ISSN Electronico 1794-8886 Volumen 28, Enero-Abril de 2016 DOI: http://dx.doi.org/10.14482/memor.28.8103

María Fernanda Molina Álvares

Estudiante de noveno semestre de Relaciones Internacionales con énfasis en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Con experiencia en Derechos Humanos y Resolución de Conflictos. Actualmente realiza sus prácticas profesionales en la Corporación Universitaria Americana de Barranquilla y adelanta un proyecto de investigación asociado con la Internacionalización de la Educación Superior desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. Mail: molinafm@uninorte.edu.co

Vanessa Juliet Vizcaíno Barrera

Estudiante de noveno semestre de Relaciones Internacionales con énfasis en Economía Internacional. Con gran experiencia en organización de eventos y manejo de las redes sociales. Actualmente está llevando a cabo sus prácticas profesionales en el Consulado Honorario de Italia de Barranquilla y desarrollando un proyecto de investigación sobre la influencia de la cultura italiana en Barranquilla, Colombia. Mail: barrerav@uninorte.edu.co

Resumen

Este trabajo establece una comparación entre los procesos de reinserción de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Colombia durante el 2006 y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador en 1992. Desde el enfoque histórico-hermenéutico, se realizó un análisis de las investigaciones empíricas y de los informes académicos, estatales y de organizaciones internacionales. Hay una concurrencia entre los artículos científicos y los informes hallados con respecto al gran alcance de la violencia política y la implementación de estrategias por parte de las AUC y el FMLN. Sin embargo, existen diferencias relevantes entre ambos procesos de cara al escenario del postconflicto.

Palabras claves

Desmovilización de grupos armados, violencia política, reparación de víctimas, postconflicto.

This work establishes a comparison between the processes of rehabilitation of the demobilized of the AUC in Colombia during 2006 and the FMLN in El Salvador in 1992. From the historical-hermeneutic approach, it was realized an analysis of the empirical researches and the Academic, State and International Organizations reports. There is a concurrence among the scientific articles and reports founded in the great scope of the political violence and the implementation of strategies from the part of the AUC and the FMLN. Nevertheless, there are relevant differences between both processes face to the scene of post conflict.

Keywords

Demobilization processes, political violence, reparation for the victims, post conflict.

Resumo

Este trabalho estabelece uma comparacáo entre os processos de reintegracáo dos soldados desmobilizados das Autodefesas Unidas da Colombia (AUC) na Colombia durante o ano 2006 e o Frente Farabundo Martí de Libertacáo Nacional (FMLN) em El Salvador em 1992. Desde a abordagem histórico-hermenéutico, foi feita uma análise de pesquisa empírica e relatórios académicos, estaduais e das organizacoes internacionais. Existe uma concorréncia entre os artigos científicos e relatos encontrados no grande ámbito da violencia política e a implementacáo das estrategias pela AUC e o FMLN. Porém, existem diferencas importantes entre os dois processos em relacáo ao cenário de pós-conflito.

Palavras-chave

A desmobilizacáo dos grupos armados, violencia política, reparacáo de vítimas, Período pós-conflito.

Introducción

Cabe resaltar la importancia del caso de El Salvador, con la creación de un partido político tras la desintegración del FMLN, su rendición de cuentas ante una Comisión de Verdad y la reparación de las víctimas, mientras que en el caso de las AUC en Colombia, la desmovilización favoreció la aparición de las llamadas bandas criminales que operan en base al narcotráfico y el crimen organizado, opacando los avances de la Ley de Justicia y Paz.

La teoría de las Relaciones Internacionales que se aplica en esta investigación es la realista, debido a que los miembros que pertenecieron a las AUC en Colombia y al FMLN en El Salvador se encontraban en una condición amplia de ausencia de poder de expresión, o de obtención de sus propias aspiraciones e insatisfacción de necesidades básicas, sin hallar una solución a ello. Dicha sensación hace que se sientan excluidos y sin un lugar fijo en la sociedad, ocasionando escenarios de violencia de gran alcance en búsqueda del poder (Dallanegra 2008).

El presente trabajo presenta una problemática reflejada en interrogantes como:

1. ¿Cuáles son las razones que explican la inefectividad del proceso de paz en Colombia a través de la Ley de Justicia y Paz? 2. ¿El proceso de paz en Colombia podría seguir el modelo implementado por El Salvador bajo los Acuerdos de Paz de Chapultepec que llevaron al fin del conflicto armado? Por otro lado, es relevante destacar el estudio de los dos procesos de paz, cuyos orígenes son muy diferentes.

Por un lado, en Colombia las AUC datan de una época de resistencia, haciendo posible la conformación de grupos armados en búsqueda de un cambio estructural en ámbitos como el político y socio-económico. Entretanto, en El Salvador, el nacimiento del FMLN responde a una necesidad de apropiación del Estado para llegar a hacer reconocidos como otro partido político usando el liderazgo como una de sus principales estrategias.

Este trabajo, además, tiene como fin comparar el caso del FMLN en El Salvador con las AUC en Colombia a partir de estudios realizados en el marco de la Ley de Justicia y Paz de 2005, con los resultados que trajeron los Acuerdos de Paz de Chapultepec, mostrando si han sido favorables a los procesos de reinserción durante los conflictos internos de ambos países. Para esto, en primer lugar se presentan los aspectos convergentes que se logran observar en los procesos de paz tanto del caso de la desmovilización de los miembros que pertenecieron a las AUC en Colombia como al FMLN en El Salvador. Seguidamente, se analizan los aspectos divergentes que se logran observar en los procesos de paz tanto en el caso de la desmovilización de los miembros que pertenecieron a las AUC en Colombia como al FMLN en El Salvador. Luego, se señalan cuáles han sido las garantías otorgadas a la reparación de las víctimas en Colombia frente al grado de reparación de víctimas del FMLN en El Salvador y se evidencia, en última instancia, si el caso del FMLN resultó satisfactorio en este aspecto.

