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ISSN Electronico 1794-8886 |
Violencia y régimen político en Veracruz, México: 1936-2016
Violence and political regime in Veracruz, México: 1936-2016
Violência e regime político em Veracruz, México: 1936-2016
Víctor Manuel Andrade Guevara
Doctor en Historia y Estudios Regionales, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana, México.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel I.
Docente de la Facultad de Sociología.
Código ORCID: orcid.org/0000-0002-2494-2540
Este artículo forma parte de un proyecto de investigación en curso y financiado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de la Secretaría de Educación Pública.
Citar como:
Andrade, V. (2018). Violencia y régimen político en Veracruz, México:1936-2016. Memorias: Revista Digital de Arqueología e Historia desde el Caribe (mayo-agosto), 55-78.
Resumen
En este trabajo me propongo analizar las relaciones entre los cambios en el régimen político subnacional del estado de Veracruz, México, con los cambios que se han observado en las modalidades de violencia. A su vez, revisar de qué manera la violencia ha afectado el desarrollo del régimen político, en especial del régimen electoral. Apoyada en la teoría de la estructuración social, la hipótesis que dirige el trabajo gira en torno a la idea según la cual la violencia que se presenta en los últimos años en Veracruz no solo está relacionada con la expansión de la delincuencia organizada, sino que tiene antecedentes en una serie de eventos enmarcados por elementos estructurales propios del régimen político local, el cual se configuró desde 1936 hasta el 2016, periodo en el que mantuvo la hegemonía el Partido Revolucionario Institucional.
Palabras clave: régimen electoral autoritario, violencia, crimen organizado de Estado.
Abstract
In this work, I intend to analyze the relationships between the changes in the subnational political regime of Veracruz, Mexico's state with the changes that have been observed in the forms of violence, in turn reviewing how violence has affected the development of political regime, especially the electoral regime. Based on the theory of social structuring, the hypothesis that guides the work revolves around the idea that the violence that has been presented in recent years in Veracruz is not only related to the expansion of organized crime, but also has a history in a series of events framed by structural elements typical of the local political regime that was formed from 1936 to 2016, a period in which the Institutional Revolutionary Party maintained the hegemony.
Keywords: authoritarian electoral regime, violence, state-organized crime.
Resumo
Neste artigo, pretendo analisar as relações entre as mudanças no regime político subnacional do estado de Veracruz, México, com as mudanças que foram observadas nas formas de violência, revendo ao mesmo tempo, como a violência tem afetado a desenvolvimento do regime político, especialmente o regime eleitoral. Com base na teoria da estruturação social, a hipótese que direciona o trabalho gira em torno da ideia de que a violência que vem ocorrendo nos últimos anos em Veracruz, não está relacionada apenas à expansão do crime organizado, mas que tem precedentes em uma série de eventos emoldurados por elementos estruturais típicos do regime político local que se configurou de 1936 a 2016, período em que o Partido Revolucionário Institucional manteve sua hegemonia.
Palavras chave: Regime eleitoral autoritário, violência, crime organizado de estado.
Introducción
En los últimos años, el estado de Veracruz, México, se ha visto envuelto en una espiral de violencia e inseguridad que pareciera no tener precedentes (al menos en cuanto a sus modalidades). La percepción que se tiene en la opinión pública con respecto a esta intensificación de la violencia, e incluso dentro del campo académico, apunta a la idea de que este es un fenómeno novedoso, el cual ha roto la paz que se había construido durante el régimen posrevolucionario y el breve periodo de transición a la democracia que ha tenido lugar.
En este artículo se pretende demostrar que la violencia es producto de un conjunto de tendencias que tienen continuidad, asociadas a las transformaciones del régimen político y a las disputas por la renta que genera la producción y la circulación de ciertos bienes —legales o ilegales— en los que juega un factor determinante la regulación que ejercen las elites políticas.
Al vincular los cambios en el régimen político y el sistema de partidos con las situaciones de violencia y el crimen organizado, he tratado de romper con la inclinación —que parece predominar en el campo académico mexicano— de estudiar por separado estos dos aspectos, los cuales, a mi juicio, se encuentran ligados de forma inevitable. De esta manera, hemos tratado de construir una narrativa que articula conceptos de la sociología y la ciencia política en una perspectiva histórica de corta duración, asociada al fenómeno de la violencia y la expansión del crimen organizado en este estado del sureste mexicano.
Régimen político subnacional y violencia
Entendemos por régimen político:
Una serie de patrones predominantemente eficientes (no necesariamente formalizados legalmente), que establecen las modalidades del reclutamiento y acceso a los cargos gubernamentales, así como el criterio de representación y los recursos permisibles que conforman la base de las expectativas de acceso a tales cargos. (O'Donnell, 1988, p. 6)
Al referirnos a un régimen político subnacional, la caracterización se torna más compleja al involucrar las relaciones que existen entre los atributos del régimen político nacional y los del régimen estatal o local, tal como lo ha estudiado Edward Gibson (2006). Es decir, aunque las reglas formales e informales de un régimen político subnacional tengan características específicas, estarán influidas por las reglas de carácter nacional y viceversa.
De acuerdo con Gibson: "El autoritarismo subnacional no debe ser entendido como un asunto local sino como un resultado de dinámicas más amplias de go-bernanza territorial nacional en regímenes democráticos" (2006, p. 204). Es necesario recordar que la noción de régimen político se vuelve más compleja si incorporamos la dimensión global en la que se insertan los procesos políticos, o lo que podríamos denominar "el régimen de acumulación" (Harvey, 1998). A su vez, el régimen político incluye dos subdimensiones: el régimen electoral y el sistema de partidos. Por régimen electoral debemos entender "el conjunto de normativas ju-rídico-positivas y consuetudinarias que regulan la elección de representantes o de personas para cargos públicos" (Nohlen, 1988, p. 636). Los regímenes electorales democráticos garantizan la libertad de oferta y la de demandas políticas, esto es, garantizan a cualquier grupo de ciudadanos que lo considere conveniente poder organizarse y participar en las elecciones sin ningún riesgo de represión o amenaza; por su parte, la libertad de demanda significa que los ciudadanos tienen plena libertad para elegir entre esas opciones. Otra característica de los regímenes electorales democráticos es que en ellos se tiene libre acceso a la información. En un régimen electoral autoritario, por el contrario, los autócratas limitan el acceso a la información, bloquean de manera selectiva la libre asociación política y se las arreglan bien sea para coaccionar de distintas maneras a los electores, o bien para restringir el derecho al voto (Shedler, 2016).
