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ISSN Electronico 1794-8886 |
Este bosque es mío. Un acercamiento a la dinámica de los conflictos forestales en la Costa Rica liberal: concepciones, representaciones y acción de los sujetos (1880-1955)
This Forest is mine. An approach to the dynamics of forest-related conflicts in the liberal Costa Rica: conceptions, representations, and the action of the subjects (1880-1955)
Este bosque é meu. Uma aproximação à dinâmica dos conflitos florestais na Costa rica liberal: conceituações, representações e ação dos sujeitos (1880-1955)
Anthony Güebel Mc Dermott
Doctor en Historia por la Universidad de Costa Rica. Profesor asociado de la Escuela de Historia e Investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC) de esa casa de estudios. Actualmente funge como director del Posgrado Centroamericano en Historia en la Universidad de Costa Rica. Ha realizado diversas investigaciones en las áreas de historia ambiental e historia económica.
Código ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0121-6762
El presente trabajo es uno de los productos académicos del proyecto n.o 806-BO-077 "La patria verde revisitada. Una historia ambiental de las regiones en Costa Rica (1821-2007)". Se presenta como parte del programa de investigación en Ambiente, Ciencia, Tecnología y Sociedad (ACTS). Intersección entre historia ambiental y estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la sociedad (CTS), del Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC) de la Universidad de Costa Rica.
Citar como:
Goebel, A. (2018). Este bosque es mío. Un acercamiento a la dinámica de los conflictos forestales en la Costa Rica liberal: _ concepciones, representaciones y acción de los sujetos (18801955). Memorias: Revista Digital de Arqueología e Historia desde el Caribe(mayo-agosto), 107-132.
Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo central brindar un primer acercamiento a la dinámica interna de algunos tipos de conflictividad forestal en Costa Rica. Esto en el contexto de la "era dorada" de la modernización capitalista, impulsada por los gobiernos liberales costarricenses y la posterior consolidación de un régimen ambiental liberal, que procuraba "modernizar", bajo el incuestionable credo del "progreso" capitalista, las relaciones sociedad-naturaleza en el país. Al tomar como base conceptual la tipología de conflictos socioambientales desarrollada por Manuel González de Molina desde la perspectiva teórica del metabolismo social, el estudio centró su atención en las lógicas de acción de los sujetos que llevaron sus querellas relacionadas con los bosques y sus producciones a los estrados judiciales, y su relación con las diversas concepciones, las representaciones, valoraciones, las actitudes y los intereses que dichos sujetos tenían en torno a los bosques.
Palabras clave: conflictos socioambientales, concepciones, representaciones, bosques, historia ambiental, ecología política, Costa Rica.
Abstract
The purpose of this work is to offer an initial approach to the internal dynamics of some of the specific types of forest-related conflicts in Costa Rica. This takes place during the 'golden era' of the capitalist modernization driven by the Costa Rican liberal governments, and the resulting consolidation of a liberal environmental regime seeking to 'modernize' the country's socio-environmental relations, under the unquestionable conviction of a capitalist 'progress'. Based on the conceptual framework of the socio-environmental conflicts developed by Manuel González de Molina, from the theoretical perspective of social metabolism, this work focused on the action framework of the subjects who filed their complaints before the judicial courts concerning the forests and their productions and their relation with the diverse conceptions, representations, valuations, attitudes, and interests that these subjects had regarding the forests.
Keywords: Socio-environmental conflicts, conceptions, representations, forests, environmental history, political ecology, Costa Rica.
Resumo
O presente trabalho tem como objetivo central oferecer uma primeira aproximação à dinâmica interna de alguns dos tipos de conflitos gerados em torno aos bosques em Costa Rica. Este é o contexto da "era dourada" da modernização capitalista impulsionada pelos governos liberais costarriquenhos, e a consolidação consequente de um regime ambiental liberal, que procurava "modernizar sob o inquestionável credo do "progresso" capitalista, as relações sociedade-natureza no país". Tomando como base conceitual a tipologia de conflitos socioambientais desenvolvida por Manuel González Molina desde a perspectiva teórica do metabolismo social, o estudo centralizou sua atenção nas lógicas de ação dos sujeitos que levaram suas querelas em torno aos bosques e suas produções aos estrados judiciais e sua relação com as diversas concepções, representações, avaliações, atitudes e interesses que ditos sujeitos tinham em torno aos bosques.
Palavras chave: conflitos socioambientais, conceituações, representações, bosques, história ambiental, ecologia política, Costa Rica.
Introducción
Este artículo ofrece un primer acercamiento a la dinámica interna de algunos tipos de conflictos generados en torno a los bosques y sus producciones en Costa Rica, en el contexto de la "era dorada" de la modernización capitalista impulsada por los gobiernos liberales costarricenses y la posterior consolidación de un régimen ambiental liberal (Goebel, 2013). 1Este régimen procuraba "modernizar" —bajo el incuestionable credo del "progreso" capitalista— las relaciones sociedad-naturaleza en el país. El enfoque de este estudio se centra en las lógicas de acción de los sujetos que llevaron sus querellas relacionadas con los bosques y sus producciones a los estrados judiciales, bajo la premisa de que las estrategias desarrolladas por estos para salir airosos de las disputas en que se enfrascaban fueron generadas a partir de las diversas concepciones, representaciones, valoraciones, actitudes e intereses que dichos sujetos tenían en torno a los bosques.
El artículo está dividido en dos secciones. En la primera se expondrán de manera breve los referentes teórico-conceptuales y metodológicos que han guiado esta investigación. Por su parte, la segunda sección constituye el eje central del estudio, y en ella se procuró dar cuenta de las lógicas de acción de algunos de los actores involucrados en la conflictividad forestal, todo esto en el contexto de la era dorada de la modernización capitalista impulsada por los gobiernos liberales costarricenses.
En otras palabras, centraremos nuestra atención en la acción de los sujetos, a partir de la premisa según la cual las representaciones subjetivas del mundo natural —en este caso en específico de los bosques— no fueron el inevitable resultado de las transformaciones materiales de este, sino que incidieron de manera directa en el ritmo, la intensidad y las características de dichas transformaciones.
Referentes conceptuales y estrategia metodológica para el estudio de la dimensión cualitativa de los conflictos socio-ambientales
■ La conflictividad socioambiental: tipos, matices y conceptos básicos
Esta investigación se organiza a partir de la tipología de la conflictividad socioam-biental desarrollada por el historiador español Manuel González de Molina (2009, pp. 238 y 243). Desde la perspectiva teórica del metabolismo social, este autor realiza su propia clasificación de los conflictos ambientales al retomar, matizar y, de alguna manera, reordenar con originalidad otras perspectivas y propuestas, en especial el ecologismo de los pobres o ecologismo popular, desarrollado por Rama-chandra Guha y Joan Martínez Alier (2004), así como el revisionismo que de este ha realizado el historiador chileno Mauricio Folchi (2001).
