Raúl Cortés Landázury
corteslandazury@gmail.com

Economista, especialista en Gestión Ambiental. Magíster en estudios Políticos. Profesor asociado del Departamento de Ciencias Económicas. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. Universidad del Cauca (Colombia). Miembro de Grupo de Investigación, Desarrollo y Políticas Públicas, Polinomía.

Resumen

Este artículo busca rastrear el vínculo entre desarrollo regional y acción colectiva a través del análisis del capital social generado en el departamento del Cauca, después de la década del noventa De allí que el trabajo se ocupe de discutir, en primera instancia, los fundamentos teóricos y metodológicos derivados de las teorías neoinstitucionalistas; enseguida su aplicación in situ, relacionándola con el grado de dependencia de la historia y las movilizaciones sociales del periodo, luego las mediciones de su acervo, para después analizar los efectos sobre la confianza y la acción cooperativa dada la promoción institucional del individualismo y la eficiencia tecnoproductiva. Finalmente, se concluye haciendo distinciones entre lo que representa la movilización colectiva frente al capital social extenso como baremos de la cohesión social y el desenvolvimiento futuro de la comarca.

Palabras clave: Crecimiento, desarrollo, sociedad civil, políticas públicas, estabilidad política.

Abstract

This paper seeks to trace the link between regional development and collective action through the analysis of social capital generated in the department of Cauca, after the 90s. Hence, the work address to discuss at first instance, the theoretical and methodological derived from neo-institutionalist theory, once its application in situ, related to the degree of dependence on the history and social movements of the period, then measurements its body, then analyze the effects on trust and cooperative action given the institutional promotion of individualism and efficiency technoproductive. Finally it was concluded, making distinctions between what represents the collective mobilization against the extensive social capital as scales of social cohesion and the future development of the region.

Keywords: Growth, development, civil society, public policies, political stability.

"La teoría del crecimiento (como hemos de entenderla) no tiene pertinencia especial para la economía del subdesarrollo, ni el interés ha jugado un papel esencial en su formulación"
Jhon R. Hicks

A la pregunta clásica de la investigación social, sobre qué es lo que hace posible la cooperación colectiva, se ha sumado la que indaga sobre los elementos condicionantes de la buena gobernanza, es decir el fenómeno a través del cual se generan relaciones simbióticas entre el Estado, la sociedad y el mercado en el contorno de unas reglas de juego democráticas. Esto se ha hecho evidente, en particular desde la década del noventa, cuando la atención de las agencias internacionales y los policy makers se inclinaron al tema de la cohesión social, luego de que las reformas orientadas al despliegue del liberalismo económico (Peña, 2008; Haussman, 2006) amenazaran los vínculos comunitarios y otras formas de sociabilidad que nutren la confianza y el sentido de pertenencia. A todo esto contribuyó la teoría económica cuando a partir de los desarrollos del neoinstitucionalismo (Aguiar, 2008; Colomer, 2001; Iglesias, 2006) se abriera paso a una suerte de mercado de diseños, que se insertaron, primero, en el recetario de las reformas tecnoproductivas (estructurales) de la segunda mitad de los años ochentas y que luego (segundo quinquenio de los años noventa) se quisieran completar con otro tanto de innovaciones democráticas dirigidas a limar, con más liberalismo político, las asperezas que dejara la primera generación de transformaciones. Así, bajo la égida de la escuela de la elección racional (Fukuyama, 2004; Iglesias, 2006) se quiso modernizar las economías latinoamericanas en el entendido de que solo con un marco ampliado de libertades económicas se podría derrotar la ineficiencia productiva y la herencia política clientelar, solucionando, de paso, los fallos de coordinación macroeconómica. A la postre, quedaría instalada una racionalidad individual que rompería simbólicamente con los atavíos políticos de la hacienda, que auspiciaban el corporativismo-clientelar, depredador de las rentas del Estado, y la cartelización de los mercados que trababa la dinámica del crecimiento.

Sin embargo, el costo que se anticipó desde la perspectiva teórica fruto de este tipo de modelo, estribaría en que el despliegue del auto interés racional (Kligsber, 2005; Corragio, 2004; Iglesias, 2006) podría conducir a maneras colectivamente desastrosas de cooperación que el Leviatan, dada su baja legitimidad en países en vía de desarrollo, no solucionaría. De allí que, de no tener las precauciones del caso, se presagiara un escenario de "guerra de todos contra todos" en pos de la salvaguardia individual¹.

Bajo este estado de las cosas, emergió la noción de Capital Social, permitiendo tender dos tipos de ejercicios analíticos: Desde la perspectiva positivista, explicar por qué no necesariamente se producen los resultados poco cooperativos que se desprenden de la teoría de la elección racional (Tironi, 2008); y desde lo normativo, propiciar soluciones descentralizadas distintas a la lógica del mercado, en la medida que la acción de la sociedad civil y las externalidades derivadas del ensanche de la red colectiva, supliría la fragilidad del Estado y los desafueros de la iniciativa privada, manifiestas —entre otras cosas— en la proliferación en las asimetrías distributivas y los efectos perniciosos del individualismo. Quedó así el capital social erigido como talanquera a la dispersión individualista (Fukuyama, 2004; Dasgupta, 2005), capaz de mantener la dinámica de las transacciones económicas y asegurar la vigencia del orden institucional.

Pero a pesar de la fertilidad del concepto, no hay unidad de criterios dentro de la comunidad académica, ni alrededor de sus consecuencias teóricas, ni sobre su trascendencia metodológica in situ. Los pocos acuerdos sobre el particular convergen a plantearlo como una de las fuentes más importantes del progreso y las diferencias regionales. Este es, por consiguiente, el asidero para analizar el desenvolvimiento del departamento del Cauca.

En este orden de ideas, las líneas que siguen pretenden hacer un examen de la consistencia de las redes de cooperación de la sociedad civil como fuentes de confianza en el departamento del Cauca, una comarca de alta agitación social a lo largo de toda su historia, que en los años noventa se prodigara en movilizaciones colectivas (pacíficas), teniendo ulteriormente nexos virtuales en la conformación de organizaciones que alimentan, lo que hoy se denomina el espacio de lo público-no estatal. En este caso particular, resulta curioso que sus retículas hayan trascendido las fronteras nacionales, pero paradójicamente los efectos sobre la coordinación social, desfavorezcan los indicadores tradicionales sobre el desarrollo (Gamarra, 2007; PNUD)². Finalmente, se pretende una evaluación de la generación de confianza, como activo social desplegado luego de las citadas movilizaciones y las reformas institucionales de la década del noventa. Para ello, el trabajo discute el lugar del capital social en el espectro de las teorías del desarrollo, luego sus bases metodológicas para indagar sobre la funcionalidad de la categoría en el contexto regional, en seguida el examen del grado de dependencia de los rezagos históricos institucionales en materia de cohesión colectiva y termina con el efecto sobre la dinámica organizativa en materia fiducia pública a partir de una encuesta (corte transversal) que recoge el alcance de la cooperación inter organizacional.