El sistema de partidos, de acuerdo con Dieter Nohlen (1995), debe entenderse como "la composición estructural de la totalidad de los partidos políticos en un Estado (p. 38). Sartori (2005) distingue entre sistema de partidos no competitivos (partido único o partido hegemónico), y sistema de partidos competitivos (predominante, bipartidismo, pluralismo moderado, pluralismo polarizado). A fin de mejorar el análisis de los sistemas de partidos, Sartori sostiene que es necesario ir más allá del número y el tamaño de los partidos existentes, así como considerar las características del comportamiento de cada uno de ellos y la función que juegan en el conjunto del sistema político; esto es, si tienen capacidad de coaligarse o no, si tienen capacidad de chantaje y las estrategias que asume cada uno de ellos en el marco de las reglas que existen.
Debemos entender por violencia "cualquier conducta intencional que causa o puede causar un daño" (Sanmartín Esplugues, 2010, p. 11). Esta definición tan genérica parte, en primer lugar, de la distinción entre agresividad y violencia. La primera se refiere a una conducta innata que se despliega de forma automática frente a determinados estímulos y cesa ante inhibidores muy específicos, mientras que la violencia es agresividad alterada por factores, sobre todo, de tipo socio-cultural, la cual asume un carácter deliberado con el fin de causar un daño.
Desde una perspectiva interdisciplinar, el fenómeno de la violencia se puede enmarcar en una matriz en la que cobran preponderancia las estructuras de asignación de recursos y las estructuras de autoridad que regulan la distribución del poder político, así como las estructuras simbólicas que modelan la configuración de discursos o ideologías (Giddens, 1995). Así, podríamos decir (de acuerdo con el lenguaje marxista) que se trata del entrecruzamiento entre modos de producción o regímenes de acumulación con el régimen político. De este modo, el mayor o menor grado de violencia empalma con la manera en que se regula la distribución de bienes y la lucha por definir esas reglas que estructuran el poder político, así como la delimitación entre lo legal y lo ilegal, de modo que influye en un mayor o menor nivel de inclusión de la sociedad de que se trate.
Una idea parecida sostienen North, Wallis y Weingast (2009) desde una postura neoinstitucionalista, pues establecen la diferencia entre lo que ellos denominan "regímenes de acceso abierto", con los llamados "órdenes sociales" o "regímenes en los que predomina un Estado natural".
Los cambios en el régimen político, de acuerdo con la definición de O'Donnell presentada, nos permiten identificar cambios en las reglas que regulan el acceso al poder político, así como la manera en que se distribuyen los recursos o la renta que produce la sociedad. Las disputas políticas giran en torno a determinados bienes centrales; cuando no hay acuerdo acerca de la manera en que se distribuyen esos bienes, el conflicto puede derivar en luchas violentas, bien sean de carácter social con base en criterios normativos o éticos, o bien de manera puramente instrumental, de forma legal o ilegal (como, por ejemplo, en el caso de los grupos de la delincuencia organizada que se asocian con el fin específico de obtener una utilidad).
A continuación, trataremos de identificar los principales cambios por los que ha atravesado el régimen político local en Veracruz al establecer la relación de estos cambios con las modalidades de violencia que se han presentando, con el fin de entender cuáles son los elementos que explican el incremento de esta en los últimos años, así como su intensidad.
El régimen posrevolucionario en Veracruz: disputas por la tierra, luchas sindicales y crimen organizado de Estado
La revolución mexicana, además de reivindicar el sufragio efectivo en 1910 y demandar en 1913 la restauración del orden constitucional interrumpido por el asesinato del presidente Francisco I. Madero en 1911, surgió —sobre todo— como un gran movimiento campesino en torno a la tierra. Tras el triunfo de la facción constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza y la llegada al poder de Álvaro Obregón en 1920, en el estado de Veracruz tuvo lugar una de las fases más radicales del movimiento agrarista, promovido por el gobernador Adalberto Teje-da. La formación de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en 1923, con fuerte influencia comunista, se convirtió en el brazo organizativo que, mediante la ocupación de tierras y las armas, trató de hacer realidad la demanda social más sentida de la revolución: el reparto agrario. Complementada con la lucha obrera en las fábricas, esta movilización tendría su principal auge entre 1920 y 1936 bajo los gobiernos de Adalberto Tejeda (1920-1924 y 1928-1932), Heriberto Jara (1924-1927) y Gonzalo Vázquez Vela (1932-1936). En este periodo se expropiaron numerosas haciendas por medio de la lucha armada de los campesinos que combatían contra las guardias blancas de los propios hacendados. En 1936 emergía la figura de Manlio Fabio Altamirano, identificado con el ala radical del Partido Nacional Revolucionario (PNR), quien resultó electo como candidato a gobernador. Altamirano, que había dado señales de pretender apoyar la continuidad del reparto agrario y de dialogar con las luchas obreras vinculadas a las agrupaciones comunistas, fue asesinado el 25 de junio de 1936. Con este magnicidio, podemos decir que inicia el régimen autoritario veracruzano en su fase posrevolucionaria.
El régimen político mexicano, en la etapa posrevolucionaria, se ha caracterizado como un Estado social autoritario (De la Garza, 1986) cuya dominación se basaba en una estructura corporativa vertical que implicaba un pacto social, por el cual las clases dominantes se aseguraban la continuidad de las relaciones capitalistas y la lealtad de las clases subalternas a cambio de un conjunto de prestaciones y dotación de bienes en términos clientelares. Esa dominación corporativa estaba complementada por la conformación de un sistema de partido hegemónico (Sar-tori, 2005) que absorbía bajo su manto a la mayoría de las organizaciones sindicales y populares. Si bien de manera formal se reconocían las garantías individuales y la posibilidad de organizarse para competir por el poder, en los hechos la única organización que podía acceder a la estructura gubernamental era el partido del Estado.