Antecedentes

En Colombia, inicialmente los paramilitares fueron una organización heterogénea en la que había una unión de intereses entre caudillos locales que ostentaban el poder, jefes narcotraficantes, miembros de élites tanto políticas como económicas locales, del crimen organizado y grupos contrainsurgentes (International Crisis Group 2007).

Partiendo del número de víctimas registradas en el conflicto colombiano, hay altas probabilidades de que se desconozcan unas frente al reconocimiento de otras, lo cual favorecería la creación de escenarios de exclusión, invisibilidad, marginalización, estigmatización, discriminación y, en últimas, el desconocimiento. Ante todo esto, se evidencia un problema con la instrumentalización de las víctimas que, al ser re victimizadas, el gobierno pone al descubierto una estrategia que puede ir en contra del componente ético y el carácter moral, muy ligados al marketing político (Delgado 2009) (Figura 1).

Colombia ha incorporado con perversidad el discurso de la transición, el cual además de no haberse producido como consecuencia de una negociación política con todos los actores en contienda, y de no formular soluciones a los problemas estructurales que originaron el conflicto que, con esa "transición", se decía superar, lo único que propone es la flexibilización de los estándares de persecución, en orden a afianzar el poder que en el pasado estructuras paramilitares ayudaron a consolidar (Movimiento Nacional de Víctimas del Estado 2009: 39).

Ver Figura 1

El anterior enunciado, se refiere a un indebido uso del discurso de la transición, dado que no se enfoca a resolver las situaciones sociales que dieron origen, sustento y mantenimiento al conflicto, ni tampoco se fundamenta en la negociación entre los actores involucrados incluyendo a las víctimas, sino que se ha concentrado en dar maleabilidad a modelos de seguimiento que recaen sobre los antiguos paramilitares y, de esta manera, propiciar el mantenimiento de un poder estatal estable que los mismos habían contribuido a afianzar.

El discurso contrainsurgente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el territorioccolombiano, particularmente en la ciudad de Barranquilla, sirvió en primer lugar para la legitimación de sus acciones violentas, siendo un falso imaginario de naturaleza ideológica y también para emprender una persecución a las personas o grupos que se dedicaran a reivindicar los derechos sociales, económicos y culturales (Trejos 2013).

En segundo lugar, la limpieza social dio justificación a un conjunto de asesinatos cuya finalidad era suscitar una sensación de seguridad en lugares de la ciudad donde extorsionaba el Frente José Pablo Díaz (FJPD). Este frente se creó a raíz del asesinato de Dino Meza, quién fue jefe de una banda criminal que operaba en Barranquilla a finales de los años noventa. El responsable de la muerte de este último fue el primer jefe paramilitar, alias "Yair", quien empezó a operar en esta ciudad (Ibídem).

En tercer lugar, los homicidios retributivos dieron paso a la muerte generada como efecto natural al darse el no pago de tributos exigido por el grupo paramilitar, como sustento de su actividad ilegal (Trejos 2013).

La actividad criminal desplegada por el paramilitarismo fue favorecida por la complicidad de agentes estatales que por simpatía, coerción o cooptación facilitaron su expansión y consolidación (Ibídem). De esta manera, en Colombia y tomando como ejemplo a la ciudad de Barranquilla se dio una Reconfiguración Cooptada del Estado en medio de un entorno de corrupción elevada con la presencia de las siguientes características:

1. La participación tanto de individuos como grupos sociales dentro del marco legal e ilegal. 2. Los beneficios perseguidos son de tipo económico, penal y de legitimación social. 3. A través de la fuerza o la amenaza real de su uso, constituyen alianzas políticas que son complementarias o sustituyen la extorsión. 4. Perjuicio en distintos modos a todos los niveles de la administración pública (Garay y Salcedo 2012).

Con el inicio de las conversaciones para lograr un acuerdo entre el gobierno colombiano y las AUC en 2003, varios jefes paramilitares ejercieron presión para lograr condiciones de desmovilización condescendientes. Ciertos grupos llegaron a abandonar la mesa de negociación o no hicieron acto de presencia, tal como sucedió con el caso del bloque de las Autodefensas Campesinas del Casanare, considerado como uno de los epicentros de actividad criminal en el país. Alias "Martín Llanos", primer líder de ese grupo paramilitar, no se presentó a la ceremonia de desmovilización (International Crisis Group 2007).

Mientras que en El Salvador, el informe presentado por la Comisión de Verdad, que nace como una iniciativa liderada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con apoyo de otros países luego de concretar los acuerdos de paz negociados entre el gobierno salvadoreño y el movimiento guerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), no fue recibido de manera grata al verse reflejado un claro rechazo por las fuerzas militares y el poder judicial. Prueba de ello se manifestó con la aprobación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, la cual fue contraria (Castellanos 2005).

Lo anteriormente expuesto trajo reacciones por parte de sectores políticos del país al saber su pronta aprobación y, respecto al impacto a nivel internacional, se pronunciaron Estados, organismos internacionales y grupos regionales alegando que tal ley estaba dotada de características muy extensas (Ibídem).

El gobierno de este país no respondió ante la Comisión de Verdad una vez esta pidió el reconocimiento de las obligaciones internacionales y su obligatorio cumplimiento en cuanto al principio de la buena fe. A pesar de que el objetivo del gobierno no se estaba cumpliendo puesto que la impunidad se reflejaba en varios casos de testigos de violaciones de derechos humanos asesinados o desaparecidos luego de haber informado acerca de la misma (Castellanos 2005).