De esta manera, para González de Molina, "el concepto de 'conflicto ambiental' alude a aquel en cuyo centro está la disputa por un recurso o las externalidades que produce su uso", y en el que no necesariamente los actores sociales involucrados tienen "que manifestar una intención explícita de sustentabilidad" (González de Molina, 2009, p. 240). Por tanto, estos conflictos son de carácter distributivo, puesto que se trata, esencialmente, de disputas por los recursos. A su vez, estos conflictos son intrametabólicos,2 ya que tienen lugar dentro de una organización metabólica (González de Molina, 2009, p. 241), es decir, en una relación sociedad-naturaleza específica, sin que ninguno de los involucrados pretenda cambiarla por otra más o menos sustentable en términos ecológicos.
Asimismo, para este autor, los conflictos en los que uno o más de los involucrados tuviesen la intención explícita de conservar los recursos, deberían clasificarse como ambientalistas, una variante o parte específica de los conflictos ambientales como un todo (González de Molina, 2009, p. 241). A su vez, este tipo de conflictos se conceptualizarían como reproductivos e intermetabólicos (2009, pp. 241 y 242), ya que en ellos entran en disputa dos organizaciones metabólicas o formas de relacionarse con el mundo natural distintas, en las que al menos una de ellas manifiesta una intención explícita de sustentabilidad, al hacer expresa una "preocupación" por el "peligro" que para la reproducción de un grupo social específico representa la transformación de un tipo de relación con el entorno natural (pp. 241-242).
Finalmente, los conflictos ecologistas, también de carácter reproductivo e inter-metabólico, serían aquellos surgidos en el contexto del movimiento ecologista actual, es decir, después de la segunda mitad del siglo XX, y en especial de las décadas de 1960 y 1970 (González de Molina, 2009, pp. 241-242). Este tipo de conflictos se caracterizan no solo por la presencia de una intención de sustentabilidad por parte de al menos uno de los actores involucrados, sino también por estar dotados de un discurso ecologista explícito (González de Molina, 2009, pp. 241-242).
Ahora bien, si queda claro —como lo expresa el autor— que históricamente se pudo presentar la coexistencia de distintos tipos de conflicto, y que a la vez se pudo haber presentado la transformación de unos a otros en cualquier dirección (González de Molina, 2009, pp. 242-243; González de Molina, Herrera, Ortega y Soto, 2009), vale preguntarse: ¿Qué lógicas internas tuvieron lugar en los conflictos generados en torno a la apropiación, la explotación y la conservación de la cobertura forestal en la Costa Rica del "progreso-liberal", y qué actores sociales, individuales, institucionales o empresariales entraron en escena?
En la presente investigación, y a partir de los referentes teórico-conceptuales recién expuestos, se procurará, de manera parcial y desde luego provisional, brindar algunas respuestas a las interrogantes recién planteadas. Antes de abocarnos al análisis, hagamos un repaso por la estrategia metodológica específica que guiará a este trabajo.
■ El análisis de contenido y la dimensión cualitativa de la conflictividad socio-ambiental
En lo que respecta a la estrategia metodológica, conviene hacer algunas precisiones y aclaraciones previas. En un estudio anterior se procuró dar cuenta, a partir de una serie de variables específicas (motivo, resultado, ubicación geográfica y periodo) del perfil de la conflictividad forestal en Costa Rica en el anochecer del siglo XIX y los albores del XX (Goebel, 2016). En dicho estudio fue posible determinar cómo a partir de los actores en conflicto las disputas predominantes fueron aquellas generadas entre el Estado e individuos particulares, mientras que el segundo lugar lo ocuparon los conflictos entre los individuos más diversos, quienes entraban en francas disputas por los bosques y sus producciones. Así, los conflictos Estado-particulares concentran la mayor parte de la conflictividad por los bosques costarricenses en el periodo de estudio, con un total de 124 casos, aunque seguidos no muy de lejos por los conflictos entre particulares por los bienes y servicios (ambientales y económicos) de los bosques, que registran 101 casos. De modo que entre ambos tipos de disputas, que sin duda fueron los que predominaron en el periodo de estudio analizado desde la perspectiva de los actores en conflicto, se dio cuenta de un total de 225 casos.
La mayor parte de los conflictos que enfrentaron al Estado costarricense con actores individuales estaban motivados por la explotación ilegal de los denominados "bosques nacionales", con miras a la comercialización de las maderas preciosas obtenidas del bosque público (58,1% de los casos). El segundo motivo en importancia de la conflictividad Estado-particulares lo constituye la explotación ilegal de hule en los bosques nacionales, con un 38,7% de las disputas (Goebel, 2016, pp. 116-117).
En lo que respecta a las disputas generadas entre individuos con los más diversos intereses en la apropiación, explotación o conservación del bosque, el hurto de leña y las deudas por maderas u otros productos forestales ocuparon los primeros sitiales en este tipo de conflictividad, con un 50,5% y un 29,7% de la totalidad de las disputas, respectivamente.
Muy de lejos les siguen a estos tipos de disputas aquellos conflictos que enfrentaron a individuos por otras motivaciones, como el hurto de maderas (aquellas con valor comercial) con apenas un 9%, la destrucción de bosques en terrenos privados y la destrucción de productos forestales (en ambos casos con un 4% del total), la destrucción de bosques nacionales (con un 2%), y la destrucción ilegal de bosques en terrenos privados (con solo un 1% de los conflictos entre particulares) (Goebel, 2016, p. 130).
En síntesis, la investigación citada (Goebel, 2016) se centró en dimensionar la estructura de la conflictividad forestal. Por su parte, el presente análisis de manera complementaria y al tomar como base los hallazgos de la investigación previa expuestos aquí de forma sucinta, se abocó al estudio de la dinámica interna de los conflictos generados en torno a los bosques y sus producciones, así como su relación con las formas de concebir y representar los bosques por parte de los actores en disputa. Se trata, en suma, de un análisis que procura abrir una ventana a la construcción sociohistórica de algunas de las subjetividades e intersubjetividades presentes en la conflictividad forestal en Costa Rica, en el contexto de auge del liberalismo finisecular decimonónico como programa social, económico y cultural de los sectores dominantes costarricenses. Para esto, la estrategia metodológica que se siguió es el análisis de contenido definido a partir de la propuesta de autores como Jaime Andréu (2000), para quien el análisis de contenido:
Es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados (...) u otra forma diferente donde puedan existir toda clase de registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, documentos, videos (... ) el denominador común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al conocimiento de diversos aspectos y fenómenos de la vida social. (Andréu, 2000, pp. 1-34)
Asimismo, nuestra propuesta se acerca a definiciones como la de Hostil y Stone (como se citan en Andréu, 2000), quienes enfatizan en la desaparición de los "requisitos de que los análisis de contenido sean 'cuantitativos' y 'manifiestos' admitiéndose de esta manera la posibilidad de que dichos análisis puedan ser 'cualitativos' haciendo referencia al contenido 'latente' de los textos" (p. 3).