Con el asesinato de Manlio Fabio Altamirano inició la declinación de la lucha agraria en Veracruz. Los ejecutores del homicidio estaban ligados a un grupo pa-ramilitar denominado "La Mano Negra", creado por los hacendados del centro del estado con el propósito de protegerse de las ocupaciones de tierras que realizaban las organizaciones campesinas, sobre todo la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos; esto le servía a su vez al Estado para mantener el orden. La Mano Negra la fundó Manuel Parra, dueño de la hacienda Almolonga, quien re-clutó a principios de la década de los treinta del siglo XX a un grupo de pistoleros en varios municipios del centro de Veracruz (Santoyo, 1995). Con el beneplácito de las autoridades estatales y federales vendía protección a los hacendados, quienes debían pagar una cantidad fija mensual a cambio de defenderlos ante una posible ocupación de sus tierras. Además, esta organización paramilitar protegía la realización de actividades ilícitas como, por ejemplo, la producción y la comercialización de aguardiente. Se calcula que la Mano Negra pudo ser responsable de unos 40 000 asesinatos en este periodo (Velasco Toro, 2010, p. 586).
Desde ese periodo hasta mediados de la década de los ochenta, la violencia en Veracruz estuvo relacionada, sobre todo, con las disputas por la tierra, las disputas por el control de las cuotas de los productores en las zonas cañeras y las disputas sindicales (de manera destacada las del Sindicato de Petróleos Mexicanos-Pemex).
La lucha por la tierra fue un motivo central de conflicto y de disputas violentas hasta la década de los noventa, a pesar de que —como nos indica Velasco Toro (2010)— el reparto agrario disminuyó de manera progresiva. Los grandes terratenientes que veían en peligro sus propiedades recurrieron a la contratación de pistoleros. Este reclutamiento de hombres armados lo llevaban a cabo también los caciques regionales y los cacicazgos sindicales, en particular en el sindicato de trabajadores petroleros y las zonas cañeras, en los que la disputa por las cuotas de los productores de caña y el control sobre los obreros de los ingenios dio lugar a múltiples asesinatos. Hacia las décadas de los setenta y ochenta, organizaciones como el Movimiento Nacional de los 400 Pueblos o la Unión Campesina Independiente (uci) protagonizaron ocupaciones de tierra que dieron lugar a diversos enfrentamientos (Correa y Ravelo 1992). Otros grupos fueron reprimidos por la Policía estatal debido a que impulsaban proyectos agrarios comunales que se distanciaban de la política promovida por el régimen del partido hegemónico (Murillo, 1981). En el caso del sindicato petrolero se dieron asesinatos y matanzas relacionadas con la disputa por la dirección sindical, ya que la ocupación de un puesto dirigente significaba el control de cuantiosos recursos y, sobre todo, del acceso al trabajo para numerosas familias (de Luna Gaona, 2011).
Junto con las disputas por la tierra y las luchas intrasindicales, el régimen local veracruzano gestionaba las zonas ilegales, de manera que obtenía rentas que se distribuían entre los distintos grupos policiacos y las autoridades administrativas y políticas.
En tiempos del proteccionismo comercial se encontraban regiones como, por ejemplo, el puerto de Veracruz, donde el contrabando, la salida de cargamentos de droga y la entrada de armas eran gestionados por la policía aduanal y las autoridades portuarias. Este tráfico ilegal en el puerto no era nuevo, tenía sus antecedentes en el periodo colonial y prosiguió durante todo el siglo XIX, prolongándose hasta el régimen posrevolucionario (García Niño, 2013).
En esta etapa, el narcotráfico se desarrollaba de manera bastante descentralizada, aunque, en la mayoría de los casos, intervenida por los grupos policiales estatales. Si bien podía haber una diversidad de pequeños grupos que traficaban por su cuenta, solo podían hacerlo si contaban con la licencia de los cuerpos policiacos, militares y de inteligencia, los cuales algunas veces, incluso, reorganizaban la distribución de los grupos a fin de maximizar las utilidades. Es esta regulación de las actividades criminales ejercida por autoridades y cuerpos policiacos lo que William Chambliss (1989) denomina "crimen organizado de Estado", la misma que tenía su expresión específica en el caso mexicano, al que han hecho referencia diversos investigadores (Astorga, 2005; Flores, 2009; Resa Nestares, 2001; Valdés, 2013; Valle, 1995).
Al estar reguladas de manera directa por el Estado, las actividades criminales no daban lugar a una violencia excesiva, comparada con la que se generaba con las disputas por la tierra o la lucha intrasindical, o incluso por la acción represiva del Gobierno contra las protestas sociales. Los grupos criminales no contaban con personal armado dedicado de forma exclusiva a combatir a otros grupos, puesto que su existencia estaba determinada por el personal del Estado. Si requerían de protección o de apoyo para garantizar el pago de los productos en cuestión, solía ser la misma policía la que se encargaba de tales funciones.
A finales de la década de los ochenta el modelo de dominación corporativo fue asaltado por las elites neoliberales, las cuales se adaptaban así a las tendencias globales de transformación del capitalismo. La llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari, cuestionado por los herederos políticos del cardenismo y las elites sindicales de Pemex (los cuales eran algunos de los grandes beneficiarios del antiguo régimen), consolidó una nueva tendencia. Los pactos corporativos empezaron a romperse y el sistema de partido hegemónico empezó a modificarse de forma paulatina, lo que dio lugar a un pluralismo moderado en el que empezaron a tener mayor participación el Partido Acción Nacional (PAN) y diversos partidos de izquierda como, por ejemplo, el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Socialista Unificado de México (PSUM). El sistema de partidos aún no era competitivo, pero se abrieron algunos espacios de participación en los órganos de representación para las diversas oposiciones. La disputa por la tierra y las rentas producidas por el campo cañero, así como las luchas intrasindicales continuaron, mientras se empezaban a observar ciertos cambios en los circuitos de producción y de traslado de drogas, y se hacía cada vez más presente el tráfico de cocaína que provenía de Sudamérica.