Desde que se avivó la discusión sobre los factores de atraso y progreso de las naciones en el siglo XX, para los especialistas del desarrollo (años cincuenta y sesenta) el crecimiento era un complejo proceso de transformación económica, social y política. Para capturar algunas de sus dimensiones, crearon nuevos conceptos y estrategias investigativas. Así, por ejemplo, Lewis (citado por Ray, 1998) habló de "la economía dual" y "desempleo excedente" para explicar los efectos benéficos y los costos de la reorientación de los recursos para alcanzar el crecimiento y la modernización a partir de la migración del campo a la ciudad; Shultz (1961) de "capital humano" para involucrar los efectos de la educación y la salud en el progreso; Seer, Prebish y Hirschman, del estructuralismo como estrategia cifrada en el fortalecimiento del mercado interno y la industrialización. No obstante, a partir del trabajo inspirador de Harrod-Domar, que apareció por allá en 1956, se dio paso a una nueva corriente de estudios que empezaron a calar en la mente de los decisores públicos ya entrada las décadas del ochenta y del noventa, al que dieron inicio los estudios reveladores de Solow (citado por Pritcett, 2006).

En este modelo, Solow no suponía que el progreso técnico fuese exógeno, o determinado desde afuera, sino por las tasas de crecimiento del producto per cápita, en equilibrio o en estado estable, que eran impulsados por el progreso técnico que emergía del funcionamiento del sistema. Con esto, además se propuso inferir la trayectoria que a la postre seguirían las economías, si dentro de sus características prevalecían condiciones de equilibrio dinámico. Pero de sus corolarios no se desprendía una idea clara de los determinantes del progreso técnico (Zettelmeyer, 2006), porque muchas de las aportaciones posteriores llegaron a la conclusión de que este debía ser impulsado por un agente externo al modelo. Sin embargo, no quedaba claro cómo operarían los incentivos necesarios para que, bajo la premisa del equilibrio general, los costos normales de los factores de producción, trabajo y capital no agotaran el valor del producto total, de tal manera que los innovadores, que son necesarios para el desarrollo del capitalismo, no sucumbieran en su afán de generar crecimiento. O más aún, no quedaba clara la forma en que la innovación tecnológica se hiciera sin provocar un rebosamiento en los costos de producción, anulando la iniciativa patronal (privada)³. En este sentido, la armonía que se pretendía alcanzada, entre una macroeconomía, donde las tasas de crecimiento de largo plazo eran producto de un progreso técnico independiente de las políticas nacionales, y una micro economía en la que las reformas no producían efectos claros sobre los niveles marginales de eficiencia, explicaban de alguna manera niveles de estabilidad; pero no tanto para alcanzar una senda de crecimiento sostenido en el largo plazo.

Al respecto, Romer (De Mattos, 1999), a partir de técnicas de modelización del equilibrio no competitivo, en el que el pago de los factores no agota el producto, quiso elaborar un modelo que incluyese tanto la innovación deliberada como el estado estable. En efecto, como la innovación puede ser impulsada por incentivos, las políticas nacionales podían incidir no solo sobre los niveles de ingreso, sino también sobre las tasas de crecimiento de los países, en estado estable, es decir, de muy largo plazo (Pritcett, 2006). Pero su alcance aún no daba para explicar elementos clave como las diferencias en magnitud de los resultados de las políticas en términos de ingreso y, mucho menos, en el plano del diseño de políticas, incentivos para mejorar los resultados en el corto plazo, ampliando el horizonte tecnológico mediante innovaciones conocidas, pues los estudios revelaban la necedad de implementarlos en plazos muy largos.

Para conjurar de alguna manera este tipo aporías (Haussmann et al., 2006), una corriente importante de los estudios sobre el crecimiento económico volvió a la investigación de los factores empíricos determinantes de los niveles de producto, indagando sobre la calidad de sus instituciones, o lo que Hall y Jones (citado por Alonso, 2007) denominan infraestructura social. Bajo la consigna de que las "instituciones mandan", los economistas entendieron que aparte del patrimonio individual asociado a la acumulación de capital privado existe Capital Social (Sudarsky, 1999), como patrimonio colectivo igualmente categórico para el crecimiento económico, que abarca tanto bienes públicos tradicionales —una parte de la infraestructura física, el medio ambiente y el capital cívico institucional— como bienes privados que generan fuertes externalidades sobre otros agentes —el capital humano y otra parte de la infraestructura física—. Es más, bajo el nuevo espectro de la teoría económica, a nivel micro (Cuellar, 2000) el capital social se percibe en términos de su capacidad para mejorar el funcionamiento de los mercados, mientras a nivel macro, como el conjunto de instituciones, marco legal y el papel del gobierno en la organización de la producción que afecta los mercados económicos⁴. Así pues, con el auge de las teorías neoinstitucionalistas, el impacto del concepto Capital Social se volvió célebre entre casi todos los científicos sociales (Putnam, 1993; Coleman, 2001; Dasgupta, 2004) dedicados al tema del desarrollo; pero quizás, desde el punto de vista económico, los trabajos de Douglas North (1990) y Mancur Olson (1982) han sido los que mayor soporte dieron a la aplicación del concepto, argumentando que las diferencias en el ingreso per cápita entre países, no se explican en los recursos productivos (tierra, capital y trabajo) sino en las instituciones y otras formas de capital social, las que junto a las políticas públicas determinan los rendimientos que un país puede obtener de otras formas de capital (ver gráfico 1)⁵.

Para North, en específico, la principal fuente de crecimiento económico deriva de la estructura institucional-organizativa de una sociedad, estructura que se origina y conforma en la interacción de las normas formales e informales y los mecanismos para garantizar su cumplimiento.

Todo en virtud de que si la organización social es capaz de constituirse a partir de células deliberantes (Hernández et al., 2001; Alcántara, 2005), la confianza que brota de la interacción humana bajo restricciones autofijadas (normas) hace que surja el compromiso cívico y se dinamice la participación política, lo cual tiene consecuencias relevantes en la distribución y legitimidad del ejercicio del poder público. Por el contrario, si el capital social está distribuido de forma desigual o el mecanismo de toma de decisiones al interior de las organizaciones es demasiado auto-crático, a tal punto que se acumule en quienes menos lo necesitan, se generan fracturas para la estabilidad del sistema político que impiden el buen curso de la acción colectiva. Es más, para muchos politólogos, rasgos constitutivos del capital social, como confianza, normas y redes, terminan definiendo un escalafón en el umbral de la cultura política⁶.

Seguramente, el estudio más relevante en este sentido fue el dirigido por Robert Putnam (1993), que trata sobre las diferencias entre las regiones del norte y sur de Italia, entre 1970 y 1990, y en cuyo planteamiento principal estaba que el mayor avance de las regiones del norte con relación al sur obedeció al número y vigor de las asociaciones voluntarias, basadas en la confianza entre sus miembros para beneficio mutuo. En consecuencia, los valores englobados en el compromiso cívico condujeron a una mayor eficiencia en la acumulación de capital físico y humano, así como a la mayor efectividad de la acción del Estado.