Para darle impulso a la democracia, se planteó la implementación de mecanismos como la Comisión ad hoc que tenía como objetivo la depuración del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque según observadores de la ONU la violencia seguía permanente. Lo anterior se evidenciaría en las actividades de inteligencia dentro de las fuerzas armadas y la unión de efectivos militares al crimen organizado (Ibídem).

La transformación del programa político y de la ideología de las guerrillas salvadoreñas fue un prerrequisito fundamental para que el FMLN se comprometiera en una negociación estratégica con el gobierno, el cual trajo consigo los Acuerdos de Paz de Chapultepec del 16 de enero de 1992

(Figura 2). Los sucesos consecutivos a la firma de la paz demostrarían que a finales de los ochenta, "la revolución democrática" establecía el máximo programa de aquellas organizaciones que a finales de esa época se encontraban más cerca de la socialdemocracia que del marxismo-leninismo, tales como la Resistencia Nacional (RN) y el ejército revolucionario del pueblo (ERP) (Martínez 2011).

Ver Figura 2

Convergencias entre los procesos de paz de los desmovilizados de las AUC en Colombia y el FMLN en El Salvador.

Al hacer referencia a las convergencias encontradas entre los procesos de paz de Colombia y El Salvador, podemos afirmar que una de las controversias presentadas en el modus operandi de estos grupos armados antes de que se implementaran ambos procesos de paz es que tanto las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Colombia como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, se lucraban del ejercicio del narcotráfico y de la corrupción con el propósito de obtener un control militar en sus respectivos países.

En ambos grupos armados, se evidenciaron las acciones violentas perpetradas contra la población civil como resultado de los conflictos internos tanto en Colombia como en El Salvador.

Un caso representativo en Colombia fue Barranquilla, donde dichas acciones estuvieron destinadas contra todas las personas, grupos u organizaciones opuestas a sus acciones y que estorbaran en la construcción de un orden social basado en su influencia sobre las áreas económica-social, política institucional y burocrática administrativa. En el departamento del Atlántico, esto representó una profunda reconfiguración del contexto delincuencial, social y en menor grado, de la visión política de Barranquilla (Trejos y Posada 2014).

De igual forma, esto mismo sucedió en el caso de El Salvador, donde antes de implementarse los Acuerdos de Paz de Chapultepec se evidenciaron una cantidad innumerable de víctimas que tuvieron que emigrar a diferentes partes del mundo debido al conflicto interno que se presentó en el país (Martín 2011).

Se estima que la guerra dejó un saldo de 75.000 muertos, en su gran mayoría civiles. Casi el 2% de la población salvadoreña perdió la vida en el conflicto. Muchos niños y niñas quedaron huérfanos de padre y madre, también decenas de miles de personas inocentes quedaron heridas físicamente como consecuencia de las armas de fuego, explosiones, minas antipersonas, etc (Figura 3). En concreto, hubo 1.664 homicidios cometidos por parte de las AUC entre los años 2004-2006 (Martín 2011; Fisas 2010).

Tomando como referencia el caso de la capital del departamento del Atlántico, el impacto social causado por la expansión y consolidación del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC (FJPD) en la ciudad de Barranquilla produjo un dramático aumento de la criminalidad y la violación de los derechos humanos (Trejos y Posada 2014).

Ver Figura 3

Las AUC ejercían poder militar en el territorio colombiano que, sumado a la incapacidad del Estado en la prestación de servicios públicos en ciertas zonas del sector rural, hizo que paramilitares tuvieran el control defacto, aun en economías locales (International Crisis Group 2007).

El desplazamiento forzado, además de haberse presentado con anterioridad en Barranquilla y posterior a la desmovilización de grupos paramilitares, se ha presentado nuevamente con los neoparamilitares. Las zonas urbanas del país que han resultado más afectadas han sido los departamentos de Antioquia, Magdalena, Bolívar, César y Chocó, estimándose un 60% de familias desplazadas en zonas aírales (Reyes 2012) (Figura 4).

Ver Figura 4

En Colombia, fuentes oficiales indican que el desplazamiento forzado ha sido producto del narcotráfico. Según la postura de algunas Organizaciones No Gubernamentales y organizaciones sociales, se podría explicar el desplazamiento forzado como resultado de múltiples causas (Ibídem).

Según InfoJuntos2013, entre los años de 1997-2010 las amenazas directas originaron simultáneos episodios de desplazamiento en 41% de los casos registrados. Además de estas amenazas, los combates con un 20%, las masacres con 15% y el asesinato de un familiar de algún desplazado han hecho que se hagan propicios, los desplazamientos forzados (Reyes 2012).

Aparte del desplazamiento forzado llevado a cabo por miembros de las AUC en Colombia, se dio la compra de tierras a precios grotescos y una acumulación de enormes propiedades, fenómeno conocido con el nombre de contrarreforma agraria. Esto se refleja en el caso del bloque guerrillero denominado Elmer Cárdenas, que operó en la Costa Pacífica y ejerció control indiscutible debido a la ausencia estatal. Freddy Rendón, quién fue comandante de dicho bloque, despojó las tierras que pertenecían a los afrocolombianos ubicadas en la cuenca del río Atrato y en Urabá, realizó una inversión enorme en agroindustrias (International Crisis Group 2007).

En cuanto a El Salvador, el FMLN causó el desplazamiento de más de 289 mil civiles que tuvieron que huir del país con el fin de mantener a sus familias a salvo. De hecho, muchos de esos civiles terminaron cruzando la frontera entre Estados Unidos y México de manera ilegal con el fin de ir en búsqueda de mejores oportunidades y aumentar su calidad de vida (Martín 2011).