El neoliberalismo autoritario
De 1986 a 1988 gobernó el estado Fernando Gutiérrez Barrios, quien había sido durante muchos años el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, organismo encargado de las tareas de inteligencia del Estado mexicano y de combatir los grupos guerrilleros, así como de regular el narcotráfico. Durante su mandato se desmantelaron los cacicazgos regionales de Cirilo Vázquez Lagunes en el sur, y de Luis Rivera Mendoza en el norte. Al ser designado secretario de gobernación por el presidente Salinas de Gortari, su periodo lo completó Dante Delgado Rannauro, bajo cuyo Gobierno se dio la ejecución de Toribio Gargallo, quien había cometido cientos de asesinatos al ordenar liquidar a quienes se opusieran a los cacicazgos ganaderos o a quienes acaparaban los recursos y las cuotas de los cañeros (Cárdenas, 1991).
Con el ascenso del gobernador Patricio Chirinos en 1992, el régimen electoral autoritario empezó a transitar de una certidumbre absoluta a una relativa incerti-dumbre, lo que supuso la parcial apertura a la participación política y al reconocimiento del pluralismo (Schedler, 2016, p. 45). Entre 1992 y 1994 se dio una reforma electoral que constituyó, por primera vez, un órgano autónomo encargado de organizar las elecciones estatales, se amplió el número de diputaciones de representación proporcional y se estableció un mecanismo de financiamiento más equitativo para los partidos políticos.
Entre 1982 y 1994, los gobiernos de los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, a partir del colapso del desarrollismo estatista ocasionado por el descenso de los precios internacionales del petróleo y el excesivo endeudamiento del país, implementaron un conjunto de reformas neoliberales que se tradujeron en el cierre de numerosas empresas paraestatales y el recorte de la burocracia estatal, con el consecuente despido de un gran número de trabajadores. En 1995, en su tercer informe de gobierno, Patricio Chirinos hablaba de una reducción de 50 000 empleos. La reforma al artículo 27 de la Constitución mexicana, promovida por Salinas de Gortari, dio lugar a la finalización del reparto agrario, aunque en Veracruz continuaron presentándose varios conflictos por el acceso a la tierra, encabezados —principalmente— por la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP) y su dirigente Margarito Montes Parra, quienes reclamaban el cumplimiento de múltiples resoluciones presidenciales por las cuales se entregaba la tierra a las comunidades, pero estas seguían en manos de varias familias de terratenientes.
Hacia la década de los noventa el tráfico de drogas en Veracruz empezó a cobrar fuerza, lo que sumaba a las pequeñas redes locales de narcotraficantes de marihuana y a los sembradores de amapola las operaciones del Cartel del Golfo.
No sobra señalar que el peso creciente que han tenido los grupos de la delincuencia organizada tanto en Veracruz y la región golfo-sureste como en todo el país ha estado asociada a su ubicación geográfica, pues sirve como ruta de paso de los circuitos transnacionales de transporte de la droga de Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos, al igual que del flujo de migrantes. En este sentido, la mayor o menor presencia de los grupos del crimen organizado, bien sea en pequeña escala o bien como carteles, ha estado ligada históricamente a la geografía de las rutas de traslado. Durante la década de los ochenta y principios de la de los noventa, la intensidad del narcotráfico era más reducida ya que solo se daba la producción local en pequeña escala, fundamentalmente de marihuana y, en menor medida, de heroína, mientras las rutas de traslado de cocaína de Colombia hacia los Estados Unidos tenían como eje central los países del Caribe y Florida. A principios de la década de los noventa, el bloqueo de la ruta del Caribe que establecieron las policías norteamericanas y el desmantelamiento del Cartel de Medellín encabezado por Pablo Escobar, trajeron como consecuencia la intensificación del narcotráfico a través de rutas de Centroamérica y México, una de las cuales se orientaba hacia el golfo. Es en este contexto que empezó a cobrar fuerza el llamado "Cartel del Golfo" mexicano, asociado —si bien casi siempre en condiciones de subordinación— a los carteles colombianos. Un ejemplo de esa relación es la asociación que mantenían en ese tiempo algunos personajes del Cartel del Golfo con el conocido narcotraficante colombiano Gonzalo Rodríguez Gacha (Ramírez, 1993).
Por otra parte, la forma autoritaria de ejercer el gobierno, así como una demanda creciente de democratización del sistema político, expresada primero a través de la izquierda y, luego, por medio del PAN, dio lugar a un descontento que llevó a la derrota del PRI en 1997 en más de la mitad de los municipios del Estado, en particular en los más importantes, lo que incluye la capital, Xalapa. Sin embargo, la desigualdad en la disposición de recursos y las indecisiones de la oposición, hicieron que en las elecciones de gobernador de 1998 volviera a ganar el PRI, y se unificara la clase política local bajo la figura de Miguel Alemán, hijo de quien fuera gobernador de Veracruz de 1936 a 1941 y presidente de la República de 1946 a 1952.
La llegada de Miguel Alemán al poder en Veracruz significó un retroceso en el proceso de transición democrática. Con él retornaron elementos de la vieja clase política ligada al expresidente Luis Echeverría, ninguno de los cuales tenía una actitud reformista. Aun cuando su principal oferta fue la elaboración de una nueva constitución, el régimen electoral autoritario pretendió retornar a los tiempos de una certidumbre absoluta con el control, en primer lugar, del órgano electoral, y al tratar de restablecer los lazos corporativos, aunque con una capacidad bastante menguada para satisfacer las demandas de la población empobrecida.
Como se sabe, los delitos vinculados al narcotráfico se dispararon al iniciar el mandato de Vicente Fox, el primer presidente de un partido diferente al PRI. La explicación que se ha dado a este fenómeno por autores como Valdés (2013) y Buscaglia (2013) apunta a que la alternancia política resquebrajó los antiguos acuerdos entre los distintos carteles y la elite política vinculada al PRI. Al dejar de contar con un mando vertical que pudiera imponerse a toda la clase política, la interlocución se diversificó y se buscaron distintos entendimientos que derivaron en fuertes conflictos por el control de las plazas, ya que los diferentes grupos de la clase política tenían relaciones con los diversos carteles de la delincuencia organizada; todo esto apuntalado por el debilitamiento del cartel de Medellín y el aumento de las barreras al narcotráfico en la frontera estadounidense, lo cual provocó el incremento de droga para el consumo en el país.