Sin embargo, el autor anota una serie de condicionalidades para que la sinergia entre capital social y desarrollo político, a la postre convertido en crecimiento económico, funcione. En efecto, establece que el capital social surge en asociaciones horizontales entre individuos y su capacidad de desarrollar densas redes de interdependencia, que reflejan normas culturales y de confianza interpersonal, que facilitan la coordinación y cooperación para beneficio mutuo. Agrega que la interacción horizontal facilita la eficiencia del gobierno; de manera que, el monitoreo de la provisión de servicios derivados del Estado adquiere categoría de bien público, los funcionarios participan en las redes sociales y la acción cooperativa contribuye a la solución de problemas⁷.

No obstante, de los aportes de Putnam surgen grandes interrogantes que pueden trasladarse al estudio del desenvolvimiento socioeconómico del Cauca. Primero: ¿el capital social, en forma de compromiso cívico, surge necesariamente del asocianismo voluntario y de su extensión a las ONG que para muchos son elementos representativos de la sociedad civil? o, ¿existen otras variables del ambiente social y el sistema político que moldean los lazos de cooperación social? Segundo: ¿El capital social nace o se hace? Porque si brota de la misma organización social, las diferencias culturales en la comarca no ayudarían mucho a la formación de este activo, como sí pudo nacer en sociedades con raíces culturales parecidas como las de Europa y Estados Unidos. Tercero: ¿en sociedades con organizaciones de tipo vertical, no es posible que aflore el capital social? Porque entonces la Iglesia católica y muchas otras organizaciones gremiales no promoverían la confianza y cundiría el atraso económico y la desestabilización política. Y finalmente, ¿Una red de organizaciones fuertes conduce necesariamente a la defensa de lo público? Porque siendo así, las organizaciones mafiosas desdibujan la noción de capital social; es decir que la fortaleza organizativa, convertida en factor de producción, o en activo destinado a generar mayor acumulación y beneficios colectivos, sucumbe cuando se antepone el interés corporativo y desdeña su papel histórico como elemento agregador de preferencias para el mejoramiento social.

Para Coleman (1990), que se inscribe en la teoría de la acción racional, el interés individual fundado en la maximización de la utilidad, y el contexto de la acción y la organización social, concurren paralelamente en la determinación del comportamiento de los sujetos. En estos términos, el concepto le permite vincular los planos micro y macro de la sociedad en la medida que explica el orden y, al mismo tiempo, provee el intercambio social (Gordon & Millán, 2004). Al respecto el autor anota:

"Al igual que otras formas de capital, el capital social es productivo y hace posible el logro de ciertos fines que serían inalcanzables en su ausencia [...] Por ejemplo, un grupo cuyos miembros manifiestan confiabilidad, y confían ampliamente unos en otros, estará en capacidad de lograr mucho más en comparación con un grupo donde no existe la confiabilidad ni la confianza [...] En una comunidad agrícola [...] donde un agricultor necesita que otro le embale el heno y donde los instrumentos agrícolas son en su mayoría prestados, el capital social le permite a cada agricultor realizar su trabajo con menos capital físico en forma de herramientas y equipos" (Coleman, 2001: 51).

De lo anterior, se desprende que los actores generan interdependencias y acciones de intercambio que ocurren en eventos en los que ellos tienen intereses, y estos eventos pueden estar total o parcialmente bajo el control de otros actores. Pero dado que se trata de relaciones de intercambio, surgen dos problemas: por una parte, es preciso identificar cuál es el objeto del intercambio y, por otra, también es necesario establecer qué le da permanencia a esas relaciones. En efecto, detrás de estos dos está la relación de continuidad entre la acción individual y el intercambio social. Entonces, presupone la existencia de un sistema social que funciona como el contexto de la acción, y este contexto vincula la acción social con el intercambio.

En cuanto a la permanencia, debe considerarse que las relaciones sociales y las interacciones que le son consustanciales se dan también en contextos que condensan elementos previos, tales como las relaciones de autoridad, de confianza y distribución consensuada de derechos, los cuales establecen normas (Coleman, 2001). Son estas normas, al entenderse como recursos de la estructura social, las que por una parte dan viabilidad a la relación entre intercambio e interacción y, por la otra, permiten vincular los planos macro y micro. Precisamente por eso, estos recursos son constitutivos de la estructura social y, por tanto, también pueden ser vistos como recursos de los individuos.

En suma, parece ser que el elemento sustantivo de este nuevo factor del desarrollo, según Coleman, está en la fiabililidad y la confianza. Pero ¿cuáles deberían ser, en específico, las características de los grupos sociales para que opere este activo como dinamizador del desarrollo? Para Coleman el cierre de grupo (clausura) y las normas que producen un efecto de "externalidad", unidas a los beneficios individuales que operan tanto en organizaciones verticales como horizontales, son las que impulsan el progreso.

Para Putnam, por el contrario, depende de las asociaciones horizontales entre individuos y de su capacidad de desarrollar densas redes de interdependencia que se reflejan en normas culturales y de confianza que facilitan la cooperación y el beneficio mutuo. Por lo que anota:

El capital social se refiere a las características de la organización social, tales como la confianza, las normas y redes, que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad mediante la facilitación de las acciones coordinadas (Putnam, 2000: 51).

Cabe resaltar en esta definición, el vínculo estrecho entre normas de reciprocidad y confianza. Sin embargo, es innegable que determinadas redes o asociaciones, aun manteniendo la reciprocidad entre sus miembros, puedan restringir beneficios comunes. Piénsese en las organizaciones "mañosas", para citar un ejemplo habitual, o en los aspectos restrictivos de ciertas comunidades de baja complejidad social. Estos ejemplos advierten que se mantiene firme el problema, ya no de las condiciones, sino del sentido de la cooperación para el bien común. La respuesta de Putnam está en las "redes de compromiso cívico", lo cual sirve para explicar las diferencias en términos de crecimiento económico y distribución del ingreso.

De esta suerte, factores como normas y confianza están ligados a la capacidad cultural de orientar conductas (Portes, 2006). Pero la noción de compromiso cívico se refiere al capital social de las comunidades para el bien colectivo, no de los individuos o grupúsculos para beneficio propio. Así se establece una relación estrecha entre capital social y virtudes cívicas (Sudarsky, 1999) que explica el reforzamiento de la asociatividad en redes densas de relaciones sociales recíprocas⁸.

En este sentido, las apreciaciones de Putnam revelan de entrada algunos obstáculos para el desarrollo de América Latina y del Cauca en particular. De un lado, las sociedades latinoamericanas no presentan elementos culturales comunes, como para que hayan estado servidas las condiciones de identidad simbólica necesaria para generar redes de asociatividad. Por otro lado, la historia republicana parece haber acentuado creencias y valores basados en intercambios personalizados, en relaciones de parentesco y estatutos, que conformaron ambientes clientelares donde la toma de decisiones es autoritaria y centralizada, de manera que brillan por su ausencia instituciones impersonales, y las relaciones horizontales y de reciprocidad (Cuellar, 2000). Justamente, en esta dirección, Sudarsky (1999) anota, como dato relevante de la dinámica política latinoamericana, una tradición cultural que de entrada negó la existencia de la esfera de lo público-colectivo- no estatal, a la usanza Jacobino Hispano Católica impuesta durante la Contrarreforma, por lo que el desarrollo y la adquisición de capacidades de esta esfera, donde los ciudadanos de forma organizada articulan públicamente sus intereses y asumen responsabilidades en las tareas del desarrollo que constituyen la sociedad civil, han estado ausentes (ver gráfica 2).

