ISSN Electronico 1794-8886 Volumen 24, septiembre-diciembre de 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.14482/memor.24.6460

Una aproximación a la ilegalidad, el crimen organizado y ausencia estatal en la frontera colombo-venezolana. El caso del departamento de La Guajira en Colombia

Luis F. Trejos Rosero
tojosl@uninorte.edu.co; luifer385@gmail.com.

Doctor en Estudios Americanos con mención en Estudios Internacionales (IDEA/USACH). Profesor e investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia). Investigador Asociado del Instituto de Altos Estudios de América Latina y el Caribe, Universidad del Norte. Miembro de los Grupos de Investigación "Agenda Internacional" y "Conflicto y postconflicto en la región caribe colombiana" de la Universidad del Norte.

David J. Luquetta Cediel
david.luqueta@uautonoma.edu.co

Antropólogo, doctor en Ciencias Sociales. Universidad Autónoma del Caribe. Miembro del grupo de investigación Comunicación y Región.

Resumen

Este trabajo parte de la hipótesis que sostiene que la ausencia o débil presencia del Estado colombiano en sus periferias, en este caso en el departamento de La Guajira fronterizo con Venezuela, ha posibilitado que a través de la historia agentes no estatales construyan poderes paralelos basados en la fuerza y el uso de la violencia. De esta manera establecen órdenes sociales y económicos básicos que permiten la convivencia. En gran parte de La Guajira, especialmente en la frontera con Venezuela, la violencia se ha convertido en el medio utilizado para la resolución de las tensiones y los conflictos sociales, es decir, la violencia y quienes la administran o ejercen han pasado a ser el elemento dinamizador del desarrollo de la vida en común.

Palabras clave: Periferia, frontera, crimen organizado, ilegalidad, violencia, paramilitarismo.

Abstract:

This work is based on the hypothesis that the absence or weak presence of the Colombian State in its peripheries, in this case in the department of La Guajira border with Venezuela, has enabled through the history NSAs build parallel powers based on the use of force and violence. Thus establishing basic social and economic order that allows connivance. In much of La Guajira, especially on the border with Venezuela, violence has become the medium used for the resolution of tensions and social conflicts, violence and those who administer or exercise it have become the dynamic element of the development of life in common.

Keywords: Periphery, boarder, organized crime, illegality, violence, paramilitary.

Con el ánimo de abrir la discusión sobre la importancia que ha tenido el establecimiento de las fronteras a lo largo de la historia, más particularmente, en el Caribe colombiano, pretendemos hacer un análisis de su importancia en el ámbito sociopolítico y cultural. En este sentido, ahondaremos en las prácticas que han forjado el desarrollo cultural, natural, de las comunidades étnicas de esta región en espacios de periferia o de frontera, especialmente del actual departamento de La Guajira que limita con Venezuela al norte de Colombia.

Desde mediados de siglo XVIII, la frontera ha propiciado espacios de sociabilidad más allá del establecimiento fijo del dominio español sobre las comunidades periféricas. En esta época, el gobierno monárquico intentó reordenar social, económica y políticamente los territorios que demostraban no estar bajo el control de los representantes de la Corona. Gran parte del territorio de las Provincias de Cartagena y Santa Marta, las selvas interiores sobretodo, se habían configurado autónomamente, de manera externa al orden pretendido por los reyes católicos. Los valles internos de estas provincias estaban constituidos por toda clase de población huida de las ciudades, villas o pueblos que se habían fundado en los márgenes de los ríos más importantes, como el Magdalena, Ariguaní y Cesar.

Este fenómeno se da porque la Corona presionó a las poblaciones selváticas, en su mayoría mestizos, negros cimarrones, españoles fugitivos y por supuesto nativos, a asentarse en los pueblos que se estaban fundando. En respuesta a este proceso sucedió lo contrario. Más allá de los intereses imperiales la población se internó más en estos territorios periféricos propendiendo por una sociedad al margen del dominio monárquico. Una sociedad de fronteras.

El territorio que nos interesa en el presente texto, como ya se menciono es lo que hoy se conoce como La Guajira, que en hasta este tiempo, mediados del XVIII, hizo parte de la Provincia de Santa Marta, hasta que se creó la Provincia de Riohacha. Luego de campañas por pacificar a las comunidades de nativos goajiros la Corona tuvo que sentarse a negociar con ellos puesto que nunca se dio un proceso de dominación por fuera de las ciudades o plazas mayores, en este caso la ciudad de Riohacha, por su condición de puerto.

Antes de continuar con este análisis, se hace necesario detenerse en dos de los conceptos transversales. El primero es el de frontera, el cual se utiliza en las Ciencias Sociales para hacer referencia a la delimitación de un territorio, sea a través de la utilización de accidentes geográficos en tierra, o por los ríos y mares en el ámbito acuático; o sea también por el establecimiento de límites convencionales o arbitrarios, como un hito o un mojón. En el sentido práctico, frontera tiene una implicación material ligada a la demarcación de un territorio.

