de los otros dos tipos de cultura política, pero también coincide en que en todo sistema político determinado predominan las cualidades de uno de ellos sobre los otros dos, lo que hace posible establecer tendencias.

La participación es un elemento que incide en la construcción de la cultura política de una sociedad. Los procesos de participación de los ciudadanos también han sido analizados desde diferentes perspectivas, algunos los miran desde el pronunciamiento ciudadano a partir de intereses y de necesidades particulares (Baño, citado en Chávez, 2003), otros los abordan desde una visión de equipo y los perciben como elementos clave para conferir direccionalidad y darle sentido a la acción colectiva (Garreton, 1991), también como un nivel superior de la organización de la vida social que alcanza su verdadero significado cuando la persona es ciudadano y actor, decide, controla, lleva responsabilidades, toma parte en la producción de los bienes, de los servicios y del saber (Reszohazy, 1999).

Nuria Cunill (1991) considera que existen dificultades inherentes al concepto de participación, dado de que no hay una idea unívoca en su relación con el poder político, y su semántica se puede referir por igual a diversos sectores y esferas del mismo; además, a veces muestra problemas para precisar los ámbitos específicos a los cuales se refieren las diversas modalidades de la participación. Esta autora señala que existen cuatro tipos de participación: participación social, que se refiere a las dinámicas de organización de las personas en la sociedad en pro de la defensa de sus derechos e intereses sociales; la participación comunitaria, que, vinculada al desarrollo comunitario, busca que las personas fomenten acciones, asistencialismo e iniciativas a favor de la solución de problemas inmediatos que le afectan como comunidad; la participación política, que se relaciona con la intervención de las personas en la sociedad a través de los partidos políticos y de las instancias de gobierno, ya sea accediendo a estos espacios de poder o bien exigiéndole a sus representantes en las corporaciones que gobiernen en beneficio de todos los ciudadanos y las ciudadanas; y la participación ciudadana, que apunta a crear nuevos mecanismos y espacios compartidos por los ciudadanos con las administraciones de gobierno para que colaboren en la ejecución de algunas tareas o bien para que sustituyan al Estado en determinadas funciones que beneficien al conglomerado social.

No obstante, autores como Rocha (2005) miran la participación como ese escenario de reconocimiento clave para generar construcción social y que sólo es posible en la medida en que se considera al otro como interlocutor legítimo. Así mismo, Kliksberg (1998), dentro de sus seis tesis no convencionales sobre participación, reconoce que la presencia activa de las personas en los escenarios de construcción ciudadana presenta ventajas comparativas y da resultados en la medida en que el trabajo de base esté organizado y se planteen políticas y estrategias orgánicas activas.

Con relación a este tema, autores como Guzmán & Leyton (2005), en sus estudios con comunidades y barrios de Chile, caracterizaron cuatro modelos de comportamientos participativos desde lo socio-comunitario: el clientelar, referido a la participación caracterizada por una relación asimétrica entre dos partes, donde se realizan intercambios de favores a cambio de fidelidad electoral; el reinvidicativo, marcado por la respuesta a un sentimiento de disconformidad colectiva dada la violencia, por parte de las autoridades, de los intereses de un grupo de la sociedad; el asociativo, que involucra sólo agentes de la sociedad civil en pos de la satisfacción de intereses comunes específicos; y el accountability, referido a las acciones ciudadanas tendientes a ejercer control social sobre las autoridades de gobierno, quienes deben rendir cuentas a las comunidades sobre su desempeño y gestión.

En lo relacionado con la participación ciudadana, Elizabeth Jones (2007) describe tres principios que la caracterizan: la autogestión, que es la voluntad de participar; la solidaridad, que es el deseo de sumarme a las causas que generan impacto en el entorno social inmediato; y la subsidiaridad, que es el anhelo de ver las cosas realizadas, independientemente del actor que las lleve a cabo, por lo que el ciudadano sustituye al Estado en aquellas labores que le debieran corresponder, pero que por razones de falta de sensibilidad o presupuesto no se están llevando a cabo.