Entre los años 1970 y 1974, las organizaciones fundadoras del FMLN se habían formado como reducidos partidos militarizados de vanguardia, clandestinos, con poco contacto con el ambiente, constituidos por pequeñas decenas de combatientes urbanos, pero poseían un intenso hincapié en el desarrollo militar (Ibídem).

La dirección de las guerrillas estaba en función de la estrategia, el manejo de la información y la selección de tácticas de las que procedían órdenes que eran efectuadas por miembros pertenecientes a los comandos. Estas organizaciones tenían a su disposición requisitos compactos de reclutamiento dirigidos a una militancia en su gran mayoría homogénea que era altamente retribuida por medio de incentivos centrados en la identificación y el sentido de pertenencia de dicha organización (Martín 2011).

Desde los años de 1984-1985, el aumento de la capacidad de las fuerzas armadas salvadoreñas forzó al FMLN a un duro cambio de la estrategia militar. El desmantelamiento de las enormes unidades guerrilleras entre 1982 y 1983 y la construcción de pequeñas unidades de guerrilla de gran movilidad se dieron gracias a un mejor acceso a la disponibilidad de los medios aéreos del lado de las fuerzas gubernamentales (Ibídem).

En El Salvador, se confirió una amnistía de carácter extenso, total e ilimitado en pro de las personas que han participado en la comisión de delitos políticos, con afinidad a estos y delitos comunes causados por un número de personas con veinte delitos como máximo antes del 1 de enero de 1992, sea porque ya se hubiere dado sentencia en contra de estas personas, se haya comenzado o no procedimientos que tienen por objeto los mismos delitos, adjudicándose esta amnistía a todos los autores que estuvieron de manera inmediata, o por haber existido complicidad con acciones delictivas (Burgos 2011).

Los beneficios de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, una legislación propuesta por el gobierno con el fin de erradicar de toda responsabilidad penal a los combatientes ilegales en el conflicto armado, involucraron a todas aquellas personas implicadas en la tipología de casos señalados en el informe de la Comisión de Verdad, poniendo límites a la puesta en práctica de las acciones penales de las víctimas o familiares de estas para permitirles tanto la reparación por daños causados como su reivindicación moral. Sin embargo, esta ley no tuvo en cuenta a aquellos responsables de delitos de extorsión y secuestro (Ibídem).

En Colombia, la Ley de Justicia y Paz o ley 975 de 2005 busca facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley que se hayan desmovilizado individualmente (Gráfico 1)). Además, esta desmovilización pudo haber sido colectiva, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia transicional y a la reparación integral (Ley de Justicia y Paz: respuestas a sus preguntas) (Gráfico 2).

Ver Gráfico 1

Ver Gráfico 2

Siguiendo lo anterior, las víctimas tienen el derecho a acceder a la reparación judicial y/o administrativa tanto individual como colectivamente, al igual que de manera económica y simbólica. Las víctimas pueden tener una participación activa en el incidente de reparación integral al interior del proceso penal especial de Justicia y Paz, en el cual podrán presentar las estimaciones en relación con los perjuicios y daños causados para que estos sean determinados en la sentencia que dicta la magistratura (Ibídem).

Continuando la idea de reparación, la conocida ley 975 de 2005 resultó ser ineficiente pues de los 4.346 desmovilizados en total, solamente dos sentencias se han proferido a integrantes que actuaron en calidad de jefes de bloques como el del Norte, en la región Caribe (Centro Nacional de Memoria Histórica. Dirección de Acuerdos de la Verdad. Región Caribe 2014).

Divergencias entre los procesos de paz de los desmovilizados de las AUC en Colombia y el FMLN en El Salvador.

En cuanto a las divergencias entre los procesos de paz analizados, hay que considerar que ambos procesos de paz se dieron en épocas diferentes. En Colombia, el proceso de paz está enmarcado a principios del siglo XXI, mientras que en El Salvador el proceso de paz se dio a partir de los años ochenta.

Fue a partir de 1997 que Carlos Castaño, jefe paramilitar colombiano y máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), logró integrar los diferentes grupos que delinquían en el país. Esta época fue clave para los paramilitares y, asimismo, fue una de las más sangrientas y trágicas en la historia del país. Se registraron más de mil masacres, millones de personas desplazadas por la violencia, alianzas de paramilitares y políticos en las regiones y expansión del poder paramilitar en toda Colombia. (verdadabierta.com¹, 2008).

De acuerdo con Fernández (2002), El Salvador vivía un panorama diferente durante los años ochenta debido al contexto de guerra civil desatada por el enfrentamiento de bloques opuestos entre el gobierno salvadoreño y el grupo insurgente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) calificada como ''guerra de baja intensidad''² por Estados Unidos.

En abril de 1997, se unificaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena medio y los Llanos Orientales, con el fin de conformar las AUC. Su propósito principal era presentarse como una organización con mandato unificado, un plan nacional, una coordinación multiregional de las acciones y una agenda con prestaciones programáticas. Todo esto con el objetivo de lograr un espacio en la negociación con el Estado y un estatus que les garantizaría su reconocimiento como actor político (verdadabierta.com 2008).

Las AUC se trazan la meta de contener la expansión de la guerrilla y es a partir de ese momento que toman la decisión de incursionar en las zonas donde estos grupos tienen sus fuentes de financiamiento, primordialmente del narcotráfico. Entre 1998 y 2002 en medio de la negociación de paz entre las FARC y el ex presidente Pastrana, se experimentó un crecimiento de las AUC en gran parte de la región colombiana, afectando a 40 personas que fueron asesinadas por este grupo y a 100 casas en Bolívar, Antioquia, Meta y Vichada que fueron incineradas (Ibídem).