Sin embargo, fenómenos como el conflicto estructural por la posesión de la tierra, la diversidad étnica y cultural, parecen estar imprimiendo una nueva dinámica al departamento del Cauca, que indica virtualmente procesos de aprendizaje, al punto de haber desarrollado algunos síntomas de modernización registradas en sociedades adelantadas⁹. Es más, coincidiendo con el registro del descenso de la participación electoral (Alcántara, 2006; De Souza, 2001), fenómenos como el declive en la militancia de los partidos políticos tradicionales, la baja participación en agremiaciones sindicales, y la reducción de la asistencia a la iglesia, parece haber reestructurado la sociedad civil a partir de organizaciones no gubernamentales cuya naturaleza de membrecía depende de la incorporación voluntaria, altruista y que escapa a la filiación partidista tradicional. Esto ha ido a la par con la institucionalización de dispositivos que se inclinan a la responsabilidad horizontal en desarrollo de la democracia participativa, donde la sociedad civil parece tener un espacio propio mediante elementos como: la revocatoria de mandatos, cabildos abiertos, presupuestos participativos y referendos abrogativos.

La dinámica sociopolítica del departamento recoge algunos de estos rasgos, aunque otros no. Coincide, por ejemplo, con el descenso en la participación electoral; en la aparición de nuevos grupos y asociaciones (ONG's), como el que catapultó al indígena Lorenzo Muelas a la gobernación de la comarca; se amplió el espectro de iglesias evangélicas y protestantes revelándose frente a la tradición católica, y se mantienen la serie de instituciones (formales) de la democracia liberal. Sin embargo, prosigue el conflicto por la posesión y el uso de la tierra y los problemas endémicos del crecimiento y la distribución del ingreso. Dentro de todo este horizonte nos parece rescatable fenómenos contrastantes, como la eclosión de movimientos y movilizaciones sociales de la década del noventa, que parecieran articulados a círculos globales modernos, cuando subsisten anclajes en un pasado colonial; la virtual cohesión asociativa, luego de que el modelo económico modernizador augurara la desarticulación social por efecto de la propagación del individualismo y la racionalidad económica. En estos términos se hace preciso explorar una ruta metodológica que recoja las tensiones anotadas e ilustre la discusión teórica sobre el desarrollo regional.

Habida cuenta de la discusión en torno a los factores determinantes del desarrollo, la investigación sobre capital social se ha divido en dos; algunos autores se han concentrado en desarrollar los conceptos sustanciales, a partir de la noción de confianza; en tanto otros se han dedicado a estudiar los componentes de la organización social susceptibles de generar capital social.

Empero, a medida que han ido avanzando los estudios sobre el contenido de este recurso, se ha develado la existencia de múltiples dimensiones que han ampliado el espectro de los planteamientos ofrecidos (ver cuadro 1). Fruto de estos cambios, los métodos de mensurabilidad han combinado aspectos cuantitativos y aproximaciones de corte cualitativo. En este sentido, se ha hablado, por ejemplo, de capital social formal frente al informal, refiriéndose en el primer caso, a expresiones sistemáticamente organizadas diferenciadas de la espontaneidad que presenta el segundo. Así mismo, se presenta la digresión entre capital social denso y capital social tenue (Alcántara, 2006; Millán & Gordón, 2004), para distinguir entre formas de capital social con ramificaciones frente a las que son casi invisibles y que reflejan formas muy ocasionales de contacto. Se habla también de capital social vuelto hacia adentro, para destacar aquel que responde a la voluntad o necesidad de satisfacer intereses personales, y capital social vuelto hacia fuera, que se preocupa por el bien público. Cabe apuntar, en correspondencia con el cuadro 1, que el predominio de redes sociales hacia adentro con extensiones esporádicas o, liderazgos hacia afuera, como lo demostraron episodios de las movilizaciones indígenas de la década del noventa, se comporta como una especie de bien club, en cuanto los beneficios de la acción colectiva quedan concentrados en el grupo focal (en este caso los indígenas) limitando los alcances de la red en materia de generación de bienes públicos¹⁰.

Y finalmente, muy relacionado con lo anterior, el que tiende puentes, frente a capital social vinculante. El primero para referirse al que presenta redes sociales que unen a personas desiguales, mientras el segundo, alude al que vincula a personas iguales en aspectos importantes.

En esta perspectiva, que podríamos llamar ecuménica, parece inscribirse uno de los grandes trabajos realizados por Jhon Sudarsky (1999) para Colombia. Efectivamente, a través del Barómetro del Capital Social (BARCAS), el autor intenta medir el rango amplio y la variedad de estructuras sociales donde pueda haber confianza y reciprocidad como síntoma de una sociedad cívica. Entonces, parte de una serie de dimensiones (discriminadas luego en variables) que le den cuenta de la validez explicatoria del activo, tal como se indica enseguida¹¹:

1. Participación cívica

2. Confianza institucional

3. Solidaridad y mutualidad

4. Relaciones horizontales

5. Jerarquía o articulación vertical

6. Control social

7. Republicanismo cívico

8. Participación política

9. Información y transparencia

10. Medios.

Así las cosas, intentando rescatar aspectos definitorios del recurso que atendiera a un contexto rural y a las limitaciones geográficas del departamento, se adoptó un enfoque de corte microeconómico y cualitativo, que pone el capital social a depender de la confianza social ponderada por el grado de participación en asociaciones voluntarias (ver cuadro 2). Pero dadas las limitaciones de información derivadas de la inexistencia de cuentas regionales, se optó por diseñar una encuesta dividida en bloques, respondiendo a las siguientes intensiones investigativas:

El primer bloque buscó elaborar una distribución regional del asocianismo y una explicación gruesa sobre la densidad asociativa. Mientras el segundo bloque prueba hipótesis auxiliares como¹²:

I. Las organizaciones con una composición homogénea tienden a crear capital social privado o interno; es decir, es un recurso que beneficia solo a quienes participan.

II. Las organizaciones con una composición social heterogénea crean capital social tanto interno como público, ya que la interacción entre personas con diferentes características favorece la atención a asuntos fuera del grupo.

III. Las asociaciones en las que prevalece la confianza basada en el conocimiento técnico, tendrán una mayor predisposición a facilitar el desarrollo de capital social en sus dos modalidades: interno o privado y público.

Enseguida, el bloque C hace lo propio en la primera parte con:

I. Aquellas organizaciones que de manera predominante generan en sus miembros confianza basada en características familiares, tenderán a favorecer el desarrollo de un capital social restringido a los miembros de la organización.

II. Las organizaciones que de modo preponderante generan confianza sustentada en reglas y normas, favorecerán el desarrollo de las dos formas de capital: interna o privada, y pública.

