Gerardo A. Carlo-Altieri
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Sevilla, Ediciones Puerto, 2010, 191 p.

Al articular en un análisis riguroso aspectos legales, políticos, económicos y sociales, en el presente libro Gerardo Carlo-Altieri ahonda de forma significativa en el conocimiento de la litigación de los esclavos puertorriqueños del siglo XIX. El sistema legal y los litigios de esclavos en Indias (Puerto Rico-Siglo XIX) se inserta, por lo tanto, en una corriente historiográfica de corte muy reciente que se ha centrado en las relaciones entre las minorías étnicas y la justicia en América desde el periodo colonial hasta la actualidad.

Para comprender la relación que los esclavos mantuvieron con el sistema judicial, el autor se interroga sobre tres puntos: las herramientas legales de que disponían para comparecer ante la justicia, la forma en que las utilizaron para defender sus intereses y, finalmente, las consecuencias políticas que el uso cada más frecuente de los tribunales por los esclavos pudo tener en el proceso de emancipación de la isla.

El libro se divide en dos partes: en la primera, Carlo-Altieri analiza con gran precisión el complejo andamiaje legal relativo a la esclavitud, mientras que en la segunda se detiene en el examen de varios pleitos que involucraron a los esclavos puertorriqueños en el siglo XIX. Para ello utiliza un gran número de documentos legales-cedularios, instrucciones, bandos, etc.- y de expedientes judiciales, sacados de los archivos tanto nacionales (Archivos Municipales de Vega Baja y Manatí, Archivo General de Puerto Rico), como españoles (Archivo Histórico Nacional, Archivo General de Indias).

Sin entrar en detalles acerca de las numerosas aportaciones del libro, señalaremos únicamente las que, a nuestro juicio, resultan ser más novedosas. Carlo-Altieri muestra que, al ofrecer a los esclavos un grado mínimo de protección, el Reglamento de Esclavos de 1826, inspirado en la Instrucción sobre la esclavitud en Ultramar que la Corona pretendió implantar sin éxito en 1789, brindó a los esclavos las herramientas necesarias para acudir ante la justicia. En los siglos anteriores, la ausencia de disposiciones abarcadoras y la multiplicidad de las fuentes de derecho en asuntos esclavistas habían desembocado, en efecto, en la conformación de un cuerpo legal desarticulado, favoreciendo la multiplicación de los abusos perpetrados casi siempre directamente por los propios amos.

El autor también advierte que el hecho de que en Puerto Rico el poder judicial estuviera durante años en manos del poder ejecutivo también dificultó el acceso de los esclavos a la justicia. Por esta razón, la creación en 1831 de la última Real Audiencia de América, localizada y con jurisdicción exclusiva sobre Puerto Rico, favoreció a los esclavos querellantes, puesto que si un litigio no se resolvía de forma favorable a una de las partes ante los jueces ordinarios, tendría oportunidad de ventilarse en grado de apelación ante los oidores. Además, a partir de 1833 el Real Acuerdo empezó a dictar autos que vinieron a interpretar y sirvieron para implantar el Reglamento de esclavos de 1826. Finalmente, esclarece el papel desempeñado por intermediarios como el síndico de esclavos en el acceso de los mismos al sistema de justicia.

No obstante, como lo señala Carlo-Altieri, estas nuevas condiciones no evitaron que surgieran conflictos jurisdiccionales entre el poder judicial y el poder ejecutivo, dado que el miedo a los levantamientos justificó la frecuente intervención de los militares para sentenciar delitos cometidos por los esclavos puertorriqueños. En efecto, más allá de la esfera estrictamente legal e institucional, el autor ahonda en las dimensiones cultural, política y socioeconómica en juego en la configuración de las relaciones entre los esclavos y el sistema de justicia.

Muestra, por ejemplo, que la necesidad de mano de obra esclava, por un lado, y la aceptación del derecho de acumular bienes propios que tenían los siervos, por otro, también constituyeron factores que deben tomarse en cuenta para explicar el uso de los tribunales por parte de los esclavos y, sobre todo, el tipo de quejas que éstos presentaban. El libro también reivindica el peso que pudo tener la resistencia "legal" protagonizada por los esclavos, con las escasas y rudimentarias herramientas de que disponían en la historia de la emancipación de la isla, un tema que fue poco contemplado por la historiografía.

En definitiva, Carlo-Altieri no sólo nos proporciona esclarecedoras consideraciones sobre la construcción de un andamiaje legal dúctil en asuntos esclavistas, sino que también reflexiona acerca del papel que pudieron desempeñar instituciones como la Real Audiencia de Puerto Rico en la evolución de la litigación de los esclavos. Tampoco se olvida del protagonismo de los mismos esclavos en la configuración de los intereses políticos y económicos en juego a lo largo del siglo XIX. El libro ofrece la posibilidad de establecer provechosas comparaciones con el margen de negociación de que gozaron los indígenas en el periodo colonial y de reflexionar sobre el rol de las instituciones y de los intermediarios como los síndicos de esclavos y los protectores de indios en el acceso de las "minorías étnicas" al sistema de justicia.

Dra. Caroline Cunill,
Université de Toulouse II-Le Mirail
Paris, 25 de mayo de 2011