Los conflictos forestales en la Costa Rica liberal: concepciones, representaciones y acción de los sujetos
Tras haber explicitado nuestros referentes conceptuales y metodológicos básicos, en los apartados que siguen se buscará comprender la dinámica misma de las disputas generadas en torno a los bosques en la Costa Rica del "progreso" liberal. Como ya se mencionó, lo anterior se procurará a partir de un análisis detallado de algunos casos seleccionados, tanto en virtud de su tipicidad como por la singularidad de su dinámica interna, y en especial por la riqueza de la fuente al mostrar de manera explícita o mediante los significados latentes en los textos las motivaciones, las justificaciones, las relaciones clientelares, las aspiraciones y los intereses de todos aquellos actores sociales, institucionales y económicos que entraron en disputa por los bosques y sus producciones.
■ Reorganización productiva frente a conservación selectiva: las disputas por los "bosques ribereños" como conflictos ambientalistas
Corría el año de 1885 cuando José D. Garita, agente de la Policía rural de San Rafael de Heredia,3 hacía constar que el señor Mercedes Sánchez, habitante de dicho vecindario, había desmontado "una parte del manantial denominado 'Mata del plátano'" (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885a). También denunciaba que Miguel Contreras, Rafael Acuña, Soledad Chaverri y Romualdo Sánchez habían incumplido con la obligación legal de sembrar en sus propiedades la cantidad de árboles que se les había ordenado (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885a). Al considerar que en ambos casos se violaba la legislación vigente, el oficial ponía en conocimiento de la Gobernación de la provincia las irregularidades que tenían lugar en San Rafael para que actuase en consecuencia (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885a).
Tras la revisión de los terrenos, los peritos concluyeron que todos los propietarios denunciados incumplían los artículos 43 y 44 del Decreto N° V de 1884, Reglamento de Terrenos Baldíos y Bosques. En este se prohibía la destrucción tanto en los bosques nacionales como en los de particulares de los árboles situados a menos de 75 varas de los manantiales nacidos en los cerros, o a menos de 50 varas de los nacidos en terrenos planos; al mismo tiempo, se obligaba a los propietarios de terrenos atravesados por ríos o fuentes de agua a sembrar árboles en sus márgenes, en una extensión no menor a los diez metros de distancia de las aguas, allí donde hubiesen sido talados. Esta obligación de los propietarios privados de proteger y, si era el caso, restablecer los bosques ribereños, quedó reafirmada en el Código Fiscal de 1885 (Archivo de la Asamblea Legislativa, 1884, p. 41; Caballero, 1899, pp. 34-35).
Ante las acusaciones, todos los demandados se declararon inocentes de los cargos que se les imputaban. En algunos casos alegaron el cumplimiento de la legislación relacionada con la protección de los bosques ribereños, y en otros su defensa se basó en la consideración de que la ubicación y las características de sus terrenos los eximían del acatamiento de las leyes forestales (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885a).
Si bien desconocemos el resultado del proceso, no cabe duda de que la riqueza de esta fuente nos permite acceder a las especificidades de uno de los tipos de conflictos presentados en Costa Rica en torno a los bosques en el periodo que nos ocupa. Además, la fuente dilucida con claridad tanto las intenciones explícitas de los actores en conflicto como los significados latentes que en sus actuaciones legales les asignaban a los bosques, de forma específica en lo que respecta a su explotación y conservación.
Lo primero que parece evidente y, además, es consecuente con el carácter judicial de la disputa, es que ninguno de los demandados haría explícita su discrepancia — en caso de que la hubiere— frente a las intenciones estatales de proteger de manera absoluta los bosques ribereños. Manifestar su desacuerdo con las políticas conservacionistas del Estado no tendría ningún sentido para los demandados, cuando estas políticas estaban plasmadas en leyes de cuyo incumplimiento precisamente se les acusaba. En otras palabras, independientemente de si compartían o no los preceptos de las "leyes conservacionistas" del Estado costarricense, los imputados debían, ante todo, demostrar que no las habían trasgredido, y hacia eso dirigieron sus esfuerzos, como queda claro en los argumentos de sus respectivas defensas.
Sin embargo, indicios presentes en sus actuaciones y sus discursos parecen dar cuenta de cómo las intenciones del Estado por proteger de manera absoluta los bosques situados en las márgenes de los ríos y fuentes de agua y repoblar en aquellos sitios donde estos hubiesen sido talados —independientemente de si se tratase de propiedad privada, municipal o estatal— no eran compartidas por algunos de los propietarios de terrenos, como, por ejemplo, los demandados en el proceso descrito.
Las descripciones de los peritos sobre el estado de los terrenos en lo que respecta a su cobertura forestal son particularmente reveladoras. Por mencionar un caso, el hecho de que en el mismo ojo de agua se encontraran troncos cortados y siembras de maíz a menos de dos varas de esta fuente hídrica (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885a) —cuando la ley exigía un mínimo de 10 metros para la introducción de cultivos en aquellos terrenos que ya hubiesen sido deforestados—parece dar cuenta del escaso interés del administrador del ojo de agua por mantener la cobertura forestal. Por supuesto, no negamos la posibilidad de que el demandado pudo haber desconocido la existencia o los alcances de las leyes, algo que desde luego no se mencionaría en un proceso judicial.
Sin embargo, la alusión de los peritos a los "pocos palos sembrados de manera informal", o a los "pocos estacones secos colocados sobre la orilla" (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885a) genera, sin duda, una imagen de descuido, de escasa atención a la repoblación forestal o del cumplimiento forzoso de unos requerimientos legales que, inferimos, parecían no compartir precisamente por ese descuido y desatención destacados por los peritos.
Por otra parte, y a pesar de que la mayoría de los demandados basó su defensa en el cumplimiento de las "leyes forestales" del Estado costarricense, resulta por demás llamativo el argumento esgrimido por Mercedes Sánchez para justificar la tala de árboles en el terreno aledaño al ojo de agua que administraba. Este implicado señala que la "limpia" la había realizado para la siembra de plátanos, al juzgar que este cultivo sería de más utilidad (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885a).
En primera instancia, debemos decir que este es el único demandado que expresamente admitió su incumplimiento de la ley, pues como se ha visto las leyes destinadas a la protección de los bosques ribereños prohibían en su totalidad la explotación forestal en las márgenes de los ríos y los cursos de agua, y bajo ninguna circunstancia contemplaban la eliminación del bosque natural para la introducción de árboles "productivos". Lo más relevante del argumento de Sánchez para el caso que nos ocupa es el opuesto implícito en su discurso: si la limpia la efectuó con el fin de introducir especies productivas, no parece caber duda de que consideraba al bosque biodiverso "originario" —o escasamente simplificado— como un espacio ambiental yermo, ocioso y sin valor antes de su transformación en un espacio reordenado y productor de bienes, bien fuesen comercializables en el mercado interno o externo, o bien para el autoconsumo. Esta visión debemos decir que era preponderante a finales del siglo XIX entre los sectores dominantes (económicos, científicos, políticos) tanto en los centros capitalistas como en la periferia de la economía-mundo (Mires, como se cita en Castro, 1996, pp. 142-143).4
Es precisamente en este punto en el que se puede dilucidar una diferencia fundamental entre los actores del conflicto. Si bien el Estado compartía esta visión reduccionista y francamente utilitaria de los bosques como objetos de explotación mercantil, así como no se oponía al negocio maderero y más bien lo estimulaba —con la debida regulación que impidiera excesos en la explotación y pérdidas al fisco—, en el caso de los bosques ribereños manejaba un criterio de protección absoluta. En este caso se procuraba el resguardo de la cobertura natural necesaria para el mantenimiento de las fuentes hídricas que abastecían tanto a las poblaciones como a las actividades económicas de mayor dinamismo (café, banano y transportes), y que, por tanto, constituía la base de la modernización capitalista impulsada decididamente por los gobiernos liberales.