El FMLN, por su parte, inició con cinco organizaciones político militares de carácter marxista-leninista, cada una con su propia estructura logística, financiera, militar y de relaciones internacionales con el propósito de ganar tanto apoyo político como capacidad militar (Martí 2013).

Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), el crimen organizado ha estado presente en Colombia desde el siglo pasado, siendo dicha época muy propicia al considerar la actuación de grupos que ejercían la llamada limpieza social (Trejos y Posada 2014).

En El Salvador, las organizaciones político-militares se originaron en San Salvador, capital de este país y estuvieron encaminadas al activismo juvenil de tipo religioso, universitario y en últimas, al sindicalismo (Juárez 2014).

En Colombia, según verdadabierta.com (2008), los grupos guerrilleros tuvieron su origen en la década de los sesenta y entre ellos se encuentran operando en el país las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN), y el Ejército Popular de Liberación (EPL).

Las FARC tuvieron su origen en el año de 1964, como forma de autodefensa frente a la persecución desatada contra los tipos de organización campesina liderados entonces por el Partido Comunista. En la actualidad, están formados por cerca de 10 mil combatientes y están organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país. La UC-ELN surgió un año después en el departamento de Santander como un proceso de radicalización de algunos sectores del Movimiento Revolucionario Liberal (Ibídem).

En cuanto al EPL, tuvo su origen en el año de 1968 localizándose en la región occidental de la costa Atlántica, expandiéndose luego a otras regiones y teniendo particular incidencia en la zona bananera de Urabá, en donde el auge de las exportaciones de la fruta creó un fuerte conflicto social (verdadabierta.com 2008).

Por el lado de El Salvador, las organizaciones político-militares salvadoreñas funcionaban como sectas. Es probable que dicho funcionamiento fuera su único modo de hacer viable el quehacer de un proyecto político tan contundente en condiciones tan desfavorables (Lalich 2004; Juárez 2014).

En El Salvador, es evidente que la guerra se originó a causa de los problemas socioeconómicos generados por el sistema político y económico de corte oligárquico y represivo, que hacía propicia la desigualdad y la injusticia social (Fernández 2002).

En Colombia, el contexto de conflicto y violencia colectiva en la Región Caribe se marcó con la interacción de diferentes actores armados de la zona, pues en momentos históricos inestables tanto los paramilitares como las guerrillas se tramaron luchas para la obtención del territorio y acceso a recursos legales e ilegales (Centro Nacional de Memoria Histórica. Dirección de Acuerdos de la Verdad. Región Caribe 2014).

El Movimiento Ciudadano fue un movimiento de centro-izquierda que surgió con la convergencia de varios movimientos políticos como la Alianza Democrática M-19, entre otros. Dicho movimiento fue la única fuerza política que se tranzó con el Frente José Pablo Díaz (FJPD) del Bloque Norte de las AUC en Colombia (Trejos y Posada 2014).

Sin embargo, para el FMLN la ideología no fue un factor representativo para la adaptación partidaria exitosa sino más bien la centralización organizativa y la autonomía del liderazgo, logrando así un equilibrio interno de las fuerzas (Martí 2013).

En Colombia, los intereses paramilitares se concentraron más en combatir a la guerrilla junto a la apropiación y explotación de las tierras de campesinos pobres, aparte de utilizar el narcotráfico como una forma de lucrarse (Trejos y Posada 2014).

Por otro lado, las organizaciones del FMLN utilizaron un discurso muy ideologizado y ortodoxo que no se flexibilizó hasta finales de los años ochenta. Luego, aparecieron nuevos elementos que condujeron un proceso de cambio. En 1989, manteniendo el marxismo-leninismo, el FMLN reconoció la necesidad de convivir junto a la democracia representativa y la economía de mercado (Byrne 1996).

En Colombia, los paramilitares han sido productores de violencia paraestatal dado su carácter ilegal y los objetivos que buscaban, pues decidieron establecerse paralelamente al Estado sin combatirlo, mas sí cooptándolo e instrumentalizándolo teniendo en cuenta sus intereses (Trejos y Posada 2014).

Por otro lado, el proceso político en El Salvador se caracterizó por una transición en el régimen político, entendiendo a este como una serie de patrones que hacen posible formas y canales para acceder al poder (Macías 1995).

El acuerdo de paz en Colombia se vio motivado por el apoyo indiscutible de la población civil por medio de entrevistas realizadas a la misma. Las condiciones se hicieron favorables con la iniciativa planteada por el ex-presidente Alvaro Uribe y con la respuesta dada por las AUC para poner fin al cese de hostilidades y, posteriormente, dar paso al proceso de paz (Reyes 2012).

En El Salvador, durante el año de 1989 las razones de terminación del conflicto fueron tanto internas como externas. En las internas se encuentran: el cansancio de la guerra acumulado por la sociedad salvadoreña y el estancamiento militar, dándose cuenta ambas partes que ya no había un potencial militar que posicionara a una sobre otra. Entre las externas está el fin de la guerra fría, dado que la guerrilla no cuenta con apoyos del exterior y para Estados Unidos representaría el mantenimiento de una guerra innecesaria ya que deja de ser estratégica, presionando al gobierno de El Salvador a emprender los acuerdos de Paz (Fernández 2002). i

Entre 2006 y junio de 2007 se presenció la desmovilización del bloque Norte de las AUC, pero posterior a este proceso se da la aparición de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, que entran en abierta confrontación con los grupos guerrilleros que hacen presencia en el departamento (ACNUR s.f.).