Algo similar plantea Velásquez (1986) desde sus investigaciones en Colombia, al establecer siete niveles de participación que pueden estar presentes en cualquiera de los tipos de participación mencionados anteriormente, estos son: la información, que se refiere al derecho a acceder a la misma en las instituciones; la consulta., por medio de la cual la comunidad conoce y expresa su parecer, aspiraciones, necesidades y puntos de vista, en función de la toma de decisiones; la iniciativa, que permite, por parte de los agentes participantes, formular sugerencias destinadas a resolver un problema; la fiscalización, como la vigilancia ejercida al cumplimiento de las condiciones tomadas; la concertación, que da paso a la solución más conveniente para un problema y a los medios para ejecutarla; la decisión o toma de decisiones, que es la adopción de una idea o de una forma de actuación sobre un problema y la gestión, que se trata del manejo de recursos destinado a ejecutar las acciones necesarias para obtener un resultado final.

En lo que tiene que ver con la participación política, Fernández (1999, citado en Blanca & Moreno, 2008) la caracteriza en dos tipos: la participación política convencional, relacionada con las acciones llevadas a cabo durante un proceso electoral y que indica el derecho de ciudadanía por medio del sufragio, y la participación política no convencional, que se refiere a acciones que van más allá de los mecanismos institucionales de participación y, en algunas ocasiones, hace oposición a la legalidad constitucional establecida, mediante movilizaciones, boicot y huelgas, entre otras manifestaciones.

METODOLOGÍA

El presente estudio se hizo a partir de un muestreo intencional, con personas mayores de 18 años de edad, habitantes de la ciudad de Montería. Los sujetos participantes fueron escogidos entre personas que transitaban a diferentes horas por las principales calles de los barrios de la ciudad. La muestra tuvo en cuenta la pirámide poblacional por edades, suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), sede Montería, a partir del último censo. Así, teniendo en cuenta que los sujetos escogidos eran mayores de edad, la pirámide arrojó un universo poblacional de 229.134 personas.

Luego, al aplicar el cálculo de muestreo para población finita, se obtuvo una muestra sugerida de 384 personas (Z=1.96, con varianza muestral = 0.25 y error muestral del 5%). La muestra fue agrupada, de acuerdo al sexo y al estrato, en tres grupos: 1. Grupo de estrato bajo (conformado por personas de barrios de estrato I-II); 2. Grupo de estrato medio (conformado por personas de barrios de estrato III-IV) y 3. Grupo de estrato alto (conformado por personas de barrio de estrato V y VI). En dichos grupos se hizo una distribución equilibrada de la muestra, de manera que fue posible revelar tendencias de acuerdo a la condición social y al género. Todos los participantes en el estudio contaban por lo menos con dos años de residencia, de forma permanente y sin períodos de ausencia, en la ciudad de Montería y en la zona seleccionada (barrio, corregimiento o vereda), para así evitar imprecisiones y vaguedad en la información.

En cuanto al proceso de operación de la variable cultura política, cabe señalar que fue analizada desde las dimensiones cognoscitivas, afectivas y valorativas de las personas encuestadas sobre el sistema político de la ciudad de Montería, dichas dimensiones se abordaron desde la teoría de Almond & Verba. La información de cada dimensión obtenida en la aplicación de los cuestionarios fue sistematizada con el software SPSS. De la primera dimensión se analizaron conocimientos y creencias sobre democracia en al ámbito nacional y local; de la segunda se analizaron opiniones, percepciones y evaluaciones que los ciudadanos encuestados hacen del sistema político de Montería; y de la tercera dimensión se valoraron los procesos participativos teniendo en cuenta el interés, los sentimientos de apego y de rechazo, y los compromisos que los ciudadanos encuestados asumieron dentro del sistema político de Montería en el periodo 2006-2008.