Cabe destacar que, además de las "leyes forestales", tuvieron lugar otras iniciativas conservacionistas con un marcado cariz regional, no todas ellas concretadas o llevadas, en el que se declaraban inalienables a perpetuidad las dos riberas del río Banano (en el Caribe costarricense), 10 kilómetros aguas arriba en una extensión de 300 metros de cada lado, donándose a la municipalidad de Limón 200 hectáreas de terrenos baldíos que incluían aquellos donde se situaban los tanques de la cañería de la ciudad. Este decreto que, como se observa, estaba con claridad imbuido del conservacionismo progresista de raigambre decimonónica, señalaba además que dichos terrenos debían aprovecharse de manera exclusiva para la protección de las fuentes de agua que surtían o surtiesen en un futuro la cañería de Limón, por lo que debían mantenerse a perpetuidad como bosques (Archivo Nacional de Costa Rica, 1908).
Términos e intereses similares los encontramos en el Decreto N.° 93 de 1921, en el que se autorizaba a la municipalidad de Barva a vender total o parcialmente varias fincas a las demás municipalidades de la provincia de Heredia interesadas en la conservación de las aguas potables. Estas entidades debían mantener dichas propiedades pobladas de bosques y prohibir su venta, hipoteca o arrendamiento a particulares (Archivo Nacional de Costa Rica, 1921). Asimismo, en 1924 se propuso en el Congreso la creación de un Fondo Nacional de Cañerías. Uno de los objetivos del proyecto era declarar de utilidad pública, entre otros aspectos, la formación de "bosques protectores" (Archivo Nacional de Costa Rica, 1924). El abastecimiento hídrico se constituía, de esta manera, en uno de los elementos centrales del sustrato ecológico sobre el que se asentaba la ruta liberal hacia el "progreso".
A partir de esta diferencia entre los actores en conflicto, podríamos afirmar que este tipo de disputas que enfrentó a propietarios particulares con el Estado, en las que este último velaba por la conservación de los bosques ribereños a toda costa y los primeros parecían considerar más que necesaria la reorganización productiva de las tierras ociosas que se encontraban en sus propiedades, podría conceptua-lizarse como un conflicto ambientalista, de carácter reproductivo e intermodal, con base en la conceptualización de González de Molina de la que dimos cuenta líneas atrás. No se trataba simplemente de una disputa por un recurso, sino más bien de un conflicto generado por dos organizaciones metabólicas distintas. Una de ellas, en este caso el Estado, tenía una intención explícita de conservar los recursos, específicamente los bosques ribereños, como una forma de garantizar la reproducción del sistema económico y social que llevaba adelante.
La otra organización metabólica en conflicto serían los propietarios particulares —aunque no manifestaban de manera explícita su oposición a las intenciones conservacionistas del Estado—, quienes no parecían compartir del todo la visión estatal de la protección absoluta de los bosques ribereños y centraban su preocupación en la inmediatez de tornar productiva la totalidad de sus tierras. En su afán, los propietarios privados ignoraban las restricciones estatales a la explotación y el mandato de conservación de los bosques aledaños a las fuentes de agua, según inferimos del caso analizado.
Hemos dicho que se trata de organizaciones metabólicas distintas, pero no consideramos que sean opuestas o al menos no parecen haberlo sido en todos los sentidos. Parece quedar claro que este tipo de conflictos se generaron dentro de un marco legal-institucional moderno de uso y explotación de los bienes y servicios ambientales, como, por ejemplo, la dimensión ecológica del capitalismo agrario que observaba su culminación, y en la cual la creencia en el mercado, el individualismo y la propiedad privada parece común a ambos actores (Boyer y Wakild, 2011, pp. 447-478; Wakild, 2011).5 El conflicto se centró en el papel regulador del Estado en la reorganización productiva de la naturaleza y su inserción mercantil, sin que conceptos premodernos de justicia ambiental (Martínez Alier, 2004, pp. 28, 31; Wakild, 2013, pp. 163 y 176)6 o economía moral (Thompson, 1971, pp. 76, 136) —asentados en la tradición y la costumbre en el acceso a los recursos naturales necesarios para la subsistencia de grupos sociales o poblaciones— afloraran en los discursos de los querellantes, como sí había sucedido en los ayuntamientos heredianos —y presumiblemente en otras partes del país— en las décadas que siguieron a la independencia política ante la agresiva privatización de baldíos que llevaba adelante el naciente Estado costarricense (Morera, 2011, pp. 43 y 81).
Hablamos de conflictos reproductivos entre dos actores con visiones contrapuestas sobre lo que representaban los bosques para la reproducción del grupo social al que pertenecían. En este tipo de disputas, el Estado centraba sus esfuerzos en la verificación de las consecuencias desde una perspectiva racional y científica, como dictaban los preceptos del conservacionismo y la silvicultura científica en boga (Martínez Alier, 2004, pp. 15, 32; Hays, 1999; Scott, 1998, pp. 11 y 52),7 sin mostrar mayor consternación por las implicaciones sociales de la destrucción de los bosques ribereños. En algunos casos, por mencionar un ejemplo, las autoridades indicaban a los testigos que señalaran en cuánto calculaban se reduciría el caudal de un río a partir de la corta de árboles que habían presenciado.
Ahora bien, de los conflictos generados en torno a los bosques en nuestro periodo de estudio, aquellos en que se enfrentaron dos formas distintas de concebir y relacionarse con el mundo natural parecen haber sido más la excepción que la regla. La mayor parte de las causas judiciales llevadas adelante tanto por particulares como por el Estado estaban guiadas por la distribución de los recursos forestales en su apropiación y explotación, sin intenciones explícitas de conservación o sus-tentabilidad por parte de ninguno de los actores en conflicto.
En seguida procuraremos acceder a las especificidades más destacables de estos tipos de conflictos.
■ Entre negocio y subsistencia: las disputas por la explotación comercial de productos forestales y el abastecimiento de leña como conflictos ambientales
Como se mencionó con anterioridad y a partir de nuestro intento de construcción tipológica de los conflictos en torno a los bosques costarricenses, desde la perspectiva de sus actores el tipo dominante en los conflictos por su explotación económica es aquel que enfrenta a particulares y al Estado con intereses contrapuestos, pero con la misma concepción utilitaria y económica de los bosques. Las disputas, vale señalar, tuvieron lugar, sobre todo, en las provincias costeras: Guanacaste, Puntarenas y Limón, en las que se ubicaban la mayor parte de los bosques de los que se extraían productos forestales de alto valor comercial, tales como el hule y las "maderas preciosas" (véase la figura 1).