Además de este bloque, se desmovilizaron otros más como el Bloque Elmer Cárdenas de Urabá, que se originó a inicios de 1995 cuando en la zona rural de dicha región se crearon los grupos de autodefensa campesinas llamados "Los Velengues" y "El grupo de los 70". El área de influencia del Bloque Elmer Cárdenas eran los municipios de San Pedro, San Juan, Necoclí, Arboletes, el norte del Urabá antioqueño y en el Chocó actuaba en el medio y Bajo Atrato. Este bloque se lucró de las extorsiones a los empresarios bananeros, además del despojo de tierras a los campesinos (verdadabierta.com 2008).

Freddy Rendón, quien estuvo al mando del bloque Elmer Cárdenas, ha sido el paramilitar que más ha despojado tierras en el corregimiento de Pueblo Bello y Turbo, usurpando a sus dueños 60 fincas que suman un total de 3.500 héctareas. Este bloque se desmovilizó el 24 de noviembre del 2004 con 452 hombres bajo el liderazgo de Ever Veloza García, alias "Hernán Hernández". En mayo del 2004, se inició el proceso de paz en el que Hernández firmó junto con otros diez comandantes de las autodefensas, un acuerdo que oxigenó e impulsó el proceso de desmovilización (Ibídem).

Para El Salvador, se tendrían en cuenta tres transiciones y una última por darse. Estas serían: de la guerra a la paz, del militarismo a la desmilitarización, y de un ejercicio excluyente del poder político a uno más democrático y el terreno social junto al económico, siendo este último el que no cobijaron los acuerdos de Paz (Fernández 2002).

En el caso colombiano, el desmonte de las AUC dio como resultado diversas falencias tales como las violaciones reiterativas al cese de hostilidades por el lado de las AUC, las desmovilizaciones falsas dadas por exjefes paramilitares, el reclutamiento entendido como una estrategia utilizada por los paramilitares para la conservación de su estructura, las cifras que sirvieron para legitimizar el proceso, los vínculos que prevalecieron con varios sectores como el económico, militar, político y los factores que llevaron a la obstinación de los desmovilizados (Reyes 2012).

Mientras que en El Salvador, el FMLN afirma que hay una transición incompleta producto de la herencia de residuos autoritarios del sistema político y asimismo, denuncia retrocesos en la democratización y en el respeto por los Derechos Humanos (Fernández 2002).

Tanto el gobierno salvadoreño como los desmovilizados del FMLN coinciden en que se han logrado una serie de objetivos fundamentales como lo son: la paz, el fin del conflicto armado, la desmilitarización, la apertura a la participación democrática y consolidación gradual de esta. De igual manera, el no uso de la violencia como forma de acción política, el fin del terrorismo deEstado, la tolerancia, el respeto a las libertades básicas y a los Derechos Humanos (Ibídem).

Los procesos de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR) en ciertos países indican que hay un vínculo entre la cantidad de desmovilizados y el incremento de niveles de inseguridad, así como de violencia luego de realizarse la desmovilización (Reyes 2012).

Dicha situación se ha reflejado en Colombia con la partida de ex combatientes de las AUC desde sus áreas nativas hasta las ciudades. Se ha percibido un nivel considerable de desconfianza impartida por parte los desmovilizados hacia el Estado, al no responder como garante de su propia seguridad hasta el punto de sentirse estos mismos responsables de su protección (Ibídem).

En cuanto al proceso de reinserción del FMLN, los programas de apoyo para la reinserción de los ex-combatientes han resultado ser lentos, burocráticos y limitados en su impacto, contrario a la función que deberían haber cumplido. Esto se percibe principalmente cuando nos referimos al retraso en la transferencia legal de tierras a los ex-combatientes, lo cual solo se ha cumplido en un 8% (Macías 1995).

Las AUC tuvieron la intención de conservar intactas sus estructuras militares intacta por medio de sus mandos medios, que actualmente son comandantes de grupos neo paramilitares. Pero no habría tenido sentido llegar a la conservación de esquemas militares sin poseer armas de guerra, o armamento que se utilice en función de ejecutar sus propias tácticas, técnicas y procedimientos (Reyes 2012).

Tomando como punto de partida la visión oficial en la que se apoyó el Gobierno del Presidente Francisco Flores, el partido ARENA y periódicos más relevantes sostenían que: los acuerdos de paz tenían como único objetivo traer la paz y acabar con el conflicto armado introduciendo al FMLN en el sistema político democrático como un partido más (Fernández 2002).

Los términos de los Acuerdos de Paz de Chapultepec fueron aceptados tanto por el gobierno salvadoreño como por el FMLN, con el propósito de evitar que se siga presentando más violencia y permitiendo que el FMLN tenga una participación política en el país. Mediante este proceso se presentó la llamada "Diplomacia Paralela"³, que consistió en la antítesis de la diplomacia oficial, con lo cual se rompió el paradigma establecido de la paradiplomacia (Martínez 2011).

Reparación de las víctimas en Colombia frente al grado de reparación de víctimas del FMLN en El Salvador.

En Colombia, la Ley de Justicia y Paz del 2005 prevé la obligación de que los actores armados se desmovilicen. Pero si no se da, el Estado responde por los daños causados a sus víctimas. Con respecto al concepto de reparación, se hace referencia a la restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición (Upprimmy 2006).

Actualmente, en El Salvador, funciona un programa de reparación de víctimas formulado por el actual gobierno salvadoreño que preside Mauricio Funes, el cual afirma que las víctimas de la pasada guerra civil comenzarán a obtener ciertos beneficios económicos y sociales, que en cierta medida significarán una reparación por el dolor sufrido en carne propia o por la pérdida de sus familiares durante la confrontación bélica entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno salvadoreño (Daltón 2013).