Lo que empezamos a observar al final del Gobierno de Miguel Alemán fue la ampliación de la cooptación de algunos mandos policiacos que trabajaban de manera abierta para el crimen organizado, en este caso para el Cartel del Golfo, y el intento por parte de algunos de ellos de incursionar de forma directa en la actividad política, motivo por el cual algunos fueron asesinados o detenidos.
De forma paralela, se empezaron a dar asesinatos en los que se mezclaban el crimen organizado con la política en algunas regiones, en particular en la zona del Totonacapan, donde fue asesinado el presidente municipal de Coyutla y su hermana en 1999.
Al finalizar el periodo de Miguel Alemán coexistía un sistema de partidos competitivo en el plano nacional con un sistema de partido predominante en el plano local, manteniéndose algunos elementos del crimen organizado de Estado, con una tendencia creciente a la autonomía de los carteles del narcotráfico y las pequeñas redes que siguieron operando. La violencia, aun cuando mantenía una tendencia a la baja, se distribuía entre las luchas por la tierra y la dominación caciquil, junto con la violencia generada por el narcotráfico que empezaba a incrementarse.
Régimen electoral autoritario y captura parcial de las instituciones estatales
En el 2004 hubo elecciones para nombrar al gobernador de Veracruz. El proceso electoral se caracterizó por una fuerte competencia entre el candidato del PRI, Fidel Herrera Beltrán, y el del PAN, Gerardo Buganza Salmerón, y se definió por una diferencia mínima: 961 725 votos para el primero, y 936 470 para el segundo.
A pesar de estas circunstancias, tuvo lugar un retroceso autoritario y un incremento significativo de la violencia, cuyo primer evento impactante sin duda fue el asesinato del periodista Raúl Gibb, dueño del periódico La Opinión de Poza Rica, el medio más influyente de la zona norte. El crimen del periodista ocurrió el 8 de abril del 2005 en Martínez de la Torre, y estuvo relacionado con sus escritos sobre el saqueo de los ductos de Pemex que realizaba un grupo vinculado al Cartel del Golfo. Luego, el círculo de la violencia se extendió a las ciudades de Veracruz y Xalapa, al penetrar en el territorio del estado el grupo delincuencial denominado "Los Zetas". El primer impacto fuerte que se sintió con la entrada de este grupo fue el incremento de los secuestros, las extorsiones y los homicidios, sobre todo desde el 2007. A partir de ese año, la violencia se disparó en Veracruz y se hizo evidente la disputa en ese momento de Los Zetas y el grupo Gente Nueva, brazo armado del Cartel de Sinaloa. Estos eventos se desarrollaron en el marco de la llegada a la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, del PAN, en el 2006, quien había declarado la guerra a los cárteles del narcotráfico. A partir de ese momento, la violencia se intensificó en todo el país y se utilizó de manera preponderante al Ejército y la Marina a fin de combatir el narcotráfico. Teníamos ahora una guerra difusa (Shedler, 2015); por una parte, entre el Ejército y la Marina contra los diversos carteles, y, por otra, la guerra entre los carteles y los cuerpos policiales que apoyaban a uno u otro.
Los acontecimientos que se presentaron a continuación marcaron un hito en la historia de Veracruz. Por primera vez aparecieron —en ciudades como, por ejemplo, Xalapa y Veracruz— cadáveres con mensajes, cuerpos desmembrados y con señales de tortura, balaceras en centros nocturnos a los que se extorsionaba, y exhibición en la red de videos con ejecuciones, lo que incluía señalamientos de mandos policiacos que protegían a uno u otro cartel y otras acciones violentas de gran intensidad (Araujo Pulido, 2016, p. 26). La guerra entre los cárteles incluía la guerra informativa, de manera que aparecían en ciudades como Xalapa lonas con leyendas que señalaban la complicidad del Gobierno de Felipe Calderón con el cartel de Sinaloa y el famoso narcotraficante Francisco "el Chapo" Guzmán, alegando además parcialidad en las acciones para la contención del narcotráfico, ya que solo se combatía a Los Zetas (Araujo Pulido, 2016, p. 32).
Como ha sido señalado por algunos estudiosos del narcotráfico (Valdés, 2013), la innovación principal del grupo Los Zetas, formado en 1999 como un brazo armado del Cartel del Golfo (del cual se escindió en el 2009), fue la diversificación de sus actividades delincuenciales, al funcionar como un grupo armado con entrenamiento militar que, además de dedicarse al tráfico de drogas, sometía bajo su mando a los grupos dedicados a otras actividades ilícitas y les extraía una renta, de manera que se dedicaba también a la extorsión y el cobro de protección. La piratería, el tráfico y la trata de personas, así como el secuestro, la extorsión y el robo de combustible configuran el abanico de actividades criminales de este grupo que, a decir de quienes lo estudian, funciona como un ejército (Correa Cabrera, 2017). A diferencia de los mecanismos que operaban durante el periodo del sistema de partido hegemónico en Veracruz, con el llamado crimen organizado de Estado, el cartel de Los Zetas no se apoya en los servicios de la Policía, ya que tiene sus propias células de sicarios, aunque bien —de manera eventual— puede someterla o cooptarla.
Un delito que se empezó a hacer cada vez más evidente y además reportaba significativas ganancias para los grupos dedicados a esa actividad era el robo de combustible, lo cual desde los años posteriores a la llegada del PAN al poder empezó a incrementarse a partir de la configuración de una red que incluía al crimen organizado, a los trabajadores y extrabajadores y funcionarios de Pemex, así como a una vasta red de empresarios gasolineros, entre los que se encuentran algunos negociantes de los Estados Unidos de América (Pérez, 2011). La descomposición del régimen político y los altos niveles de corrupción, así como las reformas orientadas a la privatización de la principal empresa paraestatal, afectaban los intereses de las mafias sindicales que, al perder capacidad de control sobre las plazas de trabajo y sobre los privilegios económicos que esto les acarreaba, decidieron en algunos casos asociarse con el crimen organizado para saquear a la empresa y traficar con combustible robado, al aprovechar el conocimiento que tenían de los ductos y la red de distribución. Tenemos aquí una combinación de las estructuras del crimen organizado con las estructuras corporativas del antiguo régimen, y una red de funcionarios corruptos cuyo propósito es obtener una renta que antes solo se daba al interior de las estructuras estatales.