En esta clase de querellas, la cobertura forestal la representaban ambos actores como un recurso claramente explotable y un negocio del que se podían obtener réditos considerables. Desde luego, en lo que diferían era en la forma. Para el Estado, una forma regulada de explotar los bosques nacionales bajo su dominio — excluyendo los cobijados bajo las leyes "conservacionistas"— representaba una vía para obtener ganancias directas a través del pago de impuestos, o indirectas por medio de la obligatoriedad contractual de desarrollar algún tipo de infraestructura por parte de los madereros.
Para los interesados en hacer de la explotación forestal un negocio, la vastedad de bosques bajo dominio estatal representaba una oportunidad indisputable de obtener ganancias rápidas a través de la explotación extractiva de unos bosques escasamente controlados, vagamente definidos y sobre los cuales las acusaciones por explotación ilegal rara vez terminaban en condenas que les impidieran continuar con su negocio.
Así, tenemos que en 1927 se entabló una demanda formal contra Ignacio Abruzzo Sanson, con el fin de determinar su responsabilidad en un caso de explotación de maderas "en perjuicio del fisco" que tuvo lugar en Santa Cruz, Guanacaste (Archivo Nacional de Costa Rica, 1927, fol. 80).
La denuncia fue presentada por Ramón Arias, subinspector de Hacienda de Santa Cruz, quien acompañado de los guardas Pilar Bustos y Daniel Alvarado, habían decomisado, en marzo de 1925, 121 matas de cedro, pochote, guanacaste y cení-zaro. Según el decir de los oficiales, los árboles habían sido cortados en "baldíos nacionales", al lado sur de un denuncio de Alberto Fait, en la costa de zapotal (Archivo Nacional de Costa Rica, 1927, fol. 80).
El indiciado no negó haber cortado los árboles, dada la contundencia de la prueba. Sin embargo, basó su defensa en la consideración de que la tala la había efectuado en los terrenos denunciados precisamente por Alberto Fait y no en los bosques nacionales, en virtud de un contrato celebrado con dicho propietario (Archivo Nacional de Costa Rica, 1927, fol. 80).
Para el juez de lo contencioso no quedaron dudas de la responsabilidad del demandado en la explotación de bosques nacionales, y en un fallo que resulta relativamente atípico declaró culpable a Abruzzo del delito de usurpación de bienes del Estado, condenándolo a seis meses de prisión en el penal de San Lucas, e inhabilitándolo, además, de manera absoluta y perpetua para el ejercicio de derechos políticos; asimismo, mientras durara la condena, al ejercicio de cargos u oficios públicos (Archivo Nacional de Costa Rica, 1927, fol. 81 v.).
Este caso resulta atípico en muchos sentidos. Primero, como ya se ha insistido, declarar culpable a un individuo por la explotación de bosques nacionales era ya de por sí inusual. También era poco frecuente que en estas disputas los encargados de los dueños de terrenos o empleados de concesionarios madereros fuesen declarados culpables en un juicio. En efecto, desde nuestra perspectiva, si bien hubo muchos tipos de procesos en los que individuos se enfrentaron con el Estado por la apropiación y explotación comercial de los bosques, lo cierto es que buena parte del frecuente sobreseimiento de los imputados parece relacionarse con el "padrinazgo" de empresarios o propietarios, más que con la capacidad probatoria de la evidencia ofrecida.
Ahora bien, el carácter eminentemente fiscalista y mercantil de la disputa muestra otro elemento claramente diferenciador de estos conflictos en relación con las disputas expresadas en causas judiciales por la explotación de los bosques ribereños: la valoración del bosque.
Como vimos y analizamos en el apartado anterior, en las disputas por la destrucción de los bosques aledaños a las fuentes de agua, estos se concebían como un elemento indispensable para el abastecimiento hídrico de las poblaciones y los terrenos productivos. En el caso de las demandas por explotación ilegal de los bosques nacionales alejados de ríos y arroyos, estos eran reducidos a un bien mercantil del que el Estado esperaba obtener ganancias.
En este contexto, no cabe duda de que la corrupción, las relaciones clientelares o el capital material y simbólico de los madereros influyeron en el sobreseimiento, absolución, suspensión de las causas y otras formas de impunidad por la explotación ilegal del bosque público, amén de los casos en los que verdaderamente dicha explotación no tuvo lugar.
Uno de los casos en los que el peso del poder político y económico es explícito y manifiesto, lo constituye el proceso llevado adelante contra Roberto Hernández, Ricardo Barahona y Manuel de Jesús Méndez, a quienes como peones de Juan Unfried se les encontró explotando hule de manera ilegal en los bosques nacionales de San Carlos —en el norte del país— en 1899 (Archivo Nacional de Costa Rica, 1899). En este caso la prueba fue abrumadora.
Así, cuando todo parecía apuntar hacia una inevitable condena, tanto para los huleros como para su patrón, una misiva enviada por la Secretaría de Hacienda y Comercio, fechada el 28 de julio de 1899, alteró por completo el rumbo del proceso.
La Secretaría aceptaba haber otorgado un permiso a Unfried para sembrar hule en los terrenos nacionales en la milla marítima del río San Carlos, así como para extraer "alguna cantidad de hule de los árboles ya en sazón, obligándose á no destruir estos últimos y á resembrarlos debidamente conforme á la ley" (Archivo Nacional de Costa Rica, 1899, fol. 18).
El único problema con la autorización gubernamental era que había quedado sin efecto, dado que recientemente se había promulgado una ley que prohibía la explotación de hule en los bosques nacionales, algo explicitado en la propia misiva.
En seguida y en una clara trasgresión a la independencia de poderes, la misiva señala que dicha Secretaría abrigaba la "convicción moral" de que "el señor Unfried y sus compañeros ignoraban la promulgación de tal ley cuando efectuaban sus trabajos á la sombra de la autorización del gobierno" (Archivo Nacional de Costa Rica, 1899, fol. 18 v.).
Dando por un hecho la culpabilidad de los indiciados aun antes de producirse el fallo judicial, Hacienda confirmó la existencia de razones legales para el decomiso del hule incautado. Al tiempo, empero, señaló:
Militan también consideraciones de un carácter severamente moral y justiciero para llevar el rigor de la ley hasta el punto de conducir á presidio á los acusados, pues además de tratarse de hombres de trabajo, verdaderamente útiles al desenvolvimiento y riqueza del país, media la circunstancia del desconocimiento por parte de ellos, de una ley dada muy lejos del centro de sus labores. (Archivo Nacional de Costa Rica, 1899, fol. 19)
La injerencia del Ejecutivo en la emisión de un fallo favorable a los acusados llegó al extremo de recomendar el sobreseimiento de la causa seguida contra "Juan Unfried y compañeros" (Archivo Nacional de Costa Rica, 1899, fol. 19), recomendación que seguió sin contemplaciones el juez del caso.