A la llegada de los españoles a este continente, encontraron comunidades que habitaban extensas selvas, donde no existía ninguna delimitación que diferenciara el territorio de unos u otros, es decir no había fronteras a los ojos de los españoles, pero de la misma manera, eran palpables las diferenciaciones culturales entre estos grupos. Dichas diferencias radicaban entre otros elementos en sus atavíos y costumbres alimenticias, en su cultura. Por esta razón, se ha dicho que el establecimiento de las fronteras como tal, se da a la llegada de los conquistadores y posteriormente con el establecimiento de los colonizadores, debido a que se vieron obligados a delimitar los espacios donde habitarían y donde se asentaron en nombre del rey. Pero para el interés del presente trabajo, lo tomamos como lo ha explicado la historiografía argentina, como un espacio de interacciones sociales. Nada fijo, sino como un aspecto permeable donde se dan las negociaciones sociales de las que se nutre directamente la cultura. Textualmente dicen Areces y Mallo: En el amplio campo de las relaciones "espacio-sociedad" se privilegia el de las fronteras que se piensa como imagen del proceso formativo de una sociedad y no como una línea divisoria infranqueable.A su vez, Néspolo, lo aborda como un espacio políticamente concertado, que contiene universos de gobernabilidad para las sociedades concurrentes que se construyen y se re-definen en el conflicto y en la convivencia armónica con el "otro", al igual que un espacio de pleno dominio territorial. De tal forma, que el concepto de frontera lo tomamos como el espacio de negociación donde confluyeron todos los aspectos que ayudaron a reconfigurar la sociedad de las provincias.

El otro concepto, periferia, es tomado como los espacios que se encuentran por fuera del dominio de la Corona. La presencia del poder monárquico fue evidente y eficaz en las ciudades que para la época a los reyes les representaba algún interés económico, como lo eran los puertos, Cartagena, Santa Marta y Riohacha. Por fuera de estas ciudades, los pequeños pueblos que fundaban los representantes del sistema colonial, no lograban sus intenciones, el cual era ejercer control. Ya fuera porque la misma población los abandonaba o derruía, o porque los mismos colonizadores o eclesiásticos los dejaban al azar. Por este tipo de situaciones, surgió la necesidad para la Corona de implementar medidas de control para con los Guajiros.

Hay que tener en cuenta también que la geografía del desierto de La Guajira, fue un territorio de muy difícil acceso y de poco interés para la Corona. Tampoco tenía mucho que ofrecer, por su aridez. A este respecto dice David Weber, afirma que la conquista de las comunidades nativas nómadas o seminómadas se convirtió en un problema en tanto los naturales no perdían nada al dejar sus chozas y/o rozas para trasladarse a otros lugares y escapar del asedio de los españoles. Sin embargo, para las mismas comunidades implicaron un proceso de sociabilidad desligado a proyectos eclesiásticos o monárquicos.

A pesar de los incontables esfuerzos de la Corona por controlar estos territorios, incluso desde antes, en el siglo XVI cuando se trató de implementar la encomienda, comunidades como los guajiros, chimilas y motilones, entre otros, se convirtieron en una población sin conquistar. Ejercieron desde un principio una fuerte oposición a la imposición del sistema colonial. Tanto así que pudieron compartir con los españoles el mismo espacio y conservar territorios de control propio indígena.

Cuando llegó la implementación del reformismo durante la segunda mitad del XVIII y con la expulsión de los jesuitas y llegada de los misioneros capuchinos, el orden social de las provincias del norte del virreinato impulsó la transformación cultural de la población. La intención de la Corona además de ordenar socialmente a la población dispersa, también fue organizar y legalizar todo el comercio directo o contrabando del cual no recibía ningún beneficio.

En contraposición reafirmó las prácticas informales de contrabando a través de las toda la población silvicultora se insertó al comercio regional de las plazas mayores por medio del Camino de Jerusalén. Mompox tenía la reputación de ser un centro de distribución hacia el interior del virreinato de las mercancías que llegaban de contrabando a través de la península Guajira y se transportaban hasta Mompox por vía terrestre a través de la zona de Valledupar. El ordenamiento ideado en la metrópolis, no fue asimilado con el mismo ánimo en las colonias de ultramar. Por el contrario a lo esperado por los reyes, los señores de la tierra, entre otros José F. De Mier y Guerra y el segundo Marqués de Santa Coa Julián Trespalacios y Mier, supieron negociar con toda esta población que se concentró en los territorios periféricos obteniendo ganancias significativas del contrabando.

Esta situación puede ser mejor entendida bajo la óptica de la negociación. Néspolo lo trata con el binomio resistencia y complementariedad, a lo que se refiere como las relaciones naturales que surgen en espacios con condiciones particulares como las periféricas. De esta forma podemos comprender por qué a los mismos representantes del Estado Monárquico les resultó más beneficioso permitir este tipo de comercio que atacarlo, muy a pesar de las órdenes del rey. ...los consejeros del rey calculaban que el contrabando que entraba por estos puertos ascendía a seis millones de pesos, cuando el comercio legal no superaba los dos millones...