En algunos casos se consideró poner en relación las dimensiones de la variable cultura política estableciendo niveles de incidencia de una dimensión sobre otra y, en especial, para poner en diálogo lo encontrado con otros estudios y experiencias que miran el impacto de variables socioeconómicas y comunicativas sobre los procesos de participación y sobre las motivaciones y decisiones que se toman en asuntos electorales, como también en actitudes valorativas frente a los fenómenos de corrupción.

RESULTADOS

A partir de los análisis de las orientaciones cognoscitivas, valorativas y afectivas (procesos participativos) que mostraron los monterianos y monterianas encuestadas hacia el sistema político se obtuvieron los siguientes hallazgos:

Presencia de un modelo de participación consultivo soportado en agendas microbarriales de corto alcance

En términos de orientaciones afectivas, es pertinente mencionar que en años anteriores (2006-2007) se logró apreciar con mayor frecuencia la presencia de una cultura política participativa, gracias a la cual los monterianos y las monterianas encuestados que participaron lo hicieron más para trabajar en pro del bienestar de su microentorno comunitario (57%) que para incidir en el desarrollo de políticas públicas a nivel macro, aun así, un porcentaje significativo se abstuvo de participar (43%).

Estos procesos de participación que se dieron en Montería, al ser analizados desde los niveles abordados por Velásquez (1986), mostraron una tendencia mayor hacia una dinámica de participación de carácter consultivo e informativo (38%), es decir, las personas que en su gran mayoría asistían a los escenarios e instancias de participación algunas veces lo hacían para estar enteradas de lo que estaba aconteciendo y en otras lo hacían para expresar sus opiniones y puntos de vista frente al tema en cuestión.

Las dinámicas de participación hacia el empoderamiento para tomar decisiones y gestionar para concretar lo planeado se han hecho presentes minoritariamente (19%) y, por lo regular, son dinámicas que han sido ejercidas por personas de estratos altos, en su gran mayoría de sexo masculino (12%) y en menor proporción por mujeres (7%). Sin embargo, en los últimos doce meses se dio un viraje total en los procesos de participación, reduciéndose de forma sustancial la presencia de monterianos y monterianas en esos escenarios de participación ciudadana y sociocomunitaria, de tal manera que se pasa de la cultura política participativa presente en años anteriores (57%) a la cultura política pasiva de la actualidad, en la que el nivel de participación de los sujetos de este estudio fue muy bajo (14%).

Las reducidas experiencias de participación que emergieron en el último año estuvieron concentradas en movilizaciones o en participaciones desde la solidaridad, para rechazar el conflicto armado y la inseguridad (9%), y, en otros casos, en la participación asociativa en escenarios escolares y comunitarios, especialmente en reuniones de juntas de padres y junta de vecinos (4%) para tratar asuntos familiares y barriales.

También el nivel de adherencia a los partidos políticos se vio impactado negativamente en los últimos años, disminuyendo significativamente tanto la simpatía hacia ellos como la participación (19%). Restrepo (1993) considera que la crisis de la representatividad partidista es de carácter nacional e histórico, dado de que la relación de los partidos con la sociedad es abstracta, en el sentido en que manifiestan una vaporosa vinculación que se concreta, según él, en ese policlasismo participativo e instrumental, propio de la relación clientelista que ha dejado a los partidos sin un contenido ideológico y político, pues en ninguno de ellos existe un pensamiento sistemático y estructurado, que sea producto de la información y de la captación de los intereses sociales, para poder proyectar un pensamiento que les de identidad y fuerza política.

Negrete (2007), por su parte, mirando la realidad sociopolítica de Montería, cree que los partidos políticos de la ciudad han perdido mayor credibilidad dado que muchos de sus líderes han establecido alianzas con los grupos armados ilegales. Estos análisis son congruentes con los datos de este estudio, toda vez que los encuestados manifestaron no sólo desconfiar de los partidos políticos de la ciudad (56%), sino que también no se sienten identificados con ninguna ideología política (42%). Los que sí están identificados, muestran una tendencia mayor hacia ideologías de centro derecha (29%), en las que se ubican los movimientos conservadores y, en menor proporción, hacia las ideologías de centroizquierda (12%), en las que se ubican las corrientes liberales, teniendo en cuenta la clasificación que hiciera Bobbio (1996, citado en Acosta, 2004) respecto al tema político.