No parecen quedar dudas, a la luz de este caso y otros no expuestos con detalle (Archivo Nacional de Costa Rica, 1910),8 de que los conflictos por los bosques entre particulares y el Estado estaban dotados de un marcaje social, en el que empresarios madereros, nacionales y extranjeros, quienes además se dedicaban en no pocas ocasiones a otras actividades económicas, rara vez eran declarados responsables de los delitos relacionados con la explotación ilegal de maderas u otros productos forestales como el hule (Archivo Nacional de Costa Rica, 1905), y lo mismo sucedía con sus afortunados subalternos.
No obstante, no todos corrían con la suerte del "padrinazgo", como fue el caso de Demetrio Rojas y Francisco Rodríguez, aprehendidos en el río Reventazón con 75 libras de hule en 1898 (Archivo Nacional de Costa Rica, 1900), quienes tras admitir haberlos obtenido de los bosques del Estado, se les declaró responsables del delito de extracción ilegal de hule en los bosques nacionales, sentenciándolos al pago de 100 pesos o tres meses de obras públicas en caso de no contar con bienes en la República (Archivo Nacional de Costa Rica, 1900, fol. 19, 19 v.).
A pesar de tratarse del mismo delito que el cometido por los peones de Unfried, en este caso no hubo carta ministerial alegando "consideraciones morales ni justicieras" que atenuaran o evitaran una sentencia desfavorable para los imputados, mucho menos recomendación alguna de sobreseimiento por parte del Ejecutivo. Peor suerte corrieron otros huleros independientes como Eduardo Alemán Flores, un jornalero nicaragüense —al igual que buena parte de los imputados por extraer hule— residente en San Rafael de Guatuso, quien tras ser declarado responsable del delito de extracción de hule en los bosques nacionales se le condenó a dos años, ocho meses y 21 días de prisión descontables en el presidio de San Lucas (Archivo Nacional de Costa Rica, 1897a).
Las formas en que se estructuraron las redes sociales en torno a la explotación forestal, aspecto que merece una mayor profundización en investigaciones futuras, parecen coincidir, en buena medida, con lo conceptualizado por Larissa Adler (2001), en razón a la evidente presencia tanto de relaciones verticales como horizontales en los casos aquí expuestos.
Por una parte, los huleros y los madereros que se internaban de forma irregular en los bosques del Estado costarricense, además de estar inmersos en una relación mercantil con su empleador y esperar el correspondiente pago de sus servicios, confiaban en que su lealtad fuese recompensada con la protección —por parte de sus jefes— en caso de una detención, un juicio u otro proceso judicial que se les entablase, partiendo del superior capital relacional y simbólico de estos como sus superiores sociales. Se trataba, en suma, como lo menciona Adler, de relaciones patrón-cliente como relaciones de poder, en las que se intercambiaba lealtad por acceso a recursos y protección (Adler, 2001, p. 263).
En el mismo sentido, y a partir de un análisis de las redefiniciones recientes del clientelismo moderno, John Durston (2009) nos recuerda que, según las definiciones clásicas del clientelismo desarrolladas por autores como Foster, la relación patrón-cliente es de carácter exclusivo, de modo que es posible que el patrón muestre "visos de benevolencia, pero una benevolencia paternalista y autoritaria" que inspira servilismo y, de forma simultánea, una mezcla de adulación y miedo (Cerdas, 2014, pp. 311-338; Durston, 2009, p. 3).
Por otra parte, no dudamos de que la interacción entre actores como, por ejemplo, los jueces, los ministros y los empresarios madereros (p. ej. en el caso recién expuesto de la clara interferencia de poderes en procura de evitar a toda costa la condena de Unfried y sus trabajadores), forma parte de todo un entramado de relaciones horizontales de reciprocidad, entendidas como aquellas "que gobiernan las relaciones sociales entre iguales", regidas por la confianza o la cercanía social (Adler, 2001, p. 263).
Ahora bien, no todos los conflictos generados entre actores que compartían una misma concepción y valoración de los bosques y sus productos tuvieron lugar a partir de la consideración, común y compartida, de la cobertura forestal como un bien comercializable. Tal fue el caso de las diversas querellas que se presentaron por los derechos de apropiación y uso de la leña, base energética de la Costa Rica del siglo XIX y las primeras décadas del XX, tanto en el ámbito doméstico como en el "industrial" (Archivo Nacional de Costa Rica, 1910-1912).9 Estas disputas, más otras que enfrentaban a individuos entre sí, tuvieron lugar, sobre todo, en el Valle Central costarricense, donde se concentraba —y se concentra aún hoy en día— el grueso de la población y las principales actividades productivas del país (véase la figura 2).
Buena parte de estos conflictos presentaron un marcado cariz comunal y tenían lugar entre vecinos de diversos poblados del país. De hecho, en algunos casos las denuncias por robo, destrucción o apropiación indebida de leña parecían ser, más bien, parte de añejas diferencias o disputas vecinales que los actores utilizaban como una forma de exacerbar la disputa o perjudicar a su rival. Tal parece ser el caso del proceso seguido, en 1885, contra Pilar Calvo por quemar nueve carretadas de leña propiedad de Rosa Ouesada sin su consentimiento (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885b, s. f.). Tras la exposición de los denunciantes, la mayor parte de los testigos coincidieron en que fueron llamados explícitamente por Agustín Días para que presenciaran la forma en que este ordenaba a Pilar Calvo que, de la leña de Rosa Ouesada, tomara toda la que necesitara (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885b, s. f.).
Desde luego que la declaración de los testigos, contraria al argumento central de la demanda, dio como resultado la anulación del proceso seguido contra Calvo.
Lo cierto es que la mayor parte de las disputas que tuvieron lugar entre particulares presentaron rasgos similares al caso recién expuesto: conflictos entre vecinos por los derechos de propiedad de un bien indispensable para su sustento diario, en los que ninguno de los actores en conflicto manifestaba de manera explícita una preocupación específica por el agotamiento del recurso que tan arduamente disputaban. De hecho, la mayor parte de estas querellas, al igual que las analizadas, tienen lugar en un marco moderno de relaciones sociales y económicas, dado que la defensa de la tradición, la costumbre o el abastecimiento energético de las comunidades encontraban escasa presencia en los procesos judiciales analizados.
De igual forma, el frecuente sobreseimiento de buena parte de los demandados parece explicarse en alguna medida por la dificultad para probar que la leña era hurtada y no obtenida de la propiedad del demandado o algún familiar cercano (Archivo Nacional de Costa Rica, 1897b, fol. 1, 3).
La leña era un bien altamente disputado y, a diferencia de las maderas comerciales y el hule, los conflictos estaban más centrados en el valor de uso que en el valor de cambio de este producto forestal. Está claro que la leña era vital para la cocción de alimentos, la construcción de viviendas, la iluminación y el suministro de calor y energía, en especial en el mundo rural costarricense. Su abastecimiento, por tanto, trascendía cualquier consideración económica, por lo que garantizarse el acceso a este bien final de los bosques por excelencia resultaba imprescindible.