El Estado monárquico ausente y el surgimiento de la ilegalidad

Aunque el contrabando fue impulsado en esta época, desde antes de que los españoles pisaran Tierra Firme, ya hay testimonios de actividad contrabandista en la península de La Guajira. Dice Santiago González-Plazas que algún personaje de apellido Ojeda, que no era Alonso de Ojeda, realizó actividades de comercio ilegal en este territorio pero sin llegar nunca a confesarlo. Y aunque el contrabando no era una práctica natural de la economía de los goajiros, después del establecimiento de las "rancherías perleras" por su alto potencial de explotación y su abandono por el agotamiento de esta mercancía, los indígenas tomaron control de este comercio entablando relaciones directas con comerciantes europeos holandeses.

Fue tal la importancia del contrabando y su influencia en la transformación cultural de los naturales que lograron desarrollar un sistema de organización política y económica a través de la cual, les permitió apropiarse de gran parte de este comercio, pero además también de negociar con la misma metrópolis. Se conoce por puño del jesuita Antonio Julián, que un cacique goajiro viajó a proponerle al rey la entrega de toda su nación con la condición de que les permitieran establecer y administrar su negocio. Este consistía en un asiento de negros en Santa Marta y demás comercio que ya poseían.

Los intercambios comerciales se centraron en el interés de los europeos por las perlas y el interés de los nativos por licor, telas, ganado de todo género, armamento y pólvora. Esta situación tomó fuerza después de la segunda década del XVII. Al respecto dice Cwik que el contrabando creó un Estado autónomo dentro de la provincia de Santa Marta antes de mediados del XVIII. También aclara que no se trató solamente de un Estado de población nativa o gente del mar, sino que los mismos representantes del gobierno local supieron aprovechar esta condición y tomar ventaja del comercio ilegal de perlas, esclavos y Palo de Brasil (árboles maderables), estos eran los "Señores de las canoas", entre los que se encontraba Alonso de la Barrera (alcalde), Bartolomé Carreño, Francisco de Castellanos (regidor y tesorero), Alonso Díaz de Gabraleón (veedor) y Pedro de Ortiz (alguacil mayor). De esta forma, se puede evidenciar que la institucionalidad de la Corona en estos espacios era casi nula o muy deficiente, dado que no solamente permitía este tipo de prácticas, sino que además se beneficiaba de ellas.

La formalización del contrabando en esta época en lo que hoy es el Caribe colombiano, permitió que se establecieron rutas que fueron protegidas por nativos, negros cimarrones, pero también por los mismos criollos de la élite comercial. Es por esta razón que se pueden encontrar personajes como los ya mencionados Mier y Guerra y su familia, quienes además de implementar las reformas borbónicas, entablaron relaciones comerciales con los habitantes de estas selvas y que protegían además dichas rutas. Las más conocidas y representativas eran el de Tierradentro [...] que iba de Cartagena a las barrancas de San Nicolás, donde después se fundaría Barranquilla. Pasaba por Tubará, con salidas hacia Cibarco y Baranoa y el Camino de Jerusalén que entraba por Riohacha y subía por el río Ranchería al Cesar, o pasaba por el antiguo Paso de la Ramada, y seguía por Tomarrazón, San Juan, Valledupar, Valencia, y de allí a El Paso del Adelantado, El Doce (Astrea), hasta desembocar en el puerto de Jaime, frente a Mompox.

A partir de la formación de estos centros de comercio surgieron ciudades o pueblos que lograron un desarrollo económico significativo. El caso más cercano en la península de La Guajira, fueron el, Ciudad de Nueva Cádiz, frente a la costa de Venezuela y el Cabo de la Vela y Nuestra señora de los Remedios del Río de la hacha, en lo que hoy es Colombia, las cuales desde los primeras décadas del XVI ya movían cantidades significativas de mercancías de contrabando. La primera se destruyó completamente por un maremoto en 1541, por lo que los Señores de las canoas se decidieron fundar Riohacha la cual, al mismo tiempo representó una mejor ubicación por estar en la desembocadura del actual río Ranchería. Esta condición fue la que le permitió la conexión con Mompox, centro más importante del comercio del norte del Virreinato.

Otra condición para que la Corona no fuera bien representada por sus propios agentes, fue que por dar poder a los alemanes en aras de pagar sus deudas al norte de lo que hoy es Venezuela, estos lograron articularse con el comercio de sus propias metrópolis. Además que no tuvieron reparo en establecer relaciones comerciales con otras naciones. Por lo que también se asentó una cantidad considerable de familias judías que hicieron de este comercio una buena fuente de ingresos.

Para finales del XVIII y principios del XIX, en los años previos y durante las guerras de independencia el contrabando siguió siendo uno de los aspectos que continuó indistintamente de realistas o independentistas. Sobre todo los mismos locales, más no los nativos goajiros o wayuu, fueron quienes impulsaron estas prácticas. Afirma De la Pedraja que la manera y el impulso de la Corona por organizar el comercio y acabar con el contrabando generó un efecto totalmente contrario. Este fenómeno se agudizó, así como lo afirma también Tirado Mejía.