Y remata el segundo componente, sometiendo a contrastación elementos del talante de:

I. Una organización que genera confianza con base en características sociodemográficas o identitarias, a partir de una composición homogénea, tenderá a construir capital social hacia dentro de la organización.

II. Una organización que genera confianza con base en reglas y normas, con una composición heterogénea, tiende a desarrollar beneficios de cooperación tanto dentro como fuera de la organización.

III. Las organizaciones que reportan mayor tiempo de funcionamiento o estabilidad organizativa (por lo menos cinco años) y más tiempo de participación en la organización (hasta un año o más de un año) tienden a reportar mejores resultados en términos de generación de bienes públicos¹³.

A esto se agregó el análisis de la inercia histórica, reconociendo que las instituciones comportan valores y procesos normativos de evolución que se auto legitiman moralmente e implican interacción de los agentes con retroalimentaciones cruciales de información que tienen persistencia en el tiempo¹⁴.

Como se ha podido mencionar, determinados hechos históricos explican por qué unas sociedades (path dependence) cuentan con mayor o menor capital social que otras. Siendo así, parece que la intrincada topografía dio paso al surgimiento de poblaciones poco articuladas entre sí, militarizadas (Cortés & Sinisterra 2008), donde se desarrollaba la llamada vida en policía propia del mundo hispánico. Por consiguiente, la estructura política y económica extendida durante el periodo colonial, asociada al control y dominio de la fuerza de trabajo y la tierra, produjeron una estructura institucional de gobierno basada en vínculos y relaciones personales circunscritas a los ámbitos geográficos de su influencia, mostrando una configuración comarcal contraria a un proyecto de "integración nacional". Además, la estructura de tenencia de la tierra limitó el intercambio primario y secundario de derechos de propiedad limitando también las posibilidades de generación de capital social.

Dos indicadores sencillos para soportar esta anotaciones son la convergencia beta (o absoluta) y la convergencia sigma (Cortés & Sinisterra, 2008). El primero permite conjeturar que los países/regiones o localidades más pobres crecen más rápido que las más ricas. Por su parte, la convergencia sigma o condicional ocurre cuando para un grupo de países/regiones o localidades, la varianza de sus ingresos per cápita tiende a reducirse en el tiempo, hasta que los más pobres alcanzan a los más ricos en términos per cápita.

Pero dada la inexistencia de un sistema de cuentas regionales, se utilizó el crecimiento poblacional como una variable Proxy al crecimiento económico, sobre la hipótesis Tiboutina (Boadway, 2003) que sostiene que la mayor disponibilidad de bienestar y crecimiento genera emigraciones y crecimiento poblacional entre zonas de menor eficiencia y bienestar social hacia las de mejores condiciones de progreso y disposición de bienes públicos.

Se corrieron seis regresiones por MCO para estimar los siguientes modelos:

Donde:

g : es la tasa de crecimiento de la población en el periodo 1951 - 2005.

LnPob₀ : es el logaritmo natural de la población en el año inicial (1951)

Indígen : es la población indígena por municipio en el año 1998

Dummcol: es una variable dummy utilizada como Proxy de colonia, que toma valores de 1 si el municipio fue fundado en los siglos XVI y XVII, o valores de cero si el municipio fue fundado en los siglos XVIII, XIX o XX.

predios : es el número de predios per cápita en el municipio en el año 2002

DisPop: es la distancia geográfica en kilómetros desde cada municipio hasta Popayán

El modelo (1) muestra la tradicional hipótesis de convergencia beta, y los restantes intentaran capturar el impacto de la historia colonial en el desarrollo de los municipios del Cauca. En particular Indigen, Dummcol y predios pretenden recoger la herencia colonial bajo la hipótesis que aquellos municipios fundados durante la colonia, con mayor concentración de la tierra y/o con mayor población indígena poseen un legado colonial mayor capaz de incidir en su desarrollo. Mientras que DisPop busca medir el impacto de la geografía en el desarrollo municipal, dado que Popayán no sólo es la capital del departamento del Cauca sino que además está localizada sobre la Vía Panamericana, la principal carretera capaz de articular al Cauca con el norte y sur del país; de manera que entre más alejado se esté de Popayán es posible que haya una menor actividad económica.

Así, de acuerdo al gráfico 3, para el periodo de estudio la correlación entre la tasa de crecimiento de la población del departamento del Cauca entre 1951 y 2005 con el logaritmo natural del tamaño de la población en 1951 (inicio del periodo), tuvo una tendencia decreciente, lo cual indica la presencia de convergencia beta, tal como lo muestra también el coeficiente de correlación estimado (-0.66).

Es más, a través de las estimaciones de la tabla 4 puede observarse claramente que el signo de los coeficientes muestra en todos los casos la no comprobación de la hipótesis de convergencia. El beta estimado es significativo al 5%, y en general, los modelos no tienen fuertes sesgos de especificación.

La tasa de crecimiento promedio de la población de los municipios del departamento del Cauca, durante los distintos periodos intercensales (ver gráfica 3), muestra una clara reducción de dinamismo, pasando de 84.64% en el periodo 1951-1964 a 4.55% en el periodo 1993-2005.

Estas cifras evidencian un proceso ya analizado en contextos diferentes por otros autores (Bonet & Meisel, 1999), y es el rezago del departamento y su poco dinamismo para convertirse en atractor de población y con ésta, de otras dinámicas económicas, sino más bien su condición de expulsor. Al parecer hasta los sesentas el departamento del Cauca presentó una dinámica intrarregional convergente (ver tabla 1)¹⁵, entendida como la necesidad de crecer a tasas superiores para alcanzar niveles de crecimiento de los municipios con mayor desarrollo; a partir de entonces, parece ser que las disparidades han aumentado.

La dispersión en los valores de las tasa de crecimiento de la población por municipio comprueban esta última hipótesis, puesto que muestran un incremento en la dispersión del crecimiento para el periodo comprendido entre 1964 y 2005 (ver tabla 2), con respecto al mismo análisis para el periodo 1954 y 2005, cuyo coeficiente de variación es mayor.

Los resultados (tabla 2) muestran, además, que la década comprendida entre 1954 y 1964 es históricamente decisiva para la compresión de la dinámica de la población del Cauca y su desarrollo. Durante este periodo el departamento experimentó uno de los episodios más convergentes en su historia. Con municipios que crecieron enormemente, como es el caso de Páez, 465%; Jambaló, 409%; Toribío, 229%; Silvia, 231%; Caldono, 167%; Santa Rosa, 115%, y Totoró, 116%, mientras el resto creció por debajo de la media. Esto coincidió con la reforma agraria, lo cual mostó así la efectividad de dicha política pública para promover movilidad entre los municipios. Sin embargo, la evidencia indica la no presencia de un desarrollo armónico en los distintos municipios del departamento del Cauca, y más bien, la fuerte tendencia hacia la aglomeración en los núcleos urbanos que se han consolidado como tales a partir de la década de los noventa. Este último fenómeno es soportado por la persistencia en el crecimiento de municipios como Popayán, Santander de Quilichao y Puerto Tejada en los últimos veinte años.