Los casos hasta aquí reseñados no parecen dejar duda —en razón a la elevada con-flictividad generada en torno a la leña— de la creciente presión que sobre la cobertura forestal del país se ejercía desde finales del siglo XIX. Esta provenía tanto del consumo doméstico y tradicional de leña como del proceso de modernización capitalista que observaba el país cuando este subproducto del bosque era aún la base energética de la economía y la sociedad en su conjunto, rasgos que al parecer Costa Rica compartía con otros países latinoamericanos (Lobato, 2012, pp. 29 y 54).
Conclusiones
El análisis de la dinámica interna de la conflictividad forestal en Costa Rica durante la era dorada del modelo agroexportador y la modernización capitalista a él asociada, muestra con claridad la presencia de patrones complejos y contrastantes en las disputas por los bosques y sus producciones.
En efecto, el análisis cualitativo de una serie de conflictos seleccionados en virtud de su tipicidad, singularidad o riqueza discursiva y argumental, a la luz de la construcción tipológica que sobre los conflictos socioambientales realizara Manuel González de Molina desde la perspectiva teórica del metabolismo social, no parece dejar dudas sobre esta afirmación.
La forma en que los actores intervinientes en los conflictos concebían y representaban la fracción del mundo natural o socionatural que arduamente disputaban, así como las estrategias específicas de acción que desarrollaban a fin de salir airosos de las querellas, revelan una compleja trama sociocultural, económica y política, cuyo eje articulador parece haber sido la construcción sociohistórica de relaciones de poder de índole diversa. Tal eje constituye el elemento central que permite establecer, al menos de manera provisional, una ligazón entre los rasgos y la presencia de los distintos tipos de conflictos forestales en la Costa Rica liberal y su lógica interna.
Así, no parece caber duda de que los conflictos por los bosques en Costa Rica fueron en la mayor parte de nuestro periodo de estudio tan intensos como variados.
Los conflictos entre el Estado y los individuos particulares por la explotación ilegal de los bosques ribereños llevada adelante por estos últimos se podrían caracterizar como ambientalistas, de carácter reproductivo e intermetabólicos, dado que no constituían disputas por un recurso, sino más bien eran conflictos generados por dos organizaciones metabólicas distintas. Una de ellas —en este caso el Estado, como se pudo observar— tenía una intención explícita de conservar los recursos, en específico los bosques ribereños, como una forma de garantizar la reproducción del sistema económico y social que llevaba adelante.
La otra organización metabólica en conflicto —en este caso los propietarios particulares, aunque no manifestaban de forma explícita su oposición a las intenciones conservacionistas del Estado— no parecían compartir del todo la visión estatal de la protección absoluta de los bosques ribereños y centraban su preocupación en la inmediatez de tornar productiva la totalidad de sus tierras, ignorando las restricciones estatales a la explotación y conservación de los bosques aledaños a las fuentes de agua, según inferimos de los argumentos de defensa de los indiciados por este delito en varios casos analizados.
Ahora bien, cabe destacar que la mayor parte de las causas judiciales llevadas adelante tanto por particulares como por el Estado sin duda estaban guiadas por la distribución de los recursos forestales en su apropiación y explotación, sin intenciones explícitas de conservación o sustentabilidad por parte de ninguno de los actores en conflicto. Se trataba, en suma, de una disputa por el recurso, lo que nos permite situar estos conflictos en la esfera de los ambientales y, de forma simultánea, considerarlos como distributivos e intrametabólicos.
Entre estos tipos de disputas no cabe duda de que las predominantes fueron las generadas por la explotación ilegal de los bosques como bien público, en las que el Estado como demandante acusaba a diversos individuos e inclusive empresas por hacerlo de manera irregular, lo que representaba pérdidas ostensibles para el fisco. Atrás quedaron las representaciones de los bosques como un conjunto ordenado de "productores de agua", indispensables para la sociedad y la producción, los cuales debía manejar una infalible tecnocracia científica estatal.
De hecho, en este tipo de conflictos la cobertura forestal era representada por ambos actores como un recurso claramente explotable y un negocio del que se podían obtener réditos considerables.
Como se vio, era poco frecuente que en estas disputas en las que el Estado procedía como un actor celoso de la usurpación ilegal de sus bienes, los encargados de los dueños de terrenos o empleados de concesionarios madereros fuesen declarados culpables en un juicio. En efecto, desde nuestra perspectiva, si bien hubo muchos tipos de procesos en los que individuos se enfrentaron contra el Estado por la apropiación y explotación comercial de los bosques, lo cierto es que buena parte del sobreseimiento parece relacionarse con el "padrinazgo" de empresarios o propietarios en relación con los demandados —que habitualmente eran sus empleados—, más que con la capacidad probatoria de la evidencia ofrecida.
La presencia de relaciones clientelares de carácter vertical, así como de relaciones horizontales de reciprocidad y su injerencia en el rumbo mismo de los procesos judiciales seguidos parece resaltar con claridad en los procesos estudiados. El poder, bajo sus diversas formas, manifestaciones y a través de distintos tipos de intercambios relacionales fue, en suma, un indefectible factor en la determinación de un tipo de conflicto en el que, finalmente, los bosques no eran más que un bien más del mercado, único capaz de fijarle un valor.
Ahora bien, no todos los conflictos generados entre actores que compartían una misma concepción y valoración de los bosques y sus producciones tuvieron lugar a partir de la consideración, común y compartida, de la cobertura forestal como un bien comercializable. Tal fue el caso de las diversas querellas que se presentaron por los derechos de apropiación y uso de la leña.
Dotadas de un fuerte cariz comunal y vecinal, la mayor parte de estas disputas, al igual que las generadas entre el Estado y los distintos sujetos por la explotación comercial de maderas finas, tienen lugar en un marco moderno de relaciones sociales y económicas, pues la defensa de la tradición, la costumbre o el abastecimiento energético de las comunidades encontraban escasa presencia en los procesos judiciales analizados. La diferencia fundamental entre estos dos tipos de conflictos ambientales radica, en suma, en el lenguaje de valoración en torno a la leña que, a diferencia de las maderas comerciales y el hule, se centraba más en el valor de uso que en el valor de cambio de este producto forestal.
A partir de estos hallazgos y en un breve punteo comparativo, podríamos afirmar que a diferencia de otros países y regiones signadas por una concentración excesiva y una marcada escasez de recursos vitales como el agua y los bosques, en Costa Rica estas características no parecen haber llegado al extremo de generar movilizaciones sociales de importancia que pusieran en jaque a las autoridades locales y nacionales, como sí fue el caso en otros países como, por ejemplo, México y España, en el mismo periodo aquí analizado (Tortolero, 2009, pp. 15 y 34; Sabio, 2002, pp. 123 y 153).
