Haciendo memoria de una Corte que le temía a la revolución: a propósito de un juicio de constitucionalidad a la represión de la protesta social bajo la hegemonía conservadora.

Resumen

Hace cien años ocurría la Revolución Bolchevique en Rusia, mientras que México vivía  su propia revolución y aprobaba la célebre Constitución de  Querétaro de 1917; que de manera pionera en el mundo elevaba a rango constitucional los derechos sociales. El panorama colombiano en la misma época era diametralmente distinto: empezaban a tomar fuerza los movimientos de obreros que buscaban reivindicaciones sociales, pero obtenían como respuesta la represión de los gobiernos de la hegemonía conservadora (1914-1930).
El régimen conservador enfrentó sus mayores desafíos hacia 1926, cuando el movimiento obrero lucía más organizado, se incrementaban las huelgas de trabajadores y cada vez más se estructuraban políticamente organizaciones socialistas. A este panorama doméstico se sumaba la campaña del gobierno estadounidense para frenar el avance de la Revolución Rusa en el mundo, y en especial en América Latina, cuya cabeza de lanza se decía era México y su revolución. Así, el gobierno parecía encontrar razones, o excusas, para enfrentar al movimiento obrero y la protesta social como un problema de orden público.Para esto el Ejecutivo contó con el apoyo de la Corte Suprema de justicia, conformada por una mayoría de magistrados de origen conservador. El alineamiento de la Corte  con la campaña represiva en contra de la lucha social se puso en evidencia con el fallo que declaró constitucional el Decreto 707 de 1927 o de Alta Policía, que confirió amplios poderes al Ejecutivo y a la fuerza pública, en detrimento de derechos y libertades ciudadanas; y en donde explícitamente la corporación alertaba sobre el avance comunista.
El artículo, primero ofrece un breve panorama  del contexto  político en las primeras décadas del siglo veinte colombiano. Después  se centra en el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 13 de noviembre de 1928, que respaldó la constitucionalidad de las medidas dictadas para contener la protesta social, y que pone en evidencia cómo la Corte se alineó ideológicamente con el Ejecutivo conservador temeroso del avance de las  revoluciones y del movimiento obrero. Al cierre se ofrecen unas consideraciones finales.