La exclusión económica generadora de exclusión política

Las principales razones que algunos monterianos y monterianas encuestados argumentan en la actualidad para no participar, tanto en las instancias ciudadanas y socio comunitarias como en los escenarios partidistas, van desde la desconfianza en la gestión y en la actuación de los que lideran (45%), la inconformidad por la no renovación del liderazgo (12%), hasta la apatía (16%) y la no disponibilidad de tiempo (12%).

El factor económico mostró ser otro elemento que desacelera y obstaculiza la participación de la población monteriana encuestada, golpeando con mayor fuerza a los estratos bajos. Más de la mitad de las personas que dejaron de participar en el 2008 venía de sectores con necesidades básicas insatisfechas (51%), la gran mayoría eran desempleados que no contaban con ningún tipo de ingresos (28%) y los que disponían de entradas económicas no superaron el salario mínimo mensual legal vigente (23%).

Estos resultados coinciden en el ámbito nacional con otros hallazgos, entre ellos, los de Montalvo (2008), quien reconoce el impacto de las variables socio-económicas y demográficas sobre la probabilidad de participación en escenarios sociales; también Montaña (2007), en uno de sus estudios sobre percepciones de la participación ciudadana, señala que en Colombia muchos no se vinculan a las decisiones públicas porque primero se deben superar las condiciones de pobreza, inequidad, injusticia y violencia. No obstante, dentro del grupo de los que participan, el deseo de opinar (consultiva 18%), la identificación con el proyecto político (autogestión 14%) y la obtención de beneficios personales (clientelar 11%) son las razones más frecuentes que motivan a participar. Esta última se presentó con mayor frecuencia en los estratos bajos, tendencia que es congruente con los estudios de Velásquez & González (2003), quienes aseguran que buena parte de las personas de estratos bajos, dadas sus precarias condiciones de vida, son forzadas a participar por razones utilitaristas.

El proceso electoral: un mundo de decisiones, percepciones y persuasiones

Cabe destacar, también, el fuerte compromiso que los monterianos y monterianas encuestados han asumido con los procesos electorales. Un amplio porcentaje asegura que siempre sale a votar en tiempos de elecciones (56%), además, la gran mayoría participó en los últimos comicios (77%), manifestando que lo hizo porque siente que es un derecho determinante en la construcción de la nación y del municipio (82%).

Se aprecia, entonces, que el nivel de abstención es sumamente bajo (7%) y son los hombres los que más salen a ejercer su derecho a elegir, frente a las mujeres que lo ejercen también en proporciones significativas. Ambos géneros opinan que lo hacen con una alta frecuencia por razones ideológicas y pragmáticas (66%), es decir, por afinidad con el proyecto político y por el compromiso que asumen para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. En tendencias regulares, algunos lo hacen para favorecerse con prebendas (17%) o por las cualidades físicas de los aspirantes (9%).

Al mismo tiempo, hay que resaltar el papel de la comunicación en las decisiones que se toman en tiempos de campaña y de elección, teniendo en cuenta que los estudios de Kuschik (2004, citado por Mantilla & Pinilla, 2008) señalan que la decisión de los electores es el resultado de la percepción que tienen de los candidatos, influyendo en este proceso perceptivo la comunicación filtrada de los medios, la comunicación del liderazgo y la comunicación del interés coyuntural.

En este estudio se aprecia que la comunicación interpersonal muestra ser más contundente que la mediática para influir en la decisión de voto de los ciudadanos y las ciudadanas de Montería que participaron en el estudio. Específicamente, la comunicación de los líderes facilitadores de las campañas parece sobresalir por su capacidad de persuasión (50%), frente a la comunicación filtrada de los medios masivos (35%).