La sola proliferación de organizaciones y la densidad asociativa no son condiciones para la existencia de capital social externo. Sin embargo, otros elementos como la no disponibilidad de recursos logísticos mínimos —en un mundo donde predominan las interacciones globales, la tecnología y las comunicaciones dejan— entrever que sin estos tampoco se vigoriza una sociedad civil activa, una ciudadanía social plena y menos la apropiación necesaria de un espacio público que dé juego a un capital social que fortalezca la confluencia de esfuerzos hacia la generación de desarrollo.

Para el caso caucano, el trasegar de la actividad movilizatoria en la década del noventa, no parece haber podido mantener redes colaborativas sostenibles y diversas en el tiempo, pese al ascenso que reportaron las manifestaciones pacíficas sobre la carretera Panamericana, cuyo promedio estuvo alrededor de 86 acciones por año destacándose levantamientos de un día como lo registra la tabla 3. Efectivamente, el periodo comprendido entre 1990 y 2002 se inauguró con unas 89 escaramuzas, y alcanzó el pico más alto con 111 en 1999. Esto último coincidió con la crisis política y económica de la administración Pastrana, la avanzada paramilitar y el ascenso de la política de seguridad democrática que buscaba restituir el uso de la fuerza al aparato militar del Estado y, de paso, brindar un ambiente de confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros para contrarrestar los efectos de la recesión económica. No obstante, llama la atención que las estadísticas de las acciones por tipo de actor social muestren la efervescencia de grupos cuya verticalidad organizativa ha sido tradicional, lo cual representa aproximadamente el 31,4%, frente a los de indígenas y campesinos, que se ubicaron alrededor del 10%.

Pero fuera de esto, la mayoría de las acciones colectivas no recayeron sobre los indígenas y campesinos, que desde el punto de vista mediático fueron los grupos que lideraron el grueso de las movilizaciones en el departamento en la década de 1990. No deja de sorprender, como lo muestra la tabla 4, el despliegue de los sindicatos a principios de la década —en los cuales se involucran mayores niveles de jerarquización— hayan sido los de grados superiores de movilización, mientras que las organizaciones indígenas, que defienden esquemas democráticos radicales y la horizontalidad en la toma de decisiones, hayan presentado resultados inferiores a estos¹⁶.

Luego de esto, el poder de convocatoria del movimiento indígena, con sus demandas reivindicatorias alrededor de la recuperación del la tierra, la autonomía y otras como las de salud y educación, parece haber caído. Pero lo más curioso es que, después de toda esta parafernalia movilizatoria, no se haya generado una dinámica organizativa mayor en términos de redes de entidades de la sociedad civil, quizá con otras formas de intervención debido al proceso natural de aprendizaje.

En ello parecen coincidir las cifras de la encuesta, que demuestran situación que para 2007 más del 75% de las organizaciones actuaba de manera particular, situación que está relacionada, una vez más, con la prevalencia de mecanismos de captura de rentas desplegadas desde el auge de la hacienda, sumada a la naturaleza de la actividad minera, cuya estructura de explotación (tipo enclave) privilegió la extracción cortoplacista y depredatoria de los recursos del tipo tragedia de los comunes, difundida ampliamente en la literatura la gestión ambiental (Hardin Garret, 1977).

Es más, parafraseando el significado que en demografía se le da a la expectativa de vida, datos adicionales revelan que el número de años que alcanza a vivir una organización desde su nacimiento en el departamento del Cauca, no supera los cinco años, con el perjuicio de que regularmente el periodo coincide con la duración del mandato de un alcalde, un parlamentario o cualquiera de las corporaciones públicas de carácter departamental o municipal (ver gráfico 4).

Lo anterior, además de plantear una posición especulativa frente a la actividad asociativa y el ejercicio de la ciudadanía social plena, conlleva incidencias nugatorias sobre la provisión de bienes públicos, cuestión que, desde el punto de vista macroeconómico, permite colegir la concordancia del tiempo de vida de la organización con los ciclos electorales, y con ello la generación de un alargamiento fiscal que buscaría alimentar financieramente algunas de estas organizaciones sociales, presionando negativamente el ejercicio redistributivo del Estado (Albi et al., 2000; Cuadrado, 2001) en cualquiera de los ordenes político administrativos¹⁷. Pero aún así, una mirada a la forma de articulación de las organizaciones alrededor del trabajo cooperativo, junto a su permanencia en la vida pública, puede dar un panorama más completo del asunto.

De allí que apenas un 10% de las observaciones tenga más de seis años de constituidas, lo cual ofrece muy poco margen de madurez para establecer vínculos redundantes en mayores niveles de producción de bienes colectivos. Es más, los pocos proyectos que se realizan como extensión de redes de colaboración operan bajo la tutela del Estado, situación que cierra la posibilidad de ampliar la esfera pública (Turaine, 1978). De otro lado, y como es natural por los niveles de desarrollo del departamento, la mayoría persigue objetivos ligados a actividades primarias (agricultura, ganadería, minería) y algunas otras, como la promoción de la vivienda y el reconocimiento étnico.

Entre tanto, pese que la mayoría de proyectos se articulan a la actividad estatal (ver tabla 5), que reivindica aquella idea anterior de que la vida de la organización corresponde a la vida de determinada administración pública, sus niveles de despliegue alcanzan de manera reducida el ejercicio del control de la acción estatal. Solo un 22,5% de las organizaciones participa en los mecanismos de rendición de cuentas (accountability).

Es más, alrededor del 6,5% ha utilizado alguna vez un mecanismo de participación popular de los previstos en la Constitución Política, para defender alguna causa de interés público, aunque casi el 53% ha recibido cursos o capacitaciones sobre la materia (ver tabla 6).

Con todo lo precedente, al interior de la organización la mayoría (83, 6%) manifiesta tener confianza en los miembros del grupo. Seguramente por la fuerte homogeneidad de sus miembros, situación que confirma la naturaleza filial de estas entidades (ver tabla 7).

No obstante, lo que termina sorprendiendo es que al interrogar sobre la disponibilidad de desprenderse del 50% del patrimonio de la entidad para asumir un gran proyecto de interés público, los informantes manifestaron (62,1%) en su mayoría estar de acuerdo (ver tabla 8). Esta pregunta encarnó un interés muy particular, cual era la posibilidad de indagar sobre la generación de confianza, más allá de los propios miembros de la organización.

Además, llama la atención que dada la precariedad de los recursos disponibles, que se evidencia en cuestiones como la no disposición de una sede o posesión de una página web (alrededor del 80% de las organizaciones), el grueso de los estamentos estuvieran dispuestos a realizar esta especie de acto de republicanismo cívico o, mejor, de solidaridad remunerada, porque, en sana lógica económica, se puede anotar que conforme aumentan los ingresos y el patrimonio, la utilidad marginal por el bien público se eleva, desplegando mayor generosidad hacia lo colectivo, de modo tal que disponer de menores recursos produciría el efecto contrario. Con base en este resultado, se puede decir que no todo es negativo, pues existen ex professo verdadera proclividad a generar asociacionismo, tal como lo señala Putnam; solo que las reglas de juego informal determinan exógenamente resultados no deseables desde el punto de vista de la coordinación social. Justamente, esto se percibe en los obstáculos que esgrimen las organizaciones para su desempeño.