Por causas de las restricciones al comercio, el contrabando se agudizó. España no tenía una industria potente y suficiente, y sin embargo, pretendía continuar con el monopolio de abastecimiento de sus colonias. Para lograrlo tuvo que constituirse en simple intermediario entre estas y los países europeos que las producían y esta función no tuvo más resultado que encarecer los precios. Los americanos que veían crecer cada vez más su necesidad de artículos europeos, recurrieron a la compra directa al país productor por medio del contrabando y a la venta de sus productos por los mismos sistemas.

González-Plazas plantea la hipótesis de que pasado el tiempo de las guerras de independencia, la intención de exterminar el contrabando fue perdiendo sentido. Esto en línea con los intereses de los nuevos gamonales y señores de la tierra a quienes les interesaba más bien, tomar partido de esta práctica. Ya establecida la república, fue visto este fenómeno como un problema, dado que había adquirido tal importancia que la riqueza pasaba por el desierto y el Estado no tomaba un centavo.Para los principios del XX, Vladimir Daza da cuenta de una evidencia clara de trata ilícita de población nativa en La Guajira para abastecer de mano de obra las haciendas cercanas venezolanas, evidenciando que la presencia del Estado ya entrado el siglo XX en estos territorios aún se mantenía escaza y poco eficaz. De hecho, se podría pensar que continuaba siendo un estado independiente con sistemas políticos, económicos y culturales distintos a los del gobierno central.

De esta forma se podría plantear la hipótesis de que la forma y la aplicación de la ley en estos territorios periféricos, puede diferir a la de una sociedad que siempre ha estado inmersa en prácticas formales y permitidas de regulación social. La sociedad que se forjó por más de cuatro siglos hasta mediados y finales del XX pudo adquirir una sensación de laxitud de lo que es el Estado en su propio contexto. Para este fin, se adquieren, y además formalizan, prácticas que si bien no están permitidas o acogidas por la ley, rigen con mayor ímpetu el desarrollo social y económico de una sociedad autónoma, esto sumado a la interacción con los goajiros, hoy conocidos como wayuu, quienes también se nutrieron culturalmente de estas prácticas, pero hicieron su aporte significativo.

Geografía y presencia territorial del Estado colombiano

Una hipótesis explicativa de la presencia permanente de actividades ilegales en La Guajira colombiana, se encuentra en que el Estado colombiano, históricamente ha mantenido una presencia diferenciada en el territorio nacional, es decir, la continuidad del Estado colombiano ha sido fragmentada, ya que mientras ha logrado integrar los centros urbanos, vastas zonas periféricas del mismo se encuentran excluidas y marginadas de sus servicios básicos. Las razones de dicha fragmentación estarían, en parte, en la compleja geografía del país. Según el índice de Fragmentación Geográfica que elabora el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, Colombia ocupa el tercer lugar en este sentido, entre 155 países analizados. Colombia, se encuentra situado en el corazón de la zona tropical, es atravesada por tres grandes cordilleras (oriental, central y occidental), que alteran la climatología colombiana, formando un variado abanico de climas de altura, en sus partes altas, climas cálidos en los valles de sus grandes ríos (Magdalena y Cauca), climas frescos en las partes medias o laderas cordilleranas, climas fríos muy aptos para el desarrollo de la agricultura y el asentamiento de grandes grupos humanos en las mesetas altas, como la Sabana de Bogotá. Centro de su desarrollo histórico y actual capital administrativa del país. En lo geopolítico, la complejidad no disminuye, ya que Colombia es a la vez un país andino, caribeño, pacífico y amazónico. Precisamente ha sido esta compleja geografía la que históricamente ha dificultado las comunicaciones e interacciones regionales, afectando gravemente el desarrollo simétrico o uniforme del país.

Una explicación a dicha situación se encuentra al revisar el proceso de desarrollo demográfico del país durante el periodo colonial y los inicios del siglo XIX. Durante todo este tiempo, el poblamiento se hizo desde el centro (zona andina) hacia las periferias, esto porque en dicha zona se ubicaba el grueso de su población indígena, lo que significaba abundante mano de obra para la explotación de los nuevos territorios y zonas agrícolas. En estas nuevas zonas se establecieron encomiendas y resguardos que generaron estructuras bimodales de tenencia de la tierra: latifundios y minifundios. En este último, trabaja la familia campesina en pleno, presentando un relativo excedente de mano de obra con respecto a otros factores de producción. Lo contrario ocurre en el latifundio, ya que en éste se utiliza poca mano de obra, porque su uso de la tierra es extensivo, produciendo un excedente de población rural que por lo general termina migrando a los centros urbanos, produciendo destacamentos de desocupados, que son utilizados en la colonización de nuevas "áreas de frontera agraria".

Un rasgo característico de estas zonas de fronteras internas es la ausencia estatal. En este sentido, autores como Schelenker e Iturre, Serje, Salazar y Castillo, Soto, Rangel y Medina, afirman que la ausencia de Estado, posibilita la aparición y consolidación de poderes paralelos, que basados en la fuerza y el uso de la violencia establecen órdenes sociales y económicos básicos que permiten la convivencia. En estas zonas carentes de Estado, las organizaciones paramilitares y guerrilleras se convierten en gérmenes de orden y en la práctica se constituyen como estados paralelos. Al quedar todo cubierto con el manto de la ilegalidad, el Estado renuncia a ser garante de las interacciones de los habitantes, dejando los derechos de propiedad, los contratos, los intercambios en una especie de limbo abstracto. Sin ellos no puede haber vida social. Es apenas natural que un nuevo tipo de orden social o estado primitivo surja en estos contextos.