En todo caso, no hay que desestimar el poder de persuasión mediática en la ciudad, pues los porcentajes muestran una fuerte injerencia de los medios en la decisión de voto. Se destacan la Televisión (20%) y la Prensa (10%) como los canales que ocupan el primer y segundo lugar en el contexto de la comunicación filtrada, por su habilidad para seducir a las personas para que elijan a determinado candidato o candidata política; en último lugar se ubica la radio (5%). Estos hallazgos concernientes al tema de la comunicación política tienen similitud con lo encontrado por Paul Lazarsfeld (1972, citado por Rospir, 2003), cuando en 1940, en sus investigaciones en el Condado de Erie, Ohio (EE. UU.), durante la campaña presidencial de ese tiempo observó que los grupos primarios o de liderazgo ejercían una influencia mayor que los medios masivos en la construcción de opinión en los individuos.

El conocimiento político no garantiza siempre el compromiso político

Por otra parte, las orientaciones cognitivas, aunque en este caso suelen ser positivas, no garantizan un mayor nivel de confianza y de adherencia estable de los monterianos y monterianas encuestados hacia las instancias de representación o de participación ciudadana. Aún así, es importante resaltar que la población monteriana participante de este estudio, en su gran mayoría, tiene concepciones favorables de lo que es la democracia y lo que ella requiere para hacerla realidad en el Estado; además, la noción de participación que tiene está fuertemente asociada a los rasgos de ciudadanía activa mencionados por Cortina (2006).

Los conceptos con los que cuenta no necesariamente partieron de un conocimiento de la legislación (26%), sino que, en la mayoría de los casos, el saber político mostró ser una mezcla de conocimiento popular y de esperanzas emancipatorias para hacer realidad los ideales de nación y democracia de la población monteriana. De cualquier manera, los conocimientos que posee la ciudadanía encuestada, independiente de que sean técnicos, jurídicos o populares, provienen en buena parte de los centros educativos (31%), de la lectura propia (15%), en tercera medida de la familia (12%) y por último de los medios de comunicación (5%), especialmente de la televisión.

Las instancias más conocidas por los monterianos y las monterianas encuestadas son aquellas que tienen que ver con el terreno de la participación política y la democracia representativa. Sobresalen la Alcaldía, la Gobernación y el Concejo como los órganos que más conocen en cuanto su función. Los demás escenarios de participación, como los Consejos de Planeación, las Veedurías Ciudadanas, las JAL y los Ediles, mostraron ser desconocidos en cuanto a su utilidad, a pesar de que algunos de ellos se crearon para tener una mayor cercanía con la comunidad y darle dinamismo a la participación social y comunitaria.

Las valoraciones de los ciudadanos frente al sistema político

En otro orden de ideas, se hace relevante mencionar que las orientaciones valorativas muestran tener influencia en ciertas orientaciones afectivas, específicamente en lo que tiene que ver con la adherencia y el acceso de las personas a los escenarios de participación en la ciudad de Montería. Así, la desconfianza en la representatividad fue un elemento que afectó en diversos casos el interés de participar. Dicha desconfianza no sólo se hace presente en las figuras de representación política, también en otros escenarios de participación y en las percepciones prácticas y vivenciales de la democracia, más allá de lo teórico o de lo cognitivo.

En este sentido, entre las evaluadas por tener poca credibilidad figuran, en el ámbito nacional, el Congreso (57%) y los partidos políticos (56%); en el ámbito departamental, la Gobernación de Córdoba (62%) y los organismos de seguridad (56%); y en el ámbito local, las organizaciones socio comunitarias (53%) y los diputados (50%). Dentro de las peores evaluadas, al ser consideradas como nada confiables, encabezan los ediles (53%), los concejales (40%) y las Juntas de Acción Comunal (37%). Las figuras del Presidente (41%) y el alcalde (22%) mostraron una leve aceptación y confianza muy baja, por supuesto, pero por encima del resto de las instancias e instituciones evaluadas.