La violencia, medida no solo por las tasas de homicidios, sino por otros elementos como, por ejemplo, la coacción, la extorsión, las desapariciones y las amenazas, se incrementó de forma significativa en Veracruz a partir del Gobierno de Fidel Herrera; la inseguridad y el sentimiento de vulnerabilidad campeaban en la entidad sin que las autoridades tuvieran la capacidad de responder, ni mucho menos dar una explicación política de ese fenómeno, el cual, hasta hace poco, se veía como algo lejano que ocurría solo en ciudades como Ciudad Juárez, Tijuana o en el estado de Sinaloa.
Durante el periodo 2004-2007 se dio en Veracruz la circunstancia de tener un Gobierno dividido, por primera vez en la era posrevolucionaria, ya que la apretada victoria del gobernador priista Fidel Herrera dio lugar a que el PRI perdiera la mayoría absoluta en el Congreso del Estado. El PAN, junto con los partidos que integraron la alianza para postular al exgobernador sustituto Dante Delgado como candidato a gobernador, reunían entre todos más del 50% de los votos. De esa manera, una alianza coyuntural entre ellos les permitió gobernar el congreso. A pesar de que en el terreno legislativo esto tuvo algunas repercusiones, los partidos de oposición no supieron capitalizar esa correlación y desaprovecharon una oportunidad histórica para promover transformaciones sustantivas en el régimen político local. Esta situación la aprovechó el gobernador priista y desencadenó una política clientelar de dimensiones colosales, de modo que cooptó y compró a los propios partidos de oposición, a los medios de comunicación y a cualquier fuerza que se le opusiera.
En las elecciones intermedias del 2007, el PRI regresó a la época en que monopolizaba de forma absoluta todos los cargos. El partido del Gobierno ganó 28 de 30 distritos locales, y 155 de 212 presidencias municipales, de manera que controlaba de nuevo y en su totalidad el Congreso del Estado. Esta nueva correlación reforzó aún más la política clientelista del gobernador, quien desarrolló una forma de gobierno totalmente desinstitucionalizada al fomentar el culto a su figura y personalizar todos los programas sociales. Aun cuando el Gobierno estatal era el responsable del estancamiento económico y el crecimiento exponencial de la violencia, el PRI se alzó con la victoria en las elecciones intermedias y luego en las de renovación del Poder Ejecutivo en el 2010, al dejar la gubernatura en manos de Javier Duarte.
De forma paradójica, la llegada de la alternancia en el régimen político nacional iniciada con los gobiernos panistas contribuyó a fortalecer el régimen autoritario subnacional en Veracruz, debido a que el presidente de la República, sin un congreso a su favor, requería de los apoyos de los diputados federales priistas que eran impuestos por los gobernadores locales.
En las elecciones del 2010, a fin de renovar los poderes en Veracruz, compitieron por la gubernatura Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes Linares y Dante Delgado Rannauro. Los resultados de la votación se presentan en cuadro 1.
En cuanto a las elecciones para diputados del congreso local, la coalición PRI-PVEM-PRV ganó en 21 distritos y la coalición PAN-PANAL lo hizo en nueve, lo que dejó sin ningún escaño de mayoría relativa a la coalición de izquierda integrada por el PRD-CD y el PT.
Esta nueva correlación se tradujo en la interrupción del proceso de transición democrática que se había intensificado, sobre todo, en la década de los noventa en Veracruz. El acotamiento selectivo de la pluralidad política y la colonización por parte de los partidos políticos de los organismos autónomos de Estado (diseñados para funcionar de manera independiente y garantizar la equidad en la competencia electoral), la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos —al depositar en los ciudadanos la responsabilidad de controlar las acciones de los poderes públicos— derivó en una transición frustrada hacia la democracia en Veracruz (Olvera, 2010).
En el 2012, al calor de la disputa por la presidencia de la República, saldrían a la luz en la prensa nacional e internacional los vínculos del exgobernador Fidel Herrera con un empresario detenido en los Estados Unidos, acusado de lavar dinero para el grupo criminal de Los Zetas. Según la información brindada por un testigo protegido que rindió su declaración en la corte de Austin, Texas, se reveló que el empresario en cuestión había aportado doce millones de dólares para la campaña del exgobernador en el 2004 (Corte de Austin, 2012). La persona acusada, además de lavar dinero para el grupo criminal mencionado, había sido beneficiaria ilegal de varios contratos millonarios con Pemex.
Con la llegada de Javier Duarte las cosas empeoraron. La violencia se recrudeció en todo el estado, lo cual tuvo su momento álgido en septiembre del 2011, cuando fueron arrojados 35 cadáveres en las inmediaciones del World Trade Center en la ciudad de Boca del Río, momentos antes de que iniciara una cumbre de procuradores de justicia del país. El evento fue atribuido al grupo delincuencial denominado Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual había ingresado al estado con el objeto de disputar la plaza del puerto de Veracruz a Los Zetas, hegemónicos hasta ese momento. Entre el 2011 y el 2012 la tasa de homicidios y las ejecuciones se dispararon en el Estado. Esto se conjugó con la corrupción creciente y el persistente uso clientelar de los recursos públicos, buena parte de ellos canalizados a la elección del presidente de la República en el 2012, año en el que volvió de nuevo al poder el PRI.