Estas zonas se terminan configurando como territorialidades armadas, o estados de guerra, que son definidos por María Teresa Uribe, como espacios del territorio en los que el poder institucional no es soberano y en los que amplios sectores sociales manifiestan la abierta voluntad de no someterse al orden estatal resistiéndose a su control, dejando latente la posibilidad de confrontarlo con las armas. En los estados de guerra, la violencia se convierte en el medio utilizado para la resolución de las tensiones y los conflictos sociales, es decir, la violencia y quienes la administran o ejercen pasan a ser el elemento dinamizador del desarrollo de la vida en común.

Una aproximación al crimen organizado en La Guajira contemporánea

La Guajira, como departamento fue creado en 1964 por medio del acto legislativo No. 1 del 28 de diciembre de 1964, que entró en vigencia el 1 de julio de 1965. El departamento, tiene una extensión de 20.848 km² y en una parte de su territorio se encuentra la Sierra Nevada de Santa Marta. Limita al nororiente con la República Bolivariana de Venezuela a la altura del Golfo de Venezuela; la Serranía del Perijá marca la frontera con el vecino país por el suroriente, por el sur limita con el departamento del Cesar. En el suroccidente, limita con el departamento de Magdalena y con el mar Caribe en el norte.

El fenómeno criminal con el que La Guajira es referenciada nacionalmente al iniciarse la segunda mitad del siglo XX, fue la "bonanza marimbera" de los años setenta (que venía desplazada de la zona de Urabá). En una región carente de infraestructura vial, productiva y de servicios, con poca presencia estatal y con una población con una larga tradición de subsistencia por medio del contrabando. De ahí que cuando llegaron los primeros estadounidenses comprando en efectivo la marihuana de la región, fueron gratamente acogidos por los guajiros.

Por sus características geográficas, plana y arenosa (lo que facilita la construcción de pistas de aterrizaje para aviones ligeros), los contrabandistas estadounidenses empezaron a llegar en aviones Cesna, Fairchild y Piper Cubs, incluso en aviones de carga tipo DC3, según Fabio Castillo, en un informe del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con fecha de septiembre de 1975, se relaciona la ubicación de 131 pistas ilegales en torno a los cultivos de marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Robert Sabbag, afirma que la carga promedio de un avión era de aproximadamente mil kilos y el viaje Estados Unidos - Colombia - Estados unidos, tomaba un día, lo que facilitaba el lucrativo negocio. Era tal el flujo de marihuana desde La Guajira, que según Sabbag hacia finales de 1976 los aviones de los narcotraficantes se amontonaban sobre La Guajira como vuelos comerciales sobre el aeropuerto internacional JFKde Nueva York.

Cabe destacar que los traficantes guajiros habían sido antes contrabandistas de whisky, electrodomésticos y cigarrillos, es decir, conocían magistralmente las rutas y "caletas" del Caribe colombo-venezolano. Precisamente, el control de dichas rutas fue un detonante de la violencia que vivió la región en los años sesenta. Todo esto, teniendo como telón de fondo a las autoridades como entes ciegos, sordos y mudos, ya que tanto la policía como el ejército recibían generosos pagos por abstenerse de actuar.

La riqueza generada por el boom marimbero, facilitó amasar fortunas en manos de agentes ilegales, que a la sombra de esta bonanza, se perfilaron como líderes sociales y políticos. Estos nuevos liderazgos instalaron una forma de gobernar basada en la corrupción y el clientelismo, generando un proceso de Captura Avanzada del Estado, que ocurre cuando individuos o grupos ilegales como narcotraficantes o mafias por medio de la violencia influyen en los procesos públicos con el fin de satisfacer intereses particulares.

La bonanza marimbera terminó a finales de los setenta, por presiones de los Estados Unidos y porque los consumidores de drogas en ese país adoptaron la cocaína como su nueva droga de cabecera. El fin de la bonanza, tuvo como telón de fondo la estructuración y permanencia de toda una red de agentes legales e ilegales (sicarios, testaferros, lavadores de activos, políticos, jueces, policías y militares) que posibilitaron el desarrollo del narcotráfico a gran escala en la región y que no desaparecieron con la bonanza, sino que se adaptaron a los nuevos contextos de ilegalidad.

En los ochenta aparecen en el departamento, las primeras estructuras guerrilleras. Por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC-EP), se establece el Frente 59 "Resistencia Wayúu" (Sierra Nevada de Santa Marta, Guajira). En su momento se ubicó al sur del Departamento de La Guajira, y tuvo influencia en la zona rural de Valledupar y en zonas como Atanquez, La Mina, Guatapurí, Chemesquemena, Badillo, Patillal y San Juan del Cesar (La Guajira); operó a través de las compañías Grigelio Aguirre y Marlon Ortiz y la Columna Móvil Marcos Sánchez Castellón. En la actualidad se encuentra concentrado al norte de la Serranía del Perijá, dirigiendo su accionar militar al ataque de la infraestructura carbonífera de la mina del Cerrejón y a la realización de emboscadas muy esporádicas a la fuerza pública. Estas acciones no representan un esfuerzo bélico de envergadura, ya que son realizadas por pocas unidades y se ven favorecidas por la concentración de este frente guerrillero en la zona de frontera con Venezuela, lo que les otorga una evidente ventaja estratégica.