Estos datos arrojados por el presente estudio reflejan que la crisis de confianza tocó todos los órdenes, partiendo en espiral ascendente del poder político local, luego el poder militar, seguido del poder Ejecutivo local, hasta llegar a parte del poder Ejecutivo y Legislativo nacional, pero principalmente impactando con gran fuerza en el terreno comunitario, que es donde se evidencian los mayores rechazos hacia las instituciones y figuras creadas para ser voceras y mediadoras de la comunidad.

Así mismo, la mayoría de los monterianos y monterianas que participaron en este estudio, aunque miran positivamente la democracia participativa como factor clave para el desarrollo de la ciudad y de todo el país, consideraron que la democracia en Montería no es buena (71%) porque se violan frecuentemente los derechos humanos (56%) a raíz de la violencia social y política que se padece desde hace varias décadas en todo el Departamento y que alcanzó su clímax a finales del 2008, con la cifra más grande homicidios en toda su historia (512).

De modo idéntico, se observa un alto margen de desconfianza en el terreno de lo personal y dentro del área de la administración pública, que deteriora la institucionalidad y la credibilidad en los organismos creados para servir y defender el interés general de la comunidad monteriana. Frente a lo primero, los monterianos y las monterianas encuestados, en su gran mayoría, creen que la gente que participa en la ciudad lo hace para buscar beneficios personales (29%); respecto a lo segundo, no creen que las autoridades del gobierno local y departamental estén administrando correctamente las regalías (88%) y los recursos públicos procedentes del pago de impuestos. Además, consideran que la atención que brindan estas corporaciones es negativa, debido a que se elige atender a las personas que son de gran estima para el grupo político dominante (87%).

De igual manera, la exclusión llega al terreno de la meritocracia y de las licitaciones, pues los ciudadanos encuestados, en su gran mayoría (83%), coinciden en que estas las obtienen personas seleccionadas previamente y de manera irregular o, en otros casos, las personas o empresas beneficiadas deben pagar sobornos o estar dispuestas a entregar un alto porcentaje del contrato (76%), reinando con esto la corrupción y el clientelismo por encima de la transparencia democrática.

Esto se relaciona en cierta medida con lo mencionado por Seligson (2001), quien considera que la ciudadanía maneja unos imaginarios políticos de corrupción, independientemente de que tenga conocimiento directo o no de estos hechos, aspecto que se asocia con los grandes fraudes que desde hace una década vienen siendo publicitados y con la inhabilidad del Estado para resolverlos. Estos han mermado la fe del individuo en el servicio público, en las instituciones democráticas y en los funcionarios del gobierno.

Ello no significa que los imaginarios de corrupción sean siempre equivocados, pues en este estudio se observa que en los últimos 12 meses un 38% de los monterianos y monterianas encuestados manifestaron verse envueltos en hechos de corrupción. Los hombres mostraron ser tanto las mayores víctimas como los mayores victimarios en los escenarios de corrupción; de la misma manera, tanto las personas de estrato alto como aquellas que provenían de niveles educativos superiores, se vieron involucradas en mayor medida en episodios de corrupción, los primeros en calidad de víctima y los segundos en calidad de victimarios, mostrando la gran paradoja de que disponer de una formación académica superior no implica necesariamente poseer un alto sentido ético y de resistencia a la corrupción. A pesar de esta evaluación, hay algo positivo para resaltar: la ciudadanía sigue interesada en participar de la vida pública (56%), pero su mayor interés se concentra en los espacios políticos y en menor medida en los escenarios de sociales y comunitarios.

Por último, el presente estudio identificó la existencia de ciertos grupos excluidos dentro del imaginario político de los monterianos y monterianas encuestadas, estos son: los líderes religiosos (72%) y los homosexuales (68%), quienes son percibidos como figuras que deben marginarse o abstenerse de participar de la dinámica político-ciudadana, les siguen el régimen militar (67%) y los maestros (35%).