En el caso costarricense no parece alcanzarse este nivel de radicalización y con-flictividad, a pesar de que urge realizar investigaciones a futuro que corroboren o desmientan de forma empírica esta afirmación. Lo cierto es que la evidencia sugiere que indistintamente del tipo de conflicto forestal del que se trate, los cauces institucionales establecidos difícilmente se abandonaban, algo que se evidencia en la insistencia de los quejosos en legitimar su reclamo a partir la ilegalidad de las acciones de su contraparte. Esto invita a la realización de análisis comparativos tanto de las representaciones de los bosques y sus producciones como de la conflictividad forestal en distintos países y regiones en perspectiva de trayectoria, en especial en el ámbito latinoamericano y caribeño.
1De esta forma, Anthony Goebel ha conceptualizado la dimensión ambiental del proyecto político, económico y social liderado por los gobiernos liberales de Costa Rica entre finales del siglo XIX y principios del XX. De manera sucinta diremos que, de acuerdo con este autor, dicho régimen se basaba en la combinación de un conservacio-nismo utilitario de los bosques ribereños para garantizar el abastecimiento hídrico de poblaciones y los "productos estrella" del capitalismo agrario costarricense, con la promoción decidida de la explotación masiva de los bosques con valor comercial. Este tipo de relación sociedad-naturaleza u organización metabólica buscaba, en esencia, la inserción directa e indirecta de la naturaleza en el mercado mundial, y al tiempo garantizar la reproducción del sistema económico dominante, todo ello en franca oposición a otras formas tradicionales, consuetudinarias, colectivas y notoriamente más sustentables de relación con el medio biofísico natural.
2Aquí el autor se basa en la clasificación hecha por Guha y Gadil de conflictos intramodales e intermodales, a fin de diferenciar las motivaciones y los rasgos de los conflictos.
3Heredia es una provincia situada en el Valle Central de Costa Rica. En los sectores montañosos de dicha provincia se encuentran las principales nacientes de los ríos que abastecen de agua a las ciudades más populosas del país y son la base del modelo agroexportador asentado en el cultivo del café.
4Varios autores han dado cuenta de cómo en América, tras su inserción en la economía-mundo europea, en el periodo de la conquista, se van a asentar los preceptos fundamentales del imaginario americano que, apenas en tiempos recientes, y de manera limitada, empiezan a ser cuestionados, prevaleciendo muchos de ellos en mayor o menor medida hasta nuestros días, especialmente en las élites latinoamericanas. Estos componentes, largamente enraizados en los "estilos dominantes de pensamiento" y estrechamente ligados con las formas de transformación de la naturaleza americana, son caracterizados y analizados por Fernando Mires, citado y parafraseado por Castro. Los dos primeros componentes de estas formas de representación, que bien podríamos considerar como procesos de larga duración, se refieren, por una parte, a la creencia eurocentrista que propugnaba la visible y evidente superioridad de la civilización europea sobre la barbarie americana en todos los ámbitos posibles y, por otra, la noción de la abundancia e inagotabilidad de los recursos americanos. El tercero consiste en la creencia de que la definición del valor de las "cosas de este mundo" se lleva a cabo única y exclusivamente de acuerdo con su circulación en el mercado mundial, el cual rige en última instancia "el verdadero valor de los recursos naturales y el trabajo necesario para aprovecharlos" y, finalmente, la noción de que son las ciudades las únicas donde puede residir el centro de la vida económica y cultural o, dicho en otras palabras, los únicos ejes posibles en torno de los cuales girarían las "ruedas" del "progreso".
5Esto contrasta ostensiblemente con lo acaecido en otros contextos espacio-temporales, como el caso de las políticas forestales llevadas adelante en el México posrevolucionario, y específicamente en el Gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando la inserción de los bosques al mercado estuvo marcada por un fuerte acento colectivista, al concebirlos como una herramienta de ascenso social e inclusión política y económica, especialmente para los sectores marginales del mundo rural mexicano.
6Este movimiento podríamos decir que corre de manera paralela al ecologismo popular y surge en los Estados Unidos como una forma organizada de reacción ante el "racismo ambiental", entendido como las formas en que las externalidades negativas se concentran en barrios pobres y de minorías raciales. Fuertemente arraigado en el movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King, este movimiento, según lo destaca Martínez Alier, ha estado limitado a su país de origen, mientras que el ecologismo popular o ecologismo de los pobres busca designar a movimientos del denominado Tercer Mundo que luchan contra los impactos ambientales que recaen sobre los pobres que conforman la mayoría en muchos países y no una minoría al interior de uno solo. Muy consistente con lo expuesto por Martínez Alier, Emily Wakild nos recuerda el énfasis social y distributivo de la historia ambiental latinoamericana y la inexistencia de una separación clara entre los estudios de justicia ambiental y los de historia ambiental, pues más bien los primeros suelen insertarse de manera transversal en los segundos.
7Esta corriente del ambientalismo mundial sostiene como tesis central que un uso racional y adecuado de los recursos era posible mediante su gestión científica. Un trabajo clásico pero que guarda singular vigencia en lo que respecta a la evolución y la compleja dinámica sociopolítica de este "conservacionismo progresista" de gran impronta en el caso estadounidense es el de Hays, al tiempo que el trabajo de Scott nos provee de un análisis crítico de la silvicultura científica como un proceso en el que, de manera simultánea, tienen lugar, por una parte, la simplificación, la pérdida de detalle y la complejidad de los ecosistemas forestales y, por otra, el acceso a una mayor inteligibilidad entendida como una forma de reordenar una naturaleza caótica y carente de valor, a fin de convertirla en un conjunto de recursos manejables, cuantificables y comercializables. Para este autor, la invención de la silvicultura científica a finales del siglo XVIII en Prusia y Sajonia resulta una metáfora de las formas de conocimiento y manipulación características de poderosas instituciones con intereses marcadamente definidos, de las cuales las burocracias estatales y las grandes empresas comerciales se constituyen en ejemplos sobresalientes.
8Entre los casos destacables que parecen mostrar con claridad la incidencia de la posición social en el resultado de las querellas, se encuentra el de un jefe de Policía que declaró explícitamente haber dado autorizaciones para la corta de árboles. A pesar de dicha confesión y la contundencia de la prueba, se absolvió al funcionario al considerarse que el irregular acto había sido producto de la ignorancia, aunado a la consideración de que no había, según el juez del caso, una intención explícita de lucrar a partir de la explotación forestal.
9A pesar del carácter eminentemente agrícola de la economía costarricense durante nuestro periodo de estudio, buena parte de las escasas empresas que conformaban un incipiente sector secundario requerían de la leña como combustible, base de todos sus procesos. Quizás el caso más evidente es el de la Fábrica Nacional de Licores, que destinaba un considerable porcentaje de su presupuesto a la compra de leña y contaba con una serie de proveedores que, de forma regular y por contrato, suplían la leña requerida por esta industria. Esta dimensión energética de la incipiente industria costarricense en los siglos XIX y XX merece desde luego una profundización en futuras investigaciones.
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