En atención a las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en varias ciudades de Colombia, la ley 975 de 2005 dio paso a la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, para la atención humanitaria, dignidad humana, derechos y verdad de las víctimas (ACNUR s.f.).

En el año de 1992, se firmaron los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec, México, que dieron fin a la sangrienta guerra civil salvadoreña. Más de 80 mil muertos y desaparecidos, 1 millón de desplazados, 40 mil heridos y pérdidas económicas invaluables fueron el resultado del conflicto que duró 12 años en el país (Voces 2013).

En relación a las víctimas del caso salvadoreño, la reparación ha demorado más de 20 años en ser consolidada, desde que terminó la guerra civil. Luego de 21 años de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, se emitió un decreto por parte del mandatario salvadoreño en el que se estipuló la creación de un programa dirigido a las víctimas, y se contó con la participación de las organizaciones encargadas de velar por los Derechos Humanos en El Salvador (Daltón 2013).

En el caso del conflicto interno colombiano, la víctima que solicite que se haga efectiva la reparación estará obligada a participar en una audiencia de conciliación donde se encontraría cara a cara con el victimario, según lo estipulado en el artículo 23 de la Ley de Justicia y Paz de 2005. Ante dicha situación, el número de víctimas que estarían dispuestas a la superación de sus temores y entrarían a participar de forma directa en el proceso del victimario sería muy reducido (Upprimmy 2006).

Según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), el número de personas que han sido afectadas en el conflicto asisten con menor frecuencia a versiones libres, debido a las grandes dificultades que hay al asistir y dado el temor a retaliaciones. Por consiguiente, se espera que la participación se incremente nuevamente en lo que compete a la fase indagatoria (ACNUR s.f.).

De igual manera, en el caso salvadoreño las víctimas temen enfrentarse con los causantes de las muertes de sus seres queridos y es por eso que evitan encontrarse con ellos y exigen que se haga justicia. Por más años que pasen, el dolor de las víctimas siempre va a seguir presente y siempre va a haber un poco de melancolía al momento de recordar ese trágico conflicto bélico que trajo consigo demasiadas muertes (Daltón 2013).

Por medio de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, se da paso a la creación de una Comisión de Verdad en El Salvador para la investigación de los hechos y formulación de recomendaciones. Adicionalmente, se le confieren tres factores como investigación de los hechos evidentes de ambas partes, luego de la impunidad y hechos violentos otorgados a oficiales de las Fuerzas Armadas con el debido respeto de los Derechos Humanos y por último, un plazo de seis meses para el cumplimiento de su labor (Martí 2013) (Figura 5).

Ver Figura 5

En el territorio colombiano, en especial en uno de los departamentos principales de la región Caribe como lo es el Atlántico, las acciones desplegadas por el Estado son definitivas para hacer posible un reforzamiento y fortalecimiento de las garantías de los ciudadanos que se han alcanzado por la iniciativa tomada por el Gobierno ante la desmovilización de grupos paramilitares y con la puesta en marcha de la política de Defensa y Seguridad, con la cual se ha recuperado la confianza, la seguridad y el derecho de los ciudadanos a movilizarse por las vías municipales y departamentales(ACNUR s.f.).

En Colombia, frente a las amenazas proferidas por grupos neo paramilitares, se puede concluir que tanto en la categoría de amenazas selectivas como indiscriminadas, por su bajo costo, alta efectividad y profundo grado de impunidad se ha convertido en una práctica recurrente por parte de los grupos neo paramilitares con al menos tres propósitos comunes:

Ejercer control social sobre las comunidades.

Evitar que se organicen en defensa de sus derechos.

Garantizar que no afectan sus intereses políticos, económicos y de control territorial

(Reyes 2012) (Figura 6).

Un caso emblemático que se refleja del anterior párrafo es el siguiente:

6 de Julio, BARRANQUILLA (Atlántico): En la comunidad del sector Villa Norte en el corregimiento La Playa, un supuesto grupo de "limpieza social" ha repartido unos panfletos amenazantes, los cuales dictan toque de queda después de las 10 pm para los habitantes de esa zona, y rechazan los actos de infidelidad y violencia intrafamiliar (Ibídem:164).

Durante el conflicto armado salvadoreño, se manifestaron una cantidad de actos atroces como lo fue la masacre del Mozote, la cual se ejecutó en el departamento de Mozarán por un batallón élite del ejército. En esta masacre fueron exterminadas casi mil personas, especialmente mujeres, niños y ancianos, entre los días 10 y 12 de diciembre de 1981. Este trágico suceso fue investigado y confirmado por la Comisión de la Verdad, organismo creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) (Daltón 2013).

Continuando con el tema de las víctimas de las AUC en Colombia, la imposición que hubo a las restricciones en las libertades, sobre el desarrollo de la personalidad y horarios de movilidad, comprometen los patrones de conducta que debe seguir la sociedad para evitar el proceso de limpieza social y también envían un mensaje sobre quién ostenta el poder y a quién se debe obedecer (Reyes 2012).

En cierta ocasión, la Defensoría del Pueblo se pronunció con un informe en relación a Barranquilla mediante lo siguiente:

Estas estructuras paramilitares, luego de su proceso de desmovilización en el marco de las negociaciones con el Gobierno Nacional, han venido reconfigurando sus estructuras militares en unidades sicariales que generan amenazas y controles sobre la población y algunas entidades públicas, de manera reservada y selectiva (Electoral: 9).

Siguiendo el caso de la región del Caribe en el departamento del Atlántico, la ciudad de Barranquilla ha sido el gran epicentro por excelencia, el cual se ha prestado para llevar a cabo acciones paramilitares con fines delictivos en todos los departamentos que abarca la costa norte colombiana (Ibídem).