En este fenómeno de exclusión tipo III, definido por Castel (2004) como el que busca privar a determinadas personas y colectivos de ciertos derechos básicos y de su participación en el entramado social, al parecer los hombres muestran ser más excluyentes que las mujeres. De los ocho actores, a quienes se les analizó su aceptación en el plano participativo, siete obtuvieron mayores porcentajes negativos por parte del género masculino, sólo en el tema de los pastores las mujeres mostraron una tendencia de rechazo superior.

También es válido mencionar que, muy a pesar de que los hombres (78%) y las mujeres (76%) se reconocen colectivamente como personas dignas de participar en el desarrollo de la ciudad, ambos señalan que la actividad política de la mujer es insuficiente (62.4%) y que se requiere permitirle acceder a más espacios de decisión y no sólo a los consultivos o informativos.

La cultura política presente en los procesos de participación de los hombres y las mujeres encuestados en Montería, en el transcurso de los años ha mostrado ser variada y cambiante; de esta forma coexisten diversos tipos de ciudadanos a la par de distintas actitudes y motivaciones hacia la participación. El presente estudio encontró que en años anteriores (2006-2007) se apreció en Montería la presencia de una cultura política participativa de carácter consultivo, que estuvo concentrada más en la tarea de incidir en el desarrollo comunitario desde los barrios dónde habitan y dejando a un lado la preocupación por la política pública.

Sin embargo, las dinámicas de participación mermaron sustancialmente en los últimos 12 meses, pasando de una cultura política participativa a una de carácter pasivo, en la que las pequeñas movilizaciones que surgieron respondieron a coyunturas restringidas al mero escenario barrial y a iniciativas ocasionales de participación política no convencional, para rechazar la inseguridad y el conflicto armado que azotan al departamento.

Las motivaciones que impulsaron la participación mostraron ser variadas en los géneros y estratos. En el caso del género se observó que a los monterianos encuestados les interesa involucrarse en dinámicas de participación de corte pragmático, que busquen beneficiar a sus comunidades, y en el caso de las mujeres hay un deseo de ser tenidas en cuenta, por lo cual participan con mayor frecuencia para dar a conocer sus puntos de vista. Otro aspecto clave a resaltar es que tanto los hombres como las mujeres encuestados se reconocen como sujetos dignos de participar e incidir en el progreso de la ciudad; sin embargo, ambos géneros reconocen que la participación política de la mujer es insuficiente, de allí que se requiera abrir más espacios decisorios y determinantes de la vida política y pública para que tanto las mujeres como los homosexuales, que es el otro grupo rechazado dentro del imaginario sociopolítico, puedan tener un papel más activo y protagónico en los destinos de la ciudad.

Respecto a la condición económica, se observó que es un factor que puede poner obstáculos para alcanzar una mejor cobertura participativa, por lo cual la tendencia a ausentarse de los escenarios de participación se evidenció con mayor fuerza entre las personas de estratos bajos que disponían de ingresos insuficientes. En otras palabras, la cobertura y la calidad de la participación de los ciudadanos monterianos fue directamente proporcional a la calidad de vida. En otros casos el mismo hecho de no satisfacer las necesidades básicas desfiguró la intención de participación, lo que hizo que muchas personas de estratos bajos en Montería participaran por fines utilitaristas para obtener beneficios personales.

La participación política mostró ser muy favorable. Principalmente en lo que compete a la democracia electoral, los ciudadanos de Montería manifestaron acudir masivamente a las urnas para escoger a sus representantes, muy a pesar de que señalaron en gran medida no tener confianza en los partidos políticos y en las instituciones de gobierno. En este contexto electoral, la comunicación interpersonal generada entre los individuos, en especial por los grupos primarios y por el liderazgo facilitador de los grupos políticos, mostró ser más persuasiva en la opinión pública e intención de voto que la mediática.

* Este documento es el resultado de una investigación en torno a la Cultura Política en Montería, liderado por Miguel Garcés dentro de la Maestría en Comunicación de la Universidad del Norte.

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