Luego de los picos de violencia en el 2011 y el 2012, las tasas de incidencia delictiva se estabilizaron entre el 2013 y el 2014. Aunque las estadísticas oficiales son poco confiables al respecto, debido a la enorme magnitud de la cifra negra calculada por las encuestas anuales de incidencia delictiva y percepción de inseguridad levantadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INE-GI), las cuales, de manera sistemática, reflejaban una tasa de más del 90% de delitos no denunciados. Esta percepción fue confirmándose de manera progresiva y dramática con la aparición de numerosas fosas clandestinas llenas de cadáveres mutilados en casi todas la regiones de Veracruz, a la par de las denuncias públicas que empezaron a multiplicarse por la desaparición de personas y de los secuestros que se incrementaron de forma extraordinaria. Las extorsiones se practicaban desde los penales y la cifra de ejecutados por el crimen organizado era un dato cotidiano de los medios de comunicación en todas las regiones de Veracruz, lo cual incluía los frecuentes asesinatos de periodistas. Los principales cambios en las modalidades de violencia que podemos identificar a partir del momento en el que el crimen organizado cobra independencia con respecto al Estado y llega incluso a cooptar a parte del personal y las instituciones de la seguridad y la justicia tienen que ver, sobre todo, con la intensidad.
La intensificación está asociada a los cambios demográficos pues, a pesar de que las tasas de homicidios son menores con relación a la etapa del sistema de partido hegemónico, la población total ha aumentado de tal manera que su visibilidad es mucho mayor. A esto contribuye el hecho de que los escenarios principales de violencia se han desplazado de los espacios rurales a las zonas urbanas. No obstante, sin lugar a dudas la mayor visibilidad e intensidad de la violencia está relacionada con la modalidad en que se ejecutan los homicidios, los cuales ahora se acompañan de mutilaciones de los cuerpos, señales de tortura o decapitación. Se trata de crear un mensaje de miedo entre los adversarios y de terror entre la población con el uso el cuerpo humano como texto (Blair Trujillo, 2005). De esa manera, la disputa por un bien material relacionado con la renta obtenida por el tráfico de mercancías ilegales se traduce en el uso instrumental de los cuerpos y la desaparición de la subjetividad de las víctimas, a quienes, además, se les niega la posibilidad de ser objeto de un rito funerario al simplemente desaparecerlas en fosas clandestinas, o cuando disuelven los cadáveres en ácido. Algunos autores llaman a estas modalidades de homicidio "tanatosecuestros", en la medida en que se impide a los familiares la posibilidad de mantener una relación con el asesinado a través del duelo o se les extorsiona incluso para entregar el cadáver cuando se efectúa un secuestro (Flores Martos, 2016).
No obstante la gravedad de la situación, el tema de la violencia y la inseguridad estaba ausente en los pronunciamientos de los diferentes partidos políticos. Ninguno de ellos efectuó una crítica o presentó una propuesta o iniciativa con el fin de contener la ola de violencia e inseguridad.
En las elecciones municipales del 2013, el PRI volvió a triunfar en Veracruz con un amplio margen, y lo mismo ocurrió en las elecciones para diputados federales del 2015. El derroche de recursos en las campañas de Veracruz fue altamente contrastante con la total ausencia de obra pública y el abandono deliberado de áreas clave de la administración pública estatal como, por ejemplo, las instituciones de salud. La infraestructura de los hospitales se deterioró, había una carencia total de medicamentos y los recursos de programas federales (p. ej. el llamado "seguro popular") no llegaban a su destino.
Hoy sabemos que gran parte de esos recursos fueron desviados para incrementar la fortuna personal del exgobernador Javier Duarte y sus colaboradores, así como a fin de financiar las campañas de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Los recursos destinados a educación básica, a la universidad, a programas de salud, al pago de pensiones de trabajadores del Estado, al pago de becas a estudiantes de educación superior, o al fortalecimiento de la seguridad e imple-mentación de programas de prevención del delito fueron desviados con absoluta impunidad sin que nadie, ni los partidos de oposición, ni las autoridades judiciales o el Gobierno federal hiciesen algo para detener el saqueo.
Los recursos canalizados con el propósito de poner en marcha el nuevo sistema de justicia penal también fueron desviados de su objetivo, lo que hizo de la im-plementación de dicho programa una simulación total. Lo mismo ocurrió con la reforma policial que nunca pudo terminar de instrumentarse, de modo que se mantuvo como efectivos a un porcentaje amplio de policías que no habían aprobado los exámenes de control de confianza.
Al final del sexenio, la presión contenida estalló. Las protestas por la violencia y la inseguridad se multiplicaron, junto con las de los proveedores afectados por la falta de pago y los recortes presupuestales, empezando por los propios trabajadores del Gobierno, a quienes no se les cubrían sus salarios.
A pesar la profundidad de la crisis de final de régimen, en las elecciones de gobernador del 2016 el PRI obtuvo una elevada votación, aunque insuficiente para derrotar al candidato de la alianza PAN-PRD, quien, finalmente, después de un intento fallido en el 2010, ganaba una gubernatura, lo que rompió con un monopolio del poder que había durado 80 años exactamente: desde 1936, cuando ocurrió el asesinato de Manlio Fabio Altamirano y llegó al Gobierno estatal Miguel Alemán Valdés, hasta el 2016.
En los últimos meses del Gobierno de Javier Duarte se vio la profundización del colapso. La corrupción sistémica llegó a extremos inimaginables, como, por ejemplo, la falsificación de las pruebas para detectar el virus de inmunodeficien-cia adquirida (VIH), o la falsificación de medicamentos para tratar a los enfermos de cáncer. Los señalamientos realizados por el Órgano de Fiscalización Superior o la Auditoría Superior de la Federación sobre miles de millones de pesos desviados o aplicados a rubros indebidos eran de escándalo. El gobernador saliente tuvo que renunciar antes de concluir su mandato y huir a fin de no ser detenido, en un evento que reflejaba el arreglo político para manejar su salida. En el momento en que se escribe este texto, se encuentra detenido en una cárcel mexicana, después de ser extraditado de Guatemala. Otros funcionarios del Gobierno anterior, entre ellos el exsecretario de seguridad pública, se encuentran detenidos, acusados de peculado y enriquecimiento ilícito. En medio de la severa crisis de inseguridad que padecía el estado, el exsecretario se ocupaba de desviar recursos destinados a esa área con el objetivo de adquirir propiedades en Texas y crear empresas que le vendían insumos y servicios de seguridad a la secretaría en la que era el titular.