En efecto (ver grafico 5), después de los bajos ingresos (29,4%), las costumbres políticas y los bajos niveles de participación truncan las posibilidades de alcanzar mayor nivel de capital Social positivo, traducido en confianza y bienestar económico en el Cauca.

Finalmente, nos dimos a la tarea de establecer los niveles de dependencia o independencia entre variables clave, como la disponibilidad de las organizaciones a aportar la mitad de su patrimonio en un proyecto de carácter colectivo (regional), la participación (anterior) en proyectos con otras organizaciones de la sociedad civil y los años de funcionamiento de la organización. Todo esto bajo las siguientes presunciones:

a. A mayor edad de la organización, mayor confianza y fortaleza asociativa interna y más proclividad a la generación de redes de colaboración a través de proyectos y al depósito de fiducia pública entregando parte del patrimonio grupal.

b. A más altos niveles de colaboración o asociatividad con otras organizaciones para generar proyectos de interés regional, mayor inclinación a generar fiducia pública entregando parte del patrimonio de la organización.

Luego de realizados los cruces anunciados, pudimos constatar que no hay dependencia a un nivel de significancia del 5% en ninguno de los cruces propuestos. No obstante, quien mostró mayor cercanía a los lemas conjeturados fue el que relaciona el número de años de funcionamiento y la disponibilidad a entregar la mitad del patrimonio de la organización (representado en bienes, trabajo y otros) para la posible realización de un proyecto de alcance regional generador de bienes públicos. Efectivamente, al procesar la información en el programa SPSS y aplicar el contraste Chi-cuadrado de Pearson (ver tabla 9) resultó que dado el valor del estadístico muestral x²,equivalente a 30,307 con 20 grados de libertad y una probabilidad o nivel crítico de 0,065 (significancia del 5%), las dos variables mostraron independencia¹⁸.

Sin embargo, al aumentar la probabilidad de error, con una significancia del 10%, se habilita la dependencia de las variables en cuestión, sobresaliendo el protagonismo de la negativa a donar el patrimonio en las organizaciones que no sobrepasan los 6 años de funcionamiento, y dentro de las respuestas afirmativas, en menor cuantía naturalmente (mismo rango etáreo), la mayor disponibilidad a aportar trabajo. Todo esto lleva a pensar en una alta aversión al riesgo, en tanto probablemente el relativo corto periodo de vida, la precariedad de los recursos al inicio y una racionalidad especulativa allende a los mecanismos de cooptación política (clientelar) no permitiría desplegar la confianza necesaria para interlocutar con otras organizaciones de la sociedad civil, de no estar suficientemente claro el patronazgo (Niskanen, 1993; Bergasa, 2001) o la intermediación política acompañada de una vía expedita para la captura de rentas. Por el otro lado, el de las organizaciones que sí están dispuestas a aportar, se resalta el alto valor simbólico del recurso de la mano de obra (tipo minga), consecuente con el trasegar de comunidades, cuyo ámbito de desarrollo es primordialmente la vida rural, pero también la precariedad de los niveles de acumulación y de recursos que para el mundo occidental resultan capitales para el ejercicio de la vida pública.

Para rubricar el comentario anterior, los datos señalan además que entre un amplio abanico de instituciones del orden nacional e internacional, las alcaldías y la gobernación son los estamentos de mayor interés para las organizaciones del Cauca, lo cual deja al margen la cooperación internacional o las entidades no gubernamentales que pregonan el discurso contemporáneo de la responsabilidad social.

Aunque en el curso de los últimos años, la noción de capital social ha cobrado especial importancia como forma de valorar la contribución de las relaciones de apoyo mutuo al desarrollo socioeconómico, su grado de efectividad depende de las características propias de las regiones. Quizás porque el capital social no es aún una receta, ni siquiera un marco teórico consensuado, sino un debate en marcha —transdisciplinario y holístico— en el que se intentan comunicar en un mismo lenguaje economistas, sociólogos, antropólogos y politólogos, a esta altura de la cuestión es necesaria la reevaluación de algunas ideas establecidas sobre las conductas sociales y el desarrollo impuestas por recetas institucionales.

Para el caso específico del departamento del Cauca, donde los obstáculos geográficos conniven con las diferencias étnicas y los conflictos por la posesión de la tierra, las primeras indagaciones apoyadas en los planteamientos de Putnam no respaldarían la existencia de algún tipo de capital social positivo.

Sin embargo, los más recientes estudios empíricos (De Souza, 2001) a nivel internacional y nacional, junto a las movilizaciones sociales de la década del noventa en el departamento, indican que existen elementos definitorios de un capital social naciente inducido tanto por las reformas macroeconómicas del ajuste estructural como por procesos de aprendizaje social.

Naturalmente, no coinciden con la experiencia de los países centrales, en tanto los niveles de cohesión son todavía de carácter filial y con pocos reductos en el espacio público, por lo que, dicho sea de paso, no es posible pensar que la actividad asociativa contribuya a resolver lo que algunos neomarxistas llamaran el "dilema del Estado tardocapitalista", que concibe que frente al retiro de las funciones interventoras del Estado en la economía (con reducciones en su funciones sociales y redistributivas), y su reemplazo por el laissez-faire, la incorporación de prácticas, como la de autonomía, la participación creativa y la sobrevalorización de los sentimientos de confianza y solidaridad de la sociedad civil coadyuvaría a solucionar problemas de coordinación social en una forma más o menos sostenida en el tiempo. Lo que sí parece haber acaecido es que frente al individualismo rampante, propugnado por las reformas de primera generación y el formalismo democrático (representativo) de la segunda tanda de transformaciones, que intenta relegitimar el sistema político, la amenaza del individualismo y la fragmentación social se resolvió en los espacios de reproducción colectiva atados a la familia, a la etnia, el género o el medio ambiente, situación esta que resignificó el sentido de la aglomeración emancipatoria, recabando en movimientos sociales que no comparten ni la rigidez del diseño macroeconómico, ni el del régimen político de la democracia representativa. De esto se puede dar cuenta en el departamento del Cauca, cuando se convalidaron fenómenos como:

Es más, contrario a lo que ocurría antes de la década en mención, los protagonistas de este tipo de acciones son grupos sociales, a veces mayores, a veces menores que las del enfrentamiento de clases y con contornos más o menos definidos en función de intereses colectivos, y en ocasiones muy localizados pero potencialmente universalizables que, en este caso muy particular, se entremezclan con los intereses del Estado y con los de las sociedades civiles del orbe.