En cuanto al ELN, hizo presencia en La Guajira con los frentes guerrilleros: Luciano Ariza "LA" (Serranía del Perijá, Guajira), que operó en área rural de los municipios Barrancas, El Molino, Fonseca, Urumita y Villanueva; y el frente Gustavo Palmezano Ojeda "GPO" (Sierra Nevada de Santa Marta, Guajira), que tuvo radio de acción en las periferias de los municipios Dibulla y San Juan del Cesar. Este último fue fusionado con el frente 6 de Diciembre. En noviembre de 2008, la nueva estructura fue asaltada por tropas del Ejército Nacional, en zona rural del municipio de Dibulla, dando muerte a Leonardo o Eduar Atencio, responsable político de la Dirección del Frente de Guerra Norte. También operó la Compañía Augusto Montes (Sierra Nevada de Santa Marta), que compartía área de operaciones con el Frente Gustavo Palmezano. Las tres estructuras fueron desmontadas en la segunda mitad de la década anterior.

La derrota estratégica de la insurgencia en el departamento de La Guajira, se enmarca dentro de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), desarrollada por el entonces presidente Alvaro Uribe durante sus dos administraciones (2002-2006 / 2006-2010). En la Región Caribe, entre los años 2002 y 2008 el pie de fuerza se incrementó en un 40%. En la Sierra Nevada de Santa Marta, se instalaron Batallones de Alta Montaña con el fin de limitar y controlar los corredores estratégicos de las guerrillas en los 3 departamentos (Cesar, Magdalena y La Guajira). En cumplimiento de su objetivo de controlar territorialmente la Sierra Nevada, las Fuerzas Militares hicieron presencia por medio del Batallón de Alta Montaña N°. 6 (Mayor Robinson Daniel Ruiz Garzón), en el corregimiento de Santa Clara, municipio de Fundación, departamento del Magdalena; la I División del Ejército; la Brigada N°. 10, Batallón Rondón con sede en Valledupar; el Centro de Instrucción y Entrenamiento el Cenizo en el corregimiento de Tucurinca, en Aracataca. A su vez, la Policía Nacional instaló Puestos de Policía en varios lugares como en Atanquez, resguardo indígena Kankuamo. En este periodo, se aprecia que en la Sierra Nevada de Santa Marta, se ha consolidado sustancialmente la presencia de la fuerza pública. Sus unidades desarrollan en amplias áreas operaciones militares, acciones de patrullaje y control de vías, se implementó el programa Soldados de Mi Pueblo, se instaló nuevamente el puesto de Policía en Pueblo Bello (Cesar) y se conformó un grupo interinstitucional con el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, el Departamento Administrativo de Seguridad y la Policía con jurisdicción en Valledupar.

Pero un factor determinante de la derrota insurgente, fue la hegemonía paramilitar en el departamento de La Guajira. Si bien el fenómeno paramilitar logró extenderse por toda la geografía nacional, analistas como Garay y Salcedo, Ávila y Guerra, Romero, Pedraza y Olaya y Valencia,comprueban que el proceso de control político, militar y económico que logró el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, en La Guajira y toda la Región Caribe, fue total.

Para entender las dinámicas del paramilitarismo en La Guajira, hay que delimitar sus objetivos al control del monopolio de la coerción y la prestación de seguridad a un conjunto de actividades económicas proclives al control del crimen organizado, tales como las plazas de mercado, la extorsión a los pequeños y medianos comerciantes, el contrabando y el narcotráfico, entre otras. En varios casos, la infiltración de los cargos de elección popular como los concejos y las alcaldías, le proporciona grandes ganancias por efecto de la contratación pública que cooptan, impunidad judicial y la posibilidad de crear su propia red clientelar. En esta línea, el paramilitarismo en La Guajira operó como una mafia, entendida esta como una forma superior de crimen organizado, que se basa en el cobro de un impuesto a cambio de protección a individuos u organizaciones y las actividades económicas que realizan (legales o ilegales indistintamente), es decir, son empresarios de la protección. Todo este esquema de protección se funda en la fuerza o la amenaza de su uso, en pocas palabras quien no paga la extorsión es violentado automáticamente.

Este tipo de situaciones socio-delictuales también se conoce como "mercados de la violencia". Para Elwert, las sociedades de los Estados que no controlan el monopolio de la violencia, tienden a fracturarse. En estos casos, la ideología se presenta como una cortina de humo, ya que la principal motivación de toda acción violenta es de tipo económico. En ese marco, toda adquisición de bienes o servicios se basa en la violencia o la amenaza de su uso. Los mercados de la violencia son muy rentables y pueden prolongarse durante largos periodos de tiempo. Los actores armados, que son los ejes centrales de este sistema, actúan combinando la apropiación violenta con el intercambio pacífico. Los mercados de la violencia tienden a tener sus orígenes en el marco de conflictos con motivaciones no económicas, pero al final la violencia termina imponiéndose como un medio eficaz de maximizar ganancias.