La sociedad veracruzana se vio atrapada entre la ofensiva del crimen organizado que actuaba con toda impunidad, lo que hizo cada vez más evidente la captura de las instituciones policiales por los diferentes carteles que operan en la entidad, y la voracidad de una clase política corrupta a cual más. Aparecían más fosas clandestinas que contenían cientos de cadáveres y algunos cuerpos policiales participaron de forma directa en la desaparición de personas, como ocurrió en los municipios de Tierra Blanca y Papantla, en los que aparecían vinculados algunos altos mandos de la Policía.
Los familiares de desaparecidos y víctimas del delito tuvieron que organizarse e iniciar la búsqueda de sus allegados, y encontraron por sí mismos las fosas clandestinas en las que habían sido enterrados cientos de cadáveres. Se vive, entonces, en Veracruz una crisis severa de derechos humanos en relación con el acceso a la justicia y la atención a las víctimas del delito.
Reflexiones finales
La violencia en Veracruz encontró un caldo de cultivo apropiado en razón a la prolongada existencia de un régimen autoritario subnacional que, a pesar de haber dado pasos en los últimos años hacia la construcción de un sistema de partidos más competitivo, mantuvo muchos rasgos propios de las autocracias. Desde 1936, año en que se inicia la hegemonía plena del PRI, hasta el 2004 cuando llega al poder Fidel Herrera Beltrán, coexistió el sistema de partido hegemónico con el llamado "crimen organizado de Estado", con un intervalo breve entre 1997 y el 2004 en el que se estructuró un sistema de partido predominante debido al incremento de la competencia política.
Como podemos observar en la siguiente gráfica que registra las tasas de homicidios efectuados en Veracruz de 1980 al 2014, entre 1980 y 1988 la tasa de homicidios por 100 000 habitantes era muy alta, entre 25 y 18 aproximadamente. Desde 1988 y hasta el 2008, se tiene una tendencia al descenso, y llega a su punto más bajo en el 2004, cuando se tiene una tasa de cinco asesinados por cada 100 000 habitantes. Esta tasa se mantiene hasta el 2008, se duplica de nuevo en el 2009 y se triplica en el 2011, cuando alcanza 15, hasta estabilizarse en 10 en el 2014. Llama la atención que la tasa de homicidios fue mucho más alta en las décadas de los setentas y ochentas, durante la etapa del sistema de partido hegemónico, cuando el principal objeto de disputa era aún la tierra y las rentas generadas en la agroin-dustria cañera. Casi se duplicaban las tasas que tenemos en la época de la restauración del régimen electoral autoritario, es decir, del 2004 hasta el 2016, cuando el narcotráfico se convierte en el principal factor de violencia.
Del 2004 al 2016 vivimos una restauración del régimen autoritario local, al coexistir con la captura parcial de algunas instituciones estatales, sobre todo los cuerpos policiales y los centros de reinserción social por parte de los grupos de la delincuencia organizada, incrementándose de forma significativa la violencia y la intervención parcial de estos grupos en los procesos electorales.
En los términos de Garay Salamanca y Salcedo Albarán (2012), hablamos de una captura parcial y no de reconfiguración cooptada del Estado. Aun cuando en algunos lugares los cuerpos policiacos fueron capturados o cooptados por el crimen organizado, esta situación no ha sido generalizada, ni se podría decir que es el crimen organizado el que determina desde dentro la regulación del régimen político. En otros casos han sido más bien los actores de la clase política los que han utilizado las redes criminales para obtener alguna renta y financiar sus campañas, asociándose por mutua conveniencia, como parece ser lo que pasó con el Gobierno de Fidel Herrera.
En síntesis, podemos afirmar que la configuración compleja de una violencia estructural propiciada por la extrema desigualdad económica y cultural que se fue acumulando en Veracruz desde los tiempos del sistema de partido hegemónico, junto con la conformación de un régimen electoral autoritario subnacional basado en una corrupción sistémica —que a su vez se traduce en una debilidad del Estado—, facilitó el incremento de la violencia propiciada por el surgimiento de carteles del narcotráfico que operan mediante la constitución de brazos armados con el fin de disputarse las rentas obtenidas por la venta de drogas y otras actividades ilegales. La expansión de los carteles del crimen organizado se ha extendido más allá de la escala local o nacional, estableciendo redes en otros países para el traslado y la distribución de la droga, principalmente en Centroamérica, donde han llegado a controlar de forma directa algunos territorios. Este nuevo posicio-namiento se prolonga hasta Colombia, donde se ha invertido la relación entre los carteles mexicanos y colombianos, de tal manera que algunos grupos como el Cartel de Sinaloa y Los Zetas se han apoderado directamente de algunas zonas de producción de cocaína, incrementándose esta tendencia con el reciente desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Semana, 2018).
Por otra parte, el incremento de la violencia provocada por la disputa de las plazas entre los distintos carteles en México y en Veracruz ha tenido como consecuencia un reavivamiento de las rutas de traslado por el Caribe, ya que los llamados baby cartels colombianos han preferido eludir esos espacios de confrontación violenta de alta intensidad (Expansión, 2013).
La irrupción del crimen organizado en la vida pública ha obstaculizado la construcción de un régimen democrático al intervenir en los procesos electorales estatales o municipales en mayor o menor medida (Loza, 2016), sin que se pueda hablar de una captura plena o una reconfiguración cooptada del Estado. Esta obstaculización de la democracia tiene que ver con el financiamiento o la coerción a los candidatos y electores, la proscripción del espacio público debido a la censura y a la coacción, así como el daño directo que se ha hecho a los periodistas y a los medios de comunicación al amenazarlos, golpearlos o asesinarlos.
Solo la conjunción de un movimiento civil amplio, que obligue a la clase política de todos los partidos a comprometerse con la legalidad y a fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad y justicia, puede empezar a revertir la espiral de corrupción y violencia en que se ha visto envuelta la población de Veracruz y conducir hacia la construcción de un régimen político democrático, en el que la competencia electoral equitativa se complemente con la constitución de un Estado de derecho, mayores niveles de igualdad social y económica entre los ciudadanos y la ampliación de derechos.
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