En cuanto al tema económico, se ha percibido un crecimiento relevante que debe mantenerse. Sin embargo, debe insistirse en la creación o consolidación de programas y proyectos para permitir el aumento del empleo (ACNUR s.f.).

Según Ruiz (1991), la violencia política organizada influye negativamente a largo plazo sobre el crecimiento económico, al capital humano y la población masculina en edad de trabajar, perjudicando la economía del país a largo plazo. Sin duda alguna, el desplazamiento forzado damnifica la deserción escolar, lo que impide la existencia de capital humano en las zonas afectadas por el conflicto armado interno colombiano.

Ver Figura 6

Entre los años de 1991 y 1996, el costo del conflicto en Colombia representó el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) promedio anual. Este costo representa el gasto en salud para las víctimas del conflicto armado, terrorismo, pérdidas de vida, gasto militar, secuestro, extorsión y robo (Badel y Trujillo 1998).

El sector más afectado por el conflicto armado colombiano fue el sector agropecuario. Cerca del 32% de la población rural estuvo bajo presión de los grupos armados al margen de la ley y, en términos económicos, tuvieron un efecto directo del 30% del PIB del sector. Los costos económicos de la violencia corresponden al 2% del PIB nacional, 12,88% del PIB agropecuario, 34,89% de la inversión pública nacional y 9,23% del gasto público (Bejarano 1996).

Finalmente, es pertinente mencionar que al darle seguimiento a la iniciativa propuesta por la Vicepresidencia de la República, se adhiere el tema de los Derechos Humanos en planes de desarrollo tanto departamental como municipal, para que las víctimas que sufrieron violaciones a los Derechos Humanos, así como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, reciban atención con más eficiencia (ACNUR, s.f.).

En cuanto a El Salvador, el programa de reparación de víctimas del gobierno salvadoreño expresa en su artículo tercero la creación del registro de víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno. Este registro está organizado en tres áreas: administración del patrón de víctimas, atención a usuarios y soporte informático. El alcance del programa de reparación de víctimas está enfocado en cuatro finalidades: rehabilitación, indemnización, medidas de dignificación, y grarantías de no repetición de los hechos (Daltón 2013).

Conclusiones

Tomando como base el primer interrogante de este trabajo, el proceso de paz en Colombia, que contó con el respaldo de la Ley de Justicia y Paz resultó ser inefectivo, por razones como la no desaparición total de víctimas en varios departamentos del país sino que, contrariamente a lo esperado, hubo un incremento sustancial de las mismas. Sumado a esto, nacieron otros grupos armados insurgentes que siguieron los mismos pasos de los antiguos combatientes en cuanto al narcotráfico, lanzando amenazas que van en contra de la seguridad de la población.

En relación al segundo interrogante, no es pertinente afirmar que el proceso de paz en Colombia podría seguir el mismo modelo implementado bajo los Acuerdos de Paz de Chapultepec en El Salvador, ya que a lo largo del trabajo se reflejan varias discrepancias que imposibilitan una equiparación de ambos procesos tales como la época, el origen de cada conflicto, la forma de organización y los objetivos trazados por estos grupos armados, la participación de otros países dada la connotación de guerra generalizada por todo el país y el impacto que logró la idea de una contrainsurgencia por el lado salvadoreño, mientras que en Colombia no se concentró dicha atención sino que el conflicto se manejó a nivel interno sin intervención de terceros.

Esta investigación tuvo como objetivo principal comparar el caso del FMLN en el Salvador con las AUC en Colombia a partir de estudios realizados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, con los resultados que trajeron los Acuerdos de Paz de Chapultepec, mostrando si han sido favorables a los procesos de reinserción durante los conflictos internos de ambos países. En definitiva, este objetivo se logró cumplir porque se identificó información relevante a cada proceso, enfocada en un antes y después de los conflictos internos en cada país haciendo posible la comparación respectiva con base en informes, artículos y libros académicos que plasmaban información detallada sobre los procesos de desmovilización en Colombia y El Salvador.

De los dos procesos de paz llevados a cabo el que trajo consigo mayores beneficios teniendo en cuenta los diferentes escenarios, fue el del FMLN en El Salvador. Y ello, gracias a la implementación de los Acuerdos de Paz de Chapultepec que dieron paso al surgimiento de un partido político y extinción de la guerrilla militante.

En cuanto a la reinserción de los desmovilizados, en El Salvador se incorporaron programas que ayudaron a que la violencia se disminuyera en la población civil, luego de los Acuerdos de Paz de Chapultepec. Para el caso colombiano, los métodos que fueron implementados en el marco de la Ley de Justicia y Paz no fueron eficaces, debido a que se siguen presentando a menudo desmovilizados que resultan ser víctimas de violencia, y que luego de su reinserción a la sociedad civil se encuentran en condiciones precarias, sin un empleo formal y sin una educación adecuada.

La situación de las víctimas en Colombia luego de haber finalizado el proceso de desmovilización ha sido delicada. Se logró demostrar que a pesar de recibir protección, seguridad por las autoridades y sentirse apoyadas por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, los atentados y amenazas en materia de Derechos Humanos son frecuentes en ciertas zonas donde el Estado colombiano permanece ausente.

Finalmente, en el caso de las víctimas de El Salvador, los resultados han sido diferentes debido a que estas han adquirido mayores beneficios económicos y sociales gracias a los Acuerdos de Paz de Chapultepec. La reparación de víctimas establecida ha sido efectiva, permitiendo que las familias que sufrieron durante 12 años el conflicto bélico entre el FMLN y el gobierno salvadoreño lograran aceptar la inclusión de los desmovilizados a la sociedad.

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