Sin embargo, es importante anotar que si se sostiene la hipótesis de que la acción colectiva convertida en capital social extenso genera confianza como factor clave del desarrollo regional, los movimientos y las movilizaciones sociales no han sido portadoras del activo según lo planteado por Putnam y Coleman; el alcance filial de la acción colectiva ha tenido poca trascendencia en materia de generación de bienes públicos. Además, las movilizaciones sociales del Cauca son, y fueron, un síntoma de las fallas de diseño institucional, en la medida que develan la baja capacidad de respuesta del sistema ante viejas y nuevas demandas sociales, y que las manifestaciones de la acción colectiva podrían estar en proceso de maduración hacia la generación de "capital social extenso". Empero, es importante entonces que la agenda pública nutra los procesos de consolidación de esas redes benéficas de acción cooperativa, porque por ahora el Cauca sigue sumida en el nada honroso penúltimo lugar en términos de pobreza y desarrollo, según las últimas cifras del Informe del Milenio. Mientras tanto, avanzan procesos secesionistas en el norte del departamento, que ostenta una mejor infraestructura para el crecimiento productivo (cañi-cultura y agroindustria) y que yace atado económicamente a Cali y al Valle del Cauca; se polariza la organización indígena entre católicos y cristianos (anti y pro seguridad democrática); se fortalece la producción y comercialización de narcóticos (sur y occidente del departamento); se escala el conflicto entre la guerrilla (FARC) y paramilitares emergentes ("Águilas Negras" y "Rastrojos") y campea la politiquería y la corrupción político administrativa.

¹ Para las teorías neoinstitucionalistas (Barzelay, 2003; Goodin, 2003), los casos clásicos de la tragedia de los comunes, el dilema del prisionero y la lógica de la acción colectiva, están causados por el ejercicio de la racionalidad individual que conduce al comportamiento del tipo free rider, impidiendo el logro de los óptimos de bienestar social. En la tragedia de los comunes por ejemplo, cada persona tiene incentivos para sobreexplotar los bienes compartidos, de manera que como fruto de la racionalidad individual, se llega a la depredación. En el caso del dilema del prisionero, si los dos compañeros guardan silencio, saldrían mejor librados, pero como son incapaces de coordinar sus relatos, la mejor estrategia desde el punto de vista individual es la delación.

² Según Gamarra (2007), sin importar su ubicación o etnia, el departamento enfrenta una seria situación de pobreza. Popayán y Puerto Tejada son los únicos municipios con un índice NBI por debajo del 20%. De manera contraria, Argelia, Almaguer y Guapi son los municipios con los peores indicadores de pobreza, superando el 80%. La mayoría de los municipios tiene un porcentaje de NBI entre el 50 y el 80%. En materia de crecimiento, para el 2005, por ejemplo, el producto por persona de un bogotano promedio era 2,4 veces más el de un caucano. De la misma forma, el producto promedio de un residente del departamento era casi la mitad que el de un antioqueño o valluno.

³ Tal parece que Shumpeter y Knight ya habían hecho observaciones en este sentido.

⁴ De acuerdo con estudios del Banco Mundial (1997), en 192 países el capital humano y el capital social explican tres cuartas partes de la riqueza de las naciones; el capital natural y los bienes producidos explican el resto.

⁵ Desde la sociología y la ciencia política, Putnam (1993) y Coleman ( 2000) son quienes mayor huella han dejado en los estudio del desarrollo. Vale aclarar que con la disección que aquí se hace no se pretende establecer una graduación del peso académico de estas obras, poniendo en primer lugar a la economía; lo que se intenta mostrar es el lugar de origen de la práctica académica de los autores. Tampoco sobra advertir que el capital social es una categoría del cuño de los autores antes mencionados; ya en otros como Durhkein, tácitamente se había tratado el asunto.

⁶ Sydney Verba y Gabriel Almond (1992) desarrollaron una muy detallada clasificación en los pasos que implican el ascenso al desarrollo político y su correlación al desarrollo económico, señalando como ultimo peldaño de la modernización, la presencia de una ciudadanía participativa y prepositiva, acorde con la cultura cívica.

⁷ Son varias las críticas que se le hacen a los planteamientos teóricos de Putnam. Uno de ellas radica en la circularidad del concepto, cuando intenta definir regiones exitosas y no exitosas, toda vez que no se puede distinguir hasta dónde el capital social es una causa o una consecuencia del desarrollo. Otras críticas renombradas se encuentran en tratadistas como Levy, Scocpol, Ostrom y Taylor. El lector puede consultarlas con mayor extensión en las ediciones especiales de la revista Zona Abierta (94-95, enero, 2001).

⁸ La densidad tiene una función de información y de comunicación, en cuanto reduce la incertidumbre sobre qué esperar de los otros (estructura expectativas) y permite comunicar de mejor manera eso que se espera.

En teoría de juegos, esto significaría que si la "jugada" se repite, la cooperación se sustenta más fácilmente.

⁹ Los movimientos de recuperación de tierras, en la década del noventa, la proliferación de candidatos a las administraciones locales de grupos independientes de las maquinarias políticas revelan algunos síntomas.

¹⁰ Un bien club es un tipo especial de bien público donde un grupo de personas se reúne para disfrutar de un beneficio bajando los costos de producción o suministro. En palabras de Becaria (2004), corresponde a un tipo de adminículo que rompe con una característica fundamental de los bienes públicos puros, cual es la no exclusividad de su disfrute

¹¹ El lector interesado puede consultar los archivos de Macroeconomía del Departamento Nacional de Planeación (DNP)

¹² Se identificaron 3951 organizaciones inscritas tanto en la Cámara de Comercio, como en la División de Asuntos Comunitarios de la gobernación del Cauca, solo se pudo constatar actividad de 2.035. De allí se seleccionaron aleatoriamente 1.240, pero solo se pudo contactar telefónicamente aproximadamente 294, en los cuales el informante promedio fue el representante legal o personas del nivel directivo. De otra parte, es importante anotar aquí que los resultados de este último bloque son los tienen realce en este artículo.

¹³ A partir de esta hipótesis se identificaron la estabilidad organizativa frente la participación al interior como Variables de control de la información sumistrada, en la medida que quizá una organización reciente y unipersonal no revelaría los mejores antecedentes en la generación de capital social.

¹⁴ Cabe agregar que en el corto plazo solo se pueden cambiar las reglas formales, pero no las convenciones, normas de conducta o comportamientos heredados; estos requieren de mayor tiempo para ir cambiando la estructura de creencias e intereses de los individuos.

¹⁵ Este resultado es acorde con el de Bonet y Meisel (1999), en el que muestran convergencia para Colombia entre 1960 y 1990 pero total divergencia a partir de este año.

¹⁶ Adicionalmente, si se revisan los focos geográficos de las movilizaciones por subregiones, el mayor volumen relativo de acciones colectivas se desarrolló en el centro del departamento, con más del 60%; el norte con aproximadamente el 14%, y el sur con 12,1%. Se destaca en este análisis el protagonismo de la capital del departamento (557 acciones durante todo el periodo), por ser el lugar donde se concentra la actividad estatal, como también por la carga simbólica, que implica ser la cuna de la elite política y terrateniente de la región.

¹⁷ Un desarrollo más amplio sobre el particular conduce a la revisión de la teoría del ciclo de negocios político popularizado por Nordhaus (Cuadrado, 2001).

¹⁸ Es preciso anotar que bajo la hipótesis nula de independencia, la regla de decisión aconseja aceptarla si el p-valor crítico es superior a a=0,05; o rechazarla si se presenta la situación contraria (Guisande et al., 2006), infiriendo con ello dependencia entre las variables.

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