El Frente Contrainsurgencia Wayuu, perteneciente al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, siguió la misma estrategia de control social y expansión territorial usada por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), esta estrategia consistía en ganar el apoyo de la Fuerza Pública y las instituciones del Estado, establecer alianzas con políticos locales, instalar candidatos propios en corporaciones públicas y hacer ciertas inversiones económicas con el fin de construir bases sociales. En este sentido, el orden social que instaló el paramilitarismo en el departamento de La Guajira y la Región Caribe en general, se dirigió hacia tres áreas específicas: La económica-social que busca ordenar y controlar las actividades económicas legales e ilegales, jerarquizando unas sobre otras y regulando las relaciones sociales que nacen de este ordenamiento; La política institucional que se centra en la eliminación de las fuerzas políticas opositoras, en la creación de nuevos actores y referentes sociales, políticos y organizativos, y en la implementación de mecanismos de control y coerción que regulen la convivencia social; y La burocrática-administrativa que reglamenta las funciones y alcances de las instituciones públicas con respecto a sus intereses particulares y la gestión de los mismos.

El accionar violento del paramilitarismo en el departamento de La Guajira, se dirigió en contra de todas las personas, grupos u organizaciones que se opusieron o entorpecieron la construcción de este orden social.

En esta región de Colombia, los paramilitares produjeron una literal Reconfiguración Cooptada del Estado, que según Garay y Salcedo, ocurre en contextos de corrupción avanzada, presentando las siguientes características: primero, participan individuos y grupos sociales legales e ilegales; segundo, los beneficios que persiguen no son solo económicos sino también de tipo penal y de legitimación social; tercero, por medio de la fuerza o la amenaza real de su uso, establecen alianzas políticas que complementan o reemplazan la extorsión; y cuarto, afecta de distintas maneras todos los niveles de la administración pública.

Con estas características, la Reconfiguración Cooptada del Estado puede definirse como La acción de agentes sociales legales e ilegales, que mediante prácticas ilegales o legales pero ilegitimas, buscan sistemáticamente modificar desde dentro el régimen e influir en la formulación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas de juego social y de las políticas públicas.Estas acciones son desarrolladas con el fin de materializar sus objetivos en el largo plazo y lograr la legitimación política y social de sus intereses, aunque dichos intereses no busquen el bien común.

Una aproximación a la criminalidad actual en el Departamento de La Guajira y sus vínculos con la institucionalidad estatal

La desmovilización del Bloque Norte de las AUC en el año 2006, no dio por finalizado el fenómeno paramilitar y todas sus redes de ilegalidad en La Guajira, sino que por el contrario, dio inicio a una compleja trama de reconfiguraciones y mutaciones de las estructuras y grupos armados que no participaron en el proceso de desmovilización, otros que se rearmaron y otros que emergieron.

Al respecto, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, emitió un Informe de Riesgo en 2009, en el que manifestó su preocupación por la proliferación de grupos armados disidentes de las AUC y la aparición de nuevos grupos armados, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta. El mismo informe, hace una descripción de estos nuevos grupos, basándose en la siguiente tipología: 1. Grupos no desmovilizados del Bloque Norte de las AUC, dentro una estrategia de los comandantes paramilitares que buscaba no perder el control de importantes negocios ilegales como el contrabando de gasolina y el narcotráfico; 2. "Células durmientes", durante el proceso de negociación con el Estado, los comandantes paramilitares ubicaron a mandos medios de mucha confianza, en lugares estratégicos, el cual una vez desmovilizado el Bloque Norte, estas células se activaron con el fin de mantener relaciones de poder, control poblacional, afianzar alianzas y continuar con la captura de espacios sociales e institucionales; y 3. Apoyo en las redes ilegales de coerción, todos estos nuevos grupos armados han echado mano de las redes ilegales de coerción que usaron las AUC, es decir pandillas, bandas delincuenciales, testaferros y grupos de sicarios; 4. Migración de desmovilizados de otras regiones de Colombia, desmovilizados de las AUC que una vez reciben los beneficios del gobierno se vinculan a alguna de las facciones armadas ilegales, especialmente en zonas rurales.

La naturaleza puramente delincuencial y la atomización de dichos grupos, han producido un complejo escenario en el que su continua configuración y reconfiguración es un lugar común, por ejemplo Ávila y Guerra, registran entre 2006 y 2012 solo en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, la presencia de 12 grupos armados diferentes (sin incluir el Frente Contrainsurgencia Wayuu de las AUC). Dichos grupos son: Frente Arhuaco, Autodefensas Campesinas Independientes, Los Nevados, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Urabeños, Los Paisas, Los Rastrojos, Águilas Negras, Grupo Armado Ilegal de Codazzi, Grupos Armado Ilegal del Cesar, Grupo Armado Ilegal de El Copey y Grupo Armado Ilegal del Sur del Cesar.

A estos grupos, hay que sumarles estructuras armadas establecidas en La Guajira, que son anteriores al establecimiento del paramilitarismo en dicho departamento, entre ellas se destacan "Los Conoconitos", grupo armado compuesto por familias Wayúu del Clan Uriana, "Los Aguaditos", conformados por Wayuús del Clan Jusayú, al servicio de la Familia Boscán; Y la banda "Los Curicheros", comandada por Marcos Figueroa, que según el portal de La Silla Vacía cuenta con 800 hombres armados y controla gran parte de las rutas del contrabando en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira.

Por efectos de enfrentamientos armados entre bandas, alianzas, cooptaciones y reacomodación territorial de estos grupos, hasta el año 2013, en el departamento de La Guajira hacían presencia activa Los Urabeños, Los Paisas y Los Rastrojos. Estos grupos dirigen su acción violenta en contra de la población civil, lo que se refleja en la continuación de graves problemáticas humanitarias como el desplazamiento forzado y los ataques contra defensores de los Derechos Humanos y grupos étnicos.

Un caso que ilustra el grado de poder de estas organizaciones criminales en el departamento de La Guajira, es el del exgobernador Juan Francisco Gómez Cerchar (Kiko Gómez). Gómez se encuentra detenido desde octubre de 2013 acusado de ser el determinador de varios asesinatos y de tener vínculos con BACRIM dedicadas al narcotráfico, al tráfico de gasolina y de armas y al contrabando en el Magdalena y La Guajira. Antes de ser gobernador, Gómez, había sido alcalde del municipio de Barrancas (La Guajira), durante los periodos 1995-1997 y 2001-2003 y en los intervalos él mismo ha puesto a su sucesor. Como sucedió con Yandra Brito, a quién apoyó para que lo sucediera en la Alcaldía en el periodo 2004 - 2007.

Distintas versiones de prensa e investigaciones académicas, vinculan a Gómez con Marcos Figueroa (Marquitos) líder de la BACRIM "Los Curicheros", conformada en 2008 y que se dedica al narcotráfico y al tráfico de gasolina. Al respecto, la revista Semana transcribió parte de un informe de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN), en el que señala:

"Llama la atención la subida al poder departamental de personajes como Juan Francisco 'Kiko' Gómez Cerchar en la Gobernación - quien es acusado de tener vínculos con el contrabando, el tráfico de gasolina y el narcotráfico- ". Y puntualiza que "Gómez era uno de los jefes del contrabando en La Guajira que fue contactado por el Bloque Norte de las Autodefensas para que compartiera el poder y el negocio" .

En octubre de 2013, Gómez fue capturado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), de la Fiscalía General de la Nación acusado de homicidio agravado en los casos del concejal Luis López Peralta en 1997 y Luis Alejandro Rodríguez y Rosa Mercedes Cabrera muertos en un atentado perpetrado en el año 2000. También es acusado de concierto para delinquir por sus presuntos nexos con BACRIM y el Bloque Norte de las AUC.⁶³

Conclusiones

La histórica ausencia o débil presencia del Estado colombiano en sus periferias y zonas de frontera posibilita la aparición y consolidación de poderes paralelos, que basados en la fuerza y el uso de la violencia establecen órdenes sociales y económicos básicos que permiten la convivencia. En estas zonas carentes de Estado, las organizaciones armadas ilegales se convierten en gérmenes de orden y en la práctica se constituyen como estados paralelos, pues al quedar todo cubierto con el manto de la ilegalidad, el Estado renuncia a ser garante de las interacciones de los habitantes. Dejando los derechos de propiedad, los contratos, los intercambios a la deriva. Por obvias razones, la presencia escaza o nula del Estado en las periferias genera un nuevo tipo de orden social o estado paralelo. Estas zonas, en las que el poder institucional no es soberano y en las que amplios sectores sociales manifiestan su abierta voluntad de no someterse al orden estatal resistiéndose a su control, es latente la posibilidad de confrontarlo con las armas. La violencia se convierte en el medio utilizado para la resolución de las tensiones y los conflictos sociales, es decir, la violencia y quienes la administran o ejercen, pasan a ser el elemento dinamizador del desarrollo de la vida en común.

Por estas razones, podría afirmarse que en el departamento de La Guajira, la falta de Estado ha sido y sigue siendo satisfecha de manera autónoma por sus propios habitantes. De ahí que se den fenómenos como la conocida bonanza marimbera a través de la cual el cultivo y tráfico de marihuana incidió en el desarrollo de esta región. Desarrollo que se replegó en toda la costa, sobre todo en Barranquilla, con los conocidos barrios de guajiros y sus extravagantes demostraciones de riqueza. El auge en esta práctica se dio porque en Jamaica y México se llevaron a cabo operaciones en busca de erradicar el cultivo de marihuana, razón por la cual, el panorama que ofrecía La Guajira era apropiado para el establecimiento de este negocio. Además de este rentable negocio, también se había sostenido un constante comercio ilícito de licor y cigarrillos, entre otros, procedente de Venezuela. Es decir, en La Guajira la falta de Estado, propició una abierta cultura de la ilegalidad, que además de naturalizar la violencia produjo desde hace cinco décadas continuos procesos de captura y reconfiguración cooptada del Estado.

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